Durante más de medio siglo, Javier Giraldo recorrió territorios, escuchó a víctimas y construyó archivos para revelar patrones, estructuras de poder y responsabilidades detrás de la violencia. Tras su fallecimiento a los 82 años, RAYA reconstruye su trayectoria con once testimonios, entrevistas y documentos que muestran cómo convirtió la memoria en una herramienta contra el olvido y la impunidad.
Por: Fabiola León Posada
Javier Giraldo Moreno alcanzó los 82 años. Fue sacerdote jesuita, filósofo, teólogo e investigador social, pero esas palabras apenas rozan la dimensión de una vida que estuvo dedicada a documentar la violencia en Colombia. Su nombre atraviesa algunos de los procesos de memoria y derechos humanos más persistentes del país: Trujillo, el Banco de Datos de Derechos Humanos, Colombia Nunca Más, San José de Apartadó, la documentación de ejecuciones extrajudiciales y, todavía en 2026, las entregas dignas a familias de desaparecidos en la guerra. En todos apareció siempre un mismo empeño: impedir que una víctima quede reducida a un número o a un nombre que nadie vuelva a pronunciar.
Este perfil busca entender qué puede enseñar todavía una trayectoria así sobre la manera de mirar la violencia en Colombia. Las voces reunidas recorren más de cuarenta años y distintas regiones del país. No construyen una biografía convencional: permiten seguir una práctica que se fue formando y transmitiendo —escuchar, guardar nombres, relacionar hechos, encontrar patrones y volver esa memoria una herramienta para exigir justicia—.
Uno de los lugares donde esa práctica tomó forma fue Trujillo, en el Valle del Cauca. Entre 1988 y 1994, allí y en los municipios de Bolívar y Riofrío, familiares y organizaciones humanitarias registraron 342 víctimas de homicidio, tortura y desaparición forzada en una cadena de crímenes conocida como la masacre de Trujillo. El 17 de abril de 1990 desapareció Tiberio Fernández Mafla, párroco del municipio y amigo cercano de Giraldo; su cuerpo fue hallado días después en el río Cauca. La desaparición llevó al jesuita hasta el Valle. Había llegado por un hombre; allí empezó a escuchar a familias que hablaban de muchos otros desaparecidos, torturados y asesinados. Cuando la investigación fue archivada, Giraldo ayudó a llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Clemencia Correa, quien hizo parte de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz desde los años noventa, estuvo con Giraldo en Trujillo. Recuerda un pueblo “totalmente vacío, lleno de terror, de silencio”. Mientras él hablaba con una familia y luego con otra, comenzaron a formarse filas de personas que querían contar lo ocurrido. “¿Qué hacía Javier ahí? Escuchar, escuchar y escuchar”, dice. Correa recuerda que de esa escucha surgió también la necesidad de un trabajo de memoria que, tras un proceso largo, tomó forma en el monumento de Trujillo.
Años después, Giraldo explicó esa misma preocupación de otra manera: se encontraba con “casos y casos y casos de violencia y de injusticia”, pero guardarlos como “un dato simple, un dato frío” no lo convencía. Lo que buscaba era conservar “la memoria de las víctimas y de los proyectos de las víctimas”. Ese movimiento —partir de una historia concreta, escuchar otras y ponerlas en relación— terminaría atravesando más de medio siglo de su trabajo.
Tarcisio Gaitán, sacerdote que hizo parte de Justicia y Paz desde mediados de los años noventa, se sorprendía por lo que Giraldo retenía de esas conversaciones. Casi no veía a Giraldo tomar apuntes mientras ellas hablaban; sin embargo, después podía reconstruir nombres, fechas y circunstancias. Gaitán llama a esa capacidad tener “fresquita la memoria del corazón”. “Se le queda profundamente grabado en el corazón”, dice.
