RAYA conversó con Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), sobre diversos crímenes denunciados en Ecuador en el marco del acuerdo militar entre Donald Trump y Daniel Noboa. Entre ellos: ejecuciones extrajudiciales, desaparición de pescadores en operaciones encubiertas, asesinatos de operadores judiciales y torturas a civiles. Pese a la alianza no hay resultados concretos en seguridad, Ecuador es hoy el país más violento de Sudamérica y el crimen organizado sigue en aumento. HRW documentó torturas y detenciones arbitrarias en una operación conjunta en la frontera con Colombia y ataques contra embarcaciones pesqueras cerca de Galápagos, atribuidos, posteriormente por The Washington Post, a un programa encubierto de la CIA.
Por: David González M.
América Latina vive una nueva ofensiva de dominación. Desde Argentina hasta Colombia, las fuerzas estadounidenses avanzan y operan sobre los territorios sin mayores excusas. Washington dice que la razón principal es la guerra contra el narco y la securitización de un hemisferio que considera suyo ante la creciente influencia de China como adversario geopolítico.
Mientras tanto, desde los territorios menos vigilados por la prensa, empiezan a ser visibles las consecuencias de ese plan. Hoy el Ecuador del derechista Daniel Noboa es el principal espejo de lo que puede agudizarse en la región: bombardeos de civiles, operaciones encubiertas con posibles ejecuciones extrajudiciales, creciente subordinación de las políticas nacionales de seguridad. Y todo esto a un precio demasiado alto: erosión democrática y pocos resultados en seguridad. A pesar de los acuerdos de cooperación militar en marcha entre Estados Unidos y Ecuador, hoy ese país sufre la más grave ola de violencia y asesinatos de su historia, hasta convertirse en uno de los países más violentos del continente.
Para hablar de esto, RAYA entrevistó a Juanita Goebertus, directora de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW), una de las principales organizaciones civiles que investigan los abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. Goebertus habló desde Ecuador luego de publicar una investigación detallada sobre estas violencias. HRW lanzó recientemente un informe que documenta las graves vulneraciones contra civiles en el contexto de la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador.
RAYA: El pasado 21 de julio HRW lanzó una investigación que documenta graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la cooperación militar entre Estados Unidos y Ecuador. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos?
GOEBERTUS: Sí, desde Human Rights Watch publicamos el mes pasado, en julio, un informe que da cuenta de los acuerdos de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador bajo la administración Trump y la administración Noboa. Y básicamente concluye que estos acuerdos de cooperación no han reducido la violencia proveniente del crimen organizado. Si uno compara 2024 desde que se declaró el conflicto armado por parte del presidente Noboa, compara esa tasa de homicidios con el año 2025, lo que encuentra es que hay un incremento del 40% de los homicidios. Y en cambio lo que ha sucedido a su vez, desde 2024, es el incremento de denuncias por graves violaciones a derechos humanos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y casos de tortura. Este informe en particular da cuenta de cuatro incidentes: uno terrestre en San Martín, en la frontera justamente entre Ecuador y Colombia, y tres marítimos cerca de las costas de Galápagos.
Es un informe basado en más de 60 testimonios que además corroboramos a través de distintos medios: verificamos antecedentes judiciales, documentos médicos, pudimos verificar el tipo de lesiones que sufrieron las personas con expertos forenses, hicimos verificación de fotografías, de videos, imágenes satelitales, rastreo de barcos en altamar.
RAYA: Sobre estos crímenes contra civiles, The Washington Post y otros medios estadounidenses han revelado operaciones encubiertas atribuidas a la CIA que habrían dejado civiles muertos y desaparecidos. ¿Qué se sabe de esas operaciones y qué ha respondido el gobierno de Noboa?
GOEBERTUS: Human Rights Watch ha documentado los casos de los ataques de Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico en contra de embarcaciones; a la fecha, van más de 220 ejecuciones extrajudiciales. Son definitivamente casos que no pueden enmarcarse dentro de un conflicto armado, con lo cual el uso de la fuerza letal como primera opción, que es lo que ha admitido el gobierno de Estados Unidos que ha hecho, es una abierta violación del derecho internacional.
En seguimiento a esos ataques, justamente conocimos estos tres casos cerca de las costas de Galápagos. En los tres el modus operandi fue el mismo. Lo que encontramos es que las embarcaciones, entre enero y marzo de este año, reportaron estar siendo seguidas por una embarcación que tenía bandera de Estados Unidos, según los testimonios que recogimos.
