A días de la segunda vuelta presidencial, Ecuador enfrenta una crisis de violencia desbordada y una política de seguridad fallida liderada por la derecha. El asesinato de cuatro adolescentes en Guayaquil, atribuido a militares y a bandas criminales, expuso los abusos del Estado y el impacto de la militarización. Mientras tanto, el gobierno de Daniel Noboa endurece su discurso contra las mafias, pero su propia familia está envuelta en escándalos de tráfico de cocaína.
Por: David González M.
En unos días los ecuatorianos elegirán a su próximo presidente. En la segunda vuelta, hay dos fuerzas políticas en disputa en una sociedad polarizada: una la representa Luisa González, heredera del correísmo, movida por una nostalgia de un pasado que, para un sector de la población, fue mejor; y la otra es el actual presidente Daniel Noboa, hijo de la familia más rica del país, quien replica un discurso de mano dura inspirado en Bukele, el presidente de El Salvador.
En esa línea, Noboa declaró en enero del año pasado la existencia en Ecuador de un conflicto armado interno y ordenó a los militares salir a las calles. Pero su política hace agua: si bien logró romper la curva ascendente del número de homicidios en el 2024, estos primeros dos meses del año están entre los más violentos de su historia. En este periodo, hubo más de 1400 homicidios, casi la totalidad de la cifra de 2018 en el país.
“Este presidente, al inicio, fue muy bien recibido cuando declaró una guerra al narco, aunque constitucionalmente hay mucho debate porque no hay bases sólidas para declarar un conflicto interno armado”, explica Carolina Lozada, periodista ecuatoriana que ha seguido de cerca la violencia y los DDHH en su país.
Las políticas de Noboa no solo no han logrado contener la espiral de violencia, sino que además han traído nuevas violencias. El pasado 6 de marzo un ataque de una banda dejó 22 muertos en la base de operaciones de otro grupo criminal en una zona de la ciudad portuaria de Guayaquil. Ecuador vive una guerra abierta entre bandas fragmentadas. Así lo resume el portal especializado Insight Crime: “Las matanzas en Nueva Prosperina evidencian que la estrategia de mano dura del gobierno ha sido, en el mejor de los casos, mínimamente efectiva, y en el peor, ha exacerbado más violencia”.
**Datos Ministerio del Interior en Ecuador, marzo 2025, tomado de Insight Crime: https://insightcrime.org/es/noticias/masacre-guayaquil-crudo-reflejo-realidad-seguridad-ecuador-2/
“Cada vez que cae una cabeza importante, la organización se fracciona y surge una nueva lucha por el mando” dijo el General Pablo Davila de Guayaquil, tras la masacre, dando a entender las grietas en las políticas de seguridad.
En ese clima, no fue una sorpresa en Ecuador cuando finalmente sucedió el caso de las Malvinas, también conocido en los medios como "los 4 de Guayaquil". “Ya se veía venir, eso de señalar como terrorista y justificar cualquier tipo de crimen. Y te dice mucho que un presidente sea capaz de ni siquiera salir a dar una declaración cuando pasó lo de los niños” explicó Lozada.
Agrega que, para la primera vuelta presidencial, ya ese caso había marcado a parte del electorado: “Recuerdo que en un centro de votación estaban los nombres de los niños escritos. Mucha gente fue como: 'Recuerden lo que es capaz de pasarnos, si esto sigue'. Y, por otro lado, también había gente que votaba en contra del correísmo porque decían: 'Ellos nos pusieron aquí en primer lugar'.
El caso Malvinas
Los niveles de violencia en Ecuador hacían prever que un hecho atroz podría ocurrir en cualquier momento. Guayaquil, la segunda ciudad del país, se convirtió en uno de los lugares más peligrosos del mundo. En la primera mitad de 2023, registró 1.390 homicidios, y en el país las muertes violentas aumentaron un 82% de 2021 a 2022. El crimen organizado, la crisis política y el impacto de los carteles transnacionales llevaron al país a pasar de una tasa de homicidios de 6.7 en 2019 a 44.5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023.
En ese contexto, el asesinato de cuatro menores de edad de un municipio periferico de Guayaquil fue la gota que rebozó el vaso. El 8 de diciembre de 2024, Ismael Arroyo, de 15 años; su hermano Josue Arroyo, de 14 años; Nehemías Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, un niño de 11 años, salieron con un grupo de once amigos a jugar un partido de fútbol. Nunca más volvieron a sus casas. El 24 de diciembre, en plena Navidad, cuatro cuerpos fueron encontrados incinerados en un río cerca de la base militar de Taura, a 30 kilómetros de donde los jóvenes habían sido vistos por última vez.
