Emiro Nel Sánchez Medrano había instaurado diez denuncias ante la Fiscalía desde 2010. A pesar de las graves amenazas y de los intentos del Clan del Golfo para asesinarlo en Córdoba, la entidad nunca investigó quiénes estaban detrás de impedir que el líder recuperara las tierras de miles de campesinos, despojadas por los paramilitares de Carlos Castaño. Las fincas por las que lo amenazaban quedaron registradas en documentos que revela la Revista RAYA.
Por: Edinson Arley Bolaños
El pasado 9 de junio, mientras se movilizaba por zona rural del municipio de Arboletes (Antioquia), en un vehículo que le asignó el Estado junto con un escolta permanente, el líder de restitución de tierras Emiro Nel Sánchez Medrano fue interceptado por hombres fuertemente armados quienes lo secuestraron tras quitarle la pistola a su escolta. Tres días después, el pasado 12 de junio, su cuerpo fue encontrado frente al cementerio del corregimiento de Bongamella, municipio de San Pelayo (Córdoba), donde apareció desangrado y ultimado a tiros.
Desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) denunciaron el hecho, igual que la plataforma de derechos humanos Cordoberxia, que expidió un comunicado describiendo la labor que desempeñaba Emiro como presidente de la fundación de restitución de tierras Fuvirtcan y solicitando una investigación rigurosa y pronta para poner tras las rejas a los sicarios y determinadores del crimen. La Revista RAYA tuvo acceso a las diez denuncias que instauró el líder durante más de una década en Montería (Córdoba), tiempo en el cual siempre fue señalado por los que lo amenazaban de entregar información que los relacionaba a ellos, los despojadores, a la Fiscalía.
Esa misma entidad, en un informe de análisis sobre el despojo de tierras elaborado en junio de 2018, advirtió que Sánchez era uno de los 27 líderes nacionales de restitución de tierras que más denuncias había instaurado por amenazas en contra de su labor desarrollada en Córdoba y Urabá. En dicho documento aparecen las denuncias que no fueron investigadas por la Fiscalía sobre las amenazas por reclamar las tierras despojadas a su madre en el norte de Urabá y por haber recibido en restitución, junto a cientos de campesinos, las fincas Las Tangas, Las Catas, Jaraguay, Los Campanos, La 35 Norte de Urabá, entre otros predios que el gobierno le quitó a los despojadores: los fundadores del paramilitarismo como Carlos Castaño y narcotraficantes, testaferros de Pablo Escobar, como los hermanos Moncada. Esa fue la forma de repararlos, pero los testaferros y terratenientes nunca lo aceptaron.
Una de esas denuncias la instauró el 14 de noviembre de 2013. Según le relató a la Fiscalía, en calidad de reclamante de tierras en el norte de Urabá; el 17 de octubre de ese año a las 6 de la tarde, cuando regresó a su casa en Montería, fue alertado por un vecino para que se cuidara porque hombres en motos lo estaban buscando. “Me dijo que me cuidara porque personas desconocidas habían estacionado frente a mi casa en una moto de color rojo, mirando para dentro de la casa y en el movimiento él vio un arma de fuego. Mi vecino me pidió que no dijera su nombre porque en el sector vive otra señora que es protegida y vio cuando estaban haciendo la ronda las personas desconocidas”, relató Emiro Sánchez. A renglón seguido agregó que: “el día 7 de noviembre a las 6 de la mañana mi compañera abrió la ventana de la casa y antes de abrir la puerta había dos hombres desconocidos en una moto blanca, encendida, y que al darse cuenta que ella los vio dichos hombres desaparecieron del barrio. Lucían cascos cerrados, jeans color azul y camisetas blancas. Uno era bajito y otro de estatura alta”, agregó.
El 19 de enero de 2015 volvió a instaurar otra denuncia ante la Fiscalía en calidad de presidente de la Fundación Fuvirtcan. Relató que a las 6 de la mañana de ese día encontró un panfleto amenazante al llegar a su casa, que decía lo siguiente: “Señor Fubasdecor y Fuvirtcan y otros compañeros les llegó la hora para que mueran, los vamos a desaparecer a todos, ya sabemos que ustedes son los que están metidos en los predios como Las Catas y Jaraguay; Los Campanos; Las Tangas; La 35 Norte de Urabá y otros predios en Córdoba, que hacen parte de nosotros y están entregando informaciones de nosotros a la Fiscalía y por eso nos han matado a muchos compañeros y otros están presos. Se va a declarar la guerra contra ustedes y sus hijos de puta, malparidos, perdimos el predio de Las Catas y también tienen procesos de varios predios que ya tenemos conocimiento. No vamos a permitir que salgan predios para restitución, tenemos que darles candela porque nos están haciendo estorbo, perros malparidos, lambones del Estado, prepárense que este año vamos por ustedes, los vamos a quemar vivos para que nos paguen todo lo que nos han hecho”, dice el documento.
