Investigación

SUBRAYA

El secuestro y desaparición de más de 17 jóvenes inocentes (10 de ellos menores) en Cartago (Valle del Cauca), en los últimos cuatro años, cuatro de ellos encontrados enterrados cerca del pueblo y con señales de violencia sexual, revela un entramado de crimen e impunidad que se mezcla entre los herederos del Cartel del Norte del Valle y la negligencia, incluso complicidad, de la Fiscalía. Las madres constituyeron una asociación de desaparecidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar para proteger la ardua tarea de encontrar a 11 de ellos. 

Unidad Investigativa Revista RAYA

En la tarde del 3 de junio del 2023 unidades de la Policía Nacional en Cartago (Valle del Cauca), irrumpieron de manera irregular en la casa del señor Juan Pablo Santiago Rendón, en un operativo de allanamiento que buscaba golpear a miembros de la banda Los Flacos, un grupo criminal que surgió en 2012, producto de la guerra entre los capos del Cartel del Norte del Valle, al servicio de una banda mayor que opera en el Eje Cafetero: La Cordillera. Los Flacos se encargan de controlar el tráfico de drogas en Cartago y algunos municipios aledaños como Alcalá, El Águila, Ansermanuevo, Obando, incluso, tiene injerencia en algunos barrios de Pereira. Sus principales cabecillas, de apellidos Serna Montoya, tienen orden de captura pero la mayoría están en libertad.  

El allanamiento no tendría ninguna trascendencia, pero dos circunstancias irregulares relacionadas revelan un oscuro entramado de crimen e impunidad que aún persiste en ese municipio. 

En primer lugar, la casa donde se ocultaban los miembros de la banda criminal no era la del señor Santiago Rendón, que fue allanada primero, sino la vivienda del frente, a donde los uniformados arribaron minutos más tarde cuando ya algunos de los delincuentes habían abandonado el lugar, así lo relataron varios testigos que pidieron no ser citados. Los hechos sucedieron en el barrio Santa Ana, en donde las autoridades reportaron la captura de alias “Chavez”, quien ya se había fugado meses antes de una estación de Policía, así como la incautación de armas y vehículos usados para el sicariato.

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El señor Juan Pablo Santiago elevó una queja formal contra la Policía por haber irrumpido de forma ilegal en su casa el mismo día en que sucedió la desaparición de su hija.

En segundo lugar, de acuerdo con el testimonio de la madre de Nicolás, Lina María Gómez, su hijo se encontraba en la vivienda que allanaron primero junto con su novia Nasly Daniela Santiago. Ambos desaparecieron cuatro horas después del operativo en el que los criminales se escaparon. Nicolás además había sido hostigado por la Policía días antes de su desaparición, según una queja que la familia elevó a la Procuraduría.

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Lina Gómez, madre del menor Nicolás, denunció ante la Procuraduría a los uniformados que cometieron irregularidades en el caso de su hijo.

Desde ese día, la pena de Lina la llevó a escarbar la verdad de lo sucedido, recorriendo los últimos pasos de su hijo, para encontrar finalmente su cuerpo enterrado en una laguna cerca de Cartago. Ese camino fue doloroso, pues, en un principio no contó con el apoyo de la Fiscalía ni del entonces alcalde Víctor Álvarez, un protagonista que irá revelando quiénes mandan en este pueblo del norte del Valle. 

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La moto de Nicolás fue hallada por la misma Policía tres días más tarde en un caño cerca de la Hacienda El Rincón, una finca ubicada en las afueras del pueblo donde varios testimonios señalan que se reúnen miembros de la banda criminal Los Flacos, hecho que fue confirmado por el exalcalde Víctor Álvarez a Lina Gómez, madre de Nicolás, en una conversación grabada a la que RAYA tuvo acceso. 

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Detalles de la moto de Nicolás Aristizabal que apareció cerca a la Hacienda El Rincón, muy lejos del lugar donde fue hallado meses después su cuerpo.

Según el alcalde, él mismo le solicitó al coronel de la Policía que buscaran a los menores en la zona donde fue hallada la motocicleta, pero se rehusó pronunciarse ante la madre sobre la desaparición argumentando que no era un hecho de orden público, ni había sido confirmada ninguna hipótesis por las autoridades, también se negó a ofrecer recompensas por información que condujera al sitio donde estaban los menores. 

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“Para mí ahí hay un indicio”, le dijo el alcalde a la madre refiriéndose a una hacienda cercana al punto donde fue encontrada la motocicleta, “¿por qué las autoridades no lo cogen? No sé por qué, pero la búsqueda debería hacerse en esos sectores”.

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En otra conversación sostenida días más tarde, el alcalde Álvarez aseguró que él estaba seguro de que el hecho era obra de una organización criminal y no de un depravado sexual, como se barajó en algunas hipótesis. “Necesitamos que la Policía investigue”, se quejó Lina Gómez, “a usted le toca revolcarse si la Policía no investiga”, respondió el alcalde Álvarez.

