El gobierno de Abelardo de la Espriella ya inició la guerra anti-woke que Donald Trump y Javier Milei usaron contra políticas de género, diversidad y antirracismo. En Estados Unidos y Argentina, respectivamente, ese discurso acompañó y justificó recortes a programas de salud, atención a violencias de género y educación sexual; en Colombia, el Ministerio de Educación anunció revisar textos, guías y planes de enseñanza pensando en la llamada agenda anti-woke.
Por: Juan Sebastián Lozano
Para legitimarse en el poder, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha declarado en público, y con su característica rimbombancia, quiénes son sus enemigos. Además del Gobierno Petro y el Pacto Histórico, y de todo lo que huela a izquierda, el Ministerio de Educación ha enfilado baterías contra lo que llaman "woke", término importado del debate político estadounidense que la nueva derecha usa para agrupar luchas y políticas vinculadas con grupos históricamente discriminados: feministas, población LGBTIQ+ y personas racializadas. En marzo de este año, el actual presidente aseguró: "admiro a Donald Trump por su batalla cultural contra el wokismo, contra el globalismo"; asimismo, se declaró "un enemigo de la ideología de género" que vino a "enfrentarla como corresponde".
Viviane Morales, la saliente ministra de Educación —estuvo en el cargo menos de un mes y renunció por una "situación familiar inesperada"—, dijo a mediados de agosto ante los medios de comunicación: "Ha habido una campaña woke que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente en el programa de educación sexual integral", dijo. Morales anunció una revisión de textos, guías y planes de enseñanza con el objetivo de "restaurar principios y valores" y garantizar que los padres sepan qué se les enseña a sus hijos.
Este previsible discurso público del gobierno es la repetición de un guión, con tono colombiano, que han escrito Donald Trump y sus ideólogos en Estados Unidos, y que ha repetido con histrionismo Javier Milei en Argentina, entre otros líderes de extrema derecha en el mundo. La guerra contra lo woke en Estados Unidos y Argentina, por ejemplo, ha acompañado recortes y desmontes concretos de programas de diversidad, salud, prevención de violencias y educación sexual. Antes de entrar en esos efectos, miremos de dónde salió la tan nombrada palabra, "woke", mantra de la discusión política actual.
Del blues de protesta a la lucha política de colectivos
"Woke" no siempre fue un insulto: es la forma coloquial de "awake" (despierto) en el inglés vernáculo afroamericano (AAVE), documentada desde comienzos del siglo XX como una expresión de alerta frente al peligro, en particular frente a la policía y las autoridades blancas.
Una de las primeras apariciones escritas conocidas de la expresión "stay woke" fue en 1924, en el periódico afroamericano Houston Informer. La expresión se difundió a ritmo de música popular, cuando el músico de blues y folk conocido como Lead Belly, al hablar sobre su canción acerca de los "Scottsboro Boys" —nueve adolescentes negros acusados falsamente de violación en Alabama en 1931—, hizo un llamado: "Stay woke, keep your eyes open" ("mantente despierto, mantén los ojos abiertos"). Dos décadas después, en 1959, Martin Luther King Jr. tituló un discurso ante graduados universitarios "Remaining Awake Through a Great Revolution", en el que pedía a la audiencia "permanecer despierta" durante los cambios de su tiempo. En 1962, el escritor William Melvin Kelley usó "woke" en un artículo del New York Times para describir el argot propio de la comunidad negra.
El término se mantuvo como una expresión relativamente marginal hasta que, en 2008, la canción "Master Teacher" de Erykah Badu volvió a poner en circulación la frase "stay woke". El salto decisivo llegó en 2014: tras la muerte de Michael Brown en Ferguson, Misuri, y el auge del movimiento Black Lives Matter, "woke" se convirtió en sinónimo de conciencia política activa frente al racismo estructural, y de ahí pasó a designar, de forma más amplia, el compromiso con causas de justicia social.
Fue hacia el final de esa década, y sobre todo a partir de 2020, cuando sectores conservadores en Estados Unidos le dieron la vuelta a la palabra: ya no como el orgullo identitario de quien la reivindicaba, sino como insulto para describir un supuesto exceso censor, identitario o "ideologizado" en universidades, empresas y medios. De ese giro nace el "wokismo" que hoy denuncian Trump, Milei y De la Espriella: la resignificación reciente —de apenas una década— de una palabra que nació como código de supervivencia de las comunidades negras estadounidenses.
