La tensión bilateral de enero con Ecuador y el despliegue de operaciones conjuntas anunciadas con Estados Unidos podrían dinamitar la frágil tregua que se vive en Nariño y Putumayo. Autoridades de Colombia, Ecuador y Estados Unidos no entregaron información sobre los bombardeos de por lo menos dos laboratorios de cocaína en el sur del país, que han dejado docenas de civiles muertos. En principio, se plantea la hipótesis de operaciones encubiertas de los EE.UU. En esta segunda entrega, RAYA contrasta esa hipótesis con respuestas y silencios oficiales: el Ejército colombiano afirma que no tiene elementos que indiquen participación de un gobierno extranjero.
Unidad Investigativa Revista RAYA
Las calles de Ipiales estaban inusualmente vacías el domingo 25 de enero, sin la afluencia normal de ciudadanos ecuatorianos que acostumbran a cruzar la frontera para comprar insumos de primera necesidad, televisores y electrodomésticos, cuyos precios son más costosos en Ecuador a causa de los impuestos. El golpe al comercio fue un resultado inmediato del anuncio de guerra comercial hecho por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa cuatro días antes, el 21 de enero, quien impuso aranceles unilaterales del 30% a los productos colombianos con el pretexto de que hacían falta “acciones firmes” por parte de Colombia para combatir el narcotráfico en la frontera.
Ese domingo, Ecuador anunció que sus Fuerzas Armadas ya estaban desarrollando operaciones militares conjuntas con Estados Unidos, haciendo especial énfasis en la frontera norte con Colombia, mientras se conocían las primeras informaciones de supuestos ataques extranjeros con munición teledirigida, con drones y misiles, contra laboratorios de cocaína en zonas selváticas de Nariño, como lo revelamos en una entrega anterior.
Lea la investigación: Tres laboratorios de cocaína bombardeados en Nariño
En Nariño tienen lugar dos de los procesos de negociación de paz más avanzados del gobierno de Gustavo Petro: uno con el grupo Comuneros del Sur, una facción del ELN que se apartó del Comando Central de esa guerrilla; y otro con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), un grupo de frentes y estructuras disidentes de las extintas FARC, que a su vez se habían escindido de la Segunda Marquetalia.
La tensión diplomática y la cadena de hechos posteriores han desatado la preocupación entre líderes sociales de la región, la iglesia y las comunidades, al tiempo que el nerviosismo se apodera de los delegados en las mesas de diálogo. Temen que una confrontación en la frontera, que podría derivar en una guerra de baja intensidad, termine por anular los avances de los diálogos de paz en Nariño.
Ambos grupos armados han entregado parte de su arsenal para la destrucción. La Coordinadora Bolivariana se comprometió a colaborar en la erradicación voluntaria de 30.000 hectáreas de cultivos de coca en Nariño y Putumayo, mientras que los Comuneros del Sur colaboran en procesos de desminado humanitario y de búsqueda de personas desaparecidas que ya han dado sus primeros frutos.
El asunto es simple y lo resumió la defensora regional del Pueblo, Dayana Hoyos: “Hay un notorio desescalamiento de la violencia, hay que reconocerlo, pero los grupos no se han desarmado”. Su intervención ocurrió durante un evento convocado por la Pastoral Social de Ipiales el 29 y 30 de enero pasado con líderes comunitarios y funcionarios del Gobierno Nacional para hacerle seguimiento a las mesas de negociación de paz.
“Nariño es la bisagra con el Ecuador”, fueron las palabras de monseñor Héctor Fabio Henao en el mismo espacio: “ahora el conflicto ha mutado, pero se alimenta de los viejos problemas estructurales”. Henao, delegado de la Conferencia Episcopal Colombiana para acompañar las negociaciones, junto a los demás miembros del episcopado, ha estado al tanto de una carta que desde Nariño la iglesia propuso para que fuera suscrita junto a los obispos ecuatorianos pidiendo desescalar las tensiones entre países.
“El temor que tenemos es que fuerzas ecuatorianas hagan un operativo de penetración por la frontera y capturen gente nuestra para luego extraditarla a los Estados Unidos”, dijo un integrante de Comuneros del Sur a la Revista RAYA, recordando que el gobierno de Álvaro Uribe hizo lo propio violando la soberanía del vecino país con bombardeos, aspersiones aéreas con glifosato y el secuestro del excomandante de las extintas Farc, “Simón Trinidad”, en Quito, durante un operativo encubierto de la inteligencia colombiana en enero de 2004. Operativos similares se llevaron a cabo también en Venezuela contra miembros de las extintas Farc y el ELN, el más recordado: el secuestro de Rodrigo Granda.