Henry Ramírez Soler, misionero claretiano y antiguo secretario auxiliar de Justicia y Paz, lo recuerda también como maestro. Cuando Giraldo regresaba de alguno de sus viajes, a veces llegaba primero a la oficina que a su propia casa. Podían ser las 5:30 o 6:00 de la tarde y comenzaba a contar lo que había visto y aprendido: los tribunales de los pueblos, la objeción de conciencia, los casos que venían documentando en El Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí, en Santander. Las 6:00 se convertían en las 7:00, luego en las 8:00. “Yo me sentía súper afortunado y privilegiado de tener a semejante maestro ahí”, recuerda Ramírez.
En esas escenas aparecen dos rasgos de una misma práctica: conservar los detalles y convertir lo aprendido en una herramienta que pudiera circular entre otros. Pero antes de volverse archivo, método o denuncia, esa manera de estar frente al dolor tuvo para Giraldo una raíz ética.
La ética desde sus raíces
Javier Giraldo tenía 19 años y estaba en formación para ser jesuita. Como parte del noviciado pasó un tiempo colaborando en un hospital de Medellín. Allí ocurrió un encuentro que recordaría décadas después: un día llegó Camilo Torres, sacerdote y sociólogo colombiano que entonces recorría el país hablando de desigualdad, reforma social y participación popular. Médicos, enfermeras y hasta pacientes fueron a escucharlo. En mayo de 2024, en una entrevista con Alejandro Burgos, del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular), Giraldo recordó aquel momento como “el primer impacto que me causó en la vida esa gran pregunta por la justicia”. También le dejó, dijo, “grandes interrogantes de lo que valía la pena hacer en la vida”.
Camilo Torres murió en 1966, después de incorporarse a la guerrilla del ELN, pero la pregunta que aquel encuentro dejó en Giraldo siguió apareciendo en momentos decisivos de su vida. Años después, mientras estudiaba en Francia, se integró a un comité de estudiantes colombianos alarmados por las denuncias de torturas y detenciones durante el Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay. El trabajo lo conectó con sindicatos, iglesias y organizaciones de derechos humanos y convirtió aquella inquietud juvenil en una forma de vida. “Me montaron en un potro del cual nunca me he podido bajar”, resumió Giraldo. En la misma entrevista explicó qué significaba para él sostener ese camino: no cumplir “un simple contrato laboral”, sino asumir “un compromiso con la gente”. Ahí está la ética que antecede al método en su trayectoria: la justicia entendida como una obligación concreta frente a otros y no como una idea separada de la vida.
Camilo tampoco quedó reducido a un recuerdo de juventud. Giraldo volvió sobre su pensamiento durante décadas y le dedicó dos libros: Camilo entonces y ahora, publicado en 2016, y Camilo ayer y hoy, en 2023. En febrero de 2026, RAYA conversó con él nuevamente sobre ese legado bajo un título que condensaba una de sus convicciones: “No basta con limosna”. Giraldo recuperó de Torres la idea de que, al ir “a la base de nuestro pueblo”, se va “mucho más para aprender que para enseñar”, y leyó el “amor eficaz” como una exigencia de transformar las estructuras que producen pobreza y exclusión.
Lina Peña recuerda haber aprendido esa idea en la práctica. A finales de los años noventa participó en un equipo de Justicia y Paz que viajó a Urabá, una región golpeada entonces por la expansión paramilitar. Peña estaba decidiendo si permanecía en Colombia después de una experiencia misionera fuera del país y dice que Giraldo acompañó ese discernimiento llevándola al territorio. Allí, recuerda, les fue explicando “poco a poco” cómo operaban el miedo y el terror y cómo entender los derechos humanos desde lo que estaban viviendo las comunidades. Para ella, aquel “amor eficaz” dejó de ser una fórmula y se convirtió en una forma de estar y decidir.
