El pasado 22 de agosto, la Presidencia presentó la reactivación de las exportaciones de carbón a Israel como una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno. Sin embargo, carboneras como Drummond y Prodeco aún están envueltas en controversias jurídicas al no reparar los daños que las comunidades aledañas alegan desde 2010. Este año, habitantes de El Hatillo, Cesar, volvieron a los tribunales para exigir tierras, primas de movilidad y daños que atribuyen a años de contaminación.
Por: Redacción Revista RAYA
El pasado 22 de agosto, la Presidencia presentó como una de las decisiones de los primeros 15 días del gobierno de Abelardo De La Espriella la reactivación de las exportaciones de carbón colombiano a Israel. El decreto había sido anunciado la noche anterior, el 21 de agosto. La medida revierte la restricción impuesta en 2024 por el gobierno de Gustavo Petro, endurecida en agosto de 2025 hasta prohibir, sin excepciones, la totalidad de esas exportaciones. El nuevo Gobierno justificó el giro como parte de una política para recuperar la economía, la seguridad jurídica y la confianza internacional.
La decisión también contrasta con la trayectoria climática que Colombia venía defendiendo internacionalmente. En la COP28 de 2023, el país impulsó que el acuerdo final incluyera la transición desde los combustibles fósiles y, a finales de 2025, aprobó su NDC 3.0, que mantiene una trayectoria hacia la carbono neutralidad en 2050 y consolida una hoja de ruta para una transición energética justa. Ninguno de esos compromisos prohíbe exportar carbón, pero el giro del nuevo Gobierno vuelve a poner sobre la mesa una tensión de fondo: cómo sostener una política de descarbonización mientras el carbón recupera protagonismo como producto de exportación.
Esa tensión no es abstracta en las regiones productoras. En el corredor minero del Cesar siguen abiertas las consecuencias de décadas de extracción. El Hatillo es uno de esos casos: el Estado ordenó reasentar esta comunidad campesina en 2010 por afectaciones a la salud y la calidad de vida, fijó septiembre de 2012 como fecha límite y, 14 años después, sus habitantes siguen reclamando ante la justicia por tierras, compensaciones y daños que atribuyen a años de contaminación. La reactivación permite nuevamente la exportación de carbón colombiano a Israel, pero no existe información que permita establecer que el mineral extraído en las minas que rodean El Hatillo tenga ese destino. La relación que plantea esta historia no es comercial sino territorial: mientras el nuevo Gobierno vuelve a impulsar el carbón como producto de exportación, en zonas productoras como el corredor minero del Cesar permanecen abiertas las consecuencias sociales y ambientales de décadas de extracción.
2009-2013: del río al reasentamiento incumplido
El Hatillo está en el corregimiento La Loma, municipio de El Paso, en el centro del Cesar. Antes de la expansión de la minería, parte de la vida económica de sus habitantes dependía de la pesca, la ganadería, los cultivos y los jornales agrícolas. Con el crecimiento de las minas, el caserío quedó rodeado por proyectos carboníferos operados por compañías como Drummond, Grupo Prodeco y Colombian Natural Resources (CNR).
En 2009, Prodeco desvió un tramo del río Calenturitas. Para la comunidad, que dependía del agua y de la pesca, la transformación del río se sumó al avance de las minas sobre su entorno y a la pérdida progresiva de actividades campesinas.
El Hatillo quedó rodeado por explotaciones de carbón a cielo abierto en el corredor minero de El Paso, Cesar. Crédito: conservar el crédito del archivo original.
En 2010, el Ministerio de Ambiente reconoció “graves afectaciones a la salud y a la calidad de vida” en comunidades de la zona minera y, mediante las resoluciones 970 y 1525, ordenó el reasentamiento de El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón. No era un programa voluntario de las empresas: era una obligación ambiental. Para El Hatillo fijó dos años de plazo. El traslado debía estar terminado el 15 de septiembre de 2012.
Antes de que venciera ese plazo ya había señales de atraso. En marzo de 2011, el Ministerio impuso una amonestación preventiva por problemas en el inicio del proceso. Ese mismo año, un estudio de la Secretaría de Salud del Cesar citado posteriormente por el Centro Nacional de Memoria Histórica reportó que el 51,48 % de la población de El Hatillo presentaba enfermedades relacionadas con contaminación ambiental, entre ellas afecciones respiratorias, cutáneas y oculares.
También en 2011, según la sistematización de Pensamiento y Acción Social (PAS), Drummond, Prodeco y otras compañías promovieron acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones que ordenaban los reasentamientos.
El 15 de septiembre de 2012 llegó y El Hatillo no había sido trasladado. Un año después, el Centro Nacional de Memoria Histórica registró que la pérdida del río y de las actividades agropecuarias había empujado a la comunidad a una emergencia alimentaria.
En 2013, otro conflicto del mismo corredor minero llegó a la Corte Constitucional. En la sentencia T-154, sobre una familia vecina a la mina Pribbenow de Drummond, la Corte encontró partículas de carbón alrededor de la explotación y ordenó medidas de mitigación. Era un caso distinto al de El Hatillo, pero mostraba que los efectos de la minería sobre las comunidades ya estaban bajo examen judicial.
2014-2019: seis años hasta un acuerdo
Como el reasentamiento no se cumplió en 2012, la comunidad pasó los años siguientes definiendo con las empresas cómo debía hacerse. PAS, que acompañó el proceso, reconstruyó después esa etapa a partir de un amplio archivo documental.
