Urabá, epicentro del despojo paramilitar, concentra miles de hectáreas en manos de grandes empresarios, políticos y narcotraficantes. Empresas como Agrícola El Retiro S.A. y Fondo Ganadero de Córdoba lideran la adquisición de tierras, vinculadas a las autodefensas de los hermanos Castaño. También, figuras como el exgobernador Aníbal Gaviria y el directivo de EPM Gabriel Ricardo Maya Maya fueron accionistas de compañías con miles de hectáreas en Urabá. RAYA revela datos de cómo el poder económico y político se entrelaza con el conflicto armado en la región.
Por: Unidad Investigativa Revista Raya
La región de Urabá, que comprende parte de Antioquia, Chocó y Córdoba, fue el laboratorio del despojo paramilitar en Colombia a mediados de los años 90. En una asociación que incluyó a las autodefensas de los hermanos Castaño, ganaderos, bananeros, empresarios y funcionarios públicos, miles de hectáreas fueron arrebatadas a las familias campesinas a punta de masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento y venta forzosa de tierras.
La Corporación Latinoamericana SUR, organización sin ánimo de lucro dedicada a la divulgación académica y social en el continente, publicó un informe sobre Urabá donde reveló un listado de las 40 empresas que más tierra adquirieron en esta región entre 1990 y 2020, con base en la información del Catastro Departamental de Antioquia. La suma de la tierra adquirida por estas empresas asciende a 51.930 hectáreas (519.3 millones de metros cuadrados). La ciudad de Medellín, incluyendo su área urbana y rural, tiene una extensión de 37 mil hectáreas, lo que significa que los terrenos de Urabá en manos de empresas privadas superan la extensión de la capital de Antioquia.
El análisis de estas adquisiciones no solo revela la magnitud del acaparamiento de tierras, sino también los perfiles de quienes estuvieron detrás de estas transacciones. Entre los fundadores y representantes legales de estas compañías aparecen distintos perfiles: grandes empresarios reconocidos en la sociedad antioqueña, algunos obligados a devolver tierras en procesos de restitución, varios señalados de haber financiado a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) de la familia Castaño, y otros condenados por hacer parte de estructuras narcoparamilitares.
Entre los casos más representativos, al menos cinco empresarios han sido condenados por vínculos con el paramilitarismo, como Juan Felipe Sierra Fernández, relacionado con alias 'Don Mario', y Gabriel Sierra Moreno, procesado por desplazamiento forzado. Además, ocho empresarios y directivos enfrentan procesos judiciales, entre ellos varios antiguos directivos de Chiquita Brands. También aparecen nombres ligados al Grupo 20, empresa en la que ha participado el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, y personajes como Gabriel Ricardo Maya Maya, actual vocal de control en la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM), quien fue asesor jurídico y directivo de Lafe Sierra y CIA S.C.A., una de las compañías con mayor acumulación de tierras en Urabá.
Estos casos no son aislados. Muchas de las empresas que más tierra adquirieron en Urabá están vinculadas a estos empresarios y han sido objeto de investigaciones. Algunas han sido intervenidas por las autoridades, como Palmas de Curvaradó, Comercializadora Troppo S.A. y Agropecuaria Bajo Grande. Estos casos evidencian la interconexión entre el sector privado y la violencia en Urabá. La concentración de tierras en manos de estos actores no solo alteró la estructura agraria de la región, sino que refleja el impacto del conflicto armado en la economía local.
RAYA realizó una síntesis con los casos más importantes que revelan datos inéditos sobre los dueños de la tierra en Urabá.
Grandes figuras de Antioquia con tierra en Urabá
La empresa que más tierra adquirió, según la publicación de la Corporación Latinoamericana SUR, fue Agrícola El Retiro S.A. con 3.749 hectáreas. Esta compañía fue constituida en 1989 y entre sus directivos estuvieron Reinaldo Escobar de la Hoz, Charles Denise Kaiser, Luis Germán Cuartas Carrasco, Jorge Fotón, John Paul Olivo, Gloria Andrea Cuervo Torres y Álvaro Acevedo González, todos vinculados penalmente (excepto Cuartas Carrasco, su investigación precluyó) al proceso que adelanta la justicia colombiana contra funcionarios de la multinacional bananera Chiquita Brands por presunta financiación a los paramilitares en Urabá. En seis meses prescribe este caso en Colombia. En Estados Unidos Chiquita Brands fue condenada.