El 31 de diciembre, la Fiscalía presentó cargos por desaparición forzada contra 16 militares. Para ese momento, ya se conocía un video del momento en que los jóvenes fueron detenidos y golpeados por militares. En la audiencia del 30 de enero de 2025, se recrearon los hechos a través de testigos. Uno de los abogados dijo que los niños: “fueron detenidos ilegalmente, torturados, desnudados”. El padre de los hermanos, también recibió una llamada el día de la desaparición. Habló con uno de sus hijos, quién alcanzó a contarle que los militares los estaban golpeando y los acusaban de robo. “Nos dejaron botados, por favor ven, sálvame”. Tras denunciar la llamada ante las autoridades, recibió una segunda llamada anónima: “la mafia se los llevó”.
La justicia todavía investiga, pero las principales acusaciones recaen sobre los militares. Un coronel de la Fuerza Aérea que debía rendir indagatoria el 28 de enero, no asistió. El día que desaparecieron los jóvenes, él lideraba la escuadra de 16 militares que adelantaba un operativo de búsqueda en Taura. Justo es el sitio donde aparecieron los cuerpos. Y también apuntan sobre un líder de banda criminal: alias Momo. Un testigo dijo haber presenciado cómo se llevaban los niños hacia los manglares, donde Momo ordenó incinerarlos.
Momo fue capturado, pero un juez lo indultó y ahora se desconoce su paradero. Tampoco se sabe dónde está el testigo que afirmó haber visto el traslado de los jóvenes hacia los manglares. RAYA habló con Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la principal organización de DDHH en esa parte del país, que defiende a las familias de los menores en el proceso judicial.
“En las comunidades no existen ese tipo de espacios de recreación. Los chicos tienen que salir, trasladarse, caminar 15 o 20 minutos e ir a jugar. Estos chicos eran parte de ese grupo de once chicos que salieron de Las Malvinas, un asentamiento humano muy precario, eminentemente afrodescendiente, del sur de Guayaquil, a orillas del estero Salado, una rama del río Guayas”, cuenta Navarrete.
Explicar que, al regresar, a las 8:30 de la noche, fueron interceptados por una patrulla militar. Sin evidencia clara de la razón, fueron detenidos ilegalmente. Subidos a golpes a una camioneta, fueron trasladados lejos del cantón (municipio), a una hora y media de distancia, al Naranjal, un cantón con una fuerte presencia de bandas violentas, justo alrededor de la base militar, que es, a la vez, el mayor destacamento militar de la aviación en la provincia de Guayas.
Según el discurso oficial, allí fueron abandonados por la patrulla, dejados desnudos y golpeados. “Se configura el delito de desaparición forzada, que tiene en prisión a estos 16 militares”. Y aunque es un caso emblemático, no es el único en Ecuador. “El último semestre del año pasado registramos 27 personas detenidas y desaparecidas por patrullas militares en la costa del Ecuador, especialmente en la provincia de los Ríos”, explica Navarrete. Para el director del CDH, la respuesta del gobierno de Noboa a las demandas ciudadanas y la indignación causada por el caso Malvinas ha sido particularmente reveladora. “Lastimosamente el gobierno ha respondido con ataques, incluso, contra los operadores de justicia que han señalado que existen graves violaciones a los derechos humanos”.
Incluso, dice Navarrete, el Ministro de Defensa afirmó en cadena nacional que la jueza que calificó el delito del caso Malvinas como desaparición forzada había cometido un delito y dañado la imagen de la institución. También amenazó a las organizaciones denunciantes con intervenirlas. “De esa forma ha respondido el gobierno en general, pero particularmente el Ministro de Defensa ha salido a encubrir, a ocultar la información, resistirse a la indagación fiscal, incluso, a atacar a las familias, vinculándolas con bandas criminales”.
Una criminalización que se ha facilitado, según expertos afroecuatorianos, al apoyarse en el racismo estructural de la sociedad ecuatoriana. Incluso, el discurso de defensa de los militares y del gobierno Noboa ha alimentado esa estrategia de estigma. Así lo resumen en un analisis del medio argentino Página 12: “el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas han desplegado toda una campaña racista de criminalización hacia los niños y sus familias.”
