La empresa AngloGold Ashanti anunció la venta del 100% del proyecto de oro conocido como La Colosa, en Cajamarca (Tolima), a Mineros S.A, tras dos décadas de intentos de explotación. Esta decisión se dio luego de la aprobación de un acuerdo municipal que declaró 33 puntos de la mina como zonas de conservación ambiental y agrícola, protegiendo 5.800 hectáreas tras el respaldo mayoritario de la población civil. En el municipio, este hecho se lee como una victoria parcial después de la consulta popular de 2017, pero también como el inicio de una nueva etapa: cambia el operador, no la disputa por el agua, la vocación agrícola y el modelo de desarrollo del territorio.
Por: Enrique Gamboa
El 9 de marzo de 2026 una noticia sorprendió al mundo minero cuando la empresa multinacional AngloGold Ashanti anunció la venta del 100% de su participación del proyecto aurífero conocido como La Colosa, que se ubica en el municipio de Cajamarca (Tolima) y que ha sido descrita por el Gobierno y por la propia empresa como un yacimiento de gran magnitud. La decisión de la empresa sudafricana se dio días después de que el Concejo Municipal de Cajamarca anunciara un acuerdo en el que declaró predios asociados al proyecto como lugares de conservación ambiental y de actividades agropecuarias. El acuerdo ambiental fue aprobado luego de seis votos a favor y cinco en contra, además, tuvo el respaldo de más de 4.000 personas que firmaron el acuerdo ante el Consejo Nacional Electoral para detener el avance del extractivismo en su zona, y así proteger 5.800 hectáreas, equivalentes al 11% del territorio. Con la decisión, AngloGold se va de Cajamarca luego de 20 años de intentos para explotar oro. Ahora el proyecto pertenece a la empresa Mineros S.A.
Uno de los puntos más importantes del acuerdo municipal que le abrió la puerta de salida a AngloGold fue que los 33 predios que le pertenecían serán declarados como zonas de utilidad pública e interés social para la protección y conservación ambiental del recurso hídrico y de la diversidad biológica. En pocas palabras; las únicas actividades que se permitirán son las destinadas a la conservación, preservación, educación, recuperación y cultura. “En estas áreas se establece la obligación de respetar un régimen de usos en desarrollo de la función ecológica”, dice el acuerdo del Consejo Municipal.
Sobre la venta del proyecto La Colosa, uno de los negocios ambiciosos en el país, en el cual se reporta una estimación histórica de recursos de 28 millones de onzas de oro anuales. Cuando se anunció la venta del proyecto las empresas mineras explicaron por medio de un comunicado cómo será el proceso de traspaso: “a contraprestación consiste en USD$10 millones pagaderos en efectivo al cierre y en contraprestación de hasta USD$60 millones, vinculada al tonelaje total de mineral autorizado y una licencia ambiental aprobada”.
En Cajamarca la venta de la mina la Colosa es vista como una victoria contra la empresa multinacional que llegó al territorio en 2007 cuando el entonces presidente Álvaro Uribe anunció el hallazgo de un yacimiento de oro a 40 minutos de Ibagué. Desde ese entonces, la comunidad impulsó varios mecanismos para proteger su territorio en donde el 60% de las personas se dedicaban a la agricultura, es por ello que se le conoce como una despensa agrícola. Su producción va desde la arracacha, café, fríjoles y frutas como granadilla, mango, naranja, uchuva, entre otros. Uno de los acuerdos que ha servido para cerrar la puerta a la explotación de oro en Cajamarca fue la consulta popular de 2017, cuando el 97% de los cajamarcunos votó en contra de los proyectos mineros en su territorio, lo que ha truncado desde ese momento el inicio en firme del proyecto de La Colosa y que sumado al acuerdo de 2026 llevó a la venta de la mina.
Desde ese momento, 2017, AngloGold Ashanti demandó los acuerdos comunitarios para poder realizar sus trabajos de exploración y explotación de oro. Sin embargo, la mayoría de sus peticiones perdieron en las instancias judiciales que le daban la razón a la comunidad. Para Yefferson Rojas, sociólogo, defensor del territorio y miembro del colectivo del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca (Cosajuca), organización que hizo acompañamiento legal al proceso, “la venta por parte de AngloGold es consecuencia de la falta de rentabilidad del proyecto desde la consulta de 2017 y la ratificación de la protección del territorio con el nuevo acuerdo municipal”, le dijo a RAYA. Aunque la venta es vista como una victoria, también representa un nuevo reto, ya que la comunidad se movilizará para impedir la entrada de la nueva empresa minera: Mineros S.A.
