El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, propuso a los banqueros abrir el debate sobre los derechos constitucionales y el gasto público, en medio de un ajuste fiscal que contempla recortes por $21 billones. Su abuelo, Laureano Gómez, combatió los derechos liberales en nombre de Dios y la jerarquía; casi un siglo después, el nieto plantea limitar su alcance en nombre de la disciplina fiscal. Entre ambos discursos aparece un nuevo referente: Javier Milei.
Por: Juan Sebastián Lozano
El 28 de agosto, en el cierre de la 60.ª Convención Bancaria en Cartagena, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que le propondría al gabinete un recorte de 21,9 billones de pesos en el gasto de 2026 y una ley fiscal centrada en reducir el gasto. "Todavía podemos adelgazar el Estado", dijo. Después, con tono pausado y aire tecnócrata, enfatizó: "Queremos hacer reformas en el gasto, y aquí hay que empezar a tocar temas que son de consenso nacional. ¿Vamos a seguir poniendo todos los gastos en la Constitución para que nunca se puedan tocar porque son sacrosantos, porque son derechos? No, hay que abrir ese debate, y es ahora que hay que abrirlo". Enseguida, los banqueros presentes aplaudieron.
Pero, ¿de qué derechos estamos hablando? De los que la Constitución de 1991 convirtió en gasto obligatorio: salud, educación, pensiones, agua potable, entre otros. Buena parte de ese dinero llega a municipios y departamentos a través del Sistema General de Participaciones, el giro que la Carta ordena para pagar maestros, hospitales y acueductos.
La propuesta, dicha con rostro cándido, no parece inocente, sobre todo por quién la hizo. Miguel Gómez ha sido un dirigente de tradición conservadora. Llama la atención que usara una palabra del vocabulario religioso "sacrosantos", para referirse a los derechos, como si fueran una superstición que se puede reevaluar. Y lo que pretende revisar, bajo el argumento de la sostenibilidad fiscal, son precisamente esas garantías.
El artículo 334 de la Constitución, reformado en 2011, dice en su parágrafo que "bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva". Quizá por eso el ministro no propone recortar derechos, sino "abrir el debate". El primer paso para tocar lo intocable es convencer de que no es intocable.
"Constitucionalmente ellos no pueden evitar el cumplimiento de derechos, y precisamente por eso Miguel Gómez plantea repensar los derechos que garantiza la Constitución", explica el filósofo Tomás Molina, consultado por RAYA. "Creo que están intentando mover la aguja a favor de una posición más libertaria del Estado, y eso toma tiempo. No es imposible, pero sí difícil. Eso no quiere decir que no puedan hacer mucho daño". Y ese daño puede llegar "vía presupuestal, administrativa".
Un conservador de siempre
Miguel Gómez es nieto de Laureano Gómez, líder histórico del Partido Conservador, hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado y sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, que también hizo historia en la política colombiana. El actual ministro de Hacienda presidió Asocolflores, Bancóldex y Fasecolda, fue embajador en Francia durante el gobierno de Álvaro Uribe y decano de Economía del Rosario.
Sus posiciones frente a los derechos sexuales y reproductivos tampoco son nuevas. En su campaña a la Cámara, en 2010, dijo que no acompañaría propuestas a favor de la adopción y el matrimonio de parejas del mismo sexo, la legalización del aborto o el reparto gratuito de la píldora del día después, según recuerda La Silla Vacía. Apoyó además la propuesta del entonces director conservador José Darío Salazar para acabar con las tres causales de aborto reconocidas por la Corte Constitucional.
En 2012 radicó un proyecto para convocar una asamblea constituyente, que se archivó un año después. Ese año escribió en una columna de Portafolio, citada por Infobae: "No se pueden hacer las reformas que el país necesita con el actual sistema político. Hay que enfrentar el bloqueo institucional con una nueva Asamblea Constituyente". Abelardo de la Espriella hizo campaña prometiendo "defender la Constitución del 91" contra la constituyente de Petro, y hoy su ministro de Hacienda propone revisar pilares de esa misma Carta.