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La Policía cometió varias irregularidades en ese momento, pues no practicó los actos urgentes sobre la moto que permitieran identificar las huellas dactilares de quienes la habían manipulado u otros elementos materiales de prueba para esclarecer la desaparición; además, el vehículo fue sacado del lugar, luego lavado y trasladado al comando municipal. Por estos hechos hay varias quejas y denuncias formales que las familias interpusieron ante la Fiscalía, Procuraduría y la Policía, documentos que respaldaron la resolución 73 del 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual decretó medidas cautelares para que el Estado colombiano tomara las “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los familiares de Nasly Daniela Santiago Díaz y Nicolás Aristizábal Gómez”.

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Vista satelital de una de las casas de la Hacienda El Rincón, donde supuestamente habrían llevado secuestrados a los menores.

Los cuerpos de Nicolás y Nasly Daniela fueron encontrados por el padre de ella, Juan Pablo Santiago Rendón, dos meses después de la desaparición, el 13 de agosto de 2023, gracias a una llamada anónima que lo alertó sobre la presencia de un cadáver flotando en un humedal en un lote baldío próximo al Batallón Vencedores, sobre la misma carretera que conduce al aeropuerto de Cartago y a la finca El Rincón. Lina Gómez, la madre de Nicolás, insiste en que el allanamiento irregular y la desaparición de los jóvenes tienen una relación directa. Ella cree que ingresaron a la casa equivocada para poner sobre aviso a los miembros de la banda, y que ello puso en riesgo a su hijo y la novia: “a ellos los mataron con sevicia, a mi hijo le metieron 18 puñaladas, a Daniela ocho puñaladas y fue abusada”.

Según la CIDH, al no hacerse presente las autoridades (en el lugar del hallazgo de los cuerpos), los padres decidieron alquilar motobombas para tratar de drenar la laguna y recuperar los cuerpos, pero no tuvieron éxito. “Esa noche [el 13 de agosto de 2023] permanecieron custodiando el lugar y continuaron realizando labores por sus propios medios para realizar el desagüe de la laguna. Tres días después, las autoridades [de Policía y de la administración municipal] arribaron al lugar indicando que debían obtener permisos para permitir que personal de Medicina Legal realizara la recuperación de los cuerpos”. 

Apenas dos meses después de encontrar los cuerpos de Nasly Daniela y de Nicolás, el 19 de octubre de 2023 desaparecieron los novios Carlos Andrés Salazar Damelines y Daira Alejandra Betancourt, de 16 y 13 años respectivamente. La última vez que los vieron fue antes de las 7 de la noche de ese día en una heladería del centro comercial Nuestro Cartago, a menos de un kilómetro del lote baldío donde habían sido hallados los otros menores desaparecidos. Cuatro días más tarde, el 22 de octubre, aparecieron los cuerpos de Carlos y Daira en un potrero del mismo sector de la vía que conduce al Batallón Militar donde habían sido hallados meses antes los cuerpos de Nasly Daniela y Nicolás. 

Los análisis técnicos del Instituto de Medicina Legal a los que pudo acceder RAYA establecieron que la causa de la muerte de Carlos Andrés fue asfixia por sofocación, los peritos que inspeccionaron el cadáver no evidenciaron traumas en su cuerpo, pero sí abundantes rastros de tierra en las vías respiratorias, lo que es un indicio de que pudo haber sido enterrado vivo. 

Algunas de las madres de los menores viajaron a la capital con el fin de denunciar la complicidad que existiría entre la banda Los Flacos y la Fiscalía en Cartago. Así lo denunció Lina María Gómez en entrevista con esta revista: "Estuvimos en Bogotá, íbamos a hacer una huelga de hambre, tuvimos entrevista con Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, ellos se comprometieron, hicieron unas actas y estuvimos en Fiscalía con Luisa Obando, ella se comprometió con el fiscal Luis Fernando Bustos y fuimos claros en que no queríamos nada con la Fiscalía del Valle, porque no confiamos en nadie del Valle. Pero no ha pasado nada. La mayoría de los muchachos siguen desaparecidos". RAYA conoció que la Inspección General de la Policía está investigando a varios de los uniformados que participaron en el allanamiento.

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Las madres de los menores desaparecidos frente a las instalaciones de la Fiscalía en Cartago, con el fin de exigir justicia por el secuestro, tortura y asesinato de sus hijos durante los últimos 4 años. Se registró el pasado 8 de febrero exigiendo la elección de una nueva Fiscal General de la Nación, cosa que no ocurrió en la Corte Suprema de Justicia ese día.

Un suicidio que despierta más interrogantes

El 1 de noviembre de 2023 ocurrió un suceso aparentemente sin conexión con estos hechos: el subintendente Fernando Murillo Campos, con veinte años en la institución, se suicidó en las instalaciones del comando de Policía de Cartago, de acuerdo con la versión oficial, después de apoderarse del arma de dotación de uno de sus compañeros. 

Por información de las familias de los jóvenes desaparecidos RAYA pudo confirmar que el subintendente Murillo había amenazado y golpeado en reiteradas ocasiones a varios parientes del joven Carlos Andrés Salazar, antes de que este fuera desaparecido. En el contexto de la búsqueda del menor Salazar los familiares pusieron estos hechos irregulares cometidos por Murillo en conocimiento de los altos mandos de la Policía como el mayor Erwin Méndez. El día en que los familiares se dirigían a instaurar la denuncia formal contra el subintendente, ocurrió el extraño suicidio dentro de la estación.

