Familias desplazadas hace 25 años siguen sin poder retornar a sus tierras en Aracataca, Magdalena, pese a un fallo judicial de 2022. La ambigüedad legal y la inacción estatal agravan la espera. Algunos, como Teobaldo Bocanegra, murieron sin justicia.
Por: Juan Carlos Granados
“Mi papá murió esperando a que se hiciera la entrega formal de las tierras. Nos dijeron que había unos proyectos productivos, pero no nos han dado nada de eso”. Quien habla es Glenis Bocanegra, hija de Teobaldo Bocanegra, un reclamante de tierras que falleció el pasado 22 de febrero a sus 91 años. El señor Bocanegra fue restituido judicialmente el 22 de agosto de 2022 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena como víctima de desplazamiento del predio La María, propiedad de 24 hectáreas, ubicada en la vereda Macaraquilla, en Aracataca, Magdalena. Sin embargo, a la fecha no se ha realizado la entrega formal de las tierras.
El hombre de la foto es Teboaldo Bocanegra
Bocanegra murió anhelando regresar a sus tierras, tras una espera de más de dos años luego de que el Tribunal fallara a su favor y de casi 25 años desde que tuvo que salir de su finca a causa de la violencia. Desde muy temprana edad Bocanegra se dedicó a las actividades agrícolas y campesinas. En la década del 80 hizo parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), desde la cual lideró y acompañó procesos de recuperación y adjudicación de tierras en el Magdalena.
Junto a varias familias campesinas, Bocanegra ocupó predios en Macaraquilla que no estaban siendo explotados y que no cumplían con la función social de la tierra. En medio de esa lucha, sufrieron varios atropellos por parte de la fuerza pública, ordenados por los terratenientes de la región. En 1990 Bocanegra logró la tenencia formal del predio La María por medio de una adjudicación hecha por el extinto Incora. Sin embargo, cinco años después comenzaría la tragedia.
En 1995 los paramilitares asesinaron a Rafael Bocanegra y en 1997 a Ubaldo Bocanegra, dos de sus hijos. En 1998 desaparecieron forzosamente a Jaider Bocanegra, otro de sus hijos. Los tres trabajaban en el predio La María. Además, le quemaron su casa, un hecho que lo obligó a vender su finca de manera informal por 14 millones de pesos, de los cuales le quedaron seis disponibles después de pagar el crédito que tenía con el Incoder y el impuesto predial.
Salió desplazado al municipio de Fundación en 2001 y después se fue para Santa Marta a vivir con su hija. Para esa fecha, Bocanegra ya no estaba en condiciones físicas para trabajar. “El desplazamiento y establecimiento en Santa Marta fue muy duro. Tuvimos que trabajar en lo que saliera para poder subsistir. Yo fui empleada de servicio, mi esposo vendía pescado o lo que pudiera”, relata Glenis Bocanegra, la hija de Teobaldo.
En 2011, tras la creación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con la que se buscó reparar a los afectados por el conflicto armado, Bocanegra y su familia fueron inscritos en el Registro Único de Víctimas. Glenis comenta que recibieron algunas ayudas ocasionales, pero no mucho más. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) acogió su caso y en 2015 presentó la demanda de restitución.
Siete años después, el Tribunal Superior de Cartagena falló a favor de Bocanegra y otras familias. Sin embargo, un atenuante en la sentencia que colocó la magistrada Laura Elena Cantillo Araujo dejó a las víctimas en el limbo. La zona en la que están ubicados los 16 predios a restituir, entre los que está el de Bocanegra, fue declarada como parte del humedal Ciénaga Grande de Santa Marta en 2009, lo cual conforma una figura de protección ambiental conocida como zona Ramsar. El Tribunal manifestó que los solicitantes de tierra podían retornar a sus predios en Macaraquilla, pero que en caso de que existiera alguna incompatibilidad por el tema ambiental debían ser reubicados.
Orden dada por el Tribunal Superior de Cartagena en la sentencia de restitución en el caso de Teobaldo Bocanegra
Una sentencia inconclusa
La CCJ manifiesta que la figura de zona Ramsar es una protección ambiental, pero no limita la propiedad como ocurre con los parques nacionales naturales, sino que es una afectación que reduce el uso que se le puede dar a la tierra. “La Unidad de Restitución de Tierras, entidad a la que se le ordena asignar un proyecto productivo, puede desarrollar en conjunto con ellos uno que sea acorde a esta afectación ambiental porque de acuerdo a la norma allí está prohibido es hacer minería o ganadería a gran escala y ellos al ser familias campesinas no van a desarrollar nada de esto”, sostiene la CCJ, que además menciona que le ha planteado lo anterior al Tribunal Superior de Cartagena en distintos memoriales que le ha enviado, pero no reciben respuesta.
