Annie Altman acusa a su hermano Sam, director de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, de haber abusado sexualmente de ella desde que tenía tres años. Él lo niega. Ella llegó a vivir en su carro; él dirige una firma multimillonaria. La familia cuestiona su salud mental, y Sam vincula la denuncia con el dinero. Un juez cerró el caso porque Annie faltó a un examen médico y dejó documentos pendientes; ella alegó problemas de salud y ofreció hacerlo por videollamada. Ningún tribunal se pronunció sobre los abusos. Semanas antes, en la ONU, Sam había alertado sobre los riesgos del poder tecnológico concentrado.
Por: Juan Sebastián Lozano
Annie Altman sostiene que su hermano Sam empezó a abusar sexualmente de ella cuando ella tenía tres años y él doce, en la casa familiar de un suburbio de San Luis, Missouri. Así lo denunció ante un tribunal federal en enero de 2025. Sam es hoy el director de OpenAI, la empresa que creó ChatGPT, y lo niega todo. El 19 de octubre pasado, un juez federal archivó la demanda sin posibilidad de volver a presentarla y sin pronunciarse sobre si los abusos ocurrieron: según él, Annie faltó a un examen médico y dejó sin entregar documentos que el proceso le exigía. Ella alegó problemas de salud y ofreció hacer el examen por videollamada. Sam y su familia cuestionan su salud mental, y él atribuye la denuncia a una pelea por dinero. Annie llegó a vivir en su carro; su hermano dirige una de las empresas tecnológicas más valiosas del planeta.
El 23 de septiembre, Altman habló ante el Consejo de Seguridad de la ONU y advirtió que la inteligencia artificial podía concentrar demasiado poder en muy pocas manos. Las decisiones más importantes sobre esta tecnología, dijo, no pueden tomarse solo en los laboratorios de San Francisco, sino mediante procesos democráticos. La paradoja salta a la vista: lo decía el jefe de una de las compañías que más poder concentran sobre la IA. Pero esa es una discusión sobre quién controla la tecnología, no una prueba sobre las acusaciones de su hermana. Lo que nadie sabía entonces es que, dos días antes, según reveló a finales de octubre el medio británico The Nerve, Altman había pasado ocho horas en una sala de conferencias de San Francisco respondiendo, frente a una cámara y bajo juramento, a las preguntas del abogado de Annie. No era un juicio, sino una declaración previa, de las que en Estados Unidos sirven para reunir pruebas antes de que un caso llegue a un jurado. El jurado nunca llegó.
La hermana que no sale en las fotos
Annie Altman nació en 1994 y es la menor de cuatro hermanos de una familia judía acomodada de Clayton. Sam es el mayor; en medio están Max y Jack, que suelen aparecer a su lado en fotos, entrevistas y bromas en redes. Annie no. El padre, Jerry, murió en 2018; la madre, Connie Gibstine, es dermatóloga.
Según le contó a The Nerve, su infancia estuvo marcada por ataques de pánico y una ansiedad tan severa que rechinaba los dientes hasta dejarse las muelas, en palabras de un dentista, planas como una pista de patinaje. A los catorce años ya tomaba antidepresivos. Estudió en la Universidad de Tufts, trabajó en laboratorios de investigación en San Francisco y en 2017 los dejó para formarse como profesora de yoga. Con los años se agravaron también sus males físicos: un trastorno del tejido conectivo, diagnosticado en 2020, y una lesión de tobillo que terminó en el quirófano.
