Tras la posesión de José Antonio Kast, la sombra de la dictadura de Pinochet se proyecta sobre el Congreso chileno. Marta Cisterna, directora de la Casa Memoria José Domingo Cañas, denuncia en esta entrevista el riesgo de una ley de amnistía que busca otorgar prisión domiciliaria a criminales de lesa humanidad condenados por sus acciones durante la dictadura. Cisterna advierte que el ascenso del neofascismo en el Cono Sur tiene, entre otras causas, la negligencia estatal en el trabajo por la memoria. Chile hoy puede volver a vivir nuevos ciclos de violencia.
Por: David González M.
Chile recordó una violencia que no veía desde su estallido social en 2019. El pasado miércoles 11 de marzo de 2026, día de la investidura del presidente José Antonio Kast, se registraron protestas en Santiago y Valparaíso y hubo enfrentamientos con Carabineros, según reportes de prensa. Un grupo de estudiantes que protestaba contra la posesión del presidente de extrema derecha José Antonio Kast fue reprimido con disparos por Carabineros durante manifestaciones registradas en esos días, una policía militarizada que tiene sus raíces en la dictadura de Pinochet.
Y no es lo peor. En el Congreso, de mayoría de derecha, avanza un proyecto de ley que podría beneficiar a condenados por crímenes atroces bajo el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Si bien la iniciativa busca un cumplimiento alterno de penas solo para los mayores de 70 años, defensores de derechos humanos se oponen y creen que hay lagunas que pueden abrir puertas de impunidad. En el marco además, de la poca justicia y verdad y justicia tras el fin de la dictadura y tras la salida de Pinochet.
Exagentes de la dictadura que están recluidos en una cárcel conocida como Punta Peuco y fueron condenados por homicidios, torturas y desapariciones estarían entre los posibles beneficiarios.
Jaime Gajardo, ministro de Justicia de la Administración de Gabriel Boric, calificó la primera aprobación de la ley por un estrecho margen de un voto como “un día negro para la democracia” Y agregó: “va en contra de lo que ha hecho nuestro país en materia de derechos humanos” y “vuelve a victimizar a los familiares de miles de personas que fueron víctimas de la dictadura militar”.
Para hablar de esto, RAYA dialogó con Marta Cisterna, directora de la Casa de la Memoria José Domingo Cañas y familiar de víctima de la represión dictatorial. Hoy, desde la dirección de un antiguo centro de exterminio convertido en sitio de memoria, habla de una sociedad fracturada por la desigualdad, cercada por la manipulación mediática y la falta de pedagogía histórica. Factores que han acelerado el retorno de fuerzas políticas que se creían superadas.
RAYA: Antes de hablar de la gravedad de estaá ley, podría contarnos un poco de su historia familiar bajo la dictadura de Pinochet
Marta Cisterna: Mi rol actual es la dirección de la Casa Memoria José Domingo Cañas, un sitio de memoria que fue centro de secuestro, tortura y exterminio. Por acá pasaron más de 200 personas, de las cuales 67 siguen desaparecidas y una fue asesinada en este lugar.
En términos personales, vengo de una familia perseguida por la dictadura. Mi madre y mis suegros fueron sobrevivientes de prisión política y tortura. Todos estuvieron secuestrados y vivieron la tortura. En ninguno de los casos de mi familia se hizo justicia ni se logró identificar a los perpetradores que dañaron el proyecto de vida del grupo familiar completo. Este daño no se produce solo en las familias directas; es un daño para toda nuestra sociedad. Cuando instalan la tortura y la desaparición como prácticas permanentes, todos estamos en peligro. Esa no repetición de la que son responsables los estados no se cumple cuando hay impunidad.
Es importante recalcar que ninguno de los perpetradores privados de libertad o con pena remitida ha mostrado arrepentimiento. Ninguno ha aportado a las investigaciones para establecer la verdad ni ha dicho qué hicieron con nuestros compañeros que siguen en calidad de detenidos desaparecidos.
RAYA: ¿Podría describir cuál es el riesgo de esta ley y qué señal envía el Estado chileno a las víctimas y a la sociedad al tratar de aprobarla?
Marta Cisterna: Lo primero es decirte que la ley todavía no se ha aprobado. Se está discutiendo en este minuto en el Parlamento y es una moción presentada por candidatos de la derecha chilena. De acuerdo con las últimas informaciones, es una copia fiel de lo redactado por la abogada de uno de los mayores criminales de lesa humanidad de nuestro país: Miguel Krasnov. Se descubre que la redacción es de esta abogada de criminales de lesa humanidad.
El objetivo del proyecto de ley es establecer un régimen que permita el cumplimiento de una pena privativa de libertad mediante reclusión domiciliaria total en circunstancias que ellos fueron definiendo. Se habla de personas adultas mayores con enfermedades terminales, pero también se incorporó el concepto de enfermedad crónica. Por lo tanto, una mujer de 60 años o un hombre de 65 años con hipertensión podría solicitar este beneficio.
Desde el movimiento de derechos humanos entendemos que la propuesta de la derecha es generar un proyecto de ley para liberar a los pocos criminales de lesa humanidad que están cumpliendo pena de cárcel en nuestro país. Sacrifican con esta medida al tener que liberar a otros que han cometido crímenes horrendos, como el psicópata de Alto Hospicio que asesinó a niñas, adolescentes y mujeres adultas. Con el afán de ayudar a los criminales de lesa humanidad, prefieren soltar a los peores delincuentes para que los otros se vayan a sus casas.
