Un estudio forense del Departamento Nacional de Planeación (DNP), reveló cómo durante el gobierno de Iván Duque se contrataron cientos de proyectos que suman más de 12 billones de pesos, en nombre de la paz, cuyas obras hoy están paralizadas o sus contratistas solicitando más dinero porque el que les dieron no alcanzó. Así se concretaron los contratos con que quisieron hacer trizas el acuerdo de paz.
Por: Cristian Camilo Ubaque Calixto
Especial para la Revista RAYA
Después de la firma del acuerdo de paz en 2016, los enemigos de la paz lograron vender a los colombianos la idea de que dicho acuerdo era el peor pacto de la historia y así, con ese discurso, regresaron al poder en 2018. El partido Centro Democrático, que avaló al entonces candidato Iván Duque, prometió en campaña “hacer trizas ese maldito papel” en caso de que llegaran al poder, según lo dijo el exministro uribista Fernando Londoño, cosa que se cumplió en gran parte durante el gobierno de derecha entre 2018 y 2022.
Un ejemplo de ello, son los cerca de 12 billones de pesos, despilfarrados en proyectos con dineros de la paz, los cuales no funcionan, están paralizados, tienen fallas técnicas o necesitan más dinero para poder tener vida útil. No obstante, las comunidades afectadas por la guerra, quienes tras el acuerdo de La Habana esperaban inversiones básicas en sus territorios, aún padecen de sed y de hambre en muchos rincones del país.
Las primeras alertas sobre pérdidas millonarias en los proyectos de Ocad Paz (órgano que administra los dineros de la paz), financiados con el Sistema General de Regalías (SGR), las hizo la Contraloría General el 19 de mayo de 2024 cuando advirtió que existen 37 procesos que presentan irregularidades por más de 95.000 millones de pesos, destinados a viabilizar, priorizar y aprobar proyectos para la implementación del Acuerdo de Paz. Un mes después, el 12 de junio, desde Ipiales (Nariño) el presidente Gustavo Petro atendió la advertencia de la entidad y le pidió al director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, realizar una auditoría forense al SGR para investigar sobre el paradero de los recursos que debían estar destinados a fortalecer los territorios más afectados por la guerra y así contribuir a la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Los resultados de la auditoría fueron presentados al país por Alexander López en una rueda de prensa el 26 de agosto. La conclusión: la cifra de los recursos perdidos dista mucho de la alerta de la Contraloría. En su intervención, López aseguró que las irregularidades en el Sistema General de Regalías se presentan en 2.094 proyectos donde hay más de $12,1 billones de pesos comprometidos, por lo que señaló que se podría convertir en uno de los casos más grandes de corrupción en la historia del país.
“Solo para que se hagan una idea: con esos recursos lograríamos solucionar definitiva e integralmente el acceso al agua de todo el pueblo de La Guajira, podríamos realizar el acueducto y el alcantarillado de Quibdó, el acueducto y el alcantarillado de Buenaventura, el acueducto de Tumaco y el abastecimiento de agua potable de todo el Urabá", aseguró el director de Planeación Nacional.
El 26 de agosto de 2024, Alexander López, director del DNP, denunció que hay 12,1 billones en riesgo de perderse del sistema de regalías.
Durante la rueda de prensa, López presentó un informe en el que detalló los hallazgos encontrados en la auditoría forense que analizó los movimientos del SGR entre 2017 y 2024. En ese lapso fueron aprobados 19.393 proyectos por un valor de 68.54 billones, de los cuales, el 55% de estos recursos, es decir $38 billones, fueron aprobados entre 2021 y 2023, siendo los años de mayor concentración de recursos. López advirtió que en el papel hay 12.106 proyectos “terminados”, pero esto no es real porque, por ejemplo, más de 358 de ellos no superan el 85% del avance físico o las entidades territoriales decidieron no continuar con la ejecución de las obras por irregularidades técnicas, jurídicas y administrativas. Es decir, 7.287 proyectos no han sido terminados, están en veremos y por eso hay tantos billones en juego.
