Investigación

SUBRAYA

RAYA revela el expediente contra Andrés Julián Rendón, que reposa en la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema, el cual tiene las pruebas que demuestran que el entonces alcalde de Rionegro direccionó dos contratos para construir unas subestaciones de Policía sin el aval de esa institución y las cuales hoy están abandonadas. En octubre pasado estuvo a punto de ser imputado por una fiscal de Medellín, pero 15 días antes de las elecciones su abogado hizo una jugada. Hoy, las carpetas completaron cuatro meses en la Fiscalía de Bogotá. Este entramado devela el círculo político y paramilitar del actual Gobernador de Antioquia. 

Por: Unidad Investigativa Revista RAYA

La siguiente escena podría ser parte de una mala comedia, pero fue real y ocurrió hace un año en Rionegro (Antioquia). En enero del 2023 un grupo de borrachos, con parlante y sofá, se sentaron afuera de las instalaciones del Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio Cuatro Esquinas, con el fin de realizar un sancocho y una fiesta a la vista de todo el mundo. La escena no sería jocosa si el CAI estuviese en funcionamiento. Pero justo por eso llegaron los borrachos a ese lugar: para celebrar en uno de los elefantes blancos que dejó el actual Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuando fue alcalde de Rionegro. Ese cemento sobre el que celebraban los borrachos le costó al país más de 1200 millones de pesos. 

Por este caso, a raíz de las pruebas contundentes con las que cuenta la justicia y las cuales hoy revela la revista RAYA, el 13 de octubre pasado la Fiscalía 28 Anticorrupción de Medellín tenía programada una audiencia para imputar cargos a Rendón y para solicitar al juzgado que lo enviara a la cárcel por peculado y celebración indebida de contratos, siendo aún candidato a la Gobernación. 

Un grupo de borrachos consumiendo licor a comienzos de enero de 2023 en las instalaciones del CAI abandonado de Cuatro Esquinas. Foto: @denunciasAntio2

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La fiscal Lopera alcanzó a solicitar a un juzgado audiencia de imputación y medida de aseguramiento en contra de Rendón, lo que luego fue reversado desde el nivel central de la Fiscalía para que el caso pasara a la Corte Suprema, una vez Rendón ganó las elecciones y adquirió fuero como gobernador.

Sin embargo, el abogado de Rendón en ese momento, Enrique del Río González, solicitó aplazar la audiencia bajo la excusa de que estaba en vacaciones. Por eso, un mes después, cuando Rendón fue elegido Gobernador de Antioquia y adquirió fuero, la Fiscalía de Francisco Barbosa citó a la fiscal 28 de Medellín, Alejandra María Lopera, y le pidió que trasladara todo el expediente a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, donde actualmente Rendón está siendo investigado por el fiscal Hernán Suárez Delgado, el mismo que acusó y logró la reciente condena por corrupción contra Luis Alberto Gnecco Monsalvo. No obstante, a pesar de contar con todo el trabajo investigativo de la fiscal Lopera, quien estaba decidida a imputar a Rendón, y a pesar de que han transcurrido más de cuatro meses, el fiscal Suárez aún no da luces de qué va a pasar con un Gobernador investigado por corrupción que sigue manejando recursos públicos.  

Los elefantes blancos son dos Comandos de Atención Inmediata, conocidos como CAI o subestaciones de Policía, los cuales están ubicados en los sectores de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira en el municipio de Rionegro (Antioquia). Dichas construcciones se realizaron desde 2017 hasta 2021, según los contratos, por un valor que superó los 1.200 millones de pesos. En los dos casos las construcciones se terminaron después de incontables retrasos, tropiezos y adiciones de dinero a los contratistas, pero nunca se usaron porque el proyecto desde su gestación no contó con el aval de la Policía Nacional, que debía hacer un estudio para estimar la disponibilidad de hombres y lo estratégico del lugar.  