A los cuatro casos de jóvenes desaparecidos, antes reseñados, se sumaron los de los novios Isis Sánchez y Jean Pool Hernández, de 15 y 16 años respectivamente, quienes desaparecieron el 19 de diciembre de 2023 cerca al barrio El Diamante. Desde entonces no se tiene noticia de su paradero, aunque la madre de Isis le contó a RAYA que tiene la esperanza de que ambos aparezcan con vida.

No obstante, existen otros once casos de desaparecidos que nunca fueron aclarados por las autoridades y que sucedieron en los últimos cuatro años. En total son 17 jóvenes desaparecidos, de los cuales, 10 son menores de edad y los otros 7 su edad oscila entre los 18 y 21 años. La lista completa incluye a Daniel Cano Rodríguez y Keine Jiménez Rodríguez, desaparecidos en septiembre de 2021; Luz Esneda Roa Osorio, desaparecida el 23 de septiembre de 2021; Daniel Esteban Gazo y Jhonier Fernando Cortes el 25 de septiembre de 2021; Daniel García el 12 de enero de 2022; Yeanis Sierra el 18 de diciembre de 2022; Jeison Stiven Estrada Gómez el 13 de enero de 2023; Andrés Felipe Hoyos Gallego el 19 de septiembre de 2023; Lisandro Mosquera y Dioner Mazo el 12 de octubre de 2023.

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Ellos son algunos de los menores desaparecidos, los cuales han sido encontrados naufragando en una laguna o enterrados en el mismo terreno cerca de Cartago (Valle).

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Fuentes cercanas a la Fiscalía en Cartago señalaron que por lo menos desde el año 2012 existe una tendencia evidente de agresiones sexuales contra parejas de novios que son asaltados en las afueras de la ciudad. Además, aseguraron que se reportan casos idénticos cada año, aunque estos delitos no derivaban en la desaparición y asesinato de los menores, como ha ocurrido ahora, pues los jóvenes aparecían vivos y golpeados. Estos casos tampoco son los primeros relacionados con la mafia y la violencia sexual en Cartago, pues la reportera Jineth Bedoya Lima documentó una racha de 15 menores de edad desaparecidas en los primeros meses de 2003, en crímenes por los que se señalaba al extraditado capo Hernando Gómez Bustamante, alias “Rasguño”, y sus hombres.

Como si fuera una mala repetición de la historia, los actuales crímenes han ocurrido en el contexto de disputa de la banda de Los Flacos, dividida en varias facciones que pelean violentamente por el poder en Cartago y sus alrededores, mientras sus jefes se encuentran presos, muertos o acosados por procesos judiciales. Al cierre de este reportaje fue capturado en Pereira el señalado cabecilla de esa organización, Breiner Robinson Montoya Serna, alias “Cakin”, un sujeto procesado por narcotráfico y homicidio que se fugó en 2019 mientras gozaba del beneficio de prisión domiciliaria. 

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Breiner Montoya Serna, jefe de Los Flacos, estaba entre los más buscados del norte del Valle.

La desidia absoluta de las autoridades no ha sido el único obstáculo de las familias en su búsqueda de justicia. Lina Gómez, madre de Nicolás Aristizabal Gómez, ha recibido amenazas contra su vida que la obligaron a abandonar Cartago, la misma suerte que corrió Juan Pablo Santiago, padre de Nasly Daniela Santiago, quien había denunciado formalmente a los policías por el operativo ilegal que ocurrió en su casa horas antes de la desaparición de ambos jóvenes.

Otra madre de uno de los jóvenes desaparecidos, cuya identidad mantendremos en reserva, recibió por lo menos dos llamadas amenazantes y la intimidación de un hombre que la abordó directamente en la calle en una moto Honda DR, quien le dijo que parara sus denuncias si no quería “el mismo futuro para sus otros hijos” a los que este hombre le mencionó con nombre propio. 

Un comunicado que circuló el 28 de octubre de 2023 atribuido a la banda criminal de Los Flacos amenazó de forma directa a los familiares de los menores dándoles 24 horas para ”salir de Cartago y zonas donde nosotros sabemos que frecuentan junto con sus familiares ya que serán objetivo militar y nuestros hombres tienen la orden de ejecución”. Varios de los parientes de los menores ya abandonaron la ciudad y otros están exiliados. 

Por ahora sólo quedan preguntas que las autoridades en Cartago no resuelven y sobre las que RAYA seguirá recabando: ¿por qué no se allanó a tiempo la Hacienda El Rincón, si, incluso, el exalcalde Víctor Álvarez reconoció en privado que allí sucedían hechos oscuros relacionados con la banda Los Flacos? ¿Por qué la Fiscalía no practicó los actos urgentes ni acordonó el terreno donde se encuentran la laguna en la que fueron encontrados los cuerpos de varios de los menores? ¿Quiénes amenazaron a los familiares de los menores que buscan justicia para sus hijos? 

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