La "guerra cultural" según la nueva derecha
En el vocabulario de gobiernos y movimientos de nueva derecha, "woke" es un concepto despectivo que agrupa al feminismo, el movimiento LGBTIQ+, el antirracismo, el ambientalismo y políticas públicas de diversidad, equidad e inclusión. El asunto no es solo retórico: el 20 de enero de 2025, su primer día de vuelta en el cargo, Trump firmó la orden ejecutiva "Ending Radical and Wasteful Government DEI Programs and Preferencing" que ordenó terminar, en la máxima medida permitida por la ley, con oficinas, políticas, programas, subvenciones y contratos federales vinculados con DEI (Diversity, Equity and Inclusion).
"La nueva derecha no es que ataque a las "minorías", ataca a las ideologías que convierten a esas minorías en sujeto político activo, al cual hay que dedicarle recursos públicos o incluso privados", dice Santiago Armesilla, politólogo y economista español, identificado con la izquierda y popular creador de contenido en YouTube, consultado por RAYA.
En Colombia, De la Espriella ha incorporado esa batalla cultural a su propio libreto y la ha conectado con la educación sexual y la llamada "ideología de género". ¿Qué ha pasado en los países en los que la guerra cultural ya se tradujo en decisiones de gobierno? ¿Qué está pasando y qué puede pasar al respecto en Colombia?
Las cifras en Estados Unidos y Argentina
En Estados Unidos, los recortes a programas vinculados con la comunidad LGBTIQ+ desde el regreso de Trump al poder son cuantiosos. Según un análisis de The New York Times del 4 de mayo de 2025, reproducido por US News, de 669 subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) canceladas total o parcialmente hasta comienzos de mayo, al menos 323 estaban relacionadas con salud LGBTQ+ y sumaban más de 800 millones de dólares.
El centro de salud Whitman-Walker, en Washington D.C., perdió siete subvenciones del NIH "en un solo fin de semana", según documentó LGBTQ Nation. La misma investigación reporta que el gobierno eliminó hasta 50 millones de dólares de financiamiento federal para la línea de crisis 988, en su componente especializado en jóvenes LGBTIQ+, y que centros comunitarios locales —como el de Oakland (–600.000 dólares) o el Pride Center de San Antonio (–200.000 dólares en 2025)— debieron reducir sus servicios.
En Argentina, Javier Milei aplicó la motosierra, cual villano de película slasher, a estos programas. Según un análisis del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre el proyecto de Presupuesto 2026, los principales programas destinados a prevenir y atender la violencia de género acumularon una caída presupuestaria del 89% respecto de 2023.
El Programa Acompañar, que ofrece apoyo económico a víctimas de violencia de género, pasó de asistir a más de 100.000 personas en 2023 a solo 434 en 2024, y desde 2025 dejó de figurar como una partida presupuestaria específica. La Línea 144, de atención a víctimas, perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y redujo un 45% su planta de personal; en 2025 y 2026 dejó de tener una línea presupuestaria específica. Un informe de Centro CEPA documentó, además, que el programa de Educación Sexual Integral (ESI) perdió por completo su partida presupuestaria en 2025, luego de que funcionarios del propio gobierno cuestionaran que "desde el gobierno nacional" se impusiera "una visión de la ESI".
El símbolo más visible de ese giro fue la disolución, mediante el Decreto 696/2024, publicado el 6 de agosto de 2024, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el organismo estatal argentino dedicado a combatir la discriminación desde 1995. Milei lo describió como "un antro de ñoquis y corruptos" y como "la policía del pensamiento kirchnerista". Sus funciones pasaron, al menos en el papel, al Ministerio de Justicia.
Colombia: el desmonte ya empezó
En Colombia, el panorama tiene una particularidad que vale la pena subrayar: la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad venía ordenada desde el gobierno anterior, después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que creó la cartera —o sea, De la Espriella no inventó el cierre, lo heredó—. El liquidador encargado de ejecutarlo, John Milton Rodríguez —designado el 13 de agosto de 2026—, no se anduvo con rodeos: suprimió los cinco cargos de viceministro de la cartera —entre ellos el de la Mujer y el de Diversidades, encargado de la población LGBTI— y calificó la institución de "el ministerio con la más baja ejecución presupuestal en la historia, totalmente ineficiente [...]".
