En 100 ediciones, RAYA ha dado voz a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y carcelarias, narrando sus resistencias frente a la violencia estatal, paramilitar y mafiosa. Hemos denunciado crímenes archivados, visibilizado luchas por la tierra y violaciones de derechos humanos, así como los asesinatos sistemáticos de habitantes de calle, una violencia que a pocos les importa.
Por :Juan Granados y Camilo Alzate
Desde su fundación, RAYA se propuso narrar la violencia que persiste en Colombia, pero también la resistencia comunitaria y las apuestas de paz que desde la sociedad civil intentan construir una realidad distinta. Por eso, hemos centrado nuestras investigaciones en las vivencias, sentires y propuestas de paz de las comunidades que sufren, se enfrentan y resisten al conflicto. Esta labor, en la que trabajamos semana a semana, no solo es fundamental para el país, sino también, un contrapeso al ecosistema mediático colombiano.
Si bien existen otros medios digitales que cubren la violencia contra comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, RAYA mantiene una publicación constante y se esfuerza por poner estos temas en la discusión nacional. Así lo hicimos con nuestro cubrimiento de la expansión del Clan del Golfo y las denuncias de comunidades en Córdoba, Antioquia, Sur de Bolívar y Catatumbo que ven con preocupación cómo esta organización narcoparamilitar ha cooptado juntas de acción comunal y liderazgos sociales.
Estas denuncias motivaron incluso una declaración oficial de Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al revelar cómo en varios municipios el Clan del Golfo creó ONG de fachada para presentarse como interlocutor político en escenarios de diálogo. Nuestros reportajes incluyeron testimonios sobre amenazas y atentados y derivaron en un litigio judicial aún en curso con el abogado Ricardo Giraldo, vocero del Clan del Golfo en una eventual negociación de paz.
Las revelaciones de esta serie de reportajes fueron tan graves que motivaron el desistimiento de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Velez para que no utilizara uno de sus principales testigos en medio del juicio que afrontó por soborno y fraude procesal. Se trata de Ramiro de Jesús Henao, conocido con el alias de “Simón Fantasma”, señalado comandante del Clan del Golfo en el Oriente de Antioquia y falso testigo a favor de Uribe Vélez, según la Corte Suprema de Justicia. RAYA expuso las actividades criminales actuales de Henao Acevedo, su rol en la expansión del Clan del Golfo y sus contactos con dos jefes paramilitares abatidos entre 2024 y 2025: Juan Carlos Ramírez alias “Zeus” y Oliverio Isaza alias “Terror”.
Nuestro propósito ha sido evitar el cubrimiento tradicional del “orden público” que replica sin contraste boletines oficiales. En su lugar, damos voz a comunidades que denuncian incluso planes oficiales de entrampamientos y señalamientos como parte de la degradación del conflicto. Así ocurrió en una de nuestras investigaciones que profundizó sobre el documento que llegó a manos del presidente Petro, elaborado por inteligencia militar, que perfilaba y relacionaba dirigentes políticos y sociales como miembros de la insurgencia, en específico con la guerrilla del ELN. Mientras otros medios redujeron el asunto a la sátira o al error, afirmando que el presidente Petro estaba revelando coordenadas del ELN en el Catatumbo para que huyeran, RAYA mostró la gravedad del documento y lo que significaba para la democracia.
También hemos sido críticos de la política de Paz Total que se relaciona con el deterioro de la seguridad, principalmente para las comunidades rurales, cuyo mayor exponente ha sido la crisis humanitaria del Catatumbo, que RAYA cubrió desde el terreno con varias visitas y acompañamiento a las Caravanas Humanitarias que recorrieron esa región durante el 2025.
Sin embargo, mientras desde el consenso mediático se habla mucho del deterioro de la situación de orden público, no se le da el mismo espacio a quienes sufren la violencia de primera mano, ni se plantean los problemas desde sus propias perspectivas. Desde el comienzo, nuestra revista apostó por incluir voces diversas. Por ejemplo, la de la población carcelaria, víctima también del conflicto social en Colombia, que suele tener una nula representación en los medios de comunicación.
Igualmente, fiel a nuestro lema, RAYA ha investigado temas que otros no han investigado —ni tampoco han querido investigar—, como los asesinatos de habitantes de calle. En dos publicaciones dimos cuenta de este fenómeno: la primera, titulada “Asesinato sistemático de habitantes de calle en Cúcuta, ya van 16 este año”, fue utilizada como insumo por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), organización que ha documentado por décadas las violaciones a los derechos humanos en Colombia. La segunda profundizó en esa macabra práctica que algunos investigadores han denominado exterminio social.
Dentro de nuestro cubrimiento en derechos humanos también se destaca la agenda de tierras. Este tema ha sido históricamente olvidado, relegado e incluso estigmatizado por parte de la prensa hegemónica, que suele presentar la asignación, restitución o extinción de dominio de tierras de la mafia o de baldíos acaparados por hacendados —en muchas ocasiones en asocio con paramilitares— como un problema, y no como lo que en realidad es: una de las causas estructurales de la violencia en Colombia.
Publicaciones como “La guerra del Clan del Golfo para impedir la reforma agraria en Colombia”, donde mostramos la oposición de este grupo heredero del paramilitarismo, asociado además con viejas mafias territoriales y ganaderas que luchan contra la repartición de tierras, ejemplifican nuestro enfoque integral de derechos humanos. Las denuncias sobre predios de narcos y antiguos paramilitares que siguen bajo control de estructuras criminales y políticas suelen tener un eco momentáneo. En RAYA vamos más allá porque nuestro interés es poner en la agenda estos temas cruciales y poco abordados.
Entre los temas de tierras, víctimas y derechos humanos, investigamos también las dificultades de familias campesinas en el Magdalena, uno de los departamentos más arrasados por el paramilitarismo, para recuperar sus predios pese a contar con sentencias judiciales a su favor. El caso de la familia Bocanegra en Aracataca (Magdalena), que llevaba más de tres años esperando que el Tribunal Superior de Cartagena decidiera si podían regresar a su tierra despojada, se convirtió en referencia y apoyo para los representantes legales en su labor de apelar la indiferencia de la justicia.
Otras historias abordadas por RAYA son las de violencia sexual ejercida por miembros de la Fuerza Pública, crímenes en los que el periodismo debe ejercer un rol aún más presente por las redes de impunidad dentro del Estado. En la investigación “La violencia sexual de militares contra las indígenas Nukak”, se evidenció un modus operandi de militares en Guaviare para encubrir a los agresores, incluso cuando las víctimas eran menores de edad.
Reportajes como el de “Las comunidades de Cauca y Valle que le arrebatan niños y niñas a la guerra” muestran otra faceta del conflicto que rara vez aparece en los grandes medios: la resistencia civil de las comunidades, y en especial de las mujeres, frente al accionar de los grupos armados. Allí se plasmó no solo el drama del reclutamiento forzado, sino también la valentía de pueblos indígenas y afros, y de madres que enfrentan a hombres armados para recuperar a sus hijos e hijas de la guerra.
