El caso de un médico que abusó de ocho menores de edad pone de relieve la negligencia con la que la Fiscalía investiga y los jueces sancionan este delito. Durante 15 años Edward González Saavedra actuó en total impunidad hasta que la última víctima lo denunció en noviembre de 2023 en Cali, lo que provocó su captura en febrero pasado. Según el Instituto de Medicina Legal, en 2023 se practicaron 18.051 exámenes por presuntos delitos sexuales contra menores.
Por: Fabiola León Posada
“Si la Fiscalía hubiera actuado años atrás, ninguna de nosotras hubiera recorrido este calvario", manifiesta Karla* una de las adolescentes víctimas de Edward González Saavedra, un médico al que las fallas del sistema de justicia le facilitaron abusar de ocho menores de edad en los últimos 15 años, según las denuncias que conoció RAYA. El 1 de febrero pasado fue capturado en Cali por el caso de esta paciente que lo denunció por acceso carnal agravado en noviembre de 2023. A principios de marzo irá a juicio, acusado del delito de actos sexuales con menor de catorce años, agravado, en el caso de Inés*, la hija de su exesposa que lo denunció en 2013.
Tras la medida de aseguramiento que lo llevó a prisión el pasado 1 de febrero, el médico González completó tres procesos penales por el delito de actos sexuales abusivos con menores de edad luego de que las sometiera a su expertiz en la medicina y las dejara en una condición de total incapacidad para resistir. En octubre de 2020, en Cundinamarca, su conducta abusiva como médico fue contra Miranda*, quien lo denunció por abuso sexual cuando fue su paciente. Posteriormente, la Fiscalía lo acusó de ser responsable del delito de acceso carnal o acto sexual abusivo contra la joven en incapacidad de resistir. Este caso se encuentra en la fase de juicio oral, pero su poder, sus tácticas legales y su influencia sobre algunas autoridades impiden que la justicia avance.
El médico González cuenta con recursos económicos que le permiten contratar abogados hábiles para defender sus casos utilizando, entre otros argumentos, que es víctima de un complot porque las mujeres persiguen su dinero. Esto genera dudas en torno a la veracidad de los testimonio de las víctimas que lo han denunciado; tanto así, que estas artimañas han provocado el archivo de algunas denuncias en su contra, argumentando que faltan pruebas o debido a presuntas irregularidades en el proceso judicial.
Estrategias como las del médico González fueron analizadas por el abogado Fredy Garzón, director de la Agencia Nacional de Investigadores y Peritos Criminalísticos (ANIP). El abogado explicó que esta situación obedece a la falta de acceso a la justicia para las víctimas, ya que en etapas como el peritazgo la manipulación, por sobornos u otro tipo de actos corruptos, puede ser muy probable con el fin de favorecer con resultados “amañados” a personas poderosas dentro de la sociedad.
Otro caso sucedió en febrero de 2020, también en Cali, contra una antigua amiga del médico González, Luisa, quien entregó una declaración jurada ante una Notaría con el fin de exponer las cuatro situaciones que afrontó su hija con el médico. En dicho documento, ratificó el modus operandi de González, el cual consiste en suministrar drogas a las víctimas para dejarlas en condición de indefensión y luego abusarlas. La joven actualmente sufre de pesadillas y se encuentra bajo tratamiento psicológico.
Hasta aquí, los cuatro procesos están en total impunidad. De llegar a avanzar alguno de los que se encuentra en etapa de juicio (Karla, Inés y Miranda*), estos se sumarían al lánguido 3% de casos que alcanzan algún grado de justicia. Sin embargo, la cifra revela la alarmante impunidad: el 97% de los casos siguen sin ser valorados por los jueces, lo cual se agrava si agregamos el subregistro de las víctimas que no confían en el sistema de justicia y que evitan denunciar, como sucede en esta historia en la que tres de las ocho víctimas aún no lo han hecho formalmente ante las autoridades.
El 21 de abril del 2009 se registró otro caso de abuso sexual contra una menor de edad en el departamento de Córdoba. Giovanny* denunció al médico González por abuso contra su hija menor de 8 años, además, puso en conocimiento de las autoridades el presunto soborno del médico hacia la justicia y su relación con actores armados ilegales. Aunque el delito que se registró en la denuncia se concentra en el secuestro extorsivo, durante el relato de los hechos la víctima también mencionó el abuso sexual contra su hija. De acuerdo con los expertos consultados, esta situación debió independizarse de los otros delitos para poder atender a la menor y restituir sus derechos. El caso nunca fue investigado y actualmente está inactivo.
En Colombia la protección y atención a la niñez enfrentan una serie de desafíos sistémicos que ponen en riesgo el bienestar de los niños y niñas del país. Según datos del Instituto de Medicina Legal, en 2023 se realizaron más de 18.000 exámenes médico-legales por presunto delito sexual contra menores de edad.