Luego, dos de las embarcaciones reportaron que estaban siendo seguidas por drones vigilados y, según ellos, recibieron un ataque con explosivos por parte de esos drones. En esas dos embarcaciones, cuatro personas resultaron gravemente heridas, incluyendo una persona que quedó ciega como resultado del ataque. Además, verificamos con expertos forenses y, efectivamente, concluyeron que las heridas que tienen las personas son concluyentes de un ataque con drones cargados con explosivos.
Estas personas reportan que se acerca una embarcación azul y blanca, nuevamente con la bandera de Estados Unidos. Quienes están a bordo hablan inglés y tienen uniforme camuflado caqui. Reportan que tienen insignias en el uniforme de Estados Unidos. Los llevan a esa embarcación y los entregan, luego de navegar durante un tiempo, a guardacostas salvadoreños.
Esto es importante porque El Salvador realmente está muy lejos de Galápagos, es muy extraño que esa haya sido la decisión. Y todos coinciden en señalar que guardacostas salvadoreños los habían recibido de parte de oficiales de Estados Unidos. Luego son llevados a El Salvador y, luego de varios días allí, son trasladados de vuelta a Ecuador. En la tercera embarcación, el modus operandi es igual, con la diferencia de que dos de los pescadores estaban por fuera de la embarcación; es el caso de la embarcación Fiorela, estaban pescando y vieron cómo desde el lugar donde estaba la embarcación, se veía una columna de humo hacia el cielo. Se acercan y para ese momento la embarcación ya está hundida, y los otros ocho tripulantes hasta hoy están desaparecidos.
RAYA: ¿Existe evidencia de que esas embarcaciones estuvieran transportando cocaína, como lo asegura el gobierno de Trump?
GOEBERTUS: Estados Unidos negó públicamente que hubiera participado en esa operación el Departamento de Defensa y los guardacostas de Estados Unidos, pero no ha negado que haya participación de otras agencias. Como señalan el Washington Post luego de la publicación de nuestro informe, y también el New York Times, han recolectado información que sugeriría que sería la CIA la que estuvo involucrada. El gobierno de Noboa también ha negado su participación, a pesar de que ha señalado que coopera con Estados Unidos en operaciones en contra de embarcaciones en el Pacífico. Y la forma en la cual se refirió a estos casos dijo que ellos no estaban involucrados, pero que si Estados Unidos lo hizo, seguramente era porque los pescadores algo mal estaban haciendo. Nosotros verificamos los antecedentes de estas personas; había un par de casos de antecedentes por inasistencia alimentaria, pero ninguno por crimen organizado ni por narcotráfico. Estos eran barcos, todos con permisos pesqueros. Uno de los barcos había sido aproximado por guardacostas ecuatorianos previo a los ataques, y los guardacostas ecuatorianos les habían dado vía libre porque no habían encontrado nada irregular. Tenemos todas las razones para creer que no vemos evidencia de que estos barcos estuvieran narcotraficando, más allá de que, en todo caso, hacer un ataque de uso de la fuerza letal con drones sería ilegal, pero en todo caso no encontramos evidencia de que ahí hubiera alguna actividad ilegal.
RAYA: La fiscal Gloria Bravo investigaba algunos de estos ataques y posteriormente fue asesinada en Ecuador. ¿Qué pudo establecer Human Rights Watch sobre su asesinato y sobre las dificultades que enfrentaba para investigar estos hechos?
GOEBERTUS: Nosotros entrevistamos a la fiscal antes de que la asesinaran; su testimonio está incorporado en nuestro informe. Ella reportaba tener muchísimo miedo; señaló que no había logrado que el gobierno ecuatoriano levantara la reserva de la información. En Ecuador, la reserva de la información relacionada con operaciones de seguridad es oponible también a quienes investigan, como autoridades como la Fiscalía y la Defensoría, cosa que es muy grave para la posibilidad de investigar estas violaciones a los derechos humanos.
Y efectivamente, ella fue posteriormente asesinada. Hoy, la investigación abierta por su homicidio no ha avanzado. Las autoridades ecuatorianas siguen hablando de que es información reservada. Ahora, es cierto que los ataques a operadores judiciales en Ecuador hacen parte de un patrón más amplio. Desde 2020, 30 operadores judiciales han sido asesinados, dos más de los que habíamos registrado en el informe porque solo en estas semanas ya han asesinado a otros. Y también es cierto que la fiscal llevaba muchos casos delicados, incluyendo casos no solamente contra el crimen organizado, sino también de asesinato, por ejemplo, de una líder en la zona justamente, de ahí que no podamos saber exactamente cuál fue la razón de su asesinato.