En una visita oficial a Guayaquil, el pasado 22 de enero, Uribe sugirió que Ecuador debería hacer lo mismo que él hizo durante su presidencia: bombardear países vecinos y violar su soberanía, en aras de mantener la “seguridad”. Ese mismo día ocurrió la explosión en un laboratorio de procesamiento de pasta base de coca en Llorente (Tumaco), a menos de treinta kilómetros de la frontera, un hecho que, como lo reveló RAYA, podría ser un ataque de precisión, el cual habría dejado 15 civiles muertos.
Silencio oficial en Ecuador, EE. UU. y Colombia
Ninguna autoridad oficial en Colombia, Ecuador o Estados Unidos se ha referido hasta ahora a las versiones que apuntan a la participación de fuerzas extranjeras en, al menos, dos laboratorios de cocaína bombardeados en Nariño, en el litoral Pacífico. El presidente Gustavo Petro, sin embargo, ha hecho mención indirecta de esos episodios en al menos dos pronunciamientos.
En el primero, desde Washington, al terminar la reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump, aseguró que en la frontera con Ecuador había “decenas de muertos calcinados” en medio de la lucha contra el narcotráfico, sin entregar más detalles. En el segundo, el pasado 9 de febrero, desde Tumaco, el municipio donde ocurrieron las explosiones, le enrostró al presidente Noboa, de Ecuador, la incautación de una tonelada de cocaína sin necesidad de muertos. “Podemos enseñarle al mundo y sobre todo a Ecuador cómo se hace. No cobramos, y puede ser desde ya, y desde antes ya se estaba haciendo”, escribió el mandatario en sus redes sociales.
La revista RAYA consultó a autoridades en los tres países involucrados. En Colombia, la Cancillería respondió que no tenía ninguna respuesta oficial sobre esos hechos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por su parte, pidió que RAYA contactara al comandante de la Tercera División del Ejército, general Javier Africano López, quien era el vocero autorizado para hablar del tema. El general Africano confirmó que tienen registro de dos explosiones: la primera, ocurrida el 22 de enero, que aunque inicialmente se había reportado en zona aledaña al resguardo indígena awá Inda Sabaleta, realmente había ocurrido sobre el río Rosario, concretamente en la vereda Unión Río Rosario.
Y la segunda, registrada en la localidad Pital de la Costa, hasta donde la semana pasada logró llegar la tropa para asegurar la entrada de la Fiscalía. El oficial rechazó referirse a ninguna hipótesis sobre lo ocurrido, a la espera de los resultados de la Fiscalía, pero, consultado directamente por la eventual autoría extranjera, aseguró: “No tenemos elementos esenciales de información que indiquen la participación de miembros de un Gobierno extranjero”.
Esta revista formuló preguntas a los Ministerios del Interior y de Defensa del Ecuador, pero no hubo respuestas. RAYA también solicitó una respuesta a la Cancillería ecuatoriana y, al cierre de este reportaje, no habían contestado. La embajada de Estados Unidos en Colombia, por su parte, se limitó a enviar el comunicado del Comando Sur del Ejército Norteamericano en el que reportó, el pasado 9 de febrero, el ataque a una lancha que asoció al narcotráfico, ocurrido en el Pacífico Oriental y en el que murieron dos de los tripulantes y un tercero sobrevivió.
Ecuador y Estados Unidos ya han anunciado operaciones conjuntas contra el narcotráfico en la frontera norte con Colombia en las últimas semanas. De hecho, el 17 de diciembre pasado, la embajada estadounidense en Ecuador reportó la llegada de personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para “una operación temporal” con la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta.
Un mes antes de los bombardeos y de que Ecuador y Estados Unidos anunciaran las operaciones conjuntas con militares norteamericanos en la frontera norte, el Comando Sur de los Estados Unidos ya había publicado unas fotografías en redes sociales donde se ve a militares estadounidenses en ese país, concretamente en la provincia de Esmeraldas, que es limítrofe con el departamento de Nariño.
Militares norteamericanos estarían participando en operaciones encubiertas en la frontera colombo-ecuatoriana al menos desde diciembre del año pasado
A finales de enero, el subsecretario adjunto de defensa de los Estados Unidos, Joseph Humire, visitó Quito y dio una rueda de prensa con la ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador, Gabriela Sommerfeld; el ministro del Interior, John Reimberg; el responsable de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el comandante de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Henry Delgado, en la que anunciaron que ejecutarían operativos conjuntos que, de hecho, ya se venían realizando por lo menos desde un mes antes, según las fotos publicadas por el Comando Sur de los Estados Unidos el 11 de diciembre de 2025.
Balcanización y “guerra de brazaletes”
A la presión extranjera se suman las incursiones armadas de un grupo aún no identificado en el corregimiento de La Victoria, en Ipiales, justo en la línea fronteriza con el Ecuador, que ha despertado las alertas sobre la posibilidad de que nuevos actores ilegales transnacionales están reconfigurando el panorama del conflicto en la frontera colombo-ecuatoriana. El grupo se ha presentado con brazaletes de diferentes actores armados, pero las autoridades ecuatorianas atribuyen el control de la minería ilegal, al lado de su frontera, a facciones del ELN que, no obstante, no operan en esa región, lo que hace pensar en una fachada falsa para engañar a las autoridades.