Tras la muerte del padre, le contó Annie a la periodista Elizabeth Weil, de la revista New York, Sam le tendió la mano con plata durante una temporada y después se la retiró; según Weil, en sus correos él usaba esa ayuda como palanca para que ella volviera a los antidepresivos. Poco después de mudarse a Hawái, en 2020, cuando le preocupaba no tener para el mercado, recibió un mensaje de Sam que le pedía su dirección: quería mandarle un diamante conmemorativo, hecho con cenizas del padre. A Annie le pareció incomprensible que su hermano estuviera dispuesto a pagar 5.000 dólares por cada una de esas joyas y no a mandarle 300 para comer. Sin casa y por necesidad, terminó ganándose la vida con el trabajo sexual, en internet y en encuentros pagados. «Era mi plan Z», le dijo a la periodista Lucia Osborne-Crowley. En 2024, la periodista Ellen Huet, de Bloomberg, ya había contrastado esa precariedad con la renta básica universal que Sam promovía entonces como remedio contra la pobreza. Hoy Annie sigue en Hawái y dejó ese trabajo cuando, tras sus reclamos legales, la familia aceptó pasarle una mensualidad de la herencia del padre.
En noviembre de 2021 escribió en Twitter que había sufrido abusos sexuales, físicos, emocionales y financieros por parte de sus hermanos, sobre todo de Sam y en menor medida de Jack. El 6 de enero de 2025, la acusación se convirtió en una demanda contra Sam —no contra sus otros hermanos— ante un tribunal federal de San Luis. Sostiene que los abusos se repitieron entre 1997 y 2006 y que los últimos ocurrieron cuando él ya era adulto.
Al día siguiente, Sam publicó un comunicado firmado también por su madre y sus hermanos. Dijeron querer a Annie y estar preocupados por su bienestar, pero calificaron sus acusaciones de dolorosas y completamente falsas, la describieron como alguien que enfrenta problemas de salud mental y enumeraron la ayuda económica que le habían dado. Esa misma noche, Sam difundió en X un mensaje atribuido a los abogados de Annie, que anunciaban que pedirían conocer su patrimonio para presentarlo ante el jurado como base de una indemnización adicional; con eso insinuó que el objetivo de la demanda era económico. En sus escritos judiciales ha ido más lejos: sostiene que su hermana empezó a acusarlo cuando la familia se negó a darle más dinero.
La respuesta familiar, así, no solo niega los hechos: convierte la salud mental y la pobreza de Annie en argumentos contra su credibilidad. Esa es la imagen que The Nerve intenta desmontar. Osborne-Crowley habló con más de una docena de personas cercanas a Annie, entre amigos, colegas, exparejas y abogados, y todos la describen como inteligente, trabajadora, generosa y articulada. La periodista concluye que, aunque vive con síntomas de estrés postraumático, le pareció estable y racional. Pero no hace falta probar que Annie es estable para tomarse en serio su denuncia: su salud mental no demuestra ni desmiente lo que relata.
Un caso que terminó sin llegar a juicio
Sam no se limitó a defenderse: contrademandó a su hermana por difamación y pidió apenas un dólar, porque no quería arruinarla, dijo, sino un fallo que declarara falsas sus publicaciones. En sus escritos llegó a hablar de extorsión, aunque los más de 75.000 dólares que reclamaba Annie no prueban esa acusación: es la cifra mínima que exige la justicia federal para ciertos pleitos entre residentes de distintos estados. En octubre retiró la contrademanda, aunque puede volver a presentarla.
El caso de Annie, en cambio, tropezó desde el principio. En marzo, el juez consideró que había llegado tarde, pero le abrió una puerta: una ley de Missouri da más años para demandar a las víctimas de abuso sexual infantil, porque muchas tardan en poder hablar. Annie reformuló la demanda en abril, el mismo mes en que sus dos firmas de abogados renunciaron por un deterioro de la relación con ella. En agosto, según ella misma, rindió su declaración, y luego publicó en sus redes los primeros cuarenta minutos.
Lo que más pesó fue un examen médico. Quien pide una indemnización por daño psicológico puede tener que dejarse evaluar por un perito de la parte contraria, un trámite corriente pero especialmente duro en los casos de abuso: obliga a quien denuncia a abrirse ante un profesional contratado por aquel a quien acusa. Según la orden del juez, Annie faltó tres veces, pese a que se le ofreció hacerlo en Boston, con una enfermera y con permiso para tejer, algo que hace para calmar la ansiedad; tampoco entregó documentos y autorizaciones pendientes. Ella asegura, según The Nerve, que no podía viajar por su salud y por una cirugía reciente, y que ofreció hacerlo por videoconferencia; el juez respondió que esa cirugía de tobillo fue electiva y consideró poco creíbles sus explicaciones. Su exabogado habla de un tecnicismo, y su equipo estudia apelar. Ninguna de las dos versiones es neutral, pero coinciden en algo: ningún juez evaluó si los abusos ocurrieron, y perder un caso por incumplir trámites no equivale a haber mentido.
