El pasado 15 de abril, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció la llegada de grúas para el inicio de operaciones de Puerto Antioquia, en el municipio de Turbo. Detrás del megaproyecto de 770 millones de dólares están: Uniban, Banafrut y CI Tropical, empresas bananeras cuyos exdirectivos fueron llamados a juicio por la Fiscalía por presunta financiación del paramilitarismo entre 1996 y 2004.
Por: Juan Carlos Granados
El 15 de abril el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció la llegada de las grúas que iniciarán la operación de Puerto Antioquia, un terminal multipropósito ubicado en el suroriente del Golfo de Urabá en el municipio de Turbo. Con una inversión de 770 millones de dólares, este es el primer puerto marítimo de Antioquia que pretende competir con los de Cartagena y Barranquilla. Un megaproyecto que tiene detrás a empresas señaladas de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1996 y 2004, en un contexto de violencia y despojo de tierras en la región.
Se trata de las empresas bananeras: Uniban, Banafrut y CI Tropical, tres accionistas de Puerto Antioquia. Varios de sus exdirectivos han sido imputados por la Fiscalía por su presunta participación en el financiamiento de esta organización paramilitar, lo que plantea serios interrogantes sobre el origen y las implicaciones de este megaproyecto en las comunidades de la región.
Los socios bananeros de Puerto Antioquia
Entre los socios de Puerto Antioquia se encuentran Uniban, Banafrut, CI Tropical y el Grupo Santa María, cuyos dueños también hacen parte de Uniban. Cada una de estas cuatro bananeras tiene antiguos directivos imputados por presunta financiación voluntaria al frente Arlex Hurtado de las AUC entre 1996 y 2004. La Fiscalía menciona que los pagos permitieron el actuar criminal de los paramilitares en Urabá. Además, el ente acusador señala que los montos aportados por los empresarios son superiores a los 33 mil millones de pesos y que por cada caja de banano que exportaban tres centavos de dólar iban a las arcas de las autodefensas.
Acusación de la Fiscalía contra 14 empresarios bananeros de Urabá
En una sentencia de 2015 del Tribunal Superior de Bogotá fueron condenados a ocho años José Gregorio Mangones Lugo y Omar Enrique Martínez Ossías, comandante y patrullero respectivamente del Frente William Rivas del Bloque Norte de las AUC. Esta decisión judicial se llevó a cabo en el marco jurídico de Justicia y Paz, el cual permitió la desmovilización paramilitar a través de penas alternativas de entre cinco a ocho años para crímenes de lesa humanidad cometidos por integrantes de las autodefensas.
Si bien el Bloque Norte de las AUC operó en Magdalena, el Tribunal decidió hacer un análisis comparativo entre la relación de la economía bananera y el conflicto armado en Magdalena y Urabá para mostrar la influencia del empresariado en el desarrollo del paramilitarismo en ambas regiones. En el apartado de la sentencia que corresponde a Urabá, el Tribunal señala a Uniban, CI Tropical y Banafrut como comercializadoras nacionales que financiaron a las autodefensas.
Según la sentencia, uno de los objetivos de los paramilitares en Urabá fue destruir sindicatos y movimientos obreros para evitar la interrupción de las actividades productivas de las empresas. El Tribunal lo expresó de esta manera: “En esa lógica, se puede observar cómo desde que las compañías bananeras comenzaron a financiar a los grupos paramilitares por intermedio de las CONVIVIR, el número de huelgas se redujo significativamente hasta llegar a cero”.
Raúl Hasbún, empresario y comandante paramilitar que delinquió en Urabá, le entregó a la Fiscalía un listado de 226 bananeros y ganaderos que supuestamente aportaron dinero a las AUC en la región. De esos 226, unos 58 estaban asociados con Uniban, cuatro con CI Tropical y tres con Banafrut. En su informe final, la Comisión de la Verdad profundizó en las acusaciones de Hasbún contra los empresarios de Urabá.
Dicho documento, titulado “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá: surgimiento, transformación, consolidación y financiación 1994-1998”, la Comisión relató que un delegado de la Procuraduría le consultó a Hasbún la metodología para elaborar el listado de ganaderos y bananeros, que supuestamente financiaron a las autodefensas, a lo que el exparamilitar respondió que la información se la suministró Jesús Alberto Osorio Mejía, uno de los directivos de la Convivir Papagayo, la más importante en Urabá, que estaba ubicada a 500 metros de la Brigada XVII del Ejército. Osorio Mejía fue condenado a cuatro años por concierto para delinquir por sus nexos con paramilitares y fue asesinado en 2014.