De acuerdo con los hallazgos del DNP, se evidenció que sólo 11 ejecutores concentraron 6,6 billones de pesos de las contrataciones. Uno de estos fue la Fundación Universidad del Valle que obtuvo 101 proyectos por $770.000 millones y tiene en su contra 12 reportes por las presuntas irregularidades en la ejecución de los mismos. Una muestra de esos proyectos críticos, ejecutados por esta Fundación, ha sido la instalación de sistemas de energía solar en 21 instituciones educativas del Valle del Cauca por un total de $8.700 millones de pesos. La fecha de inicio de las obras fue en febrero de 2020 y debían finalizar en abril de 2023. Sin embargo, hasta la fecha, la obra está suspendida y cuenta con sólo el 81% del avance físico, mientras ya se desembolsó el 90% del dinero dispuesto para el proyecto.
A pesar de que la Fundación Universidad del Valle había advertido en sus canales oficiales que las actividades para la instalación de los paneles se iban a “realizar puntualmente”, el DNP alertó, en agosto de 2024, que algunas celdas solares y equipos instalados no están en funcionamiento, lo que ha afectado a la comunidad educativa. En ese sentido, puntualizó que la obra fue abandonada por el subcontratista, que era la empresa de Energías Renovables del Valle. Este proyecto fue aprobado por el Ocad Regional del Valle en 2019 cuando la gobernadora era Dilian Francisca Toro, cargo que ostenta en la actualidad.
Proyecto de instalación de paneles solares en el Valle del Cauca, a cargo de la Fundación Universidad del Valle por un valor de $8.700 de pesos, que se encuentra suspendido.
Otro de los mayores beneficiados con los recursos de los Ocad de Paz fue la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), una entidad que dice trabajar para la gestión de proyectos para el Caribe colombiano y que entre 2017 y 2024 obtuvo más de $610.000 millones de pesos en la adjudicación de 116 proyectos con recursos del SGR. En el estudio forense, el DNP descubrió que Aremca ha incumplido en la construcción de 26 pozos para producción agrícola en beneficio de las comunidades indígenas Wayuu del municipio de Uribia, en La Guajira. ”Hay retrasos injustificados en los avances, no hay permisos de prospección y explotación vigentes y se identificaron deficiencias técnicas que necesitan atención”, dice el informe técnico del DNP.
La construcción de los 26 pozos en Uribia inició el 21 de septiembre de 2023 por un valor de 9.279 millones de pesos, sin embargo, el proceso se encuentra suspendido y solo presenta un avance del 40%, cuando debía estar listo en junio de este año. Esta no es la única denuncia que existe sobre Aremca. En octubre de 2022 la representante a la Cámara Lina María Garrido, de Cambio Radical, alertó al DNP y al Ministerio de Hacienda sobre el desvío de 125.000 millones de pesos del SGR en el departamento de Arauca, de los cuáles 91.000 habrían terminado en las cuentas de Aremca.
La congresista manifestó que ese dinero correspondía al periodo de 2021 y 2022 del Sistema General de Regalías y que la gobernadora de ese entonces, Indira Luz Barrios, determinó que la contratación de tres de los cinco proyectos se harían con la Asociación Regional de Municipios del Caribe, o sea, Aremca. “Aremca cuenta con un patrimonio que equivale al 17% de lo que recibiría para la ejecución de los 3 proyectos de inversión, lo cual pone en alto riesgo el patrimonio de los araucanos”. agregó la congresista en su denuncia replicada por medios nacionales y regionales.
Sobre Aremca, cuya representante legal es Maria Emilia Álvarez Guerrero, también es importante decir que el Consejo de Estado, en una sentencia del 31 de marzo de 2023, determinó que esta asociación no podía ser designada como ejecutora de recursos del Sistema General de Regalías, ya que no estaba inscrita en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales del Ministerio del Interior, “requisito indispensable para manejar dichos fondos”. Además, tiene abiertos procesos de responsabilidad fiscal en la Contraloría por incumplimientos en contratos suscritos con entidades públicas.
