Un año después de instaurado el régimen de excepción en el país centroamericano, los organismos internacionales siguen registrando violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Nayid Bukele ha capturado a 65.000 personas, de las cuales, el 50% son jóvenes que provienen de familias humildes que viven en barrios populares. Este es un análisis del oscuro momento que vive El Salvador tras 30 años de un acuerdo de paz que se modificó luego de firmado.
Por Edinson Arley Bolaños
El próximo 27 de marzo el régimen de Nayid Bukele completará un año dictando órdenes en contra de los derechos humanos de miles de salvadoreños. Un año del régimen de excepción desde que la Asamblea Legislativa suspendió derechos fundamentales en respuesta a un supuesto incremento de la violencia de las pandillas. Desde entonces, 65.000 personas han sido detenidas, entre ellas, más de 1.600 menores, la mayoría acusados de pertenecer a las pandillas catalogadas como organizaciones terroristas. Estas cifras corresponden al trabajo de campo de la organización Human Rights Watch, la cual ha denunciado permanentemente las violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.
El presidente Bukele ha sido duramente cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues el sistema de pesos y contrapesos de la democracia está debilitado, tanto así, que el ejecutivo controla parte del sistema judicial. Por esa misma razón, el presidente salvadoreño ha logrado torcerle el cuello a la Constitución y calificar a las maras como organizaciones terroristas y no como lo que son: delincuencia común. Esa maniobra le ha dado patente de corso para mantener vigente el régimen de excepción y suspender derechos y garantías para los civiles. “La suspensión de derechos y garantías constituye una disposición para circunstancias extraordinarias y no un medio para enfrentar el crimen común”, le llamó la atención la CIDH al presidente Bukele.
A pesar de ello, el régimen de excepción cumple un año y las detenciones masivas y arbitrarias, y el incumplimiento de las garantías judiciales, siguen siendo el pan de cada día en El Salvador. "Hemos documentando en terreno que durante el régimen de excepción las autoridades han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias de personas que nada tienen que ver con las pandillas, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos y violaciones masivas del debido proceso", dijo Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, en entrevista con RAYA.
Un sistema judicial cooptado
Otro de los lunares que tiene el régimen de Nayid Bukele es el control del sistema judicial. Los datos que la sociedad civil entregó a la CIDH indican que al menos 18.215 personas fueron imputadas por delitos en 93 audiencias colectivas. En estas audiencias masivas, dice el documento, a unas 552 personas imputadas les decretaron prisión preventiva de manera automática, sin que hubiese existido un examen de un juez de manera individual y respetando la presunción de inocencia. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, entre tanto, mostró preocupación por las detenciones arbitrarias y colectivas contra cientos de jóvenes.
La documentación que reposa en el organismo internacional también contiene las denuncias sobre detenciones arbitrarias en las que lo único que existe como prueba es “una llamada anónima o percepciones sobre la pertenencia a grupos criminales en razón de su apariencia o lugar de residencia”. Es más, denunció la CIDH, los magistrados que conducen las audiencias masivas son personas no identificadas y los detenidos tienen restricciones al derecho a la defensa (no tienen acceso a un abogado) y no tienen la oportunidad de intervenir en las audiencias.
Cárceles de la muerte o campos de concentración
De las 65.000 personas capturadas durante un año de régimen de excepción el 50% son jóvenes entre los 18 y 30 años. La mayoría, según Human Rights Watch, provenientes de sectores humildes que viven en los barrios populares de El Salvador. Detenidos en cárceles donde están presos otras 35.000 personas, para un total de 100.000, a pesar de que la capacidad penitenciaria es de 70.000 personas (incluyendo la nueva cárcel para 40.000 detenidos, que hoy tendría 4.000). Según la ONG salvadoreña Cristosal, 123 personas han muerto en prisión en el último año.
Datos del Instituto de Medicina Legal advierten que al menos 73 personas detenidas han muerto durante el régimen de excepción. Igualmente, la CIDH llamó la atención sobre la existencia de centenares de denuncias por tortura y malos tratos en los centros de reclusión bajo custodia del Estado.
La situación es más dramática de lo que se conoce en el exterior. Las organizaciones de la sociedad civil, amedrentadas y amordazadas por el súper poder presidencial, siguen denunciando ante el sistema de Naciones Unidas, el hacinamiento y las malas condiciones para los detenidos, destacando la falta de acceso a servicios de salud, la alimentación inadecuada, el encierro permanente en las celdas y la falta de comunicación con los familiares. Incluso, en uno de los documentos entregados a la CIDH, relataron las graves restricciones sanitarias. Por ejemplo, casos en los que las personas recluidas deben hacer sus necesidades fisiológicas en cubetas dentro de las celdas hasta que estén llenas. “Ello, se agravaría ante la ausencia de un trato diferenciado adecuado a las características propias de las personas privadas de libertad”, dijo el organismo internacional.