De escuchar a construir memoria
Esa idea se convirtió para Giraldo en una práctica de camino. Henry Ramírez Soler, el misionero claretiano que trabajó con él en la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, recuerda que en el Meta lo primero era dejar hablar a las comunidades. “Javier no es de esas personas que llegaba a buscar la información que él quería, sino que las comunidades y las personas hablaran”, dice. Después venían los lugares, los actores, el contexto y la comparación con otros hechos. Un testimonio podía terminar convertido en un informe para una autoridad colombiana o para la Comisión Interamericana, pero comenzaba escuchando.
En ese recorrido la memoria también se construía desde las regiones hacia afuera. Noemí Palencia, del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta, contó a RAYA que buscaba a Giraldo en Villavicencio para conversar sobre los casos que estaban documentando. Él, recuerda, “siempre me atendió” y le explicaba cómo preparar los reportes y a quiénes enviarlos. Quienes conocían la violencia en el territorio aprendían así a documentarla y a hacer circular esa información sin desprenderla de las personas que habían contado lo ocurrido.
Trabajar así exigía llegar hasta donde ocurrían los hechos. Tarcisio Gaitán, sacerdote que trabajó con Giraldo en Justicia y Paz, dice que esa labor debía hacerse “metido en el barro, viajando a las comunidades, estando con las comunidades”. Henry recuerda una escena en Medellín del Ariari, en El Castillo, Meta. Para atravesar un retén paramilitar, el grupo le pidió a Giraldo que hablara porque pensaban que podría bajar la tensión. Cuando los hombres armados preguntaron qué iban a hacer, respondió: “Nosotros venimos a ver los desastres que ustedes han hecho”. Se enfurecieron, pero los dejaron pasar.
Henry cuenta la escena entre risas porque había enviado a Giraldo precisamente para evitar un problema. “Yo mandé a Javier para que no me prendiera el chispero acá y ese man fue lo que hizo fue incendiarlo con los paracos”, recuerda. Esa franqueza convivía con una relación cotidiana mucho menos solemne: en los viajes Giraldo no pedía a las comunidades una comida especial pese a ser vegetariano y después vegano; con el tiempo eran ellas las que aprendían qué podía comer y adaptaban lo que tenían para cuidarlo. Ramírez lo resume como alguien “rigurosamente académico” y, al mismo tiempo, “humildemente accesible a las comunidades”.
Esa manera de trabajar también se transmitía a quienes recorrían esos procesos. Carlos Rodríguez, un joven de Cali que participó en el estallido social, la describe como la capacidad de “quitarse la sotana y ser uno más”: no llegar a imponer una lectura, sino caminar junto a la gente. Pablo Cala, defensor de derechos humanos y miembro de la Fundación Hasta Encontrarlos, conoció a Giraldo en Trujillo y trabajó con él en el Banco de Datos entre 1996 y 1999; después compartieron recorridos en lugares como Charras, Guaviare. “Siento que he sido como un monaguillo durante todos estos años”, dice. En su caso, aprender el método significó seguir caminando con él durante décadas.
Todo lo recogido en esos recorridos necesitaba una forma de permanecer y, sobre todo, de poder compararse. En el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), un centro de investigación social, y en Justicia y Paz, Giraldo coordinó el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. Allí los testimonios dejaban de depender de la memoria de una sola persona sin convertirse por eso en cifras anónimas. En 1996, ambas organizaciones consolidaron criterios comunes, apoyados en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para registrar amenazas, ejecuciones, atentados, detenciones, desapariciones, desplazamientos, lesiones y torturas y poder leer cada caso junto a otros ocurridos en lugares y momentos distintos.
Ese método también salió de Bogotá. Ángela Ballesteros conoció a Giraldo en 2008, cuando acababa de graduarse de Derecho en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Lo encontró impulsando que organizaciones de Boyacá y Casanare se unieran para registrar las violaciones de derechos humanos de sus propias regiones. Sólo después, cuenta, entendió que ese trabajo hacía parte de una apuesta más amplia por conectar bancos de datos y evitar que la información de los territorios quedara aislada.