Así las cosas, desde 2018 AngloGold tiene detenidas todas las actividades del proyecto La Colosa de Cajamarca. Pero este no es el único negocio que tiene la multinacional en Colombia, también es dueña de la mina Quebradona en el municipio de Jericó en Antioquia, con la que busca la extracción de 4.9 millones de toneladas de cobre, oro y otros minerales. Este proyecto se hizo mediático en 2025 cuando once campesinos fueron acusados por la empresa de hurto, secuestro y concierto para delinquir. Las acusaciones en su contra se derivaron de las protestas de noviembre de 2022, cuando un grupo de campesinos retiró maquinaria de la multinacional de las fincas donde la empresa realizaba exploración para extraer cobre de las montañas del suroeste antioqueño. A pesar de las denuncias de la empresa en junio del año pasado un juez negó la petición de enviarlos a prisión.
Ahora, AngloGold se va de Cajamarca tras veinte años de intentos de explotar las montañas tolimenses. Cuando anunció la venta del proyecto minero, la empresa sudafricana destacó que a partir de la consulta popular de 2017 se vio obligada a “tomar la desafortunada decisión de detener todas las actividades en el proyecto y con ello el empleo y la inversión, mientras se le da certeza a la actividad minera en el país y en el Tolima”.
Los intentos judiciales de Anglogold para permitir la minería en Cajamarca antes de su venta
La llegada de Anglogold Ashanti a Cajamarca se empezó a cocinar en abril de 2007 cuando el gobierno de Álvaro Uribe anunció el hallazgo de un yacimiento de oro a 40 minutos de Ibagué. El ministro de Minas y Energía de la época, Hernán Martínez, calificó el hallazgo como uno de los diez más grandes del mundo y dijo que con la explotación se podría duplicar la producción de oro en Colombia. "Es un yacimiento supremamente grande", dijo Martínez. El presidente Uribe no fue ajeno a la noticia y en una de sus intervenciones anunció: “Hemos confirmado unos depósitos de oro que van a exigir inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares para empezar a explotarlos”.
Semanas después del anuncio presidencial, se supo que el inversionista encargado de hacer la explotación era la empresa pública inscrita en las bolsas de Londres y Nueva York: AngloGold Ashanti, una de las mayores empresas mineras del mundo, que en ese momento tenía operaciones en 10 países y cuya sede principal está en Johannesburgo (Sudáfrica). En 2009, dos años después de su llegada al país, AngloGold Ashanti Colombia ya tenía 19 contratos de exploración y explotación de minerales con el Estado colombiano para concesiones mineras en Cajamarca, que abarcaban un territorio de 30.440 hectáreas, muchas de esas destinadas para zona de cultivos de todo el municipio.
Aunque Anglogold ya tenía los permisos con el Gobierno de Uribe para la exploración y explotación de la mina La Colosa, que lleva el nombre por la magnitud “colosal” del depósito, la empresa tuvo dificultades para iniciar sus operaciones. Por un lado, las comunidades empezaban a inquietarse por los trabajos mineros, ya que era una tierra de tradición agrícola y la minería no era parte de su economía local. Además, advertían que durante el proceso fueron excluidos por completo de cualquier decisión relacionada con su ejecución. Y por otro lado, había resoluciones ambientales que no permitían la exploración en toda el área adquirida, mientras que organizaciones denunciaron que la mina podría dañar las fuentes hídricas y afectar los bosques.
Tan sólo dos años después, las advertencias de los ambientalistas ya se empezaban a traducir realidad. En 2011, a la par de que la empresa hacía sus trabajos de exploración, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) declaró el agotamiento del recurso hídrico en la cuenca del río Coello y su “estado de grave peligro”. En su declaración, la autoridad ambiental puntualizó que el “agotamiento está asociado entre otras cosas a los impactos de la minería y los vertimientos derivados de la explotación minera”. Este río es de vital importancia para las comunidades del departamento porque sirve para el consumo humano, generación eléctrica y trabajos de agricultura.