Por su parte, sobre la relación de esta organización con la exgobernadora Indira Luz Barrios, la Procuraduría cuestionó la actuación de Barrios al asignar a Aremca, a pesar de que esta entidad incumpliría los requisitos para el manejo de recursos de regalías. “Se habría advertido un interés particular por parte de la exfuncionaria en contra del interés general que demandan las actuaciones de los servidores públicos”, anunció el órgano, el 3 de septiembre de 2024, cuando le formuló cargos a la exgobernadora. A esto se suma que el mismo órgano destituyó en 2019 a Rafael Gómez Caraballo, alcalde de Santa Rosa de Lima (Bolívar), por irregularidades en un contrato que suscribió con Aremca por 408 millones de pesos que habría adjudicado de manera directa, sin abrir un proceso de licitación.
La construcción de 26 pozos en Uribia (Guajira) está en un 40% del avance físico cuando debía terminarse en junio de 2024.
El Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social una entidad “sin ánimo de lucro”, creada en 1993 por el entonces gobernador del Valle del Cauca, Carlos Holguín Sardi, también aparece como uno de los ejecutores responsables de las obras inconclusas. En este caso, el DNP señaló al Fondo Mixto por el incumplimiento en el mejoramiento de la doble calzada en la vía de acceso de los municipios del norte de Caquetá a la capital, Florencia. Un proyecto que fue adjudicado en 2021 por un valor de $36.000 millones de pesos y que después de tres años se encuentra suspendido y con sólo el 44% del avance físico, mientras ya se giraron el 65% de los recursos.
Las alertas del DNP sobre esta obra se basan en que el Fondo Mixto solicitó $8.000 de pesos adicionales para la construcción de un puente peatonal y un parque, obras que no estaban contempladas en el alcance del proyecto. En el análisis presentado por Aléxander López este Fondo Mixto aparece en la lista de los once ejecutores más beneficiados de recibir dineros del SGR, al obtener más de $690.000 millones de pesos, mientras que a sus espaldas existen 18 alarmas por presuntas irregularidades. La junta directiva de esta entidad la encabeza Maria Lucero Urriago Cerquera, quien desde 2020 se desempeña como asesora en la Gobernación del Valle del Cauca.
Estado actual de la doble calzada en la vía de acceso de los municipios del norte de Caquetá a la capital, Florencia. Crédito Fondo Mixto.
Uno de los padrinos del Fondo Mixto sería el consejero presidencial para la Consolidación y Estabilización en el Gobierno de Iván Duque, Emilio Archila, que en mayo de 2024 recibió la noticia que la Procuraduría le abrió una investigación por unas presuntas irregularidades en un proyecto de pavimentación de vías en Miranda (Cauca) de $7.000 millones de pesos, provenientes de los Ocad Paz. De acuerdo con la denuncia recibida por la Procuraduría, Archila habría designado como ejecutor del proyecto al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Social y la Gestión Social, “sin que al parecer contara con la experiencia, capacidad administrativa y técnica para ejecutar proyectos de infraestructura vial, además de presentar un bajísimo índice de gestión de proyectos de regalías, de solo 18%, factores que hacían inviable su designación”, dijo el órgano encargado de investigar y sancionar a los funcionarios públicos.
Junto a él, la Procuraduría investigará al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y al exalcalde de La Paz (César), Martín Guillermo Zuleta Mieles, miembros del Ocad Paz que adjudicó el contrato. También se le solicitó al Fondo Mixto certificar las calidades técnicas que tenía al momento de asumir la pavimentación de las vías y los estados financieros entre 2019 y 2021.
El Fondo Mixto debía entregar la doble calzada en Caquetá en octubre de 2020, pero hasta la fecha la obra presenta un 40% de avance.
Otra organización señalada de malgastar y de apoderarse de los recursos de los proyectos para la paz es la Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso (Asosupro) que en siete años obtuvo 70 proyectos por un total $369.000 millones y existe sobre ella un reporte por presuntas irregularidades en la construcción del Centro para el Desarrollo Agro Empresarial y Control Sanitario Animal del municipio de Puerto Gaitán, en el departamento de Meta. De acuerdo con el estudio forense, este proyecto se terminó de construir en abril de 2021 en cabeza de la alcaldía municipal, encargada del desarrollo de su ejecución, a cambio de $5.700 millones de pesos. Sin embargo “no entró en funcionamiento por carecer de permiso del ICA (instituto encargado de gestionar los bienes y servicios agropecuarios del Estado colombiano) para su operación”, dice el documento.