No está solo en su empeño. Su vocal hermano Enrique —que recuerda a Godofredo Cínico Caspa, el personaje de Jaime Garzón—, director de Salvación Nacional y presidente de la Comisión Primera del Senado, anunció a comienzos de septiembre que buscará cambiar la regulación del aborto. "Vamos a cambiarlo", dijo, y agregó que "necesitamos una agenda de protección de la vida". Su hijo, Nicolás Gómez Arenas, sobrino del ministro, es el jefe de gabinete del presidente. Tres generaciones después, la familia vuelve a estar en el centro del poder gracias al show del "Tigre", y reabre el debate sobre unos derechos que parecían fuera de discusión.
El hombre tempestad
Hablemos del abuelo y patriarca. Laureano Gómez (1889-1965) se educó con los jesuitas del San Bartolomé, se graduó de ingeniero y a los veinte años fundó La Unidad, el periódico desde donde empezó a demoler reputaciones. En 1936 fundó El Siglo, que celebró las victorias de Franco en la Guerra Civil española. Fue presidente desde 1950, aunque en 1951, tras un infarto, cedió el ejercicio del poder a Roberto Urdaneta, sin dejar de mover los hilos hasta el golpe de 1953. Llegó a la presidencia como candidato único, tras la abstención liberal, y gobernó bajo estado de sitio, con censura de prensa, persecución de opositores y la violencia de chulavitas y pájaros en los campos.
Uno de sus principales adversarios era la concepción liberal de los derechos. En 1936 se opuso a la reforma constitucional de Alfonso López Pumarejo, la que trajo a Colombia los primeros derechos sociales: la propiedad como "función social que implica obligaciones", la asistencia pública como deber del Estado, el derecho de huelga y la libertad de conciencia y de cultos. Laureano calificó esa reforma de "innecesaria e inaceptable". El mismo día en que López sancionó la reforma, el 5 de agosto de 1936, Laureano advirtió, como documentó el historiador Ricardo Arias, que "si el legislador decreta cosas en contradicción con las leyes naturales o divinas, no puede exigir obediencia".
Cuatro años después, el 15 de septiembre de 1940, amenazó a los liberales en un discurso: "Llegaremos hasta la acción intrépida y el atentado personal… y haremos invivible la República". El 24 de junio de 1949, de regreso de España, describió en Medellín al liberalismo como un basilisco "con brazos masónicos y con una pequeña, diminuta cabeza comunista, pero que es la cabeza". El adversario ya no era un rival político sino un monstruo. Paradójicamente, a Gómez sus adversarios lo apodaban "el Monstruo", por su retórica violenta y por las consecuencias que esta tuvo en el país.
"Laureano radicalizó un modo de hacer política en Colombia que implicaba la eliminación total del otro", dice Tomás Molina. "No estaba muy lejos del franquismo ni de Salazar, de unas posturas que tal vez no se puedan llamar fascistas, pero sí filofascistas. Creía en conspiraciones masónico-comunistas que iban a destruir a Colombia. ¿Qué haces tú frente a un enemigo que te quiere destruir? Pues destruirlo primero".
La constitución que no fue
Entre 1951 y 1953, Laureano Gómez impulsó una reforma constitucional que el historiador James Henderson describe como la síntesis del pensamiento conservador de mediados de siglo. La separación de poderes cedía ante un "Poder Público" dominado por un presidente fortalecido. La mitad del Senado representaría a grupos corporativos y la otra mitad se elegiría de forma indirecta. Los casados tenían doble voto en las elecciones municipales, porque la unidad política era la familia y no el individuo. La prensa quedaba sujeta a censura previa, la huelga solo era posible tras agotar todas las vías legales y se proscribía la lucha de clases. La educación seguiría la doctrina católica y se reforzaba la protección de la propiedad privada, eliminando la expropiación sin indemnización.
El golpe de Gustavo Rojas Pinilla, en junio de 1953, dejó el proyecto en el papel.
Detrás de esa reforma había una idea de sociedad. Para Laureano, la desgracia de Colombia había comenzado con la Constitución de Cúcuta de 1821, que importó el principio de la mayoría. En sus conferencias Interrogantes sobre el progreso de Colombia (1928) dijo que los aportes indígena y africano a la mezcla racial colombiana eran "estigmas de completa inferioridad". Si los hombres no son iguales, los derechos universales son una ficción peligrosa.
Esa misma lógica marcaba el lugar de las mujeres. El proyecto fue el primero en Colombia que les otorgaba el voto, según Henderson, pero lo hacía desde la familia: la historiadora Lola G. Luna explica que aquel "discurso ultra católico y reaccionario" reconocía a las mujeres casadas para que pudieran "elegir y ser elegidas" en los cabildos "en representación de la familia". La reforma nunca entró en vigor, y el voto femenino llegó con el Acto Legislativo 3 de 1954, bajo Rojas Pinilla.