La segunda empresa con más tierra en Urabá es el Fondo Ganadero de Córdoba con 3.000 hectáreas. El Fondo Ganadero es conocido por haber sido la síntesis del proyecto paramilitar despojador de la familia Castaño, en la que participaron funcionarios públicos y empresarios, y estuvo a cargo de Sor Teresa Gómez, cuñada de Carlos Castaño, quien fue condenada a 40 años de prisión por el rol clave que ejerció en el despojo de tierras. La tercera empresa que más tierra adquirió fue Lafe Sierra y CIA S.C.A. con 2.377 hectáreas. Su asesor jurídico en 2009 y después miembro de la junta directiva en 2011 fue Gabriel Ricardo Maya Maya, actual vocal de control dentro de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Registro en Cámara de Comercio de Lafe Sierra y CIA de 2011
Maya Maya hizo parte de la junta de EPM ininterrumpidamente desde 2006 hasta 2020, cuando renunció por diferencias con el alcalde de la ciudad de aquel momento, Daniel Quintero. El año pasado volvió a ser nombrado por el actual mandatario de Medellín, Federico Gutiérrez. Maya Maya, a pesar de sus intereses privados en Urabá, lleva desde el 2006 trabajando en EPM que también tiene injerencia en esta región. Luis Fernando Sierra Moreno, uno de los socios fundadores de Lafe Sierra, hizo parte de un proceso de restitución de tierras en consejos comunitarios del Chocó, junto a Gabriel Sierra Moreno, quien era gerente de la empresa Palmas de Curvaradó y fue condenado en 2014 por desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado por asociarse con paramilitares.
Otras de las figuras más importantes de Antioquia que adquirieron tierras en Urabá fueron los hermanos Juan Felipe y Ricardo Andrés Sierra Fernández, hijos del empresario Ricardo Sierra Caro, quien fue presidente de Comfenalco Antioquia. Los Sierra Fernández constituyeron la compañía Servirenta S.A. en 2007 y según el Catastro esta compañía adquirió 1.178 hectáreas. Los predios de esta sociedad comercial están al lado de los del Fondo Ganadero de Córdoba. El socio mayoritario era Juan Felipe, quien fue condenado en 2011 a 60 meses de prisión por nexos con Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’, fundador del Clan del Golfo.
Juan Felipe Sierra Fernández era además el socio principal de la empresa Control Total, la cual recibió contratos por más de mil millones de pesos entre 2004 y 2007 durante el Gobierno de Álvaro Uribe para cuidar y transportar a jefes paramilitares desmovilizados. Lo que nunca se ha dicho es que Ricardo Andrés Sierra Fernández, gerente de Celsia, empresa de energía del grupo Argos, también fue socio fundador y accionista principal de Control Total, compañía que tuvo nexos con ‘Don Mario’, la cual fue incluida en la Lista Clinton (registro que lleva el Departamento de Tesoro de Estados Unidos de empresas vinculadas al narcotráfico) en 2010 y razón por la que su hermano terminó en la cárcel. Ricardo Andrés en su momento fue vicepresidente de finanzas de Cementos Argos y la compañía Control Total le prestó servicios de seguridad a Argos S.A.
Acta de constitución de la empresa Control Total
Otra de las empresas que adquirió tierra en Urabá fue Grupo 20, de propiedad de la familia Gaviria Correa, de la que hace parte el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa. Esta compañía adquirió 1.062 hectáreas. Fue fundada en 1980 por la familia de Raúl Hasbún, paramilitar condenado por sus crímenes en Urabá, y entre sus otros socios estuvieron Hely Gómez Zuluaga, involucrado en un proceso de restitución de tierras y Rodrigo Arbeláez Restrepo, quien apareció en los listados en poder de la Fiscalía como un presunto financiador de las autodefensas de los Castaño. En los documentos de Cámara de Comercio también aparece desde 1981 Ciro Yoshimura como accionista, señalado de financiar a los paramilitares. En 1982 se muestran los nombres de Roberto Saraza Botero y Luis Alberto Restrepo Girona, quienes también fueron acusados de supuestamente aportar dinero a las autodefensas del Urabá.
Desde 1988, Guillermo Gaviria, padre de Aníbal Gaviria, ingresó a ser accionista del Grupo 20. Guillermo Gaviria estuvo privado de la libertad mientras era investigado por haber financiado a grupos paramilitares. Al final, fue absuelto de los cargos de los que se le imputaron. La familia Gaviria Correa está envuelta en varios casos de restitución de tierras en la región de Montes de María, zona ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar, por comprar tierra a precios muy bajos sin investigar el pasado de violencia de los predios. Hay al menos 12 sentencias emitidas de restitución de tierras alrededor de los Gaviria Correa en los Montes de María.
Si bien Guillermo Gaviria fue absuelto de los cargos que se le achacaron, varios de los que fueron sus aliados comerciales aún tienen procesos judiciales abiertos en relación con el paramilitarismo. Fabio León Restrepo Villegas, quien fue socio de Guillermo Correa en el Grupo 20, es uno de los 14 empresarios bananeros que en 2024 la Fiscalía llamó a juicio por supuesta financiación y asociación con el frente Arlex Hurtado de los ‘paras’ que operó en Urabá.
