Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) del Ecuador, el domingo 13 de abril Daniel Noboa fue reelegido como su presidente. Sin embargo, desde antes y después del cierre de las urnas un manto de duda se teje contra los resultados. Abusos de poder, uso abusivo (excesivo) de recursos públicos y un estado de excepción dejan mal paradas a las instituciones electorales. Tres de las cabezas visibles del CNE tienen familiares en empleos consulares del actual gobierno.
Por: Redacción Política RAYA
Ecuador está empezando a vivir el llamado autoritarismo de los Noboa. El domingo pasado, en medio de críticas de la comunidad internacional y de gobiernos como el de Colombia y México, por la poca transparencia en las elecciones, Daniel Noboa se ratificó como presidente y el martes pasado demostró su poder militar en las calles de Quito y a las afueras del Palacio de Carondelet, como lo pudieron evidenciar corresponsales de RAYA antes y después de las votaciones. Ese día, Noboa arremetió contra la oposición, la llamó “el mal de Ecuador” y dijo que había “triunfado el bien sobre el mal”.
Ese tono de Noboa ha pasado de castaño a oscuro en las últimas horas. Por un lado, las críticas por no haber renunciado al cargo para hacer campaña han comenzado a hacer mella, incluso en medios internacionales como CNN, que le cuestionó ese hecho en una entrevista el pasado martes.
Por otro lado, los opositores han empezado a ser perseguidos. Tal fue el caso del exvicepresidente Jorge Glas, quien fue sacado por la fuerza de la embajada de México y llevado preso bajo el gobierno de Noboa. De manera similar, el excandidato vicepresidencial de la oposición, Diego Borja, no pudo salir del país el mismo martes: se presentó en el aeropuerto y fue interrogado. Horas después, apareció una lista “negra” —una lista de vigilancia— dirigida a las autoridades migratorias, que contenía nombres de opositores. Este documento circuló en redes sociales y fue denunciado públicamente por el presidente Gustavo Petro.
Los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral indican que Daniel Noboa ganó con más de 10 puntos de ventaja, al obtener el 55 % de los votos. Su rival política, la candidata Luisa González, obtuvo el 44 %, según el mismo organismo. González no aceptó los resultados, solicitó un reconteo y calificó las elecciones como un “grotesco fraude”. En un comunicado, argumentó que existía una imposibilidad estadística de la victoria de Noboa en varios recintos, señaló la existencia de centenares de actas sin firmas y denunció medidas —que calificó de ilegales— adoptadas por el mandatario en ejercicio para inclinar la contienda a su favor, además de otras irregularidades.
Aun así, el Consejo Nacional Electoral, órgano rector de los comicios en Ecuador, avaló el proceso. Su presidenta, Diana Atamaint, rechazó las denuncias de fraude y aseguró que las elecciones fueron “totalmente transparentes”. Sin embargo, detrás de esas autoridades hay conexiones familiares que generan dudas: algunos de sus miembros tienen parientes cercanos nombrados por el presidente Noboa en embajadas y cargos diplomáticos en el exterior.
Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la entrega de credenciales de las elecciones atípicas de 2023. Foto CNE.
¿Quién es quién en el CNE?
Desde el nombramiento en 2018 de Diana Atamaint en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la oposición ha manifestado sus dudas sobre la transparencia en sus funciones. La funcionaria al frente del órgano rector tiene a su hermano, Vinicio Kar Atamaint, como ministro de la Agencia Consular de Ecuador en Queens (Estados Unidos). El funcionario fue designado el 11 de diciembre de 2023, por solicitud del presidente Daniel Noboa.
Vinicio Kar Atamaint, ministro de la Agencia Consular de Ecuador en Queens (Estados Unidos)
Es más, en 2021, Juan Esteban Guarderas, de la Fundación Lucha Anticorrupción de Ecuador, presentó una denuncia contra Atamaint por fraude electoral y tráfico de influencias en las elecciones seccionales de 2019. Según esa denuncia, existe un informe de 2018 en el que se explicita cómo Diana Atamaint llamó por celular a José Astudillo, el exdirector provincial del CNE en la provincia de Azuay, a quien habría amedrentado con el fin de que permitiera aceptar candidaturas a destiempo por el Partido Social Cristiana (PSC), es decir, luego del tiempo establecido por el Código de la Democracia para las Elecciones Seccionales y del CPCCS.