Lo inquietante es que esa idea ha vuelto a circular en sectores de la extrema derecha estadounidense. En agosto de 2025, Pete Hegseth, jefe del Pentágono de Trump, compartió un video sobre la iglesia del pastor Doug Wilson, en el que aparecía uno de sus pastores proponiendo que las familias votaran "como hogar", con el esposo y padre emitiendo el voto. Wilson lo resume con una frase que guarda similitud con la concepción de Laureano: "la unidad básica de la sociedad es el hogar, no el individuo". Y el influenciador ultraderechista Nick Fuentes ha dicho sin rodeos que les quitaría el derecho al voto a las mujeres, según recoge Telemundo.
"Ellos [el trío Gómez hoy en el poder] son los herederos de un señor feudal", dice la abogada María Consuelo del Río Mantilla, excandidata vicepresidencial y columnista de RAYA. "Miguel y Enrique están perfectamente convencidos de que tienen el derecho de recuperar este país como su propiedad, como su latifundio, y los derechos de los demás no existen porque para ellos no somos iguales. Por eso les molesta la Constitución, por eso les molestan los derechos, porque los derechos humanos parten de dos principios esenciales, la igualdad y la dignidad".
De dónde viene el basilisco
Para entender de dónde venía esa idea de sociedad, hay que retroceder: el pensamiento de Laureano tenía una genealogía reconocible. La primera raíz es la contrarrevolución católica del siglo XIX. En 1864, el Syllabus de Pío IX condenó como error la idea de que el Papa debía reconciliarse "con el progreso, con el liberalismo y con la civilización moderna". Laureano se inscribe en la tradición de autores como Joseph de Maistre y Juan Donoso Cortés, que sostenían que los derechos del hombre de 1789 eran una abstracción y que la soberanía no reside en el pueblo sino en un orden superior.
La segunda es criolla: la Regeneración. La Constitución de 1886, de la mano de Miguel Antonio Caro, hizo del catolicismo la religión de la nación, fortaleció al Ejecutivo e instituyó el estado de sitio. Fue la única constitución colombiana que Laureano reivindicó. A eso se sumó el franquismo, con su idea de la Hispanidad: una España católica y jerárquica como antídoto contra el liberalismo anglosajón.
La tercera raíz, y quizá la más decisiva para su reforma, es el corporativismo católico. En Rerum novarum (1891) y Quadragesimo anno (1931), la Iglesia rechazó a la vez el capitalismo liberal y el socialismo, y propuso reemplazar la lucha de clases por corporaciones de patronos y obreros con el impulso del Estado. Salazar llevó la idea a la Constitución portuguesa de 1933: la representación ya no era de ciudadanos iguales sino de gremios y jerarquías. En Colombia la difundieron el jesuita Félix Restrepo, en Corporativismo (1939), y Rafael Bernal Jiménez, arquitecto del Senado corporativo de Laureano.
La última capa fue el anticomunismo de la Guerra Fría, que convirtió cualquier reivindicación social en amenaza roja: había que cortarle la cabeza al Basilisco.
Lo que cambió: del altar al dios dinero
Pero el nieto no repite al abuelo, y en esa diferencia está lo nuevo. El discurso de Laureano contra los derechos era moral y político: atacaba las libertades individuales, el sufragio universal, el Estado laico y la huelga. No era un discurso contra el gasto público. Bajo su gobierno nació Ecopetrol, en 1951, y abrió sus puertas el Banco Popular. Según Henderson, su reforma incluía el salario mínimo y destinaba el 15 % del presupuesto a la educación. Laureano quería un Estado fuerte al servicio de un orden jerárquico.
Los Gómez de hoy combinan otra cosa. Del abuelo conservan la agenda moral: el aborto, la familia, la sospecha frente a la diversidad. Pero el argumento contra los derechos sociales ya no es teológico sino fiscal, y se parece menos a Franco que a Milei. En 2023, ante empresarios, el hoy presidente argentino se burló del viejo lema peronista "donde hay una necesidad nace un derecho" y remató: "Las necesidades son infinitas y, si hay un derecho, alguien lo tiene que pagar, y los recursos son finitos". Para Milei, la justicia social es "un robo". La pregunta de Miguel Gómez a los banqueros es la versión criolla —y más prudente, más bogotana— de esa frase.
