El traslado de la embajada colombiana a Jerusalén favorece a los sectores conservadores y evangélicos que respaldaron a De la Espriella, pero provoca el rechazo de países importantes para el comercio nacional, como Turquía, Indonesia y Malasia. La decisión coincide con la salida de Colombia del Grupo de La Haya y marca un giro frente a la posición que el país había asumido en defensa de los derechos del pueblo palestino.
Por: David González M.
El pasado 14 de octubre, Colombia inauguró su embajada en Jerusalén, en una ceremonia a la que asistieron el canciller colombiano, Omar Bula, y su homólogo israelí, Gideon Sa’ar. Con ese acto, el gobierno de Abelardo de la Espriella cumplió una promesa de campaña y deshizo una decisión tomada hace 46 años: en 1980, Colombia sacó su sede de esa ciudad y la trasladó a Tel Aviv en acatamiento de la Resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Hoy es el décimo país con una embajada en Jerusalén, una ciudad cuyo estatus sigue en disputa entre israelíes y palestinos y que la gran mayoría de los Estados considera un asunto por definir en una eventual negociación. La reacción internacional fue inmediata, con condenas de la Liga Árabe, de la Organización para la Cooperación Islámica y de veinte cancillerías, incluida la de Sudáfrica. Aunque también hubo quienes salieron a defender la medida en Colombia.
El reconocido defensor del gobierno de Netanyahu en medios locales, Marcos Peckel, columnista del diario El Espectador y director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, salió en redes a defender la decisión de Abelardo de la Espriella de mover la embajada colombiana en ese país a la disputada ciudad de Jerusalén.
Y lo hizo con una afirmación que la resolución citada no respalda. Dice en el tuit: “La resolución 2334 de 2016 del Consejo de Seguridad, a pesar de su sesgo anti-Israel, deja claro que Jerusalem Occidental, donde queda la embajada de Colombia, es territorio indisputable de Israel.”
Sin embargo, la Resolución 2334 no reconoce la soberanía israelí sobre ninguna parte de Jerusalén; solo declara que no reconocerá cambios a las líneas de 1967 que no surjan de una negociación, y reafirma la Resolución 478, que pidió a los países que retiraran sus embajadas de la ciudad. También reitera la visión “de una región en que dos Estados democráticos, Israel y Palestina, vivan uno al lado del otro en paz y dentro de fronteras seguras.” Asimismo, señala que los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tienen validez jurídica.
Sobre las posibles consecuencias, Peckel aseguró en el mismo hilo: “No habrá ninguna consecuencia negativa para Colombia por su embajada en Jerusalem.” Hasta ahora, las condenas de países de la Liga Árabe y de importantes socios comerciales de Colombia se han expresado en comunicados. Eso no significa que las consecuencias se limiten a declaraciones si el Gobierno de Abelardo sigue avanzando en la misma línea de política exterior.
Turquía, uno de los compradores del carbón colombiano, y Arabia Saudita, dos países con los que Colombia ha buscado ampliar el comercio y la inversión, rechazaron la decisión del Gobierno de De la Espriella. También la rechazaron otras economías emergentes como Indonesia, Pakistán y Malasia.
Para dimensionar lo que está en juego: en 2025 las exportaciones colombianas a Turquía rondaron los 384 millones de dólares, frente a unos 141 millones a Israel. Con Arabia Saudita, las ventas fueron de 125 millones. Emiratos Árabes Unidos, también miembro de la Liga Árabe pero que hasta ahora no figura entre los firmantes de la condena, concentra casi todo el comercio del Golfo con Colombia: 864 millones, en su mayoría oro y otros productos minero-energéticos.
También podrían verse afectadas las relaciones con dos potencias emergentes musulmanas de Asia que cada vez tienen un peso más relevante en el comercio global. Indonesia, con unos 287 millones de habitantes, es la 17.ª economía del mundo por PIB nominal y la séptima por paridad de poder adquisitivo según las proyecciones del FMI para 2026. Malasia tiene un peso que va más allá de su tamaño: es un nodo de la cadena de semiconductores y de la infraestructura de inteligencia artificial. Su economía creció 6,0 % interanual en el segundo trimestre de 2026, apoyada en inversión tecnológica.
La Liga Árabe acusó a Colombia de violar la legalidad internacional y advirtió de “graves repercusiones” a pesar de las “reiteradas advertencias”, señalando que “contraviene el consenso internacional” y “vulnera los derechos nacionales legítimos del pueblo palestino”. Irán también se sumó a la condena y fue más allá en su advertencia: sostuvo que el traslado de la sede diplomática “constituye un respaldo a la ocupación y una violación del derecho del pueblo palestino a la libre determinación”. Y agregó que Colombia debe “asumir la responsabilidad por las consecuencias de su decisión, que es contraria a la ética y al derecho internacional”
Arlene Tickner, internacionalista y académica, escribió: “Una cosa es reanudar relaciones diplomáticas con Israel, otra muy distinta abrir embajada en Jerusalén. Con esto, Colombia se distancia de las mayorías globales, de la normatividad internacional y de las posturas históricas de nuestro Estado ante el conflicto israelí-palestino”
Lo que el Gobierno de Abelardo de la Espriella obtiene a cambio es, sobre todo, un beneficio político para sectores conservadores y evangélicos que respaldaron su elección. Israel celebró a Colombia como la décima embajada en Jerusalén y como el segundo país en reconocer su soberanía sobre el Golán, un gesto que sigue el precedente que fijó Washington cuando trasladó su embajada en 2018. Queda por ver si atarse a esa línea favorece o no los intereses nacionales de Colombia, cuando el Partido Demócrata aparece como favorito para recuperar la Cámara de Representantes en las elecciones del 3 de noviembre y el Senado sigue en disputa.