Otro grupo, con brazaletes de Comuneros del Sur, realizó un retén ilegal a finales de 2025 en el sector de Balalaika, en la carretera entre Túquerres y Samaniego, dejando colgada una bandera del ELN en la zona. Lo extraño del episodio es que los Comuneros del Sur informaron a la mesa de diálogos que ellos no habían sido los autores del retén y que, probablemente, otro actor armado los estaría suplantando para ingresar a la región.
Lo mismo ocurre con las Autodefensas de Nariño, un supuesto grupo paramilitar que informes de prensa relacionaron como un brazo de los Comuneros del Sur y que estos desmienten.
Finalmente, está la presencia documentada por comunidades y autoridades locales de unidades del frente Manuel Vásquez del ELN (Ejército de Liberación Nacional), que se habría movido desde el Cauca con la orden expresa del Comando Central de esa guerrilla para conquistar las zonas en poder de Comuneros del Sur y recuperar el terreno que esa guerrilla perdió en Nariño después de la división del frente Comuneros. Los locales le han dado un nombre a esta práctica: “la guerra de brazaletes”, en la que todos los actores armados cambian de denominación para confundir a sus oponentes y a la población civil, en un terreno donde es difícil atribuir acciones a uno u otro actor.
A toda esta confusión de grupos, facciones y divisiones se suma la posible fragmentación de los actores armados, principalmente, de la Coordinadora Bolivariana, que enfrenta la amenaza de la posible extradición de uno de sus jefes, “Andrés Araña”, capturado en Bogotá por agentes de la DEA en medio de una de las rondas de negociación con el Gobierno Nacional a comienzos de 2025, una maniobra que se consideró como un saboteo directo del recién llegado gobierno de Donald Trump a la política de Paz Total de Petro.
La posible extradición de “Araña” depende de que se cumpla con el ultimátum que el presidente Petro le lanzó al grupo una semana antes de su visita a Washington para reunirse con Donald Trump. El primer mandatario les dio un plazo de “diez días” para demostrar su compromiso en la erradicación pactada de 15.000 hectáreas de hoja de coca en Putumayo, la zona en donde operan los Comandos de la Frontera, el grupo adscrito a la Coordinadora Bolivariana que es comandado por “Araña”. Después, el Gobierno Nacional habló de tres meses.
Fuentes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz dijeron a RAYA que es imposible que se erradique tal cantidad de coca en ese plazo y que la extradición de “Araña” podría romper la mesa de diálogos anulando cualquier posibilidad de acuerdo con los Comandos de la Frontera.
A esto se suma la separación de una facción de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano conocida como el FOS o Frente Óliver Sinisterra. Este era el grupo comandado por el célebre disidente “Guacho”, que se movía en la región del río Mataje y el Alto Mira, grupo que pasó al foco de la opinión pública tras el secuestro y asesinato de tres periodistas del diario El Comercio de Ecuador a comienzos de 2018.
“Guacho” murió abatido por el Ejército a finales de ese mismo año, pero su estructura se mantiene en la zona bajo las órdenes de Óber Eliécer Ramírez Cortés, alias “Albeiro”, quien pese a contar con resolución de vocero para las negociaciones nunca se ha presentado a la mesa de diálogos y, en cambio, siempre ha enviado a su segundo: un hombre conocido como “Rimpocho”.
Fuentes en la zona aseguran que diferencias en el manejo de los cobros y recursos del grupo llevaron a que “Albeiro” se separara de la negociación y ahora se encuentra enfrentado con la Coordinadora Bolivariana, lo que añade incertidumbre a los diálogos, con la posibilidad de que un sector completo de las disidencias no entre en un futuro acuerdo.
Hasta ahora, el territorio estaba debidamente separado entre la Coordinadora Bolivariana y los Comuneros del Sur, que habían cedido el piedemonte de la cordillera al otro grupo después de una reunión convocada con las comunidades en el resguardo de Magüí, en zona rural del municipio de Ricaurte, donde, según una persona enterada de la reunión, acordaron en 2023 que los Comuneros no bajarían de la cordillera, ni la Coordinadora Bolivariana incursionaría más allá de dicho resguardo.
La Defensoría del Pueblo ha advertido el peligro que supone la atomización y la fragilidad de las mesas de paz, con dos alertas tempranas que están pendientes de su firma en el despacho de la Defensora del Pueblo, Iris Marín. Ambos documentos alertan sobre el riesgo de confinamiento, violencia sexual, violencia contra líderes y riesgos electorales en el departamento de Nariño; uno de ellos en específico alerta sobre los riesgos que podría acarrear la Zona de Ubicación Temporal en el municipio de Mallama, donde se espera que los Comuneros del Sur hagan su tránsito a la vida civil.
*RAYA viajó a Nariño con apoyo de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano.