Algo llamativo de este caso fue que en 2023, por medio de los Ocad Paz, se aprobó la construcción de otro proyecto complementario para el Centro de Desarrollo y de Control Sanitario también de Puerto Gaitán, con recursos del SGR que terminaron en manos de Asosupro. En el análisis del DNP se hizo énfasis en que en realidad se trató de la adjudicación de un proyecto duplicado que se aprobó con el mismo fin y el “cual casi duplica en valor al proyecto de construcción inicial (terminado en 2021) y sin tener acta de inicio de la obra”. Hay que destacar que el contratista para ambas obras fue el señor Jorge Duván García, un ingeniero pereirano radicado en Villavicencio, dueño de la empresa Ingeniería Estructuras Construcción y Consultoria LTDA, quien habría obtenido más $15.000 millones de pesos por dos obras: una ineficiente y otra inexistente.
La Corporación Sur, destacó en su trabajo llamado “Regalías petroleras: Los Mega contratistas de la corrupción”, que Asosupro se ha caracterizado por ser un “un descarado festín de burguesías burocráticas emergentes con nombres conocidos como los de Nebio Echeverri y Heydeer Yovanny Palacio Salazar, exgobernadores del Guaviare, que gozan de total impunidad merced a sus poderosas influencias en las esferas judiciales”. Sobre Echeverri es importante destacar que el paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, lo señaló de aportar $400 millones de pesos a las arcas del Bloque Centauros de las autodefensas. Echeverri, también oriundo de Pereira, figuró en la temida Lista Clinton durante varios años como una de las fichas financieras del paramilitar ya fallecido Pedro Olivero Guerrero alias “Cuchillo”. Por su parte, la Fiscalía lo ha acusado de tener nexos con representantes legales de las compañías de construcción de varias vías del departamento que han realizado despojo masivo de tierras a costa de deforestar la Amazonía colombiana.
Proyecto terminado en 2021, pero no entró en funcionamiento por carecer de permiso del ICA para su operación, debido a que no cumple con la normativa de esa entidad.
Además de los casos mencionados hay otras entidades departamentales que también se encuentran dentro de la lista de los once mayores ejecutores de los proyectos impulsados con recursos de las regalías. Por un lado, está la Agencia de Infraestructura del Meta con 55 proyectos por un valor de $1,2 billones de pesos y 174 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades, mientras que la Empresa de Servicios Públicos de Casanare obtuvo 30 proyectos por 589.000 millones de pesos. Tiene siete reportes por presuntas irregularidades. Finalmente, está la Empresa de Servicios Públicos del Meta con 72 proyectos por $485.000 millones de pesos.
El 26 de agosto de 2024, cuando Alexander López presentó estos resultados, el director del DNP le pidió a las autoridades competentes investigar a fondo estas irregularidades para proteger así los $12,1 billones de regalías que están comprometidos en 2.094 proyectos, debido a contratos suspendidos o vencimiento de su programación. En ese sentido, subrayó que junto a la Procuraduría expidieron la circular 0052-4 de 2024 para endurecer los controles del dinero público y proteger los recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Otra medida que anunció la entidad, para hacerle un seguimiento a estos recursos, fue la capacitación a los funcionarios de la Fiscalía en materia del Sistema General de Regalías para que puedan compartir información en tiempo real con “el objetivo de atender cualquier irregularidad en la ejecución de cualquiera de los proyectos financiados con fuente SGR", dijo López Maya.
Las cifras alejadas entre el DNP y la Contraloría
El 27 de agosto, un día después de los hallazgos presentados por Alexander López, la Contraloría General le respondió al Gobierno Nacional sobre el riesgo de perder los recursos del Sistema General de Regalías. Lo hizo a través del vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, que en el marco del Foro Optimizando la Contratación Pública, que se realizó en el Congreso de la República. Zuluaga dijo ante los medios de comunicación que la entidad espera recibir oficialmente el análisis realizado por el DNP y las pruebas de los casos expuestos, “para analizar desde el punto de vista jurídico, financiero y técnico cada uno de los proyectos denunciados y determinar si tienen presuntas incidencias fiscales”.