Después de más de 200 espacios de trabajo, en noviembre de 2018 la comunidad y las empresas firmaron el Plan de Acción de Reasentamiento (PAR), que reunió 151 acuerdos sobre cómo saldrían las familias y qué recibirían. La modalidad colectiva contemplaba 40 hectáreas para un nuevo asentamiento, 150 hectáreas de sabanas comunales, escuela, puesto de salud, iglesia y espacios culturales, además de una prima de movilización para cada adulto y subsidios de transición.
Para las familias que defendían esa opción, no se trataba solo de recibir una casa, sino de trasladarse juntas y reconstruir las relaciones económicas, familiares y comunitarias que habían sostenido al pueblo.
PAS concluyó que la negociación estuvo marcada por presión, saturación, dilación y omisión. Irma Perilla, directora y fundadora de la organización, dijo a RAYA que el Estado ordenó a las empresas reasentar a la comunidad pero no equilibró las capacidades de negociación: “El Estado le dice a las empresas: ‘reasiente a las comunidades’, pero se libera y se lava las manos y los deja a merced de las empresas”.
Una persona entrevistada por PAS explicó esa desigualdad desde la vida cotidiana: “si tus hijos están con hambre (...) si yo me voy en ayunas a pasar doce horas sentada con una merienda y un almuerzo, no estoy bien”. Orlando Miguel Agámez, representante de El Hatillo, la resumió como una pelea de “tigre contra burro amarrado”.
Las empresas rechazaron esa lectura. En comunicaciones recogidas por PAS sostuvieron que las mesas facilitaron la negociación, que hubo tiempos de deliberación sin presión y que el proceso ofreció garantías a la comunidad.
2020-2022: la opción colectiva se fue reduciendo
Después de la firma del PAR cambió además el escenario empresarial. CNR I y CNR III fueron admitidas en procesos de reorganización empresarial en noviembre de 2020. En febrero de 2021, Prodeco comunicó su decisión de renunciar a varios contratos mineros y, meses después, la Agencia Nacional de Minería declaró viable la renuncia del contrato de Calenturitas.
Esos cambios coincidieron con el debilitamiento de la modalidad colectiva. En septiembre de 2022, las empresas informaron a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entidad que hacía seguimiento a la obligación de reasentamiento, que 38 familias permanecían en esa modalidad y que el programa requería un tiempo mínimo de 11 años para reasentarlas.
La comparación resume el problema: el Estado había fijado 2012 como fecha límite y, diez años después, para quienes todavía querían trasladarse juntos se proyectaba al menos otra década.
Línea de tiempo del proceso de organización y reasentamiento de El Hatillo elaborada por Pensamiento y Acción Social. La pieza permite seguir la orden estatal, la negociación, las amenazas a líderes y los cambios entre las modalidades colectiva e individual.
Almey Mejía, líder histórico de la Junta de Acción Comunal, sostiene que muchas familias pasaron a la modalidad individual por agotamiento. “Lo que hicieron ellos fue disuadir, alargar y reventar el tejido social para que la gente (...) se fuera por el reasentamiento individual”, dijo a RAYA. Las empresas han defendido que esas decisiones se tomaron con participación de las familias.
2026: el pueblo se vació, la disputa siguió
En mayo de 2026, Drummond informó que 200 familias de El Hatillo habían sido “oficialmente reasentadas” y formalizó ante el municipio de El Paso la entrega de los predios liberados del antiguo centro poblado. Esa cifra no es comparable de manera directa con las 38 familias reportadas en 2022: aquellas 38 correspondían únicamente a quienes permanecían entonces en la modalidad colectiva.
Diego Luis Gutiérrez, abogado que asesora actualmente a familias de El Hatillo, dijo a RAYA que la salida física del antiguo caserío terminó en 2026, cuando se fue la última persona que aún vivía allí.
Al 24 de agosto, según Gutiérrez, habían sido presentadas dos demandas. Una reclama primas de movilidad que algunos habitantes aseguran no haber recibido; la otra discute la compensación reconocida por las tierras contempladas en el PAR. Una tercera acción, de grupo, estaba prácticamente lista para ser radicada y busca indemnizaciones por daños a la salud y daño moral que los demandantes atribuyen a años de exposición a la contaminación y a la ruptura de sus proyectos de vida.
Mejía asegura que el balance de muchas familias después del traslado es negativo. “Las familias Hatillanas en lugar de estar en una mejor situación, están en peores situaciones que cuando vivíamos en el propio caserío”, dijo. Algunas, según su versión, han dejado las viviendas recibidas o consideran venderlas para conseguir recursos.
La memoria de un pueblo que ya no está
El 25 de agosto, un día después de la entrevista con Gutiérrez, PAS y la Fundación Chasquis presentaron “Memorias de Tierra: El último retrato de El Hatillo”, un documental construido con doce años de registro audiovisual. La película permite ver de manera continua lo que los documentos describen por etapas: un pueblo campesino rodeado por minas, la negociación de su salida y, finalmente, el vaciamiento del caserío.
Tráiler de “Memorias de Tierra: El último retrato de El Hatillo”, documental construido con doce años de registro audiovisual de la comunidad. Archivo: Fundación Chasquis / PAS.
En una escena, un habitante recuerda la vida campesina anterior: “Nosotros éramos exactamente campesinos (...) aquí cultivábamos y se hacían todos los cultivos y se sembraba, y uno compartía”. Más adelante, una mujer resume el costo de la salida: “Es un proceso muy duro (...) dejar uno donde estuvo tanto tiempo atrás. Es difícil, es duro”.
El antiguo caserío quedó vacío, pero las reclamaciones continúan. El Hatillo muestra que una orden de reasentamiento puede terminar en dispersión, nuevas disputas judiciales y costos sociales y ambientales que sobreviven a la explotación del carbón.
