La otra cara de la moneda del desarrollo económico y sus promesas brillantes son las zonas de sacrificio, esos lugares que sufren bajo los efectos de la contaminación medioambiental que deja a su paso las termoeléctricas, mineras, petroleras, fundiciones y otras grandes empresas. Estas zonas, y las personas que viven en ellas, son las víctimas del desarrollo por las que nadie parece preocuparse.
Por: Tatiana Portela
Benjamín Angulo es un joven de 19 años de edad que nació en Puchuncaví, una comuna de la provincia de Valparaíso, que hace parte de la región homónima en la zona central de Chile. En Puchuncaví habitan cerca de 19.621 personas y debido a la alta contaminación que se evidencia en el aire, suelo y agua por cuenta de las plantas del Complejo Industrial Ventanas, muchos la consideran una zona de sacrificio. Durante su corta vida Benjamín no solo ha visto como se han instalado estas empresas sino los deterioros en la salud que han afectado principalmente a niños y jóvenes de la región.
Una de las primeras afectaciones de la que fue víctima se registró en el año 2011 cuando 31 niños de la escuela La Greda resultaron intoxicados con azufre, así lo determinó el centro de salud en el que fueron atendidos.
“Yo tenía alrededor de ocho o nueve años,” cuenta Benjamín. “Lo primero que vivimos nosotros es que afuera se empezó a ver como un tipo humo en el patio. Se veía denso y encima como neblina y eso se combinó, sin embargo, se sentía denso al respirar. Mi profesora se percató y ahí mismo nos dijo que debíamos permanecer en la sala porque el aire estaba muy pesado. Al contar de un rato empecé a sentir un raspón en la garganta y algunos compañeros se empezaron a sentir mal, dolor de cabeza, decaimiento y desmayos.”
Según el mismo Benjamín las horas más difíciles para respirar debido al intenso olor a gas y metal son las de la mañana, esto debido a que las empresas trabajan con mayor intensidad durante la noche emitiendo múltiples químicos que se quedan en el aire y se confunden con la neblina que es particular en la zona. Y es que, aunque existen monitoreos y alertas que van señalando a los pobladores la calidad del aire, se sabe que quienes las controlan y vigilan son las mismas empresas del cordón industrial sin ninguna regulación estatal.
En octubre de ese mismo año, el secretario regional ministerial de salud de la región de Valparaíso, Jaime Jamett, constató que se encontraron por aire y suelo metales pesados tales como: plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico y zinc. Luego de un año de investigación, el Tribunal de Garantía de Quintero, la comuna vecina de Puchuncaví que también ha sufrido los embates de la contaminación industrial, formalizó (que es un paso anterior a la acusación) por el delito culposo de lesiones menores graves al gerente de operación y al jefe de planta de la empresa estatal Codelco. Sin embargo, en septiembre del 2013 dicha querella se suspendió.
Este no sería el primero ni el último episodio de intoxicaciones. En los años 2015 y 2017 se presentaron otros casos donde las víctimas habrían sido estudiantes de enseñanza media y párvulos y el más grave se registró en el año 2018 cuando Sebastián ya estaba en la enseñanza media y era presidente del centro de alumnos de su colegio.
Benjamín cuenta que en 2018 después de una semana en la que tocó suspender las clases dos veces los estudiantes salieron a protestar y crearon un movimiento estudiantil para exigir sus derechos a la salud y a la educación. “Nosotros hemos exigido a las autoridades nacionales entregar información sobre los riesgos a los que estamos expuestos,” explica. “Nada va a cambiar si nos mandan para la casa cuando se producen estas intoxicaciones masivas. Nosotros convivimos todos los días con estos agentes contaminantes. Aquí se debe vigilar y tomar medidas urgentes porque están acabando con nuestras vidas. Es más, hemos visto como nuestras playas y mar han cambiado, las playas con derrame de petróleo, las aves con restos de esto mismo, peces muertos a las orillas, espuma que brota del agua y lugares en donde las playas son calientes, en pleno mar Pacífico. Esto no es normal”
Paraísos de sacrificio y la resistencia femenina
Las comunas de Quintero y Puchuncavi son las dos bahías más antiguas conocidas como zonas de sacrificio que existen en Chile, allí los cordones industriales relacionados con termoeléctricas, petroleras y plantas químicas se instalaron a partir de1960 con la idea de impulsar el desarrollo económico a gran escala y con la promesa de mejorar la calidad de vida.