Angélica Cuenca Gómez, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana, una red conformada por más de 27 organizaciones, explica que la impunidad en casos como el de González puede atribuirse a varios factores. Uno de los principales es la carencia de unidades especializadas en justicia para la infancia. Estas deberían contar con personal capacitado y sensibilizado para abordar adecuadamente los casos de violencia infantil, incluso, contar con herramientas para conversar con un menor. “A nosotros se nos han caído procesos porque el fiscal no sabe porqué el niño o la niña no se refiere a sus partes íntimas. No le dice pene, no le dice vagina, le dice la florecita o la cosita. Eso también hace parte de nuestra falta de educación sexual desde la primera infancia”, relata Cuenca.
El abogado Garzón, de la Agencia Nacional de Investigadores y Peritos Criminalísticos, también explica la importancia de tener protocolos y profesionales expertos en la materia para analizar con objetividad la coherencia de los testimonios y los signos de victimización. La incorrecta aplicación de estas herramientas puede tener consecuencias graves, como perpetuar la impunidad y exponer a la víctima a un riesgo continuo de contacto con el agresor y de repetición. Asimismo, puede minar la confianza en el sistema judicial y comprometer la protección de los menores afectados.
En el marco de lo judicial, otra dificultad es la dilación de los tiempos procesales, ya que esto conduce a que los casos se prolonguen durante muchos años, desgastando a las víctimas y desalentándolas para que no denuncien a los victimarios, al percibir que el sistema judicial no garantiza una respuesta adecuada y oportuna. En el caso del médico González la primera denuncia presentada en su contra por parte de su esposa, se tramitó en el 2013 en el juzgado 16 penal del circuito de Cali, pero el caso fue archivado por un fiscal hasta el 2020 luego de que la madre presentara como prueba un audio donde el hombre le pedía perdón por lo sucedido. El caso fue reabierto y el médico fue acusado del delito de acto sexual violento con menor de 14 años.
Según Cuenca, antes de la Ley 1878 de 2018, los defensores podían prolongar los casos hasta por cuatro años, pero ahora se redujo el tiempo máximo a 18 meses: “lo que sigue siendo un periodo considerable en la vida de un niño”, enfatiza. La presión para cerrar los casos rápido lleva a decisiones apresuradas y a corrupción. La especialista cree que la ley sería útil si se asignan más recursos a las Defensorías públicas, que actualmente operan con presupuestos limitados y capacidades deficientes. La cantidad limitada de funcionarios judiciales es problemático; algunos defensores públicos manejan hasta 130 casos, lo que genera una carga laboral abrumadora. Esta escasez de recursos dificulta una atención adecuada y un proceso justo, concluye Garzón.
Un elemento adicional, de tipo estructural, es el que evidencia la investigación de Cuestión Pública en 2022, en la que revela que al menos 25 menores de edad tienen custodia compartida con sus presuntos agresores físicos, psicológicos y sexuales. Dentro de estos casos, se identifica un patrón en el cual funcionarios como comisarios, defensores de familia, peritos psicólogos, fiscales, trabajadores sociales y jueces están utilizando la teoría de la "Alienación Parental" y el Síndrome de Alienación Parental (SAP) en contra de las madres denunciantes.
La teoría de la alienación parental sugiere que la madre manipula a los niños para que acusen falsamente a sus padres de abuso, con el objetivo de obstaculizar su relación con ellos. Sin embargo, esta teoría carece de base científica y ha sido cuestionada por diversas organizaciones y entidades internacionales. A pesar de ello la teoría de la alienación parental está siendo empleada por funcionarios en diferentes instancias judiciales en Colombia para desestimar las denuncias de abuso sexual y violencia infantil, como señala el portal informativo. Un ejemplo claro de esta situación es el caso del médico González, quien logró quedarse con la custodia de su hijo a pesar de la denuncia por abuso sexual de su hija y de estar en prisión en estos momentos. La aplicación de esta teoría lleva a situaciones en las que se desestiman las denuncias por abuso sexual y violencia infantil, se ignora el testimonio de las víctimas y se otorga custodia compartida a presuntos agresores.
La abogada de Karla* Leydy Yohana Restrepo Mayorga, quien logró poner tras las rejas al médico González, denunció la revictimización que sufren las niñas, niños y adolescentes por parte de un sistema judicial que no les ofrece la atención y el apoyo necesario durante su proceso de denuncia. "Ellas y ellos no solo sufren el trauma del abuso, sino que también son revictimizados por un sistema que se preocupa más por obtener pruebas para condenar al culpable que por su bienestar". Además, expresó que a menudo las víctimas no reciben la terapia psicológica o psiquiátrica necesaria para superar el trauma, lo que agrava aún más su situación durante el proceso judicial.
El modus operandi del depredador Edward González Saavedra evidencia el uso de su poder y conocimiento como médico para perpetrar sus crímenes. Emplea su experiencia en medicina para drogar a las menores, abusando de la confianza de amigos, parejas sentimentales o pacientes para acercarse a sus víctimas. RAYA está al tanto de tres casos en su integridad, pero al médico lo envuelven un total ocho víctimas que han declarado en su contra y que han puesto en evidencia su forma de actuar. Aunque tres de ellas aún no presentan una denuncia formal contra González, hoy se sienten impulsadas a buscar justicia después de la captura de su victimario.
*Los nombres son modificados por tratarse de menores de edad