Enrique Gómez dijo hace poco en una entrevista que Álvaro Uribe es "un socialdemócrata", y que las diferencias con él sobre "el crecimiento desaforado del Estado" y los impuestos "son ideológicas y son serias". La familia que durante décadas fue la derecha del conservatismo se ubica hoy a la derecha del uribismo, en la estela de Milei, Trump y Bukele. En 2025, Trump intentó abolir por decreto la ciudadanía por nacimiento, un derecho que parecía intocable, y la Corte Suprema de Estados Unidos lo frenó en junio de este año. Del Río lo resume así: "La derecha mundial está terriblemente unida en este momento para quitarle los derechos a la gente".
Hay que decir que Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano y tío del ministro, fue uno de los tres presidentes de la Asamblea Constituyente que redactó la Carta de 1991, la misma que hoy su sobrino acusa de volver "sacrosantos" los gastos.
Los indicios
La pregunta del ministro no es retórica, y ya hay hechos que la acompañan. Además del recorte propuesto en Cartagena, senadores del Centro Democrático radicaron un proyecto para darle al presidente facultades extraordinarias durante seis meses y reestructurar la administración pública. El 22 de septiembre, Hacienda le pidió a la Corte Constitucional abrir un incidente de impacto fiscal contra la sentencia C-264 de 2026, que fijó abril de 2027 para la entrada en vigor de la reforma pensional.
En el terreno de los derechos civiles, el 17 de septiembre la Cancillería retiró a Colombia de la Equal Rights Coalition, la alianza de 43 países que defiende los derechos de las personas LGBTIQ+, sin dar explicaciones. Colombia la copresidía con España y es el primer país que la abandona mientras la dirige.
El lenguaje también es terreno de disputa. La directora del ICBF, María Carolina Restrepo, ordenó usar "niñez" en lugar de "niños y niñas" en las comunicaciones de la entidad, lo que invisibiliza a las niñas, y la Defensoría del Pueblo le pidió explicaciones. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, propuso cambiar "campesinos" por "pequeños empresarios del campo", y una jueza le ordenó rectificar por tutela.
Qué debe hacer la izquierda
Molina cree que la aguja no se moverá fácil, porque la élite del gobierno está lejos de sus votantes: "Aunque evidentemente el gobierno de Abelardo tiene una élite hiperideologizada, eso no quiere decir que la mayoría de la población comparta o entienda esas premisas ideológicas", dice. Además, la Constitución y las organizaciones sociales ponen límites. La respuesta, dice, pasa por la política práctica: "La izquierda no puede darse el lujo de dividirse en estos momentos y estar desorganizada. Hay sectores progresistas, democráticos, con los cuales es preciso dialogar, unirse, ir en frentes unidos, con reglas de juego bien definidas". No basta con ganar elecciones, dice: hay que "dar resultados, resolverle problemas concretos a la gente", como el costo de vida, el arriendo o el colegio de los niños. Es la lógica de lo que en Nueva York llaman pothole politics del alcalde Zohran Mamdani: tapar huecos y recoger la basura para demostrar que el Estado puede ser eficiente y garantizar derechos a la vez.
Del Río nos recuerda que los derechos conquistados hay que defenderlos: "Tras cada derecho humano hay una lucha, cruenta o incruenta. Ningún derecho que exista para la humanidad es un derecho regalado", dice. "Hemos cometido un error si pensamos que los derechos que nos garantizó la Constitución y los tratados internacionales eran inamovibles. Lo ha cometido la sociedad colombiana, los defensores de derechos humanos, la izquierda. No hay derechos inamovibles". Y advierte que "no hay que ser de izquierda para no dejarse quitar los derechos".
Laureano Gómez quiso una Colombia donde los derechos dependieran de la fe, de la familia y del lugar que cada quien ocupaba en la jerarquía. Su nieto propone una donde dependan del presupuesto. Entre la iglesia y la hoja de cálculo cambió el argumento, pero no la conclusión: los derechos de todos son negociables. La Constitución de 1991 dice lo contrario. El asunto volvió a la disputa, y estos cuatro años pondrán a prueba los músculos de la izquierda y de los demócratas, y el poder que tiene la extrema derecha para imponer una agenda que creíamos superada, antediluviana.