Joaquín Mayorga Fonseca llegó a ese mundo desde el otro lado del archivo: no tenía datos que ordenar, sino una denuncia que necesitaba ser creída. Venía de Santander y buscaba, recuerda, “a alguien que creyera” en lo que él describía como alianzas entre paramilitares y militares en esa región. En el CINEP encontró a Giraldo. Para Mayorga, ser escuchado fue el comienzo de una relación que después continuó en procesos como Mogotes y San José de Apartadó. Su experiencia muestra para qué servía el archivo antes incluso de convertirse en estadísticas: para que una historia no quedara sola.
A mediados de los años noventa esa tarea desbordó a una sola institución. Justicia y Paz se articuló con organizaciones de familiares de desaparecidos, abogados y defensores regionales —entre ellas ASFADDES, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y CREDHOS— en el Proyecto Colombia Nunca Más. La iniciativa reunió a 17 organizaciones para investigar y sistematizar hechos que el proyecto examinaba como crímenes de Estado. Pero la sistematización no debía reemplazar a las víctimas: su propósito declarado era “recuperar y dar valor a la voz y la verdad” de quienes habían sufrido la violencia.
Por eso las Galerías de la Memoria no exhibían únicamente cifras. Los familiares contaban quién era la persona asesinada o desaparecida, qué le había ocurrido y qué habían hecho para impedir que fuera olvidada; cuando era posible, una fotografía acompañaba la ficha. Nunca Más organizó además el país en zonas de estudio siguiendo dinámicas territoriales de represión y resistencia, no sólo fronteras administrativas. La memoria podía así viajar desde una familia hasta un archivo nacional y volver al territorio convertida en una pregunta más amplia: qué hechos se repetían, dónde y alrededor de qué actores.
Una de las historias que acompañó Giraldo durante ese proceso fue la de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Nació el 23 de marzo de 1997 en Urabá, una región del noroccidente colombiano atravesada por una intensa disputa armada, cuando un grupo de campesinos decidió declararse al margen de la confrontación y rechazar la participación con cualquiera de los actores armados. Giraldo la acompañó desde sus inicios y, años después, la llamó el proceso “al que yo le he dedicado más tiempo”.
Ángela Ballesteros recuerda una de las conmemoraciones en San José. Para llegar a los lugares donde habían ocurrido crímenes había que subir y bajar montañas por terrenos difíciles. Giraldo, mayor que muchos de quienes lo acompañaban, avanzaba casi siempre entre los primeros. Pero lo que Ballesteros conservó de aquella caminata no fue sólo su resistencia física: entendió que recorrer de nuevo esos lugares, nombrar allí a las víctimas y conmemorar lo ocurrido podía convertir el territorio mismo en un lugar de memoria. De regreso a Boyacá, esa experiencia inspiró conmemoraciones semejantes en su propia región.
La acumulación de esa información también tuvo consecuencias. El 13 de mayo de 1998, la sede de Justicia y Paz, donde funcionaba Colombia Nunca Más y se guardaba parte de su documentación, fue allanada. Giraldo relató después que los militares buscaban el computador que contenía el archivo del proyecto. Clemencia Correa recuerda que, en medio de aquella situación, él ya estaba pensando en “cómo salvar los materiales”: preservar la documentación significaba impedir que años de testimonios desaparecieran con una incursión. Un mes más tarde Giraldo recibió advertencias de cinco fuentes distintas sobre un plan para asesinarlo. Su superior jesuita terminó ordenándole salir de Colombia. Custodiar aquel archivo de nombres, lugares y hechos también tuvo un costo personal.
Tarcisio Gaitán lo encontró durante ese exilio, cuando estudiaba en Roma y Giraldo participaba en actividades en Europa. Para Gaitán, apartarse de los seres queridos, de los compañeros y de los procesos a los que se había entregado la vida era una experiencia “profundamente desgarradora”. Por eso le sorprendió verlo “con una serenidad, con una entereza”. Giraldo seguía denunciando, analizando, fortaleciendo contactos y pendiente de cómo regresar. “Nunca se apartó del país”, recuerda.