Y más allá de las sumas y restas económicas, está el hecho político de que Colombia se alinea con un gobierno al que una comisión independiente de la ONU acusa de cometer genocidio en Gaza, y al que Human Rights Watch y la organización israelí B’Tselem señalan de imponer un sistema de apartheid sobre los palestinos de Cisjordania.
Aunque las cifras de muertos en Gaza han salido de los reflectores de la prensa internacional desde la tregua de octubre de 2025, organizaciones de derechos humanos denuncian la consolidación del apartheid sobre los palestinos y sus territorios. Amnistía Internacional lo describió en su informe de junio, “Borrado de todo lo palestino”, y lo reiteró esta semana, en plena cosecha de aceitunas, al advertir que la violencia de los colonos en Cisjordania es una política alentada por el propio Estado israelí. Según la organización, el Gobierno de Israel impulsa una campaña de limpieza étnica contra las comunidades beduinas y de pastores del Área C, la parte de Cisjordania bajo pleno control israelí, para acelerar su anexión.
Esa violencia también alcanza a quienes intentan documentarla. El pasado 16 de octubre quedó registrado en video lo ocurrido en Abu Falah, cerca de Ramala: la fotoperiodista estadounidense Heidi Levine, de 64 años y colaboradora de The Washington Post, fue derribada, pateada y despojada de su teléfono y sus cámaras por decenas de colonos encapuchados, pese a que llevaba chaleco y casco con la identificación de prensa. Levine, que fue hospitalizada en Ramala, dijo haber recibido “unas 50 patadas”. La oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, respondió inicialmente que los hechos no estaban claros. El 19 de octubre, la policía israelí informó de la detención de diez sospechosos; el 22 de octubre, nueve habían quedado en arresto domiciliario.
Para el pueblo palestino, los cultivos de aceitunas y el aceite que producen son, además de una actividad comercial, un símbolo de su ancestralidad y vínculo con esa tierra. Justo por eso, el informe de Amnistía documenta cómo durante la temporada de cosecha, colonos enmascarados realizan incursiones armadas donde incendian olivares, roban las cosechas, cortan el acceso a las fincas y agreden físicamente a los agricultores.
Dice el informe: “Una vez más, el sistema de apartheid de Israel está convirtiendo la cosecha de aceitunas en una temporada de horror para las familias palestinas de toda la Cisjordania ocupada. Los ataques de los colonos contra los agricultores, impulsados por el Estado, que dañan, destruyen y roban las cosechas, junto con las restricciones del ejército israelí al acceso a los olivares, están causando un inmenso sufrimiento y pérdidas económicas a la población palestina.”
Según Amnistía, después del 7 de octubre de 2023 las autoridades israelíes flexibilizaron los criterios para conceder licencias de armas, que en enero de 2026 superaban las 240.000 entre ciudadanos israelíes, colonos incluidos, frente a una media anual de 8.000 antes del cambio de política, y entregaron armas de fuego y uniformes a miles de colonos, lo que dificulta a las comunidades palestinas distinguirlos de los soldados. A eso se suma, según la organización, una impunidad generalizada: quienes atacan casi nunca rinden cuentas. Ese marco político se refleja en el gobierno saliente de Benjamin Netanyahu, cuya coalición incluye a los partidos de ultraderecha de Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, vinculados al movimiento de colonos.
La continuidad de Netanyahu está en juego y el Gobierno de Abelardo de la Espriella parece haber apostado todo a ella. Los pronósticos, por ahora, no lo favorecen: según cifras del 19 de octubre, antes de las elecciones del 27 de octubre, los mercados de predicción le dan al exjefe del Ejército Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, entre 47 % y 50 % de probabilidades de ser el próximo primer ministro, frente a cerca de 30 % para Netanyahu, aunque las encuestas muestran una carrera más ajustada. Ni Eisenkot ni Naftali Bennett, sus principales rivales, se oponen a los asentamientos en Cisjordania, lo que sugiere que la política israelí hacia los palestinos no cambiaría mucho. Pero Colombia sí perdería a su principal interlocutor político: Netanyahu, que celebró la apertura de la embajada, y el canciller Gideon Sa’ar, con quien el Gobierno de De la Espriella acordó el restablecimiento de relaciones, el reconocimiento del Golán y el traslado de la sede.
Y las condenas de la Liga Árabe, la OCI y las veinte cancillerías no desaparecerían. Tampoco la solidaridad con Palestina que se expresó en Colombia durante los últimos años. Colombia fue cofundadora y copresidenta del Grupo de La Haya, la coalición que buscaba coordinar medidas jurídicas y diplomáticas, entre ellas el embargo de armas y el cumplimiento de las órdenes de la Corte Penal Internacional, ante lo que sus miembros califican de genocidio. Fue anfitriona de su cumbre de emergencia en Bogotá en julio de 2025, y esta semana la nueva Cancillería anunció su salida, junto a Bolivia y Honduras, en un grupo que cofundó Malasia, una de las economías que hoy condena a Colombia.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina recordó al gobierno colombiano que el hecho era una afrenta a su pueblo y concluyó: “la decisión alienta a la potencia ocupante a perpetuar sus políticas coloniales e imponer hechos consumados ilegales sobre el terreno.”
