La Fiscalía de Barbosa clasificó en la lista de no priorizadas una investigación de enriquecimiento ilícito contra la esposa de Lucas Gnecco, quien habría escondido los bienes de Lucas para que la justicia no le cobrara más de 10 mil millones de pesos por sus actos de corrupción cuando fue gobernador del Cesar. RAYA revela los documentos y una llamada interceptada a "Cayita Daza" que da cuenta de un soborno a la justicia para reversar las condenas de Lucas en la Corte Suprema de Justicia. Parte 2.

Por: Edinson Arley Bolaños

La investigación financiera contra la familia Gnecco Zuleta inició luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenara en 2009 al patriarca del Cesar Lucas Segundo Gnecco Cerchar, a 24 años de prisión y a pagarle al Estado 10 mil millones de pesos. La razón: el desvío de más de 13 mil millones de pesos que estaban destinados a los salarios y prestaciones sociales de los docentes del Cesar quienes a principios del 2000 estuvieron en paro porque no había plata para pagarles. El 7 de febrero de 2007 el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) rindió un informe en el que concluyó que “los recursos fueron objeto de apropiación ilícita por los funcionarios que participaron en tan amplia y compleja operación, y por los particulares que los secundaron”, dice la sentencia.

La Corte dijo que Lucas Gnecco fue el determinador de estos actos, por los que hace 14 años está detenido en su casa por cárcel en el barrio Novalito de Valledupar (Cesar). Los sobrecostos que generaron sus actos de corrupción ascendieron a más de $4.900 millones que supuestamente Gnecco destinó para dotar a los colegios del Cesar de equipos, material bibliográfico y capacitación para los docentes. Sin embargo, como lo dice la sentencia de 2009, lo que en realidad sucedió fue que Gnecco urdió un plan con sus colaboradores en la Gobernación para satisfacer el apetito de los contratistas que también eran sus copartidarios del grupo político El Golpe. Las obras nunca llegaron y la dotación de libros tampoco.

En mayo de 2021, en busca de los bienes de Lucas Gnecco para que pagara la indemnización al departamento del Cesar, los investigadores del CTI encontraron que la fortuna de esta familia no estaba en manos de Lucas sino en las de su esposa Lilo De Gnecco Zuleta. Encontraron, por ejemplo, que en la empresa más prospera de este clan, la sociedad Gnecco Zuleta y Cia., ambos son gestores, pero Lilo es la única que tiene acciones en partes iguales con los hijos de los dos y con los hijos de Lucas y otra esposa. Ellos son: José Eduardo, Xilena María y Eddie José Gnecco Zuleta; y Eliana y José Amiro Gnecco Martínez. Todos son accionistas de esta empresa ganadera constituida en 1981 y que tiene como objeto la cría, el levante, el engorde, la compra y la venta de ganado al por mayor. También ofrece el servicio de transporte terrestre de carga en vehículos propios o arrendados. El capital reportado al registro de la empresa es de $600 millones.

A nombre de Lilo Gnecco también encontraron 18 bienes inmuebles ubicados entre Valledupar, Santa Marta y Bogotá, los cuales le adjudicó Lucas a Lilo como parte de la liquidación de la sociedad conyugal en 2005. A raíz de este hallazgo, ya que Lucas no figuraba con acciones dentro de la empresa ni como propietario de nada, los investigadores solicitaron las declaraciones de renta de Lilo desde 1998 hasta 2008 y todos los detalles financieros de sus transacciones y movimientos bancarios. Incluso, consultaron información en el Banco de la República para establecer sus operaciones con moneda extranjera. El objetivo: ubicar los bienes que pudieran ser objeto de la acción de extinción del derecho de dominio de la Fiscalía.