Sin embargo, Zuluaga se desmarcó de las cifras entregadas por el Gobierno Nacional e indicó que entre 2017 y 2024 el ente de control recibió 5.780 solicitudes ciudadanas frente a proyectos financiados con el Sistema General de Regalías. “Todas estas actuaciones de vigilancia y control fiscal han arrojado que tengamos aperturados procesos de responsabilidad fiscal por el orden de los 2.5 billones de pesos, de los cuales 400.000 millones de pesos corresponden específicamente a recursos del Ocad Paz”, sentenció el vicecontralor, muy alejado a los $12,1 billones de pesos que denunció el Gobierno Petro.
Las cifras entregadas por Carlos Mario Zuluaga no pasaron desapercibidas por el director del DNP. Así le respondió Alexander López al vicecontralor en un trino del 30 de agosto de 2024. “Lamento que en la Contraloría General no le hayan informado que desde el día lunes 26 de agosto envíe a su entidad el reporte de presuntas irregularidades en la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías que presenté en rueda de prensa. La metodología utilizada por mis funcionarios es la contemplada en la ley de acuerdo al sistema de seguimiento, evaluación y control”.
Los lujos de los funcionarios con dineros de la paz
Una investigación periodística de Blu Radio, de junio de 2022, reveló que mientras Luis Alberto Rodríguez estuvo al frente de la Dirección Nacional de Planeación, funcionarios de esta entidad y de la Contraloría General, así como congresistas, la mayoría del Partido Conservador, mandatarios locales y contratistas, habrían creado un entramado de corrupción para quedarse con, aproximadamente, el 12% de los recursos del Ocad Paz, mediante el pago de coimas que habrían podido ascender a los 500.000 millones de pesos. El trabajo se basó en entrevistas realizadas por la emisora a varios alcaldes de los municipios Pdet, quienes ratificaron que para que un proyecto llegara a una sesión del Ocad Paz necesitaba tener un padrino y, por tanto, pagar entre 6% y 15% de dádivas.
Una vez se conocieron los señalamientos en su contra, Luis Alberto Rodríguez acudió a los medios de comunicación para defenderse y afirmar que nunca recibió coimas para la aprobación de proyectos Ocad. En una entrevista con W Radio, el 22 de julio de 2022, aseguró que nadie le ofreció coimas, como tampoco las recibió. “Dentro de mis funciones no estaba viabilizar, priorizar, aprobar, ni escoger la entidad encargada de ejecutar y contratar interventoría”, aseguró Rodríguez ante los micrófonos.
Aunque Rodríguez ha salido al paso de las acusaciones en su contra, para la época de la denuncia varios medios de comunicación nacionales publicaron notas respecto a una mansión que estaba construyendo en la ciudad de Valledupar, por un valor de dos millones de dólares. La revista Cambio publicó un video donde se puede apreciar algunas de las excentricidades de la vivienda, construida en un entorno boscoso y con más de 2.500 metros cuadrados donde hay ocho habitaciones, salones, garajes múltiples, piscinas y zonas para un gimnasio profesional. El exdirector del DNP, se defendió diciendo que la plata para la construcción de la casa salió de un crédito que sacó en el banco BBVA, “antes de ser director de Planeación Nacional. Esa casa no vale más de 1.500 millones”.
Tanto Luis Alberto Rodríguez, como Emilio Archila, altos funcionarios en el gobierno de Iván Duque, están salpicados por la pérdida de los recursos de la paz, sin que avancen las investigaciones en su contra para saber hasta dónde llega su responsabilidad en el desfalco financiero. El camino que tiene la justicia para esclarecer la magnitud del robo es largo, mientras eso pasa, la ciudadanía colombiana sigue a la espera de saber qué funcionarios están involucrados y que misión cumplieron en el objetivo del Centro Democrático de hacer trizas el acuerdo de paz. Una tarea que encabezó Iván Duque en su paso por la Presidencia de la República.
* Este trabajo periodístico se realizó gracias al apoyo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