La indignación por este caso ha llegado a instancias internacionales. La CIDH condenó los hechos y el Relator del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas lo denunció como desaparición forzada, tortura y ejecución.
El punto de quiebre de la violencia en Ecuador
Renato Rivera, analista de seguridad en Ecuador, explica el aumento de la violencia por el fortalecimiento de bandas de crimen organizado, cambios en el contexto de las rutas del narcotráfico consecuencia de la salida de las FARC del control de las rutas al sur de Colombia tras el acuerdo de paz de 2016 y por la respuesta únicamente de militarización de los últimos gobiernos.
“La causa más importante está relacionada con la fragmentación de los Choneros”, argumenta. Ese grupo era hasta 2020 un monopolio criminal en Ecuador que tenía vínculos con organizaciones del crimen transnacional: las mafias albanesas e italianas y el Cartel de Sinaloa. Tras el asesinato de algunos de sus líderes, incluso dentro de las cárceles, estalla una guerra de bandas.
“Surgen nuevos grupos criminales, todas ellas empiezan a disputar por territorio: Lobos, Chonequiles, Tiguerones. Pero no es algo que se dio de la noche a la mañana”, explica Rivera. Y dice que esta guerra de bandas se alimenta, además, de la expansión en Ecuador del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.
Esto tiene antecedentes en un año fundamental para el fortalecimiento de las bandas ecuatorianas. Según Rivera, la firma del acuerdo de paz de 2016 en Colombia tuvo efectos en la realidad ecuatoriana. “ Porque descentralizó tanto las rutas como el mercado de la cocaína en el 2016. Entonces, nuevos actores empiezan a financiar la compra de cocaína que tenías sobre todo en el sur de Colombia y para llegar a mercados internacionales, pues necesitabas moverlo por el Ecuador.”
La respuesta de los gobiernos ecuatorianos no ha sido la más efectiva. Desde 2020 se han centrado en la militarización y el populismo penal como respuestas al panorama criminal. Estas respuestas se dan en marcos de estados continuos de excepción. “Si sumamos Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Novoa, han firmado más de 30 estados de excepción producto del incremento de la violencia”, explica Rivera.
Este camino no ha sido efectivo para detener el incremento de la violencia, como lo muestra Durán, un municipio al frente de Guayaquil. “Es el ejemplo más claro, Durán ha estado militarizado desde el 2018 y actualmente sigue siendo uno de los más violentos del Ecuador.”
Para Rivera, los gobiernos han fallado en construir políticas de prevención del delito, estrategias de fortalecimiento comunitario o mejoras en las capacidades de investigación e inteligencia. Y la política de incentivos a la militarización y capturas, es una causa del caso Malvinas.
“Fue muy perverso porque el Estado ecuatoriano empezaba a presentar las bajas, es decir, la muerte de presuntos delincuentes como acciones positivas en la lucha contra el crimen organizado. El mensaje que envías es que estás haciendo un buen trabajo si es que tú matas o detienes a alguien en un contexto de violencia, sobre todo en las provincias de la costa.” explica Rivera.
En un mes habrá segunda vuelta en Ecuador. Y el tema de seguridad marca la agenda. Una encuesta reciente en Quito, una ciudad más conservadora que Guayaquil, indica que 6 de cada 10 posibles votantes quieren una opción distinta a la propuesta por el gobierno Noboa.
Hasta ahora los dos candidatos trataban de mostrar un discurso de mano dura, tras la indignación provocada por el caso Malvinas, la candidata del correísmo viró en su estrategia. "Lo que han tratado de hacer es diferenciarse de Noboa, tratar de reconstruir la institucionalidad que existía en el momento en que Rafael Correa era presidente, tal como: instalar algunos ministerios que existían, como el de Justicia, que desapareció; volver a crear un ministerio coordinador de seguridad; y darle nuevas funciones a la central de inteligencia.” Y agrega Rivera: “Parece ser, que al menos en los votantes de la costa, que es donde gana el correísmo, ese tipo de discurso está teniendo más fuerza."
A la fecha, los 16 militares del caso Malvinas siguen en prisión. Su defensa presentó una revisión de las medidas cautelares para continuar su estrategia legal en libertad. El recurso de apelación fue negado por el tribunal de Guayas.