Hasta la fecha ninguna de las construcciones ha entrado en funcionamiento ni cuentan con el aval de la Policía Nacional. De hecho, esa es una de las pruebas contundentes que llevó a la fiscal Lopera a solicitar una audiencia, en octubre pasado, para imputar cargos al exalcalde y entonces candidato Rendón. La razón: la alcaldía de Rionegro en cabeza de Rendón, de forma deliberada, no hizo el trámite de los estudios técnicos previos que debían respaldar las obras y la Policía Nacional nunca dio el aval para que se construyeran, pues dicha infraestructura era para esa institución. 

En febrero pasado, el Juzgado 31 Administrativo Oral de Medellín, falló en contra de la Alcaldía de Rionegro y le pidió que se conforme un comité técnico para evaluar la manera en que deben incluirse ambas obras en un registro nacional de obras inconclusas, algo a lo que la administración municipal se había negado. En dicho proceso, la Policía de Antioquia volvió a ratificar que ni el CAI de Cuatro Esquinas ni el de San Antonio de Pereira han sido recibidos a satisfacción y de manera formal por la institución. Eso significa que ambas construcciones completaron siete y cinco años, respectivamente, como elefantes blancos. Según ese juzgado, “no se encuentran prestando el servicio para el cuál fueron contratados”, lo que genera detrimento patrimonial al municipio, ya que se invirtieron millonarios recursos que no cumplieron con su cometido. 

Una vez electo Gobernador de Antioquia, Rendón ha mentido publicamente de que los CAI están funcionando, como se lo dijo a la W Radio el primero de noviembre de 2023, un día antes de que la Fiscalía de Barbosa solicitara cancelar la audiencia de imputación. En el video pueden escuchar lo contrario a lo que está demostrando esta investigación hasta la fecha.

El “contratadero” del alcalde Rendón y el clan Quintero Cardona

La primera maniobra del entonces alcalde Rendón para burlar las normas de contratación cuando fue alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019, fue crear e impulsar una empresa descentralizada del municipio que le permitiera suscribir contratos interadministrativos otorgados a dedo. 

En 2016 constituyó la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESO), de propiedad de la Alcaldía, pero descentralizada, lo que en la práctica le permite operar como una entidad independiente. Su primer gerente fue Rodrigo Hernández Alzate, un viejo amigo de Rendón y socio político del clan familiar que ha llevado a Rendón al éxito en la política: el clan Quintero Cardona, liderado por el famoso cacique uribista del Oriente de Antioquia, Rubén Darío Quintero Villada, quien fue alcalde de Rionegro y congresista condenado por parapolítico. Esteban Quintero Cardona, un hijo del cacique, hoy es senador por el Centro Democrático y primo hermano de Rendón. Maritza Cardona Cardona, la esposa de Rubén Darío Quintero, exreina de belleza y exconcejal de Rionegro, es a su vez la tía del gobernador Rendón.

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Rubén Darío Quintero, Andrés Julián Rendón, Tomás Uribe Moreno, hijo de Álvaro Uribe, y Esteban Quintero, en febrero de 2021, cuando se especulaba con una posible candidatura presidencial de Tomás.

Aunque el gobernador Rendón ha negado que existe un parentesco entre él y el condenado parapolítico, quien está casado hace cuatro décadas con su tía Maritza Cardona Cardona, RAYA revela una docena de fotografías de fiestas familiares, paseos y eventos públicos y privados que demuestran una estrecha cercanía y sus relaciones políticas para mantenerse en el poder.

Quintero no es un parapolítico cualquiera. Desde los ochenta pertenece a las entrañas del uribismo, pues compartió correrías y toldas liberales con quien siempre ha sido su jefe político: Álvaro Uribe Vélez. De hecho, Quintero fue secretario privado de Uribe durante la gobernación de Antioquia y años más tarde se convirtió en uno de sus alfiles en el Congreso en el partido Cambio Radical.

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Izquierda: campaña de Rubén Darío Quintero en 1988, cuando fue el primer alcalde electo por voto popular en Rionegro. Derecha: Rubén Darío toma posesión del cargo de secretario privado en la gobernación de Antioquia en 1995, durante el mandato de Álvaro Uribe, atrás se ve a Maritza Cardona y Esteban Quintero cuando era niño. Abajo: Esteban Quintero abraza a Álvaro Uribe en un acto proselitista en Marinilla, Antioquia.