Esto es muy grave porque los criminales de lesa humanidad en nuestro país siempre han tenido un régimen diferenciado. Están en una cárcel de lujo donde tienen acceso a beneficios que ningún otro preso tiene. No han sido degradados; por lo tanto, todos perciben jubilaciones millonarias. Estando presos, reciben un cuantioso sueldo mensual que se suma a los millones que robaron cuando estaban en el poder. Tienen atención preferencial de salud y acceso al hospital militar, cosa que no sucede con los otros presos.
Esta medida es indignante porque en un país donde la impunidad ha estado presente, esto viene a sellar finalmente esa impunidad con los crímenes del pasado y del presente. Hay presos de 80 años que llevan apenas meses en la cárcel porque vivieron toda su vida en la impunidad y recién ahora están cumpliendo pena de prisión efectiva. La mayor parte de los perpetradores juzgados han tenido la posibilidad de la pena remitida. Es una situación que revictimiza a sobrevivientes, a familiares y a nuestra sociedad. No es solo la percepción de impunidad; es la impunidad.
RAYA: ¿Qué relación ves entre el incumplimiento de las garantías de no repetición y que este sector pro Pinochet vuelva al poder?
Marta Cisterna: Nuestra mirada es que, aunque tenemos años de democracia, esta fue pactada y en ella se negoció la impunidad. Ningún gobierno ha levantado una política pública de memoria pertinente que intervenga en el currículum escolar o muestre la verdad de lo sucedido. El discurso se centró en la desaparición forzada como un concepto genérico que no hace mucho sentido. Nunca se han mostrado desde el Estado los crímenes cometidos, pensando no solo en la tortura y desaparición, sino en el cambio del modelo económico, el robo de recursos naturales y la instalación del sistema neoliberal en aras de un beneficio para pocos.
Nadie habla de cómo civiles y militares se enriquecieron con la represión. No tenemos protección para los sitios de memoria. El Plan Nacional de Búsqueda recién inició en 2023, a 50 años del golpe, y por decreto, no por ley. Se mantienen leyes heredadas de la dictadura y gobiernos progresistas han instaurado leyes que criminalizan a la población. El modelo de la dictadura se ha ido perfeccionando en democracia.
Hoy Kast no necesita legislar para encarcelar a quienes luchan por sus derechos porque esas leyes ya existen. Hay leyes para expulsar estudiantes que se manifiestan y leyes como la Naín Retamal que garantizan la impunidad de policías que mutilaron a personas durante el estallido social. El pinochetismo nunca se fue; estuvo habitando espacios de poder.
RAYA: ¿Podríamos decir que se mantuvieron mecanismos de olvido de forma intencional?
Marta Cisterna: Sí, creo que buscan mantener el olvido o reescribir la memoria. Por ejemplo, el Museo de la Memoria en Chile omite los procesos de resistencia de los movimientos sociales contra la dictadura. Presentan la ganancia de la democracia como el resultado de un lápiz y un papel, invisibilizando la lucha callejera y las masacres. Han instalado una "memoria llorona" que muestra el sufrimiento y la pérdida, pero no al familiar en lucha.
Incluso nuestra primera Comisión de Verdad homologó las muertes de perpetradores en procesos de resistencia con los crímenes cometidos por el Estado. Eso es no entender el marco de derechos humanos y abre la puerta a lo que sucede ahora: borras la historia e instalas una memoria hegemónica con filtro.
RAYA: Empieza un nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast, nieto de un militante nazi y defensor del pinochetismo ¿Qué espera usted del gobierno de Kast frente al tema concreto de la memoria?
Marta Cisterna: Creemos que lo que viene no es bueno. Los sitios de memoria no tienen ley de financiamiento y es muy probable que el presupuesto de 2027 nos deje fuera, especialmente con un Parlamento de mayoría de extrema derecha. Peligran el Plan Nacional de Búsqueda, los archivos, los programas de derechos humanos y la institucionalidad nacional. El INDH ya prevé la reducción de fondos y personal. Las violencias se siguen repitiendo; no habrá centros clandestinos, pero la tortura es un hecho del presente. Ayer mismo, primer día de este gobierno, hubo una feroz represión policial en un colegio y Carabineros dispararon armas de fuego contra manifestantes en el centro de Santiago. Vienen con un discurso xenófobo y la intención de "achicar el Estado", lo que es complejo en términos de derechos a la salud y educación.
RAYA: Una última pregunta: ¿Por qué ganó Kast? ¿Qué pasa en la sociedad chilena para que haya llegado al poder?
Marta Cisterna: No creo que la gente apoye el fascismo mayoritariamente. Ha habido un trabajo mediático para instalar el miedo al "enemigo interno": la persona migrante, el pobre o el que lucha. Se instaló una sensación de inseguridad terrible a pesar de que las estadísticas decían otra cosa. Además, no se han logrado referentes políticos a la altura de las necesidades reales.
En las periferias, las condiciones de vida no cambian sustancialmente entre gobiernos porque Chile es el país de la desigualdad brutal y el ejemplo del neoliberalismo regional. Sin políticas con enfoque de derechos humanos y con medios que tiran una línea ideológica del miedo, ocurre esto. No somos un país fascista, hemos sido manipulados y se ha cercenado la educación pública para reducir nuestra capacidad de análisis. Sin embargo, cuando los jóvenes tienen acceso a dialogar y problematizar con la historia, hay interés y procesos reflexivos. El problema es que, sin políticas de memoria, la gente no conoce su historia y terminamos con un Kast o un Milei de presidente.