RAYA: En este debate se ha invocado el Plan Colombia como antecedente de cooperación en seguridad. En Ecuador, sin embargo, Noboa declaró la existencia de un conflicto armado. ¿Qué problema ve Human Rights Watch en esa caracterización y en las políticas que se derivan de ella?
GOEBERTUS: Lo primero es que yo creo que hay un problema de caracterización en el caso de Ecuador. El presidente Noboa ha considerado desde enero de 2024 que el Ecuador está en conflicto armado. Pero tanto la Corte Constitucional en Ecuador como el Comité Internacional de la Cruz Roja no consideran que exista un conflicto armado en Ecuador. Nosotros coincidimos con esa valoración.
Lo que existe acá, en nuestra opinión, es un crimen organizado supremamente hostil que, efectivamente, el Estado tiene que desplegar una política de seguridad y justicia para proteger a la población frente a los ataques de estos grupos de crimen organizado, pero son eso, crimen organizado, no partes en el conflicto. Entonces, ahí de entrada hay un problema de caracterización que tergiversa el tipo de políticas a implementar. La decisión de política pública del gobierno de Noboa ha sido, a partir de esa declaratoria, declarar estados de excepción sucesivos, señalar que lo que va a hacer es el despliegue de fuerzas militares y, a la par, no ha habido, además, un proceso ni de fortalecimiento de la policía, ni de fortalecimiento de la capacidad de investigación, ni de fortalecimiento de la capacidad de
RAYA: ¿Qué tantas debilidades tiene Ecuador en materia de justicia?
GOEBERTUS: Esta semana estuve en reuniones en la Fiscalía y me decían que para todo Ecuador la unidad encargada de crimen organizado solo cuenta con un analista en materia de lavado de activos. En el país en donde hoy la presencia del crimen organizado es más grande, Ecuador tiene hoy la tasa de homicidios más alta de Sudamérica, la segunda más alta después de Haití en el hemisferio occidental. Obviamente que cortar las redes del crimen organizado pasa, por ejemplo, por investigar la corrupción, porque es la única manera de que el crimen organizado sobreviva.
Ecuador, me confirmaban en la Fiscalía, tiene para todo el país tres fiscales anticorrupción. Nada de eso ha sido fortalecido por el gobierno de Noboa. No se ha generado un proceso justamente de entender que tendría que haber un proceso de fortalecimiento de la capacidad de investigación y judicialización. Entonces, más allá de las cooperaciones que quiere hacer el gobierno de Noboa, yo entiendo que es un contexto, tanto del tipo de reto de seguridad que enfrentan como del tipo de política pública aplicable.
RAYA: Y está el tema del Escudo de las Américas, sobre el que públicamente se sabe poco. ¿Ha podido Human Rights Watch acceder a información más precisa sobre en qué consisten estos acuerdos de seguridad ?
GOEBERTUS: Son acuerdos supremamente opacos. Lo que tenemos públicamente son declaraciones, tanto la del Escudo de las Américas como luego la reciente declaración de lucha contra el crimen organizado en Panamá. Hay expresiones de cooperación que parecen más asociadas a visiones político-ideológicas. Pero no hemos visto un plan, no hemos visto sobre la mesa cuál es el plan de desmantelamiento del crimen organizado, no han puesto sobre la mesa estrategias, visión de cómo es que efectivamente se reducirá el crimen organizado. Muy por el contrario, en el informe reciente que filtró el Washington Post sobre la DEA se muestra que la estrategia de Estados Unidos de bombardear lanchas en el Caribe y en el Pacífico no ha reducido en nada el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Este continúa creciendo, con lo cual habla de la falta de efectividad de ese pedazo de la estrategia; e insisto, lo que nosotros estamos documentando en el caso de Ecuador es que tampoco ha sido efectiva la reducción del crimen organizado. Entonces, en efecto, son acuerdos supremamente opacos y no expresan aún una visión de cómo es que aspiran supuestamente a debilitar la criminalidad organizada en la región.
RAYA: Hay otro tema muy importante y es el de la impunidad. Existe desde la administración Trump un esfuerzo por atacar la Corte Penal Internacional y los estándares de justicia internacional. ¿Qué tan grave es que esto suceda, que los gobiernos de América del Sur empiecen a sumarse a esta idea de desmontar la justicia internacional ?