La memoria, el dinero y el silencio
Fuera de los tribunales, la credibilidad de Annie se disputa en tres terrenos. El primero es la memoria. En Empire of AI, su libro sobre OpenAI, la periodista Karen Hao cuenta que entre finales de 2020 y comienzos de 2021, ya alejada de su familia, Annie empezó a tener recuerdos intrusivos de abusos en la infancia: Sam aparecía en esas escenas metiéndose en su cama, en ocasiones acompañado de Jack. The New Yorker, que también entrevistó a Annie, escribió que no pudo corroborar su relato y que, según el libro de Hao, los recuerdos habrían aflorado en la adultez. En mayo de 2025, en una reseña en esa misma revista, Benjamin Wallace-Wells ya había reprochado a Hao lo poco que lograba sustentar la acusación, y describió esos recuerdos como recuperados, según ella, en terapia. The Nerve lo discute: dice haber visto historias clínicas de 2019 que ya mencionan abuso sexual infantil, y Annie sostiene que lo recordaba con claridad desde mucho antes de ser adulta y que se lo contó a su madre cuando ocurría; la madre niega que haya habido abuso alguno.
El segundo terreno es el dinero, y ahí hay expedientes de por medio. En 2025, Annie demandó a su madre por la manera en que administraba la herencia del padre y, según The Nerve, en enero de este año una jueza le dio la razón en un punto clave: tenía derecho a recibir pagos sin esperar a que su madre muriera. Si la familia dice que todo nació de una pelea por dinero, ¿qué significa que un tribunal haya concluido que parte de ese dinero le correspondía? No prueba nada sobre los abusos, pero obliga a leer con cautela la palabra extorsión.
El tercero es el periodismo, y sorprende lo poco que se ha investigado esta historia. El perfil de The New Yorker, de unas dieciséis mil palabras, le dedica un párrafo, ubicado en un apartado sobre acusaciones extremas que los rivales de Altman han amplificado. Según The Nerve, el periodista Ronan Farrow habló largamente con Annie y luego, en un mensaje que ese medio dice haber visto, le explicó que el artículo tenía un enfoque más empresarial; la revista respondió que trató la acusación con la mayor seriedad. Es razonable no publicar lo que no se puede comprobar, pero esa brevedad deja mucho que desear en un medio de tanta calidad periodística y literaria.
Hao, por su parte, cuenta que la entonces jefa de comunicaciones de OpenAI, Hannah Wong, le insinuó que reconsiderara incluir a Annie en su libro. Después de esa reunión no volvió a tener acceso a la empresa, y aun así la incluyó. Recoge, además, un detalle que dice mucho: cuando Ilya Sutskever, cofundador de OpenAI, supo de las acusaciones, no sabía si eran ciertas, pero creía que, ocurriera lo que ocurriera, crecer al lado de Sam no había sido fácil para Annie, y sintió que «abuso», el término que ella usaba, servía también para nombrar lo que él había presenciado en su trato con Altman.
El otro Altman
El hombre al que Annie acusa es también el rostro más visible de la inteligencia artificial. ChatGPT, la herramienta que creó su empresa, la usan hoy más de 900 millones de personas cada semana como asistente de oficina, psicólogo de bolsillo, consejero sentimental, amigo sabio y, en algunos casos, amante virtual. A sus cuarenta y un años, Altman conserva un aire de universitario: pelo revuelto, jean y suéter. Pero su rostro tiene algo de máscara, y no parece casual que la ilustración del perfil que le dedicó The New Yorker en abril lo muestre como un hombre de varias caras, que cambia de rostro según le convenga. Recorre el mundo hablando de las maravillas de la inteligencia artificial, de cómo nos cambiará la vida y de los peligros que, asegura, él se encarga de evitar. En otras palabras, vende su empresa, que en marzo fue valorada en 852.000 millones de dólares, casi el doble de toda la economía colombiana, y que hoy negocia una nueva ronda que la valoraría en 1,25 billones de dólares.