Aniquilar a la oposición
Dos expresidentes salvadoreños, ambos del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), tienen expedientes en su país por supuestos hechos de corrupción durante sus gobiernos; al mismo tiempo, Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes Cartagena han denunciado persecución política y judicial y se han exiliado en Nicaragua. Sus familiares también han corrido la misma suerte. El presidente Bukele ha reiterado que está cumpliendo su promesa de campaña de enviar a la cárcel a sus contradictores en caso de que resultara elegido primer mandatario de El Salvador. En 2021 un juez emitió orden de captura internacional preventiva contra diez exfuncionarios del Gobierno Cerén, quien encabeza esa lista.
El 10 de marzo pasado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llegó otro informe de la organización American Association of Jurists, con el fin de denunciar las violaciones a los derechos políticos y civiles que está ejerciendo el gobierno de Bukele contra la oposición política y líderes sociales. Algunas de las denuncias mencionan persecución judicial arbitraria de líderes de la oposición política y sus familias, su encarcelamiento y exilio. Ataques a la propiedad y la posesión, mediante la incautación arbitraria del patrimonio familiar de opositores. Campañas de odio y descrédito contra personas opositoras al régimen, por parte del propio presidente de la República y funcionarios de su gobierno. Igualmente, denunciaron violaciones a la libertad de tránsito, por acciones de la fuerza pública que impiden la participación ciudadana en la protesta pacífica. Incluso, denunciaron al presidente por sus ataques continuos a la libertad de expresión, con acciones de persecución y espionaje contra periodistas que investigan u opinan críticamente.
El origen, un acuerdo de paz incumplido
Esta semana se cumplieron 30 años de promulgada la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, cuya norma tenía como fin conceder una amnistía amplia, absoluta e incondicional a todas las personas que cometieron delitos políticos, comunes y conexos antes del 1 de enero de 1992, en el marco de la guerra civil que se desarrolló entre 1980 y 1992. Una Ley que fue modificada por los partidos de derecha un año después de firmado el acuerdo de paz de Chapultepec y aprobada en el congreso salvadoreño. Parte de esas modificaciones acarrearon, sin duda, que la impunidad fuera absoluta y se prologara durante 23 años.
Es decir, un año después de que terminó la guerra se incumplió el acuerdo que pretendía superar la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos cometidos tanto por los militares de la Fuerza Armada del Salvador (FAES) como por la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Según Benjamín Cuéllar Martínez, miembro fundador de Víctimas Demandantes (VIDAS), el FMLN no tuvo la fuerza en el legislativo para exigir cumplimiento del acuerdo de Chapultepec. Y aunque la contraparte si la tenía, por el contrario, guardó silencio. “El FMLN no tenía todavía representación como partido político en la Asamblea legislativa, pero siendo la contraparte en el proceso de negociación y acuerdos para terminar la guerra tenía más poder que el que podría haber tenido estando en el Parlamento. Sin embargo, no hizo nada para revertir esa amnistía que se mantuvo vigente durante más de 23 años, hasta que lograrmos su inconstitucionalidad, pero van siete años de eso y no se cumple la sentencia, no hay una ley de justicia transicional. Ese es el primer hecho que jodió a El Salvador: en lugar de superar la impunidad lo que hicieron fue fortalecerla. Por eso, Bukele hoy hace lo que hace con toda la impunidad”.
Para Cuellar, otro de los puntos que jodió a El Salvador fue el incumplimiento de los militares. Se había acordado que ya no se encargarían de la seguridad pública, es decir, los cuerpos de seguridad se desmilitarizaban para garantizar que fuesen los civiles los administradores de justicia. “Sin embargo, el 16 de julio de 1993, exactamente año y medio después de la firma del acuerdo de Chapultepec, salió el primer patrullaje conjunto de una Fuerza Armada, que no fue realmente depurada como se había acordado, con una Policía Nacional Civil que todavía no estaba desplegada en todo el territorio. Entonces, ganaron la partida de nuevo los militares frente a la posibilidad de tener una inteligencia y una investigación policial capaz de resolver delitos”.
De hecho, en medio de la presión internacional que está empezando a tener el gobierno de Bukele, el Comité contra la Tortura, cuestionó la falta de investigación de las violaciones graves de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado (1980– 1992). Igualmente, advirtió que los recursos asignados a la Unidad Especial de la fiscalía general para la investigación de los crímenes cometidos durante esa época, son insuficientes. Además, dijo que la impunidad se ha prologado casi tres décadas después tras el fin de la guerra, pues aún no ha enjuiciado a los responsables de casos relacionados con crímenes de guerra, de lesa humanidad, específicamente sobre tortura y desaparición forzada.