En base a la resolución, el Tribunal Administrativo Departamental del Tolima ordenó en 2013 una medida cautelar, que condujo a una orden judicial que ordenaba a la Agencia Nacional de Minería suspender dos de los títulos mineros de AngloGold Ashanti Colombia. La decisión fue aceptada y los títulos mineros fueron cancelados. Sin embargo, la empresa sudafricana siguió en su etapa de exploración hasta 2017 con los otros títulos mineros que había adquirido. Sin embargo, en marzo de ese año, el municipio de Cajamarca celebró una consulta popular sobre la realización del proyecto La Colosa. Votaron un total de 6.296 personas (de 16.423 disponibles) y el 98% de ellas votó en contra del proyecto minero. Por esa razón, se expidió el acuerdo municipal 03 del 27 de abril de 2017 en el que se prohibía todas las actividades mineras en el municipio.
Esta consulta popular en Cajamarca se convirtió en un hito en Colombia ya que fue la primera vez que un municipio prohibía la explotación minera. Luego de la decisión municipal, AngloGold Ashanti Colombia comunicó que se veía "obligada a tomar la desafortunada decisión de detener todas las actividades relacionadas con el proyecto, y con ellas el empleo y la inversión relacionados". De acuerdo con la empresa se habían generado 400 empleos hasta el momento de la suspensión y se esperaban crear 750 directos y 2,500 indirectos en la etapa de producción. Además de anunciar el cese de las actividades mineras la empresa presentó recursos jurídicos para derogar el acuerdo municipal.
A las pocas semanas del anuncio municipal, AngloGold Ashanti interpuso una acción de desacato contra el acuerdo municipal argumentando que “no tenía la competencia para suspender trabajos mineros” y que esa responsabilidad debía recaer sobre la Agencia Nacional de Minería. Sin embargo, el tribunal de Tolima falló a favor del consejo municipal, y en contra de los propósitos de la minera, argumentando que “la decisión era coherente y congruente con lo exigido por el Consejo de Estado”. A pesar de eso, en 2018 la Corte Constitucional declaró que una consulta popular no tenía la capacidad de prohibir la minería. Desde entonces, AngloGold Ashanti ha basado sus argumentos en esa sentencia para intentar anular el acuerdo municipal que prohibía sus actividades.
Desde ahí la disputa ambiental y minera entró en su etapa más tensionante. Ya que para la empresa, como para la propia ANM, la sentencia de la Corte Constitucional aplicaba para el caso de Cajamarca. Mientras que para un grupo de organizaciones de abogados, entre las que se encuentran Siembra, Dejusticia y Cosajuca, la regla solo era válida de 2018 en adelante. Sobre este punto el abogado ambientalista, Rodrigo Negret, le dijo al Espectador en ese entonces que la sentencia lo que hizo fue agudizar los conflictos, por lo que no solucionó nada. “Las consultas populares son de orden constitucional, un derecho fundamental a la participación y al voto, y la Corte cerró esa puerta. Sin embargo, mantuvo vigente las causas del conflicto: los proyectos minero-energéticos”, le afirmó al medio.
En medio de demandas para intentar tumbar el acuerdo municipal, que tenía con las manos atadas a AngloGold para realizar la explotación y exploración de oro, en 2019 Cortolima le revocó dos concesiones de agua que tenía le empresa para su proyecto La Colosa. La autoridad ambiental apuntó que todas las autorizaciones previas emitidas antes de la consulta popular debían ser revisadas “y revocadas si era necesario”. Ante eso, la empresa presentó una demanda contra las resoluciones y argumentó que las resoluciones ya no eran válidas, “ya que su base jurídica fue anulada por la sentencia de la Corte Constitucional en 2018”.
En ese sentido, alegó que las concesiones debían ser restituidas para continuar con las actividades de exploración. En septiembre de 2020, el Consejo de Estado de Colombia revisó dos de los títulos mineros suspendidos de AngloGold Ashanti, basándose en las preocupaciones sobre la escasez de agua, y confirmó la amenaza ambiental a las fuentes de agua. Así las cosas ordenó la suspensión permanente de todas las actividades mineras relacionadas con los contratos hasta que AngloGold Ashanti Colombia pudiera demostrar que implementaría un plan alternativo que no pusiera en peligro el río Coello y sus afluentes.