Atamaint, de apellido Wamputsar, es de ascendencia indígena, del pueblo shuar. Justamente en su primer año como presidenta del CNE fue criticada por el colectivo ambiental Yasunidos por “traicionar al colectivo”, luego que negara la solicitud de consulta popular por parte del colectivo que se oponía a la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuni.
Diana Atamaint, presidenta del CNE, y el presidente Daniel Noboa, el 4 de agosto de 2024 durante un desfile de migrantes en Nueva York (Estados Unidos).
Otro caso que la cuestiona es el de Luis Loyo, su Director de Nacional de Procesos en el CNE, encargado de planificar y ejecutar técnicamente los comicios, quien fue separado del cargo por ella misma luego de ser capturado en una red de tráfico de influencias que terminó con otros 33 capturados. Loyo tenía 34 procesos judiciales en su contra, entre ellos, por falsificación de documentos públicos y estafa.
Enrique Pita García, Vicepresidente del CNE. Foto tomada de: https://x.com/cnegobec/status/1914328318599385501
Entre tanto, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita García, el segundo al mando y muy activo el día de las elecciones hablando con los medios de comunicación sobre “la transparencia de los comicios”, tiene a su sobrino Nelson Jaramillo Pita como representante de la empresa Karpowership. Esta compañía de origen turco salió a relucir en medio de la crisis energética que vivió Ecuador, donde hubo racionamiento de energía de 12 a 14 horas, porque Karpowership se comprometió a producir 100 megavatios diarios, pero no lo cumplió, lo que generó suspicacias respecto a su fiabilidad teniendo en cuenta las denuncias que ha habido en contra de la compañía en países como Líbano y Pakistán.
Jaramillo Pita logró contratos con el gobierno de Noboa por 430 millones de dólares para generar 320 megavatios de energía a través de barcazas. Además, Jaramillo es gerente general de Sycar LLCC, una empresa que pasó de ser subsidiaria a una empresa central en el suministro de energía, al recibir, el pasado 30 de noviembre, autorización del Ministerio de Energía para importar 7.300 millones de pies cúbicos anuales de gas natural por cinco años. Esto fue posible gracias a que el presidente Daniel Noboa modificó el Reglamento de Operaciones de Gas Natural a través del decreto ejecutivo 311. La empresa SYCAR Gas fue creada el 13 de septiembre de 2023 con un capital inicial de USD $100. Según la versión oficial, el decreto se creó para regular la venta y almacenamiento de gas natural. Esto beneficia directamente a la empresa SYCAR GAS, formada apenas unos meses antes, en 2023. Luego que facilita la inversión privada en la importación de gas y amplía el plazo de comercialización e importación de 5 a 25 años, garantizando así el negocio a largo plazo.
Otra entidad esencial para la vigilancia de los procesos democráticos en Ecuador es el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Este organismo se encarga de administrar justicia electoral como última instancia. En este caso, tendría que investigar las distintas denuncias por irregularidades de las que es acusado el presidente Daniel Noboa en la carrera por la presidencia.
Ivonne Coloma Peralta, Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral. Foto tomada de: https://www.tce.gob.ec/index.php/autoridades/
Su presidenta es Ivonne Coloma, quien fue impulsada por el gobierno Noboa dentro del Tribunal. El 12 de agosto de 2024, en una maniobra irregular, Coloma autoconvocó una sesión exprés, con solo tres de los cinco jueces de su lado - la mínima mayoría requerida- y, sin debate previo ni consenso institucional, fue electa presidenta del organismo. Este acto, lejos de seguir el debido proceso que exige neutralidad en un tribunal electoral, evidenció el control político del Ejecutivo sobre un órgano que debería ser autónomo. Como vicepresidente fue elegido Ángel Torres Maldonado, quien tiene como yerno a Dennys Bravo, designado por el Ministerio de Gobierno de Noboa como director Zonal 7 en la provincia de Loja y Director del movimiento gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN) en esa provincia. ADN es el partido de Noboa.
Estas son las cabezas visibles (responsables) y más importantes de los organismos electorales en Ecuador, en sus manos está resolver las docenas de denuncias que apuntan a un fraude en Ecuador en las pasadas elecciones presidenciales. Su silencio sobre el desbordado actuar del candidato presidente deja mucho que decir, incluso, por parte de observadores internacionales que miraron atónitos como el Ejército estuvo presente con armas dentro de las urnas de votación. Desde el CNE ya hay pistas de cómo se van a resolver estas denuncias, pues su presidenta ha dicho en entrevistas con medios internacionales que todo fue transparente.
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