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Quintero estuvo preso en la cárcel La Picota de Bogotá y en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí (Antioquia). Pagó solo tres años, a pesar de que fue condenado a siete por su alianza criminal con el entonces jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, con la que logró incrementar sus votos en la subregión del Urabá para llegar al Congreso. Cuando recobró la libertad en 2011 le dijo al diario El Oriente que volvería a la política a través de su hijo Esteban, quién era candidato a la Asamblea Departamental en ese año. El retorno del viejo cacique a la política también se materializó en la figura de Andrés Julián Rendón, su sobrino y protegido, quien hoy ocupa el máximo cargo del departamento.

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El condenado excongresista Rubén Darío Quintero, tío político de Andrés Julián Rendón, fue gestor de su carrera e impulsó su candidatura a la alcaldía de Rionegro. Aunque no tuvo ningún cargo oficial durante su administración, Quintero acompañó a Rendón a decenas de eventos y reuniones. En la foto de 2019 aparece con el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y en la otra con delegados del Gobierno de Juan Manuel Santos para hablar sobre la construcción de una doble calzada en la vereda Llanogrande.

EDESO, la empresa que creó y utilizó Rendón para construir los CAI fue calificada por la Procuraduría en febrero de 2022 como un “contratadero”, es decir, una empresa de papel cuyo propósito era tercerizar y direccionar a dedo los recursos públicos saltándose requisitos como las licitaciones con varios proponentes. La Procuraduría la calificó en ese entonces como la tercera empresa del país con mayor número de contratos sospechosos, que alcanzaba la descomunal cifra de 358.000 millones de pesos.

Rodrigo Hernández Alzate, el gerente encargado de ejecutar el primer contrato de los CAI, el de Cuatro Esquinas, saltó de EDESO directo a ser candidato a la alcaldía de Rionegro, donde se convirtió en el sucesor de Rendón en 2020 con el apoyo abierto y decidido del clan Quintero Cardona. En diciembre de 2023, después de que Rendón ganara la Gobernación de Antioquia, Hernández se convirtió en el nuevo gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), cuyos objetivos son similares a EDESO con la que hizo pinitos a nivel municipal.  

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El parapolítico Rubén Darío Quintero fue también promotor de la candidatura de Rodrigo Hernández a la alcaldía de Rionegro. 

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De izquierda a derecha: Gregorio Orjuela, Andrés Julián Rendón, Carlos García Castaño y Rodrigo Hernández Alzate. Hernandez fue gerente de EDESO y es amigo personal de Andrés Julián Rendón; Orjuela resultó electo diputado por el Centro Democrático pero esa elección fue declarada nula el pasado 4 de abril. Gregorio Orjuela y Carlos García fueron funcionarios durante las alcaldías de Hernández y de Rendón y firmaron varios documentos relacionados con los CAI.

La Contraloría de Antioquia señaló en una auditoría al municipio de Rionegro, sobre la vigencia de 2017, que EDESO no contaba con “la capacidad jurídica y la idoneidad para ejecutar el objeto de diferentes contratos”, entre ellos, la construcción del primer CAI en Cuatro Esquinas. A pesar de eso, el alcalde Rendón hizo caso omiso y le otorgó otro contrato a EDESO en 2019 para construir el segundo CAI en San Antonio de Pereira por 836 millones de pesos.

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La Contraloría de Antioquia advirtió en 2018 que EDESO no era una empresa idónea para realizar obras de infraestructura. A pesar de eso, la alcaldía de Rionegro le ha entregado miles de millones de pesos en contratación.

Una ejecución sospechosa 

Una de las pruebas por las que el Gobernador está en problemas con la Fiscalía, es la nula planeación para la construcción de dos CAI que nunca tuvieron los dos avales de la Policía: el estratégico y el técnico-jurídico. Ambos de suma importancia, pues significan la necesidad y la disponibilidad de personal de la Fuerza Pública. Sin embargo, Rendón hizo caso omiso, suscribió los contratos, desembolsó los recursos, el tiempo fue pasando con las obras inconclusas y los rastros de corrupción también fueron quedando en el camino. 