Con el paso de los años, y en medio de procesos jurídicos para tumbar el acuerdo municipal, la empresa africana nunca pudo avanzar con sus trabajos como le tenían planeado. De acuerdo con su plan de trabajo, su intención era la de implementar “una minería moderna” que permitiera hacer minería, ganadería, comercio y agricultura en una misma región, luego de una inversión de 360 millones de dólares. La idea era explotar 28 millones de onzas de oro al año, lo que significa, según su cálculo, unas regalías proyectadas de cerca de 500.000 millones de pesos anuales.
Sobre el proyecto La Colosa, la última sanción que Cortolima le puso a AngloGold Ashanti fue en octubre de 2024 por modificar sin autorización la captación de aguas en la quebrada La Arenosa. La sanción fue de 45 millones de pesos y se dio luego de que en 2015 la autoridad realizara una inspección a algunos predios de la mina La Colosa y evidenciara que la empresa había modificado la estructura de captación de aguas sin autorización. Cortolima determinó que las modificaciones realizadas no cumplían las condiciones técnicas y “que estaban diseñadas para obstaculizar el flujo necesario de agua en la quebrada, beneficiando a la empresa al permitirle captar un mayor caudal”. Por ello, además de la sanción impuesta, fue incorporada en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA).
De acuerdo con una nota de la organización Siembra, que acompañó a las comunidades de Cajamarca en sus procesos jurídicos para proteger su territorio, en los 20 años que estuvo la empresa en la zona se la ha ordenado el pago de cerca de 90.000 millones de pesos en multas y sanciones, de los cuales 66.305 millones quedaron en firme y 24.454 millones (27%) están pendientes de resolución por las apelaciones que ha realizado la empresa. “Las demandas hacen parte de la estrategia de AngloGold Ashanti de atacar judicialmente cualquier decisión en su contra, incluso cuando estas se profieran con fundamento en la normatividad que los obliga”, se lee en la nota de Siembra.
El trabajo de la mina La Colosa no sólo fue un tema nacional. En 2023 un grupo de delegados del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le envió una carta al presidente de la Anglogold Colombia, Mauricio Echeverry, en donde le pedían información sobre las políticas y procedimientos que tenía la empresa para identificar, prevenir, mitigar cualquier impacto adverso de La Colosa sobre los derechos humanos, en particular respecto al derecho a la alimentación, al agua y a un medio ambiente seguro, limpio y saludable. “Las consecuencias del proyecto son especialmente preocupantes dados los crecientes índices de inseguridad alimentaria, que afectan no sólo a Cajamarca sino también a otras zonas del país”, decía la carta enviada.
Para los relatores de la ONU había evidencia de que los trabajos de perforación, y otras actividades llevadas a cabo durante la fase de exploración del proyecto minero, habían provocado contaminación del agua, deforestación y amenazas sobre los hábitats de especies endémicas y áreas ecológicas de relevancia nacional como los páramos andinos. Además que desde la consulta popular de 2017, AngloGold Ashanti Colombia y el Gobierno colombiano “no habían demostrado ninguna voluntad de detener el proyecto, a pesar de la oposición de la comunidad, las limitaciones ambientales documentadas y las restricciones legales y de procedimiento”. Finalmente, la carta concluyó advirtiendo que el mismo documento había sido enviado al Gobierno de Colombia, así como al Gobierno de Sudáfrica, donde está domiciliada la empresa.
Nueve años después del acuerdo de 2017, principal obstáculo que tuvo AngloGold en Cajamarca en sus intenciones extractivistas y luego del acuerdo reciente, la empresa decidió vender su participación accionaria a la empresa Mineros S.A por un valor cercano a los 70 millones de dólares. La nueva dueña de la indicó que además de cambiarle el nombre a la mina, comenzará a adelantar un nuevo proceso participativo con algunos actores locales para definir una nueva identidad del proyecto.
Según un comunicado que emitió la empresa luego de hacerse oficial la promesa de venta, el nuevo proyecto minero “busca reflejar valores compartidos, perspectivas locales y una filosofía de desarrollo basada en la responsabilidad ambiental y social.” Sin embargo, desde Cajamarca la mirada es otra y líderes ambientales la advirtieron a RAYA que la llegada de Mineros S.A se traduce en un nuevo enemigo del medio ambiente, porque saben que a pesar de que el proyecto cambie de nombre y de manos la misión es la misma: sacar oro de las montañas y cambiar la vocación agrícola de un territorio que durante dos décadas ha sido un ejemplo de resistencia.