El exgobernador Aníbal Gaviria aparece como accionista mayoritario del Grupo 20 desde 1997. Durante el mandato de Gaviria en Antioquia (2020-2023), Juan Esteban Álvarez Bermúdez, socio de su padre y amigo cercano, fue representante legal del Grupo 20. Álvarez, quien estuvo detenido por presunta financiación a paramilitares, fue absuelto junto a Guillermo Gaviria
Accionistas del Grupo 20 en 1997
En 2021, Aníbal Gaviria nombró a Álvarez Bermúdez como miembro de la junta directiva de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia, compañía industrial a cargo de la Gobernación de este departamento. Además, Álvarez recibió de la Gobernación de Aníbal Gaviria contratos por casi 200 millones de pesos. El actual representante legal del Grupo 20 es Juan Pablo López Cortés, quien fue el Secretario Regional y Sectorial de Desarrollo Territorial y Sostenible durante la gobernación de Aníbal Gaviria e incluso fue gobernador encargado durante una semana.
Otros empresarios con mucha tierra en Urabá son los Ríos Grajales. La compañía Inversiones Cielo Rojo, fundada por Carlos José Ríos Grajales, adquirió en la región 1.908 hectáreas. Este empresario fue obligado a devolver tierras en Curvaradó, Chocó, por ocupación de mala fe. En el Supernotariado aparecen 32 inmuebles a su nombre, de los cuales 14 están ubicados en Turbo. La Agropecuaria Jurado SAS, sociedad fundada por Fabián de Jesús Ríos Grajales, es dueña de 1.154 hectáreas.
En 1996, Fabián de Jesús Ríos Grajales le vendió una finca de 1.087 hectáreas a Salvatore Mancuso, quien fue un máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según reportó el medio Vorágine. Por otra parte, la compañía Inversiones Sol Blanco Limitada, fundada por Antonio Ricaurte Ríos Grajales en 1998, adquirió 1.144 hectáreas en Urabá. Los Ríos Grajales fueron miembros de la asociación de Subastas Ganaderas del Urabá Grande (Suganar), creada por Raúl Hasbún, uno de los comandantes paramilitares que lideró el despojo de tierras en Urabá, y entre sus accionistas estuvo Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco’, otro jefe paramilitar, de acuerdo con Vorágine.
La actual representante legal suplente de Suganar es Claudia Ángela Argote Romero, quien también ostentó el mismo cargo en la empresa Plantaciones del Darién, compañía constituida en 1998 que adquirió 755 hectáreas en Urabá. En 2021, la Fiscalía le imputó a Argote Romero y a su padre, Antonio Argote Bolaños (quien era el gerente de Plantaciones del Darién), los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
Los ‘narcoempresarios’
Además de empresarios y políticos, la acumulación de tierras en Urabá también involucró a figuras del narcotráfico, quienes usaron estas adquisiciones para expandir su influencia y lavar dinero. Industrial Pecuaria, empresa constituida en 1980, adquirió 1.607 hectáreas en Urabá. Fue creada por José Antonio Ocampo Obando, señalado como socio de Pablo Escobar y financiador de estructuras paramilitares en el Urabá. Fue asesinado en 2017. En 2023, la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo a una de las fincas de Ocampo Obando, compuesta por 30 predios, ubicada en Necoclí, Antioquia, en la región de Urabá, por estar relacionada con el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC.
Finca incautada a José Antonio Ocampo Obando en Necoclí. Fuente: Fiscalía
La Agropecuaria y Reforestadora S.A., creada en 1997, obtuvo 1.602 hectáreas de Urabá. En 2005, Carlos Fernando Serralde Plaza, criminal extraditado a Estados Unidos, amigo de Vicente Castaño, socio de alias ‘Otoniel’, máximo comandante del Clan del Golfo hasta su captura en 2021, y del narcotraficante Daniel ‘El Loco’ Barrera, integró la junta directiva de esta empresa. La Fiscalía, junto a la Policía, allanó esta compañía.
La Comercializadora Troppo S.A., constituida en 1991, adquirió 1.240 hectáreas en Urabá. Desde 2004 aparece Jose Bayron Piedrahita Ceballos como accionista principal de la empresa. Piedrahita tuvo un historial delictivo en el que tejió asociaciones con el cartel de Cali hasta convertirse en el amo y señor de la región del Bajo Cauca antioqueño. Fue capturado en 2017 y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló de blanquear el dinero de organizaciones como el cartel del Norte del Valle, la Oficina de Envigado e incluso las FARC. La Comercializadora Troppo fue intervenida por las autoridades.
Por último, la Agropecuaria Bajo Grande S.A., creada en 2008 por Alcides Ríos Mazo, adquirió 833 hectáreas en Urabá. Ríos Mazo fue condenado en 1997 por la justicia panameña por ingresar cocaína a Estados Unidos. Fue repatriado a Colombia para que terminara de cumplir su condena y quedó en libertad en 2004. En 2017 las autoridades realizaron una extinción de dominio contra el Clan del Golfo, en la incautaron esta compañía. El centro de operaciones de la Agropecuaria Bajo Grande era una finca en Necoclí, Antioquia. Hoy la empresa es administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