En 1954 llegaría la ENAP, Empresa Nacional de Petróleo, luego en los años sesenta se instalaría lo que hoy se conoce como Complejo Industrial Ventanas el cual está compuesto por 17 plantas gestionadas por empresas estatales (entre ellas Codelco, empresa dedicada a la exploración y explotación de cobre) y por empresas privadas como AES que es una filial de la multinacional estadounidense Aes Corporation (quien opera el complejo termoeléctrico Ventanas y cuenta actualmente con tres centrales termoeléctricas generadoras de energías en base a carbón). Por otro lado está Gasmar, encargado del gas licuado, y Oxiquim, quien fabrica y comercializa productos químicos para la industria de madera, minera, celulosa, pinturas, entre otros).
Desde la llegada de este cordón industrial, los habitantes de estas comunas de Valparaíso habitantes comenzaron a observar cómo cambiaba lentamente el panorama y la economía. Lo que antes era conocido como el paraíso de los crustáceos, terminó siendo una zona devastada por la contaminación. Los pescadores de la zona aún recuerdan como llegaban hasta la bahía cientos de turistas adinerados a visitar los restaurantes de la zona, ahora estos turistas cada vez son menos y la pesca se ha vuelto cada vez más escasa y peligrosa debido a los metales pesados que se encuentran en algunos crustáceos como las ostras japonesas, cuya comercialización está prohibida desde el año 2000 por el mismo Servicio de Salud Nacional.
Las empresas se instalaron al borde de la bahía con la supuesta promesa de que lo allí se emitiera se lo llevaría el viento, sin embargo, los vientos jamás se llevaron la contaminación. Al contrario se mezcló con el aire, precipitando en forma de lluvia y contaminando no solo los suelos donde se cultivaba sino las aguas subterráneas que abastecían de agua potable a la población. En la prensa nacional se registraron varios episodios de derramamiento de petróleo en el mar, aparecieron animales cubiertos de crudo y una mortandad de peces a la orilla de la bahía, incluso la arena aparecía cubierta de carbón y en algunos sectores el agua del mar Pacífico se encontraba un grado más arriba de lo normal, así lo señala el colectivo ecofeminista Mujeres por el Buen Vivir.
Ante toda esta devastación y la nula respuesta estatal, organizaciones sociales y ecológicas de la zona comenzaron a denunciar lo que pasaba en la zona. En ese contexto aparece la líder social-ecológica Marta Aravena, quien con sus colegas de lucha y gracias a la ayuda de organizaciones internacionales enfocadas en la protección del medio ambiente lograrían dar voz a las víctimas de las zonas de sacrificio en Chile, primero haciendo parte del colectivo Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia y luego desde un escenario ecofeminista denominado Mujeres por el Buen Vivir.
“Nosotras logramos en primera instancia prepararnos con el Centro Nacional de Derechos Humanos para levantar un informe que diera cuenta de la situación que viven las comunidades que están en las llamadas zonas de sacrificio,” cuenta Marta. “En ese primer momento participamos en la evaluación periódica universal de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, y luego nos presentamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue un momento bastante complejo porque las denuncias se hicieron visibles en el mismo año cuando se presentaron, como lo digo yo, los envenenamientos masivos del 2018.”
Un año después de estas denuncias nacionales e internacionales la Corte Suprema de Apelaciones investigó lo sucedido y reveló un informe de la Autoridad Sanitaria el cual especifica que en el ambiente de la bahía se detectaron compuestos tales como dióxido de azufre, metilcloroformo, nitrobenceno y tolueno, los cuales califican como altamente dañinos para la salud. En ese mismo fallo la corte impuso 15 medidas de protección que según la misma Marta no fueron explícitas lo que permitió que el gobierno del expresidente Sebastián Piñera las interpretara a su parecer y por ende no las cumpliera a cabalidad.
“El problema real es que la legislación chilena es permisiva y es pobre, porque lo que se norma es mínimo y las leyes y normas que resguardan la salud son nulas,” explica Marta. “De hecho, no tenemos norma de suelo en arsénico, en las normas lo que se mide es dióxido de azufre. Y hoy día en nuestro plan de descontaminación de atmosférico de Quintero y Puchuncavi se supone que debe medir los compuestos orgánicos volátiles, pero no se puede medir ni fiscalizar porque todavía no hay norma. Es decir es un saludo a la bandera”
La Organización Mundial de la Salud publicó en 2021 su informe Directrices sobre calidad del aire que busca reducir la exposición de contaminantes del aire y sus efectos en la salud de las personas. Pero respecto a las recomendaciones de este informe, Chile solo cuenta con normativas para 10 de los 15 valores guía y a eso se le suma que, aunque la OMS incrementó las exigencias para los emisores de material particulado y dióxido de nitrógeno, la normativa del país triplica o cuadruplica lo recomendado por estos estándares internacionales, esto según información registrada por la misma fundación Terram.