Viviane Morales tampoco se quedó solo en el discurso: durante su fugaz pero mediática gestión, el Ministerio de Educación publicó para comentarios un proyecto de decreto que permitiría a las entidades territoriales contratar con terceros —incluidas organizaciones religiosas— la prestación o administración del servicio educativo en colegios oficiales; todavía no es un decreto expedido, apenas el borrador de uno. Todo esto ocurre semanas después de que el propio gobierno saliente de Gustavo Petro expidiera, el 10 de julio de 2026, la Resolución 1350, que ordenó incorporar de manera transversal la política de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos en los establecimientos educativos, con enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad.
La mirada desde el activismo LGBTI en Colombia
Frente a ese diagnóstico, hay quienes insisten en que la ofensiva contra lo woke no es un debate de salón, sino un mecanismo político con antecedentes locales muy concretos. La abogada y activista LGBTIQ+ colombiana Matilda González enmarca la actual "guerra cultural" del gobierno de De la Espriella dentro de una lógica que, dice, ya se ha usado antes en el país: "Es una estrategia reciclada: cuando el mundo atraviesa momentos difíciles, siempre se busca un enemigo en común, y no es la primera vez que se usa el pánico moral contra personas de grupos históricamente discriminados para culparlas de todos los males, convirtiéndolas en chivo expiatorio. [...] En Colombia ya pasó con el Estatuto de Seguridad, a finales de los años setenta, que le dio más facultades a la fuerza pública y derivó en detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones. Ese es el riesgo en el que estamos ahora", le dijo a RAYA.
González, sin embargo, no rechaza toda autocrítica hacia el propio movimiento. Al ser consultada sobre el reclamo —presente también en la izquierda— de que el identitarismo desplazó las demandas económicas, responde: "La filósofa Nancy Fraser dice que el feminismo debe tener políticas de reconocimiento, pero también de redistribución. La agenda trans siempre ha luchado por redistribución, porque el problema de fondo es la pobreza y la exclusión del mercado laboral formal. Uno de los grandes errores del gobierno de izquierda que acaba de terminar fue ser muy mediocre en las políticas de reconocimiento [...] y nombrar a gente mediocre en esos cargos".
La crítica a los woke desde la izquierda
Lo que distingue el debate sobre lo woke de una simple disputa entre izquierda y derecha es que una parte de la crítica al fenómeno no proviene de la derecha, sino de dentro del propio campo progresista. Esa crítica no cuestiona la legitimidad de las luchas por derechos, sino la forma en que, según sus autores, terminaron separadas de la lucha de clases y hasta funcionales al capitalismo que en teoría combaten.
La nueva derecha, ligada al marketing político colorido y a las redes sociales, ha tenido éxito en su guerra contra los woke porque los ha relacionado con la censura y la imposición de lo políticamente correcto. La cultura de la cancelación, asociada por sus críticos al ambiente woke, y las llamadas "funadas" en las redes sociales tal vez no han contribuido a las luchas progresistas por los derechos; más bien, se las ha relacionado con una nueva inquisición que no perdona a quien, por ejemplo, no usa lenguaje inclusivo, o a quienes cuestionan aspectos del feminismo. Trump, Milei y De la Espriella se vendieron como rebeldes ante este estado de las cosas. Sus declaraciones incorrectas son aplaudidas por sectores que, según esa narrativa, se sienten reprimidos o sancionados por la corrección política.
Armesilla añade que esa derecha "ha acertado" en un diagnóstico, aunque lo haga con fines opuestos a los suyos: que los movimientos identitarios terminaron fragmentando el campo de la izquierda. "Estos movimientos lo que han hecho, es dividir, segmentar y compartimentalizar las luchas sociales típicas de las izquierdas, particularmente las que tienen que ver con las reivindicaciones de la clase obrera, el movimiento obrero, el sindicalismo, o incluso los movimientos patrióticos de liberación nacional contra el neocolonialismo". Y complementa: "Mi crítica a esa izquierda indefinida woke es que son luchas que realmente acaban siendo absorbidas de una de una manera muy fácil por el capital, porque la segmentación de luchas lleva a la mercantilización de sus ideas".