Cuatro años después, el exilio alcanzó a Clemencia Correa. En 2002, mientras empacaba para salir de Colombia, Giraldo se sentó con ella en el apartamento. Correa no quería irse; lloraba, hablaba y trataba de decidir qué llevar. Él permaneció allí buena parte del día, casi en silencio. Al final le dijo que salir era lo que debía hacer para poder seguir aportando y “seguir estando con nosotros”. La escena completa otra dimensión de su trabajo: acompañar no sólo a las víctimas que encontraba en los territorios, sino también a quienes asumían el costo de acompañarlas.
Cuando los casos mostraron el patrón
Años después, San José de Apartadó mostró con crudeza lo que podía revelar una memoria acumulada. En 2005, en la masacre de Mulatos y La Resbalosa, fue asesinado el líder comunitario Luis Eduardo Guerra junto con familiares y otros habitantes. Giraldo no leyó la matanza como un episodio que empezaba y terminaba allí. Recordó que el registro que acompañaba el caso reunía cientos de agresiones desde 1996 y sostuvo que “no se trata ciertamente de un caso aislado u ocasional”. Los nombres y fechas conservados durante años permitían ver continuidad: hechos que se repetían, actores que reaparecían y una comunidad golpeada una y otra vez.
Esa forma de poner un caso junto a otro apareció también frente a las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados por militares como guerrilleros muertos en combate, conocidas en Colombia como “falsos positivos”. En 2008, Giraldo revisó 131 episodios registrados durante el año anterior y sostuvo que su dispersión geográfica y la participación de numerosas brigadas mostraban un fenómeno que “de ninguna manera podría calificarse como conjunto de casos aislados”. El archivo cambiaba así la pregunta: ya no bastaba con establecer quién había disparado en cada episodio; había que indagar qué hacía posible que hechos semejantes ocurrieran en regiones y unidades militares distintas.
Tres años después, el Banco de Datos publicó Deuda con la humanidad 2: 23 años de falsos positivos, que reunió 951 casos y 1.741 víctimas registradas a lo largo de más de dos décadas. El archivo mostraba además que esos crímenes no habían comenzado con el escándalo de Soacha de 2008, cuando el país conoció que jóvenes de ese municipio habían sido asesinados y presentados como bajas en combate: había registros desde los años ochenta.
Ángela Ballesteros, que años después integró el equipo del Banco de Datos del CINEP, llama “paciencia” a esa decisión de recoger y guardar información sin exigirle resultados inmediatos. Con el tiempo, recuerda, materiales conservados durante décadas han servido tanto a víctimas que regresan a buscar datos sobre sus familiares como a mecanismos de verdad, justicia y búsqueda creados después del acuerdo de paz. El archivo podía tardar años en encontrar un nuevo uso; precisamente por eso había que conservarlo.
Disputar quién puede contar la verdad
Reconocer patrones abrió una pregunta más difícil: quién tiene el poder de decidir qué parte de una historia termina convertida en verdad. Para Giraldo, un proceso judicial podía esclarecer un crimen y, aun así, dejar fuera el móvil, las relaciones entre los responsables o el contexto que permitió su repetición. A esa distancia entre lo ocurrido, lo que logra conocerse y lo que finalmente queda probado en un expediente la discutió como el límite de la “verdad procesal”. Frente a los crímenes de lesa humanidad defendió una “verdad integral y comprometida”, capaz de reconstruir también los móviles políticos e ideológicos y las estructuras que los hacían posibles.
