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Más de tres mil personas levantaron el bloqueo de la Ruta del Sol en el departamento del Cesar tras llegar a un acuerdo con el gobierno el miércoles por la noche. La movilización, que comenzó el martes 4 de junio, buscaba llamar la atención sobre la crisis humanitaria y la violencia paramilitar en varias regiones del país. El acuerdo incluye la instalación de una comisión permanente de garantías para abordar las demandas de las comunidades y contribuir a la desescalada del conflicto.

Por: Redacción revista Raya

A las 10:57 de la noche del miércoles, más de tres mil personas pertenecientes al Congreso de los Pueblos y al Coordinador Nacional Agrario levantaron el bloqueo de la Ruta del Sol en el departamento del Cesar. Este levantamiento se produjo tras llegar a un acuerdo con el gobierno, el cual incluye la instalación de una comisión permanente de garantías. Esta comisión tendrá como objetivo buscar soluciones a las demandas de las comunidades y contribuir a la desescalada del conflicto.

La movilización se había iniciado el martes 4 de junio, cuando manifestantes campesinos, estudiantes y activistas del nororiente del país, miembros de una docena de organizaciones adscritas al Congreso de los Pueblos y al Coordinador Nacional Agrario, bloquearon varios puntos de la Ruta del Sol entre Pelaya y Pailitas. Los cierres intermitentes del primer día se convirtieron en un bloqueo total el miércoles 5 de junio, a la espera de los resultados de las negociaciones con el Gobierno Nacional, mediadas por la Nunciatura Apostólica en Bogotá. Durante el bloqueo, no se reportaron enfrentamientos ni agresiones por parte de la Policía, que se mantuvo presente en las inmediaciones pero sin intervenir directamente.

Los manifestantes han insistido en que su protesta no es en contra del presidente Gustavo Petro, sino una llamada de atención al Ejecutivo sobre la crisis humanitaria que afecta a varias regiones del país. Un líder campesino del sur de Bolívar declaró: "Apoyamos al Gobierno del cambio, pero le estamos exigiendo acciones por la situación que estamos viviendo las comunidades frente a la arremetida del paramilitarismo".

El lugar del bloqueo está cerca del caserío donde fueron asesinados en 2022 Jorge Tafur y Teófilo Acuña, líderes agrarios y miembros de las organizaciones involucradas en la movilización. Ambos fueron víctimas de amenazas en el contexto de conflictos con terratenientes relacionados con el paramilitarismo. Este evento se produce un mes después del asesinato de Narciso Beleño, otro dirigente de estas comunidades, ocurrido en el sur de Bolívar tras amenazas del Clan del Golfo contra la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, a la cual pertenecía.

La movilización actual ocurre un año y medio después de un paro similar en La Lizama, Santander, en enero de 2023, que también bloqueó la Ruta del Sol con demandas parecidas. Según los organizadores, los acuerdos de entonces no se han cumplido. En un documento de nueve páginas, los convocantes denuncian un "asedio paraestatal" y exigen medidas urgentes del Gobierno para frenar el avance del paramilitarismo en regiones como el sur de Bolívar, el nordeste antioqueño y el Cesar.

Ana, vocera de una organización de colectivos urbanos en ciudades como Bucaramanga, Cali y Medellín, criticó la falta de implementación del Acuerdo de Paz de La Habana durante el gobierno de Iván Duque, calificándolo como un precedente que ha contribuido al actual clima de violencia. "Petro ha mostrado voluntad, somos defensores del gobierno del cambio, pero esta problemática trasciende a una política de Estado", afirmó.

Las peticiones de los manifestantes incluyen cambiar el modelo de seguridad basado en la doctrina de la seguridad nacional, una política promovida hace medio siglo por Estados Unidos en América Latina para frenar movimientos nacionalistas y de izquierda. También exigen una política efectiva de desmonte del paramilitarismo, la remoción de altos mandos militares vinculados con estas estructuras y la investigación de sus financiadores.

Entre otras demandas, solicitan mecanismos urgentes de protección para los liderazgos sociales, un plan nacional de fortalecimiento del Congreso de los Pueblos y una reparación integral para las víctimas del proyecto político A Luchar, una organización de izquierda de los años ochenta que sufrió un exterminio político similar al de la Unión Patriótica.

Finalmente, a las 10:57 de la noche del miércoles, se recibió la noticia desde Bogotá anunciando el acuerdo con el Gobierno. Una hora más tarde, comenzó el protocolo de desbloqueo y entrega de la vía con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional. Los manifestantes despejaron las barricadas, permitiendo el paso a la larga hilera de buses y camiones.

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