Cuando el fiscal, que estaba al frente del caso de Hasbún, le preguntó si los empresarios aportantes sabían de su doble rol como hombre de negocios y jefe paramilitar, el excomandante de las AUC respondió: “Yo creo que no hay en Urabá una persona que no conozca mi participación y mi comandancia en el grupo armado. Yo me atrevería a decir doctor, bajo la gravedad del juramento, que todos los que aparecen ahí (en el listado de financiadores) tienen conocimiento de mi condición de comandante de autodefensas y no gracias a la desmovilización, muchísimo antes de desmovilizarnos ya tenían conocimiento de mi pertenencia al grupo o de mi función”.
En marzo de 2024, la Fiscalía llamó a juicio a 14 empresarios bananeros, acusándolos de financiar voluntariamente a los ‘paras’ a través de la Convivir Papagayo entre 1996 y 2004. Esta Convivir fue creada en 1996 cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia, quien autorizó su constitución. Entre los asociados de esta Convivir están: León Tone Gaviria Correa, hermano del exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, y Juan Esteban Álvarez, socio de la familia Gaviria Correa.
Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, organización que ha defendido a las víctimas del despojo paramilitar en Colombia, cuenta que las autodefensas crearon varias Convivir en cada municipio de Urabá, pero que al final todos recurrían a los mismos financiadores: bananeros y ganaderos, por lo que optaron por centralizar todo en Papagayo. Entre 1996 y 1997 hay registro de 14 Convivir constituidas en siete municipios del Urabá antioqueño.
Vega explica que el caso de los 14 empresarios inició en 2008. “Este proceso es mucho más completo que otros porque la Fiscalía hizo el allanamiento en las Convivir y decomisó los libros de contabilidad en los que estaban en el registro de los financiadores, entre los que se encontraban estas personas”, dice el abogado. Sin embargo, Vega menciona que a pesar de que la Fiscalía declaró como crimen de lesa humanidad la financiación voluntaria a grupos armados, la defensa de los empresarios buscará la prescripción del caso alegando que ninguna persona puede estar sometida indefinidamente a un proceso judicial.
Los imputados
Según Manuel Laborde, actual presidente de Uniban, esta comercializadora es la quinta exportadora de banano en el mundo. Fue fundada por Guillermo Gaviria, padre de Aníbal Gaviria, y otros empresarios de renombre. La familia Gaviria Correa tiene participación en Puerto Antioquia por medio de Uniban. De los antiguos altos ejecutivos de esta bananera fueron imputados por la Fiscalía: Alberto León Mejía, presidente de Uniban entre 1997 y 1999; Óscar Enrique Penagos Garcés; Óscar Aristizábal Vahos y José Gentil Silva Holguín, quienes integraron la junta directiva.
Los miembros de Uniban han sido señalados por exparamilitares y la Fiscalía, pero también por el Tribunal Superior de Antioquia alrededor del tema de restitución de tierras. En 2020 el Tribunal obligó a las empresas Bananeras de Urabá y Agrícola Sara Palma, filial de Uniban con 3.634 hectáreas, a devolver predios de víctimas que fueron despojadas de sus terrenos y que estaban siendo explotados por estas compañías. En la sentencia el Tribunal manifestó que era necesario investigar a los propietarios de Bananeras de Urabá, Banacol y Uniban para determinar si financiaron voluntariamente a los paramilitares.
Otro de los escándalos en los que se ha visto envuelta Uniban es por los hallazgos de cocaína en sus contenedores. En 2014 la Policía halló un cargamento de estupefacientes en las cajas de banano de Uniban. Para esa fecha ya eran cuatro embarques de Uniban en los que las autoridades hallaron droga. En esta misma noticia se mencionó que trabajadores de supermercados en Alemania encontraron cocaína en cajas de banano de Uniban.
En 2017, la Armada Nacional incautó más de mil kilos en el embarcadero El Zungo de Uniban en Carepa, Antioquia. En 2023 el diario El Colombiano publicó un artículo en el que reveló que nueve empleados de Uniban fueron detenidos por la Policía por asociarse con el Clan del Golfo para contaminar cargamentos de banano con cocaína en el embarcadero El Zungo. El medio afirmó que los capturados hacían todo a espalda de sus jefes.
Nicolás Echavarría Mesa, quien fue presidente de la comercializadora Banafrut, es uno de los 14 empresarios acusados. Echavarría no solo es un magnate bananero, sino también, ha estado involucrado en el mundo de la política: fue embajador ante la Unión Europea durante la presidencia de Álvaro Uribe y fungió como gerente de la campaña de Óscar Iván Zuluaga para las elecciones presidenciales de 2014.
Nicolás Echavarría Mesa, empresario uribista llamado a juicio
Javier Francisco Restrepo Girona, otro de los 14 empresarios imputados, fue socio fundador de CI Tropical. En 2022, el Tribunal Superior de Antioquia determinó que Restrepo debía devolver un predio de tres hectáreas en Turbo que adquirió en 2001 por medio de la compañía Bananeras La Florida porque la familia que vendió la tierra fue amenazada y desplazada por los paramilitares. Además, en su momento Restrepo fue investigado por desplazamiento forzado. En 2023, la Fiscalía dispuso el cierre parcial del caso.