Esa discusión no era abstracta. En marzo de 2023, al revisar asesinatos de líderes sociales y excombatientes, Giraldo advirtió que demasiados registros terminaban dejando al victimario en el anonimato. Si una investigación se detenía en el autor material visible —o ni siquiera lograba identificarlo—, sostenía, el caso podía cerrarse sin reconstruir móviles, redes y responsabilidades; persistir en esos métodos era “la más eficaz contribución a la impunidad”. Un año después llevó la crítica al funcionamiento de la justicia: investigar “casos aislados e inconexos”, escribió, fragmentaba la verdad. Frente a esa lógica reclamó una “verdad integral y contextual” y resumió lo que estaba en juego: “cuando ésta se desbloquea comienza a desnudar el poder”.
Esa disputa alcanzaba también a los medios. En su aporte a la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas sostuvo que los grandes medios de información no eran neutrales y que podían seleccionar los hechos desde esquemas capaces de estigmatizar unas posiciones e idealizar otras. En junio de 2024 se lo escribió directamente a RAYA: criticó a “la inmensa mayoría de los medios de este país” por lo que consideraba su tolerancia con el paramilitarismo y sostuvo que, mediante “su silencio y sus sesgadas informaciones y análisis”, habían llegado a ser “verdaderos cómplices de sus horrores”.
Meses después, en una entrevista con RAYA, Giraldo explicó hasta dónde lo había llevado esa forma de relacionar los casos. “Hicimos un análisis profundo, tomando experiencias de otros países, e identificamos que no se trata de victimarios individuales”, dijo. Para describir su interpretación de las estructuras que estarían detrás del asesinato sistemático de líderes sociales usó la expresión “Plataforma Socio Estatal de Exterminio Impune”. No era el nombre de una responsabilidad establecida judicialmente, sino una categoría de su propio análisis.
Danilo Rueda, defensor de derechos humanos que conoció a Giraldo desde mediados de los años ochenta, subraya otra parte de esa pedagogía: identificar el problema no era el punto de llegada. “No solamente se queda en la enunciación, en la descripción del fenómeno, sino también en proponer salidas”, dice. En su recuerdo, esas salidas podían tomar la forma de acompañamiento jurídico, protección de personas perseguidas, educación en derechos humanos, memoria o propuestas de política pública. Leer la violencia, en ese sentido, servía también para decidir qué hacer frente a ella.
Volver a poner un nombre donde hubo un NN
Treinta y seis años después de la desaparición de Tiberio, esa tarea seguía presente. En Colombia, las siglas NN se usan para identificar provisionalmente un cuerpo cuyo nombre se desconoce. Cuando uno de esos cuerpos es recuperado e identificado, la búsqueda puede culminar en una “entrega digna”: el regreso de los restos a la familia, acompañado de información sobre la identificación y de una ceremonia de despedida. Pablo Cala contó que todavía en 2026 Giraldo acompañaba a familias en esos momentos. Uno ocurrió el 26 de febrero en Mongua, un municipio de Boyacá.
Según la Fundación Hasta Encontrarlos, Arnulfo Pesca Pérez fue ejecutado extrajudicialmente y desaparecido forzadamente por el Ejército el 29 de marzo de 2004. Veintidós años después, su cuerpo identificado regresó a su familia. En la sala de la casa lo esperaban su hermano, otros familiares, amigos y el abuelo materno con quien había crecido. Giraldo, miembro honorario de la Fundación, acompañó la ceremonia y pronunció parte de la homilía.
“Tenemos una idea de la paz muy romántica”, dijo ante la familia. Habló de un país atravesado por décadas de conflicto y de las personas que, en medio de la violencia, habían seguido construyendo desde “un amor por la humanidad”. Imaginó “un país distinto, un país redimido, un país sobre todo de justicia” y, hacia el final, regresó a dos palabras que habían atravesado buena parte de su vida: “construir esa verdad y esa justicia”. La Fundación Hasta Encontrarlos describió aquel reencuentro de una manera más sencilla: Arnulfo volvía ante los suyos “en sus huesos, en su nombre, en su rostro, en su historia”.