El primer contrato para el CAI del sector de Cuatro Esquinas fue adjudicado el 28 de diciembre de 2016 por 288 millones de pesos y el acta de inicio se registró al día siguiente, el 29 de diciembre. El plazo de la obra era de cuatro meses, pero sólo hasta marzo de 2017 se tramitó la propuesta ante la Policía Nacional para buscar los avales para la viabilidad del proyecto. Esto significa que el contrato comenzó a ejecutarse sin los requisitos técnicos. 

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La alcaldía inició la construcción del CAI de Cuatro Esquinas en diciembre de 2016 pero como consta en este oficio de la Policía, en marzo de 2017 aún no se habían tramitado los avales con esa institución.

La improvisación resultó todavía más evidente el 7 de julio de 2017. Habían pasado siete meses, tres más de los convenidos para terminar las obras, y Rendón aún no contaba con los avales de la Policía. A pesar de ello, EDESO recibió una adición al contrato por 144 millones de pesos, exactamente el 50% del valor inicial, que es lo máximo que permite la ley para las adiciones presupuestales. La justificación para desembolsar esta plata fue que no se contempló el blindaje para la subestación de Policía y tampoco la inestabilidad del terreno que obligó a hacer “excavaciones manuales” y a instalar tuberías de PVC. Tampoco se había contemplado el enchape exterior en piedra muñeca, ni la instalación de grama en los alrededores de la edificación. 

Este documento de adición al contrato es otra de las pruebas con las que queda demostrado que la planeación de dichas obras fue nula: “el lote del proyecto presentó un terreno muy desfavorable en su capacidad portante y no cumple con los requisitos y normas técnicas para poder fundir y soportar el CAI”, dice el documento de la Alcaldía para justificar entregar más dinero. Al final el CAI presupuestado en 288 millones le terminó costando al municipio más de 432 millones de pesos y nunca funcionó. 

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El contrato para el CAI de Cuatro Esquinas recibió un 50% más de plata en adición porque se planificó mal e hicieron falta detalles como el blindaje y una excavación manual.

A pesar de este precedente, Rendón insistió en construir un segundo CAI en San Antonio de Pereira, el cual se presupuestó en 776 millones de pesos aunque no supera los 60 metros cuadrados. Para ello, estructuró un nuevo contrato el 24 de octubre de 2018 y adjudicó a dedo, nuevamente a EDESO, que debía ejecutar en un plazo de dos meses.

No obstante, el 31 de octubre de 2018, en una reunión en el salón patrimonial de la alcaldía de Rionegro, altos mandos de la Policía le dejaron claro a los delegados de la alcaldía que se necesitaban los avales previos de la Policía Nacional si querían que dicha infraestructura fuera aceptada dentro del inventario de esa institución. En el encuentro participaron tres agentes de la Policía: Gabriel Fernando Utima, Pablo Rojas y Adriana Villegas, así como varios funcionarios de Rendón: ellos, Catalina Castro, de Planeación Municipal, Karen Tatiana Muñoz y Hernán Álvarez de la Secretaría de Gobierno. Álvarez fue uno de los funcionarios vinculados por la Fiscalía, junto a Rendón, al proceso penal por estos hechos.

“Antes de iniciar con proyecto de construcción se debe contar por parte de la Policía Nacional con un documento denominado aval estratégico” en donde se determina “necesidad, conveniencia y oportunidad para crear una nueva unidad policial que se deba incluir dentro de la estructura orgánica del departamento de Policía”, reiteró Gabriel Última, el funcionario policial. 

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Detalles de la reunión en 2018 entre funcionarios de la alcaldía y miembros de la Policía en la que quedó claro que se necesitaban los avales técnicos y estratégicos.

Dos meses después, la alcaldía decidió frenar ese contrato precisamente porque no existía un aval estratégico de la Policía Nacional, como consta en el acta de terminación anticipada suscrita el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, misteriosamente, seis meses después, el 25 de junio de 2019, el alcalde Rendón revivió el proyecto y le asignó un sobrecosto de sesenta millones de pesos, es decir, el contrato pasó de costar 776 a 836 millones. A pesar de no contar con el aval de la Policía, Rendón hizo caso omiso y continuó adicionando dinero al mismo en plena campaña electoral en la que el exgerente de EDESO, su amigo Rodrigo Hernández Alzate, estaba aspirando a ser su sucesor en la alcaldía de Rionegro. 