El Grupo Santa María fue fundado por los hermanos Jaime y Guillermo Henríquez Gallo (este último ya falleció). Ambos aparecieron en el listado de Raúl Hasbún como presuntos financiadores de las autodefensas. Óscar Enrique Penagos Garcés, uno de los 14 imputados que hizo parte de la junta directiva de Uniban, también fue gerente de Agrícola Santa María, empresa que hace parte del Grupo Santa María.
Óscar Enrique Penagos Garcés, antiguo directivo de Uniban y Agrícola Santa María
Jaime Henríquez Gallo también hace parte de la junta directiva de Uniban, por lo que es de los empresarios con más participación en Puerto Antioquia. El fundador del Grupo Santa María ha justificado el financiamiento a las Convivir asegurando que estas iban a ser supervisadas por la Superintendencia de Vigilancia. En diversos escenarios judiciales el excomandante de las AUC, Raúl Hasbún, ha dicho que la conformación de las Convivir tuvo como primer objetivo legalizar los recursos aportados por los empresarios bananeros a las autodefensas.
Aníbal Gaviria y Jaime Henríquez Gallo (el de camisa rosada) en una reunión de la Asociación de Bananeros de Urabá.
Henríquez Gallo tiene una estrecha relación con Aníbal Gaviria, quien en 2022 le agradeció por jalonar el megaproyecto desde su estructuración. Henríquez Gallo también tiene cercanía con el expresidente Álvaro Uribe, quien lo ha defendido de las acusaciones sobre aportes a los paramilitares. Durante el mandato presidencial de Uribe, Henríquez Gallo recibió el visto bueno para poner en marcha la Zona Franca de Urabá, sitio con beneficios tributarios del que fue promotor y gerente.
Además, la Agrícola Santa María, de Henríquez Gallo, recibió un subsidio de 500 millones de pesos por parte del programa Agro Ingreso Seguro del Gobierno Uribe. Óscar Enrique Penagos Garcés, uno de los 14 imputados por la Fiscalía, también fue beneficiado por Agro Ingreso Seguro e hizo parte de los 41 empresarios que recibieron subsidios y fueron llamados a interrogatorio por la Fiscalía.
Estas empresas bananeras accionistas en Puerto Antioquia tienen conexiones y aliados al más alto nivel regional y nacional. Al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, Banafrut le aportó 10 millones para su campaña y Uniban 15 millones de pesos. A Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, Banafrut le dio 40 millones de pesos para su campaña en la que resultó electo alcalde de la capital antioqueña. En las elecciones al Congreso de 2014 Uniban y Agrícola Santa María donaron para la campaña de Álvaro Uribe al Congreso. Para los comicios de 2018 Banafrut le aportó 10 millones de pesos a Uribe.
En 2019 la Gobernación de Antioquia, al mando de Luis Pérez en ese momento, declaró decenas de predios de interés y utilidad pública para Puerto Antioquia, lo que significa que los terrenos que no son propiedad de la concesión deben ser comprados en aras de desarrollar el proyecto. Varios estaban bajo el poder de socios de las bananeras accionistas y también de empresas señaladas de financiar el paramilitarismo.
Entre las fincas declaradas de interés público estaba una de 98 hectáreas de Agrícola Sara Palma, filial de Uniban. También, un predio de 48 hectáreas del Grupo 20, propiedad de la familia Gaviria Correa, aparecía en el listado de terrenos de interés para Puerto Antioquia. Por otro lado, cuatro fincas que suman 405 hectáreas de Agrícola El Retiro también fueron declaradas de utilidad pública. Esta empresa fue la que más tierra adquirió en Urabá entre 1990 y 2020 con un total de 3.749 hectáreas. Sus directivos eran los mismos de Banadex, la filial de Chiquita Brands en Colombia, los cuales están vinculados penalmente al proceso que adelanta la justicia colombiana por presunta financiación a los paramilitares en la región. En septiembre prescribirá este caso.
Banacol, otra de las grandes comercializadora de banano en Urabá, tenía cinco predios declarados de interés para Puerto Antioquia, de los cuales se pudo identificar dos que corresponden a 76 hectáreas. Respecto a Banacol, tres de sus antiguos altos ejecutivos -Víctor Manuel Henríquez, Jorge Alberto Cadavid Marín y Javier Ochoa Velásquez- están en juicio por el mismo caso que los funcionarios de Agrícola El Retiro. Esto parece indicar que entre los más beneficiados por Puerto Antioquia estarán aquellas compañías que en el pasado tuvieron líos de tierras y señalamientos de financiación a las AUC.
