Señal Investigativa revela las pruebas de un expediente en el que la Fiscalía indagó sobre el supuesto plan del ELN para atentar contra el entonces fiscal general Francisco Barbosa. Revelamos que la fuente es una, y no tres como se afirmó hace diez meses; que esa fuente trabaja con la DEA, la misma Fiscalía y el Ejército en otros procesos judiciales vendiendo información valiosa que supuestamente posee. No obstante, es un hombre que fue condenado por violación a menores de 14 años. 

Por: Señal Investigativa, una alianza entre Revista RAYA y Señal Colombia

La génesis de de la noticia

El 8 de agosto de 2023, el país se conmocionó con una noticia que provenía de la Fiscalía General de la Nación: “la guerrilla del ELN tiene un plan para asesinar al fiscal general Francisco Barbosa”. Ese día, dicha entidad hizo público un comunicado oficial exponiendo que contaban con tres fuentes de información y que el supuesto atentado se estaba planeando en Venezuela. “Un francotirador entrenado en Venezuela ejecutaría el plan por el que habían pagado 3.000 millones de pesos”, escribieron los titulares de los medios de comunicación que hicieron eco al comunicado y que puso el dedo acusador contra un proceso de paz que en ese momento iba a iniciar el cuarto ciclo de diálogos en Caracas (Venezuela). 

La información se hizo pública un día después de la conmemoración de la Batalla de Boyacá, pero también, un día después de que el presidente Gustavo Petro ajustara un año en el poder. Por esos mismos días, las delegaciones de paz del Gobierno y del ELN habían anunciado el inicio del cese al fuego bilateral de 180 días y el 3 de agosto, días antes de la noticia del supuesto atentado, se instaló en Corferias, en Bogotá, el Comité de Participación de la Sociedad Civil en la mesa de diálogos. 

Sobre la noticia del supuesto atentado, que opacó los anuncios de paz, la guerrilla del ELN dijo que se trataba de un sabotaje a los diálogos y emitió un comunicado: “Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN. No es casual que el 3 de agosto, día de la instalación de la Participación de la Sociedad en el proceso de paz y del cese al fuego, la Fiscalía haya lanzado la noticia sobre el hijo del presidente”, dice el documento que fue público. 

En respuesta, el fiscal Barbosa respondió de manera airada ante los medios de comunicación que seguían minuto a minuto el desarrollo de esa noticia: “Uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este. Normalmente, cualquier organización criminal saldría y diría que no está dentro de sus planes, pero lo cierto es que tenemos una investigación abierta”. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que la investigación debería auscultar a fondo si se trataba realmente de un sabotaje a los diálogos “por los enemigos del proceso de paz”. Desde entonces, la noticia hizo su efecto sobre los diálogos, pero los meses pasaron y la investigación judicial se quedó en el olvido. Tanto así, que no ha avanzado, pero Señal Investigativa encontró las pruebas que indican que dicha noticia fue falsa. 

Las pruebas del expediente

Señal Investigativa, la unidad de investigación de la Revista RAYA y Señal Colombia, tuvo acceso al expediente de la Fiscalía en el que se indaga sobre la supuesta amenaza contra el entonces fiscal general Francisco Barbosa. Según la entonces vicefiscal Martha Mancera, quien asumió la vocería del caso, afirmó categóricamente que la información llegó a través de tres fuentes distintas a las que le dio plena credibilidad. “Tres fuentes de información, una de ellas suministrada por inteligencia militar de las Fuerzas Militares, otra que llegó a través del CTI y otra suministrada a un funcionario de policía judicial, señalaron que se realizará un atentado terrorista contra el fiscal Francisco Barbosa”, leyó la vicefiscal el comunicado oficial. 

No obstante, esta unidad investigativa pudo establecer que eso no era cierto. Primero, según los documentos del expediente, la fuente es una sola y es la misma para las tres instituciones mencionadas. Esta tiene la característica principal de que es un informante que administra la agencia norteamericana antidrogas en Colombia, DEA, la cual le paga por información valiosa que supuestamente posee este señor calificado por la Fiscalía como un campesino santandereano de 55 años. Es más, en una declaración jurada, que revelamos, el entonces comandante del Ejército, general Luis Ospina, le dijo a la Fiscalía que esa fuente es la misma y que no ha recibido información de otra distinta. 

Ahora bien, el testimonio de esta fuente tampoco resultó contundente. Su versión es de oídas, según quedó registrado en un mensaje de texto en el que informó sobre el supuesto plan de atentado. Este mensaje fue recibido por una funcionaria del CTI, quien lo transmitió a sus superiores. También reposa en el expediente: “Jefe buenas noches. Hoy recibí información a través de un sub-fuente de una fuente. Un francotirador de ELN, alias El Zarco (Leonardo Galvis Quintero), fue capturado relacionado al asesinato de un policía. El mismo grupo de ELN está planeando un ataque contra el fiscal general y un general retirado (no indica de qué fuerza). Dieron los siguientes nombres y fotos. Yosneider Galvis Galván, Brayan Rodrlguez, Jhons Alex Franco, Alvaro López, y Ramón Chávez”. 