En la misma, el líder Emiro Sánchez reiteró que realizaba esa denuncia con la intención de que las autoridades competentes tuvieran conocimiento y actuaran, pues “seguimos sufriendo de las amenazas por parte de estos grupos al margen de la ley y, además, estamos cansados de pedirle al Gobierno por toda esta situación por la que estamos pasando, por eso les pido mucha ayuda”, concluyó.
El 25 de mayo de 2015, a las 9 de la noche, el líder volvió a denunciar la llegada de tres hombres armados en motocicletas, al barrio Villa Melisa de Montería donde vivía. “Allí se estacionaron como buscando o esperando una persona. Vecinos que se encontraban a esas horas en la terraza presenciaron el hecho y de inmediato se encerraron en sus casas incluyendo a mi compañera. Lo hicieron porque vieron el movimiento de armas y eran personas con buzos y cascos cerrados. Días antes, hombres desconocidos llegaron al sector preguntando por dónde era que vivía un líder de restitución de tierras. Como yo estoy trasladado recientemente a ese barrio, las personas no me conocían y no dieron información”, manifestó Emiro Sánchez ese día y agregó que dichos hombres dejaron ver sus armas mientras merodeaban por la zona.
Sánchez también comentó que la única protección que le prestaba el Estado en ese momento era un chaleco antibalas, un subsidio de transporte y un teléfono celular.
En ese mismo relato, el líder contó cómo era su labor en la búsqueda por recuperar las tierras que le habían despojado a su madre en el norte de Urabá. “Yo había salido a las 4 de la mañana a la verificación de tierras en el norte de Urabá, a predios de una finca que reclamo a nombre de mi mamá y a la hora de los hechos yo debía estar de regreso a mi casa. Salvo por inconvenientes en Urabá me tocó quedarme y por eso no me encontraba en Montería”, dijo. Ese día también se salvó de la muerte.
El 11 de diciembre de 2015, el líder de restitución volvió a las oficinas de la Fiscalía en Montería e instauró otra denuncia. Según relató, a las 10:42 de la mañana recibió una llamada de un hombre que dijo llamarse Carlos Gómez, quien supuestamente trabajaba en la morgue de Sincelejo y quien le dijo que se acercara al anfiteatro para reclamar el cadáver de Emiro Nel Sánchez Avilez, su hijo. “Me dijo que estaba en la morgue con dos impactos de bala en el pecho. Que lo había encontrado cerca del Distrito de Riego de Sincelejo y que cuando fuera a reclamarlo me comunicara con él”. Al continuar con su relato, el líder reveló que, luego de finalizar la llamada con Gómez, su hijo lo llamó y le comentó que él se dirigía hacia allá, que lo esperara, que era muy grave lo que le contaba porque era evidente que pretendían tenderle una trampa para asesinarlo.
El 24 de noviembre de 2016 Emiro Sánchez radicó otra denuncia porque seguía recibiendo amenazas. Entonces entregó dos folios para describir lo que estaba soportando. El 25 de enero de 2017 volvió a la Fiscalía de Montería y denunció que un día antes lo llamó una líder de víctimas, a quien le reservamos su identidad, quien le mostró un panfleto que le había llegado en un sobre con un documento que contenía varios nombres, entre ellos, el de Emiro Sánchez en primer renglón. Según el panfleto, el grupo responsable de la tarea sicarial se autodenominaba Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), bautizadas por las fuerzas estatales como “Clan del Golfo”.
El mismo grupo neoparamilitar que surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de Carlos, Fidel y Vicente Castaño, quienes heredaron miles de hectáreas de tierras despojadas a los campesinos y entregadas a los terratenientes de Córdoba y Urabá que hoy se aferran a ellas, a sangre y fuego, por medio de estos hombres armados que actúan como sicarios a sueldo, pero que se camuflan en el simple nombre de un grupo armado ilegal. El mismo que pretende entrar a los diálogos de “Paz Total” con el presidente Gustavo Petro y al que el comisionado de Paz, Danilo Rueda, le había solicitado que le respetara la vida a Emiro Sánchez.
Tras el asesinato del líder, la gobernación de Córdoba ofreció una recompensa de 40 millones de pesos para dar con el paradero de los asesinos. En igual sentido se pronunció la alcaldía de Montería luego de lamentar el suceso. Paradójicamente, un cuerpo élite de investigación junto a la Unidad Fiscal de Investigaciones iniciaron las averiguaciones para hallar la verdad de lo sucedido. La información no está lejos de su alcance, está en las denuncias que el líder instauró en la Fiscalía de Montería, pero que no fueron oídas ni investigadas y que relacionan, sin duda, a los herederos de Carlos, Fidel y Vicente Castaño; y a los ex jefes paramilitares Carlos Mauricio García, alias ‘Doble Cero’, y Efraín Pérez, alias ‘Eduardo 400’, estos últimos, los encargados de construir una escuela de entrenamiento de los hermanos Castaño en la finca La 35 en San Pedro de Urabá.
Las diez denuncias quedaron archivadas en la Fiscalía, algunas con el rótulo de inactivas y otras se fusionaron, pero nunca se investigaron en profundidad. Solo se constituyen en la constancia histórica que Emiro Sánchez dejó por si algún día lo mataban.