Al margen de la denuncia de su hermana, su conducta empresarial también está en entredicho. En noviembre de 2023, la junta directiva de OpenAI lo destituyó porque, según dijo, no había sido «sincero de forma consistente» con ella. Menos de cinco días después volvió, con el respaldo de los empleados y de Microsoft, y salió más fuerte. Para su perfil, Farrow y Andrew Marantz tuvieron acceso a unas setenta páginas de mensajes y documentos internos que reunió Sutskever, y uno de sus memorandos enumeraba los patrones de conducta de Altman: el primero era mentir. Varios altos ejecutivos de Microsoft, su principal socio, describieron una relación tensa, y uno de ellos dijo que Altman ha tergiversado e incumplido acuerdos y que no descarta que termine recordado como un estafador a la altura de Bernie Madoff. Un exempleado recuerda haberle oído decir que el dinero le importaba menos que el poder. Y el célebre programador y activista Aaron Swartz, que coincidió con él en sus comienzos, advirtió a un amigo poco antes de morir, en 2013: «En Sam no se puede confiar nunca. Es un sociópata».
Sus decisiones recientes completan el retrato. En febrero, el día en que vencía el ultimátum que el Pentágono le había dado a Anthropic, su principal competidora, para que permitiera ciertos usos militares de su tecnología, Altman anunció un acuerdo para llevar los modelos de OpenAI a la red clasificada del Departamento de Defensa. Según The New Yorker, mientras les decía a sus empleados que compartía los límites éticos de Anthropic, ya negociaba con los militares. A quienes se mostraron inquietos les dijo, más o menos, que si creían que el ataque a Irán estuvo bien y la invasión de Venezuela mal, eso no les tocaba opinarlo.
En manos de quién estamos
Es probable que nunca sepamos qué pasó en la casa de los Altman. Los abusos denunciados décadas después rara vez dejan pruebas físicas. Annie llegó más lejos que la mayoría: obligó a uno de los hombres más poderosos del mundo a responder durante una jornada entera bajo juramento. Luego, por razones que ella atribuye a su salud y el juez al incumplimiento reiterado de sus órdenes, perdió, al menos por ahora, la oportunidad de que un jurado la escuchara. Sam Altman niega todo y ningún tribunal lo ha encontrado responsable de nada. Ningún tribunal ha dicho tampoco que su hermana mienta.
Lo que sí sabemos es que el poder de Altman, como el de otros gurús de Silicon Valley, entre ellos Elon Musk y Dario Amodei, rivaliza hoy con el de muchos jefes de Estado. Cientos de millones de personas dependen ya de sus plataformas para trabajar, informarse y, cada vez más, pensar con ayuda de una inteligencia artificial. Por eso importa quién concentra ese poder, qué controles existen sobre sus decisiones y cómo se les exige rendir cuentas. El respaldo de buena parte de la cúpula tecnológica al gobierno de extrema derecha de Trump —Altman aportó un millón de dólares a su investidura— es motivo de preocupación, por no decir de depresión; conocemos el apoyo de Musk a la ultraderecha europea, y Peter Thiel, cofundador de Palantir, escribió que ya no creía que la libertad y la democracia fueran compatibles. En el caso de Altman, los cuestionamientos sobre su honestidad exigen escrutinio público, y la denuncia de su hermana, que él niega y que ningún tribunal resolvió, exige algo más difícil: separar las pruebas de los prejuicios sobre la salud mental y el dinero. El problema no es la inteligencia artificial, sino la concentración de su poder y la falta de contrapesos sobre quienes la dirigen.