GOEBERTUS: Sí, empiezo por un pedazo nacional justamente asociado a Ecuador porque no es menor. Noboa tramitó en Ecuador dos normas muy graves. La primera, que los miembros de las fuerzas de seguridad en Ecuador en el desarrollo de operaciones en el marco del conflicto armado tendrán total inmunidad por los delitos que cometan, lo cual es una promesa de impunidad e incluso de comisión de graves violaciones a derechos humanos. Lo que eso está diciendo es: "Adelante, torturen, desaparezcan, ejecuten, que no los vamos a juzgar". Y el segundo elemento es que acaba de tramitar justamente otra reforma para permitir que extranjeros que participen en operaciones en Ecuador reciban la misma inmunidad. Insisto, con lo cual aplicar la receta ecuatoriana en el resto de los países de la región sería muy peligroso en materia de derechos humanos. Ahora, eso se suma a la tendencia global más amplia de Estados Unidos, y no creo que sea coincidencia que Ecuador esté tramitando esas normas al tiempo que tiene esta cooperación con Estados Unidos. Porque, como dices, Estados Unidos ha iniciado una cruzada en contra de la Corte Penal Internacional, no solo de ahora, sino sobre todo desde la imposición de sanciones en contra de miembros de la CPI que simplemente estaban cumpliendo sus funciones y que, así como decretaron la orden de captura contra Netanyahu, lo hicieron también contra Putin y lo hicieron también contra líderes de Hamas. Yo creo que habla del sesgo no solo político-ideológico del gobierno de Trump, que le gustaba la justicia cuando estaba en contra de sus enemigos políticos como Putin, pero que no le gustaba la justicia cuando estaba en contra de sus aliados políticos como Netanyahu. Y creo que en el caso de América Latina es una gran contradicción.
RAYA: Frente a declaraciones y versiones sobre una eventual salida de Colombia del Estatuto de Roma y cambios a la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿qué tendría que ocurrir para que decisiones de ese alcance se concretaran ?
GOEBERTUS: Yo prefiero no especular; hasta el momento no he visto confirmación del Gobierno de Colombia de que realmente quiera salirse del Estatuto de Roma. En su momento, si lo confirman, por supuesto me pronunciaré, pero no he visto hasta el momento esa confirmación. En el caso de la JEP, ha habido declaraciones contradictorias entre el presidente y el ministro de Justicia. Las declaraciones del ministro de Justicia han insistido en que sigue adelante la JEP. Quiero ver los documentos: cualquier modificación al Acuerdo de Paz, a la Jurisdicción Especial de Paz, pasaría por reformas constitucionales, reformas legales que hasta el momento el gobierno de La Espriella no ha radicado.
RAYA: ¿Qué riesgos ve de que estos patrones de cooperación y militarización que hoy se observan en Ecuador se repliquen en Colombia bajo el gobierno actual?
GOEBERTUS: Lo que ha venido pasando en Ecuador en la cooperación entre Trump y Noboa debería ser un llamado de alerta para todos los países de la región, incluyendo Colombia y Perú, cuyos presidentes recientemente electos han expresado que quieren seguir una receta similar a la ecuatoriana. Y creo que tienen que estar alerta porque si algo nos muestran las operaciones conjuntas que se han desarrollado en Ecuador, es que no han sido efectivas en la lucha contra el crimen organizado.
Insisto, el crimen organizado sigue creciendo en Ecuador, y las operaciones que hemos visto, como la que documentamos, por ejemplo, en San Martín, en la frontera con Colombia, francamente parecen basadas en inteligencia de muy baja calidad. No redunda en resultado de esas operaciones ni en la incautación de droga, ni en el proceso de extinción de dominio, ni en el quiebre de redes de lavado de activos o, por ejemplo, en el reclutamiento de menores. Lo que había en el caso de San Martín eran trabajadores de una finca lechera y otras dos fincas abandonadas que no solamente fueron bombardeadas, sino después de eso incineradas, y como resultado de lo cual además cuatro personas resultaron torturadas.
Entonces es un llamado de alerta porque creo que a Estados Unidos bajo la administración Trump le interesa más poder montar un videíto de redes sociales para decir que hicieron X o Y operación, pero deja a los países en América Latina con el problema de criminalidad y con el problema de violación de derechos humanos. Así que, en efecto, creo que tanto el gobierno de La Espriella en Colombia como el gobierno de Fujimori en Perú deberían tener mucho cuidado al seguir la receta ecuatoriana.