Aunque la vicefiscal Mancera insistió siempre en que se trataba de tres fuentes diferentes las que entregaron la información del supuesto atentado, Señal Investigativa pudo establecer que en realidad se trató de una sola, es decir, del campesino santandereano de 55 años. Lo que no advirtió entonces la vicefiscal Mancera es que este hombre había recorrido varias cárceles del país y que fue condenado por el delito de acceso carnal abusivo contra menor de 14 años. Esa misma fuente, según sus propias declaraciones, viajó al menos dos veces a Bogotá para entregar declaraciones de oídas en este caso, pero nunca aseguró de manera directa que hubiese una amenaza de atentado en contra el entonces fiscal Francisco Barbosa. 

No obstante, fue utilizado para ambientar la noticia que golpeó el proceso de paz con el ELN. Por eso, el día que se dio a conocer la “explosiva” información, el martes 8 de agosto de 2023, el hombre santandereano estuvo en Bogotá por cuenta del Ejército que le compró vuelos y lo hospedó en un hotel ubicado en el norte de la capital. Al día siguiente, investigadores de la Fiscalía le tomaron una declaración en el segundo piso del hotel que está ubicado frente al búnker de la Fiscalía. En dicha declaración el hombre o la fuente aseguró que días antes la misma Fiscalía le había practicado una prueba de poligrafía en un hotel de Bucaramanga, lo cual sería irregular; según expertos consultados por esta unidad investigativa, pues estos equipos sensibles fueron trasladados a unas instalaciones de un particular. Es más, llama la atención que este sujeto, a quien llaman la fuente, también estuvo en Bogotá en abril de 2022 por cuenta de tiquetes que le compró la Fiscalía para que atestiguara en otro proceso judicial distinto al del supuesto atentado. Es decir, el hombre condenado por abuso sexual también es una vieja fuente de la Fiscalía.  

Una declaración reveladora e interceptaciones fallidas 

El 8 de agosto de 2023, una vez llegó la fuente a Bogotá, es decir, el campesino de 55 años, violador colombiano, cercano a las autoridades de Estados Unidos y de Colombia, este entregó su declaración en el hotel contiguo al búnker de la Fiscalía. Y reveló varios detalles inéditos, que son clave para entender cuál es su relación con la Fiscalía, la DEA y el Ejército mucho antes de que surgiera la información del supuesto atentado contra el entonces fiscal Barbosa. En ella reveló que viajaba a Bogotá también para recibir pagos por información que le entregaría a la DEA: 

“El día que se hizo público por los medios de comunicación el Ejército me envío los tiquetes ida y regreso ya que fui citado por la DEA para el 8 de agosto para recibir el pago de una información que logré conseguir para ellos; llegué y me llevaron a un hotel de nombre BLAK ubicado en la calle 127 No. 7D-11, me llevaron allá un muchacho de inteligencia de nombre Alejo en un taxi y me dejaron…Al otro día, es decir el 9 de agosto, la funcionaria del Ejército de nombre Lili me llama, ella llega al hotel a las 9 am y me dijo que como había salido lo del atentado en los medios de comunicación había que esperar a ver qué pasaba; yo le dije que tenía que ir a la DEA porque estaba citado por ellos, así que me comunique con el funcionario de policía judicial de nombre Eber y él me contesta que la reunión era a la 1:30 pm. al frente del búnker de la Fiscalía en un hotel”, dice un primer aparte de su declaración. 

Tras la declaración de la fuente, un equipo de fiscales comenzó a indagar sobre los nombres e imágenes que acompañaban el mensaje de texto que dio origen a la investigación del supuesto atentado. Por eso, los investigadores de la Fiscalía solicitaron interceptar algunas líneas telefónicas, pero en los informes quedó plasmado que finalmente terminaron chuzadas algunas personas que nada tenían que ver ni con el ELN ni con algún grupo ilegal en el país. De hecho, al rastrear los números de celular los investigadores se encontraron con que se trataba de funcionarios de una organización no gubernamental de nombre Empropaz (Emprendimientos Productivos para la Paz), un programa que es financiado con recursos de la agencia de cooperación estadounidense USAID. 

Así las cosas, tras las pruebas reveladas por Señal Investigativa se puede concluir que una amenaza real en contra del fiscal Francisco Barbosa no existe ni existió. Al parecer alguien trataba de desestabilizar el proceso de paz con el ELN a través de una fuente no veraz, un delincuente al que le pagan por sus testimonios tanto las autoridades colombianas como norteamericanas. Un ciudadano de Santander, de 55 años, a quien la Fiscalía ocultó entonces que se trataba de una vieja y conocida fuente que estuvo en la cárcel por abusar de menores de 14 años.