Durante todo el 2021 la investigación se profundizó rastreando y acopiando la información necesaria para establecer si los bienes adquiridos por Lilo De Gnecco eran producto de la corrupción de Lucas. Según los hallazgos, su patrimonio personal no justifica los movimientos en sus cuentas bancarias y los bienes inmuebles. Dichas actividades se extendieron hasta enero de 2022 cuando las respuestas de las distintas entidades llegaron a manos de los investigadores. En ese momento, una juez escuchó al ente investigador, examinó el material probatorio y dio la orden a la Fiscalía 26 Especializada de Extinción de Dominio para que buscara selectivamente en las bases de datos los bienes de Lilo y de la sociedad Gnecco Zuleta.

Una medida que fue revelando otros hallazgos como el cambio de nombre que realizó Lilo De Gnecco a finales de 2001, quien desde entonces dejó de llamarse Dennis Marta Zuleta De Gnecco. Lo curioso del hallazgo es que los dos nombres figuran en las declaraciones de renta y transacciones bancarias con el mismo número de cédula, aun cuando el nombre Dennis Marta ya no existía en las bases de datos de la Registraduría Nacional. Por ejemplo, aparecen transacciones internacionales de mediados de 2003 y de 2009 con el nombre de Dennis, lo cual constituye una doble identidad para declarar ante el sistema financiero colombiano.

Lilo De Gnecco, como ella misma se bautizó, también aparece como la gran portadora de docenas de acciones en Ecopetrol entre 2008 y 2012, a pesar de que su capacidad económica no le otorgue ese poder. En medio de estos hallazgos y de que el dinero al departamento del Cesar aún no ha sido pagado por Lucas, la Fiscalía de Barbosa decidió clasificar esta investigación como no prioritaria, le dijo un investigador del CTI a la Revista RAYA. Un hecho que muestra cómo la justicia ha sido selectiva y benevolente con Gnecco, pues han pasado 14 años desde que la Corte Suprema dictó pagar dicho dinero.

En el caso de Lucas Gnecco, dicha sentencia que lo condenó a 24 años de cárcel siempre lo trasnochó a él y a su circulo familiar. No solo por la larga condena, sino por la indemnización que estaban obligados a pagarle al Estado entre 2009 y 2012, así lo estableció la Corte en esa primera instancia. Por eso, la carrera por encontrar una nueva revisión del fallo en el alto tribunal llevó a que los Gnecco, especialmente uno de los hijos y herederos de Lucas, José Alfredo Gnecco, actual senador de la República por el partido de la U, fuera protagonista del cartel de la toga. Según lo declaró el fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, extraditado a Estados Unidos por corromper magistrados, José Alfredo pagó 150 millones de pesos para dilatar el proceso y favorecer a su padre ante cualquier decisión de la Corte.

Hasta la fecha, sólo se conoce el testimonio de Moreno, pero RAYA revela un documento, en poder de la Corte, el cual contiene los detalles de las llamadas que sostuvo una asesora del exsenador Álvaro Uribe, quien además es protagonista en el llamado escándalo de la “Ñeñe Política”. Se trata de María Claudia Daza, alias “Cayita Daza”, quien habla con un primo de los Gnecco que vive en Italia y al cual apodan “El Chula”: Jacobo Solano Cerchiario, es su nombre. En dicha llamada Solano le confesó que José Alfredo Gnecco había sido el encargado de entregar el dinero a Moreno para arreglar el proceso de Lucas en la Corte.

Por ahora, no se sabe si la Fiscalía de Barbosa concluirá la investigación por enriquecimiento ilícito contra los Gnecco, que se adelanta en esa entidad desde hace varios años, con el fin de que Lucas le pague a la niñez del Cesar todos los perjuicios que le causó al robarse los recursos de la educación en 1999. Lilo, mientras tanto, es la primera vez que aparece en escena en el Clan Gnecco, pero al parecer es una ficha clave en el ocultamiento de los bienes que adquirió el patriarca tras sus actos de corrupción antes y después del 2000, pues también fue gobernador de ese departamento entre 1992 y 1995.