El Tribunal puso esta condicionalidad al derecho de la restitución de las familias, pero tampoco estableció quién era el que debía definir si la comunidad podía volver, si era la Unidad de Restitución o la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (autoridad ambiental en la región). La CCJ relata que, como en la sentencia ninguna de estas dos entidades tiene una orden específica para actuar, entonces no se pronuncian. “Les hemos pedido que se manifiesten para que decidan si la afectación ambiental impide que la comunidad regrese a sus tierras o no. Le enviamos un derecho de petición a la Corporación, pero no lo ha respondido”, cuenta el equipo jurídico. El 9 de abril de este año la CCJ instauró una acción de tutela contra el Tribunal Superior de Cartagena ante la Corte Suprema en aras de que el caso se resuelva.
Glenis Bocanegra, la hija de Teobaldo, manifiesta que le sorprende que se haya tomado la decisión de declarar como Ramsar el territorio en el que está su predio porque es un sitio muy árido todo el año. Incluso cuando vivieron en las tierras antes del desplazamiento tuvieron que construir jagüeyes, que son pozos profundos donde ponen agua por lo seca que es la zona.
Ante la demora, Bocanegra, meses antes de fallecer, le pidió a la CCJ que solicitara una compensación económica en vez de la restitución formal del predio porque quería disponer del dinero para atender sus problemas de salud, entre los que estaba la pérdida de su vista y la amputación de una pierna, y ayudar a sus hijos. Sin embargo, esto tampoco fue posible y Teobaldo Bocanegra falleció sin poder acceder ni a la plata ni a la tierra que tuvo que abandonar. “Nuestro afán es evidenciar que la gente se está muriendo y no está obteniendo una justicia real porque la sentencia es solo un papel que no sirve de nada si no se materializa”, expresa la CCJ.
Voluntad a falta de Estado
En la pasada Semana Santa, los hijos de Bocanegra se fueron hasta Macaraquilla para hacer posesión de su predio a pesar de que no se les ha hecho la entrega formal de la tierra, lo que implica que no van a recibir ninguna ayuda por parte del Estado, ni proyectos productivos ni subsidios de vivienda porque no se ha resuelto el condicionante ambiental. “Los antiguos ocupantes dejaron las cercas caídas, los terrenos maltratados. La casa está un poco destruida, vamos a tratar de organizar un poco las cosas”, relata Glenis Bocanegra.
Alix Amari Cárdenas, la persona que estaba viviendo en el predio, recibió compensación de casi 200 millones de pesos en noviembre de 2023 por ser un ocupante de buena fe exenta de culpa, lo que significa que no tuvo relación con el desplazamiento de Bocanegra y actuó acorde a la ley. Sin embargo, se demoró alrededor de un año en salir a pesar de que se le hizo el pago correspondiente. La CCJ comenta que se le hizo llegar a Cárdenas diversas cartas diciéndole que como ya había recibido el pago debía desocupar el lugar, pero siguió explotando el predio a pesar de haber recibido la compensación.
Compensación económica al ocupante del predio de Teobaldo Bocanegra
La CCJ explica que el Tribunal, en su intento de ser garantistas en lo ambiental, pero al no ejecutar acciones para materializar la sentencia de restitución, está generando que aquellos que aún ocupan los predios le den un manejo inadecuado a las tierras, lo que no harían las familias restituidas. Con el fallecimiento del señor Bocanegra se puede generar otro inconveniente para la materialización de la restitución. Como en la sentencia de restitución no hay una orden o claridad respecto a qué hacer en caso de que falleciera, porque en aquel momento estaba vivo, la CCJ menciona que después la sucesión del predio puede que sea el atenuante que impida la entrega formal de la tierra.
Por ahora, tras más de dos años del fallo del Tribunal Superior de Cartagena en el que la magistrada Laura Elena Cantillo Araujo ordenó la restitución, los hijos de Teobaldo Bocanegra, con sus propios recursos y sin ayuda del Estado, están reconstruyendo lo que perdieron hace 25 años, en medio de dificultades como la falta de infraestructura vial, donde hay caminos de herradura que le dificultan a los campesinos sacar sus productos, mientras que desde las instituciones no se les da respuesta.