Esa idea —que la política identitaria desplazó a la política de clase— tiene antecedentes académicos más amplios. La filósofa Nancy Fraser desarrolló el concepto de "neoliberalismo progresista" para describir una alianza, consolidada desde la presidencia de Bill Clinton, entre corrientes dominantes de movimientos de reconocimiento —como el feminismo, el antirracismo y los derechos LGBTQ— y sectores políticos que combinaron un discurso de inclusión con políticas económicas neoliberales; el politólogo Ricardo Tranjan extendió después el concepto a otros gobiernos, como los de Tony Blair, Barack Obama y Justin Trudeau.
El politólogo estadounidense Adolph Reed Jr. ha planteado que el identitarismo permite a una élite diversificarse racial y sexualmente sin cuestionar la desigualdad material de fondo.
La filósofa Susan Neiman, autora del popular libro Izquierda no es woke (2023), llega a una conclusión parecida desde el ángulo de la filosofía política. Para Neiman, lo woke traicionó el legado universalista de la Ilustración que, según argumenta, dio origen a la propia idea de izquierda. "Lo woke se alimenta de emociones tradicionalmente de izquierda (la reivindicación de los oprimidos) […], pero lo woke está socavado por lo que en realidad son supuestos teóricos muy reaccionarios", dijo en una entrevista con la revista Persuasion. Y agregó, sobre esa diferencia de fondo: "La izquierda siempre ha estado del lado del universalismo, no del tribalismo […] tu tribu podía abarcar el mundo entero".
Para Neiman es un error que en el ambiente woke se rechace la Ilustración por ser un cuerpo de ideas escrito por hombres blancos europeos. Ella sostiene que en la Ilustración están las bases del universalismo y de la igualdad entre etnias, y que los "ilustrados" —Voltaire, Diderot, Kant, el propio Montesquieu— ya criticaban el colonialismo y el eurocentrismo de su época. También cuestiona que los miembros de los colectivos identitarios se centren en su condición de víctimas, y no en sus logros o en los cambios que sí ha tenido la sociedad para bien en materia de derechos y de reivindicación de las mujeres.
"Mi sensación firme es que sí, la diversidad es un bien, pero no el bien supremo. Y es un insulto para las mujeres contratarlas solo porque son mujeres, de igual forma que es un insulto para la gente de color asumir que simplemente porque son gente de color tienen una especie de autoridad", dijo Neiman en una entrevista para la BBC. Siguiendo las ideas de Neiman, parte del pensamiento woke puede vincularse con corrientes posmodernas y posestructuralistas que desconfían de los universales y ponen el foco en las relaciones de poder. Remata en la entrevista: "Lo que ahora llamamos woke es lo que en los años 90 se llamaba políticamente correcto. Lo gracioso es que soy suficientemente mayor como para recordar cuando lo políticamente correcto era usado irónicamente por gente que era socialista pero antiestalinista, para burlarse de los que parecían demasiado rígidos".
Una disputa con consecuencias materiales
Lo que muestra la comparación entre Washington, Buenos Aires y ahora Bogotá es que la etiqueta "woke" —una palabra con casi un siglo de historia dentro de la cultura afroamericana, antes de convertirse en insulto político hacia el final de la década pasada, y sobre todo a partir de 2020— dejó de ser solo un debate de ideas. En EE. UU. y Argentina esa ofensiva retórica ha acompañado decisiones presupuestarias e institucionales concretas: el cierre de organismos antidiscriminación, la eliminación de líneas de atención a víctimas de violencia, el recorte a investigación en salud pública.
La discusión, sin embargo, no se reduce a un eje entre defensores y detractores de "lo woke". Existe una tercera posición, la de la izquierda crítica de Armesilla, Fraser, Reed o Neiman, aunque esas voces no forman un bloque homogéneo ni comparten un único diagnóstico. Coinciden, sin embargo, en cuestionar la separación entre políticas identitarias, redistribución y clase. Mientras la derecha busca desfinanciar y desmontar esas políticas, estas críticas de izquierda reclaman recuperar el universalismo y la redistribución económica como eje, sin renunciar al reconocimiento de las minorías.
Pero más allá del debate ideológico, la discriminación por etnia, género o identidad sexual ha tenido víctimas reales: personas torturadas y asesinadas en Colombia, como documentó el propio Informe Final de la Comisión de la Verdad en su capítulo "Mi cuerpo es la verdad", sobre violencia contra mujeres y personas LGBTIQ+ durante el conflicto armado. Ese antecedente recuerda que el problema no es solo semántico.