Así sucedió y fue el encargado de recibir a satisfacción los dos elefantes blancos que nunca funcionaron. Este último tenía un plazo de cinco meses, pero EDESO se demoró dos años. En enero pasado, Hernández Alzate volvió a caer parado: fue nombrado por Rendón como Gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA). 

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Andrés Julián Rendón hizo un acto espurio de entrega del CAI de San Antonio de Pereira el último día de su mandato, el 31 de diciembre de 2019, esto a pesar de que el contrato realmente se liquidó casi dos años más tarde, en junio de 2021.

Esta segunda edificación tampoco entró en funcionamiento porque la Policía no la recibió en su inventario, ya que no contaba con los avales previos de la institución. Esa es otra de las pruebas que tiene la Fiscalía para probar el detrimento patrimonial y la mala fe de Rendón frente a su terquedad de continuar con los contratos pese a las advertencias. El coronel Daniel Mazo Cardona, comandante de Policía de Antioquia, así respondió el 22 de julio de 2022 frente a un derecho de petición del periodista y veedor Óscar Castaño, uno de los denunciantes de este entramado y miembro de la Veeduría Ciudadana Identidad y Defensa de lo Público: “no existe ningún soporte” de que ambos CAI hubieran entrado al inventario de la Policía y que esa institución no recibió la infraestructura porque la construcción de los mismos “no contó con los estudios” técnicos obligatorios. 

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El coronel Mazo confirmó a la Veeduría que las obras nunca fueron recibidas por la Policía.

Empezando abril Jorge Rivas, actual alcalde de Rionegro y exfuncionario de las alcaldías de Rendón y Hernández, declaró a Blu Radio que su administración está haciendo todas las gestiones para que ambos CAI comiencen a funcionar en mayo próximo. Anuncios similares que resultaron falsos se hicieron desde la alcaldía en octubre de 2023, cuando la Fiscalía iba a imputar a Rendón, y aún antes, en octubre de 2022, justo dos meses después de que la Veeduría interpusiera la denuncia penal por la construcción irregular de estas obras.

Este caso es apenas la punta del iceberg de los contratos irregulares que enredan a Rendón y a su amigo el exalcalde Rodrigo Hernández Alzate, quien es el gerente de VIVA en su Gobernación. RAYA tuvo acceso a una respuesta que le entregó la Fiscalía al apoderado de los dos en ese momento, Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes, quien actualmente es abogado del Clan del Golfo en un eventual proceso de paz. En esa respuesta se detallaron, hasta febrero de 2022, doce indagaciones penales en la Fiscalía por delitos como peculado por apropiación, prevaricato, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen de inhabilidades. 

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Ricardo Giraldo, el abogado del Clan del Golfo, también ha sido defensor de Rendón.

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En 2018, cuando EDESO cumplió dos años de fundada, Andrés Julián Rendón asistió como alcalde de Rionegro al evento de conmemoración para ofrecer unas palabras. Allí recordó que la idea de conformar esta empresa, que le sirvió para otorgar miles de millones en contratos a dedo, surgió en medio “de un tinto” con Ramiro Márquez, exgerente del Metro de Medellín, en noviembre de 2015, cuando Rendón acababa de ganar las elecciones por la alcaldía de Rionegro.

“Alcalde, a los gobernantes los recordarán por las obras que hagan”, contó Rendón que le dijo Ramiro Márquez. Hoy, luego de cuatro años de su paso por la Alcaldía, al gobernador Rendón lo recuerdan en Rionegro y en la Fiscalía por estos elefantes blancos, los CAI de Cuatro Esquinas y San Antonio, que lo tienen enredado en un proceso penal que podría sacarlo del cargo y llevarlo a la cárcel. 

*La Revista RAYA consultó la versión de estos hechos al Gobernador Andrés Julián Rendón. No obstante, dijo que se encontraba ocupado. Decidimos insistir y le enviamos las preguntas a su WhatsApp, pero no obtuvimos respuesta. 

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