Efectos silenciosos sobre salud humana
Andrei Tchernitchin es un médico especialista en biología de la reproducción humana de la Universidad de Chile y profesor titular de ciencias biomédicas de la misma universidad, él es uno de los pocos profesionales que se han atrevido a estudiar y denunciar lo que los agentes contaminantes hacen en la salud de las personas que habitan las comunas de Quintero y Puchuncaví. Mediante su informe del 2014 devela cuales son los contaminantes que produce cada una de las empresas que conforman este cordón industrial.
Tchernitchin encontró que las empresas de refinación de minerales producen agentes químicos como arsénico, plomo, dióxido de azufre y otros materiales particulados respirables. En el caso de las plantas termoeléctricas a carbón, el informe señala que existe plomo, niquel, vanadio, hidrocarburos policíclicos aromáticos, dioxinas, furanos y otros clorados o bromados (responsables de la lluvia ácida y neblina ácida). Y el estudio también habla sobre los agentes contaminantes que se encuentran en las aguas de la bahía de Quintero, donde se encontró mercurio tanto en el agua como en alimentos de origen marino.
Los efectos en la salud por la exposición crónica, por ejemplo, al dióxido de azufre en población adulta y población infantil incluyen enfermedades respiratorias como bronquitis, asma bronquial y un aumento en las hospitalizaciones por enfermedades reumáticas infantiles y relacionadas con el cáncer pulmonar. El informe afirma que lo más grave de esto es que los efectos por exposición crónica perinatal son mutaciones, cáncer, malformaciones fetales y problemas de aprendizaje. Con respecto al mercurio este informe afirma que ocasiona daño neurocognitivo, disminución en el coeficiente intelectual, parálisis y alteraciones conductuales.
¿El fin de las zonas de sacrificio?
Tras cumplir diez años de la crisis ambiental que se registró en 2011 en la escuela la Greda, la Contraloría General de la Republica emitió un informe final 2022 en donde señala que los organismos del Estado aún no han consolidado un análisis claro respecto a los contaminantes presentes en el agua, aire y suelos de la zona. Tampoco han determinado cómo la exposición a estos elementos podría haber afectado la salud de las personas que habitan en Quintero y Puchuncaví. Así mismo recalca que el Estado ha mantenido una acción que no es preventiva e identificó varias omisiones en la falta de normativas.
Un mes después de que la Controlaría emitiera este informe las intoxicaciones masivas en la zona de Quintero-Puchuncaví volvieron a estar en las portadas y canales de la prensa nacional. Decenas de niños nuevamente se vieron afectados por la emisión de los contaminantes de las empresas y como se esperaba las acciones fueron las mismas que sean tomado durante los últimos diez años, suspender las clases.
Y aunque la historia pareciera repetirse una y otra vez, el pasado 17 de junio del 2022 el presidente Gabriel Boric junto con el directorio de la empresa de fundición estatal Codelco anunció el cierre de dicha empresa en un plazo de cinco años. Una decisión que ha generado un fuerte debate entre el sector económico-empresarial del país, pues Chile es el mayor productor de cobre del mundo y Codelco tiene la mayor cartera de inversiones en la industria minera a nivel mundial.
Si bien las organizaciones ecológicas y ambientales de la zona ven con buenos ojos esta medida, que fue una promesa de campaña del hoy presidente Gabriel Boric, esperan que las medidas que hace un tiempo atrás fueron enviadas al Estado chileno también sean tenidas en cuenta. Quienes han resistido el devastamiento señalan que si se quiere recuperar el territorio es necesario cerrar las empresas que no cuentan con la calificación ambiental, estándares internacionales y aquellas que ya cumplieron su vida útil y las demás deben estar obligadas a invertir en la modernización de sus plantas y tecnologías. Solo así se podrá descontaminar la zona y tal vez recuperar lo que un día perdieron bajo el lema de un desarrollo sostenible que terminó siendo insostenible para los habitantes de las zonas de sacrificio.
