En Antioquia, la votación de las candidaturas de izquierda pasó de cerca de 68.000 votos en 2014 a 224.586 en 2026. La consulta del Pacto Histórico en 2025 mostró una base movilizada que se fortaleció durante el gobierno Petro y que describe el cambio del clima político en Medellín y las subregiones del departamento; al mismo tiempo la derecha conserva estructura y poder institucional rumbo a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.
Por: Camilo Gómez, especial para la Revista RAYA
El candidato Iván Cepeda ha realizado dos encuentros masivos en Antioquia durante la actual campaña presidencial, uno de los bastiones electorales de la derecha colombiana durante décadas. En Medellín, por ejemplo, llenó las plazas de los parques Berrío y San Antonio, donde demostró que la receptividad del candidato del progresismo y de la izquierda colombiana ha crecido. Así las cosas, en el escenario central de la Seguridad Democrática y el fortín electoral del Centro Democrático ya no hay un bloque homogéneo, sino una fisura política que ha llevado a sectores alternativos a ganar espacio. Los votos en aumento en las elecciones legislativas de 2014, 2018, 2022 y 2026 son una señal de esa transformación.
En las elecciones parlamentarias de 2014, la suma entre los votos de la Unión Patriótica y los del Polo Democrático llegó a 67.745 (Polo 58.938 + UP 8.807). En 2018, subió a 82.195 (Polo 77.666 + UP 4.529). El salto mayor ocurrió en 2022 cuando las distintas fuerzas políticas progresistas y de izquierda se unieron bajo el Pacto Histórico. En ese momento, la colectividad alcanzó 224.586 votos (11,33%), convirtiéndose en la cuarta fuerza con mayor electores en el departamento. Un crecimiento del 173% en cuatro años.
En 2026, durante las elecciones del pasado 8 de marzo, el Pacto Histórico se convirtió en la segunda fuerza política más importante de Antioquia con 394.081 votos. Lo que representa tres curules en el Congreso, entre esas, la de Hernán Muriel, comunicador popular y fundador del medio Cofradía para el Cambio; Alejandro Toro que se reeligió, y Verónica Estrada, una mujer campesina, lideresa social del municipio de Caramanta.
En el caso del Senado 2026, el Pacto Histórico alcanzó en Antioquia más de 392.000 votos. Este resultado se explica por un crecimiento progresivo en elecciones anteriores: en 2014 y 2018, las fuerzas alternativas como el Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica tenían una presencia limitada en el Senado en el departamento, con votaciones fragmentadas y de menor alcance. El punto de inflexión llegó en 2022, cuando estas corrientes se articularon en el Pacto Histórico, superando los 300.000 votos en Antioquia. Para 2026 obtuvo un 16,76 % de la votación total del departamento, confirmando la consolidación de este bloque político, que logró ampliar su base electoral y posicionarse como una de las principales fuerzas en el departamento.
La consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025, para definir las candidaturas a Cámara y Senado que harían parte del tarjetón de las legislativas, reforzó la señal: más de 144.000 antioqueños votaron por las listas de izquierda para ambas cámaras del Congreso.
Estas cifras sugieren no solamente una campaña política electoral, que en los últimos años se ha abierto camino, sino un trabajo territorial sostenido, la visibilización de nuevos liderazgos que de las calles o las redes sociales llegaron al tablero electoral, y una historia de lucha por la defensa de los derechos humanos que marcó a Antioquia. Al mismo tiempo, esa tendencia convive con una realidad persistente: el Centro Democrático ha ganado adeptos, la derecha conserva ventajas estructurales—maquinaria, alcaldías y redes políticas locales— que no se desmontan solo con una ola electoral, y las diferencias por subregiones siguen marcando el mapa.
Aunque Antioquia ha estado cruzada por fenómenos como el paramilitarismo y narcotráfico, también tiene una profunda tradición de defensa de los derechos humanos que fue silenciada. Héctor Abad Gómez, médico salubrista y fundador del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, fue asesinado en 1987 por alertar sobre el avance del paramilitarismo. Lo tildaron de “comunista”. Once años después, el abogado Jesús María Valle Jaramillo también fue asesinado tras denunciar las masacres de El Aro y La Granja. Previamente, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, lo catalogó como “enemigo” de las Fuerzas Armadas.
La nueva izquierda antioqueña se asume heredera de esa tradición, dice José Luis Marín, conocido como AquinoTicias y quien hoy es el único concejal de oposición al alcalde Federico “Fico” Gutiérrez en Medellín. AquinoTicias atribuye parte del crecimiento electoral al fortalecimiento alrededor de ese trabajo, a partir de la construcción de redes comunitarias y trabajo de base, y a que Petro ha puesto a hablar a la gente de temas que antes no se ponían en el debate público: el salario mínimo, la pensión y el sistema de salud.
“Nosotros iniciamos la construcción de comités comunales del Pacto Histórico en cada comuna”, explica. “Fue trabajo en territorio. En Medellín se nota más, pero el reto es sostener la presencia fuera del Valle de Aburrá, en las subregiones donde el control armado sigue condicionando la organización”, agrega.
Esa apertura política se siente también en la cotidianidad. AquinoTicias, con su cucharón de sopa y el periodismo alternativo, que se hizo viral durante el Paro Nacional de 2021, llegó al Concejo con casi 49.000 votos. Reconoce que en ese momento aún había prevenciones con mostrarse afín a un proyecto de izquierda y fue tildado de “guerrillero”. “Hace cuatro años a Petro casi lo matan en el centro. Y hoy salimos nosotros y hay gente que nos tira bien. En tres cuadras, 50 familias nos dejaron los datos y nos dijeron ‘queremos construir con ustedes’. Antes hablar de Petro en Medellín era impensable”, recuerda el concejal.
Sin embargo, la aceptación y los resultados que ha obtenido el Pacto Histórico contrastan con el crecimiento del Centro Democrático, que en 2026 superó los 744.000 votos al Senado en Antioquia, aumentando cerca de un 74 % frente a los resultados de 2022, consolidando su hegemonía electoral en el departamento.
A esto se suma la consolidación del movimiento Creemos, liderado por Federico Gutiérrez, que en las elecciones territoriales de 2023 demostró su capacidad con cerca de 700.000 votos en la Alcaldía de Medellín y más de 950.000 votos en la Gobernación de Antioquia en alianza, además de posicionarse como una de las principales fuerzas en el Concejo de la ciudad. Este bloque político fue determinante en el triunfo de Andrés Rendón en la gobernación y del propio Gutiérrez en Medellín, evidenciando la recomposición de las derechas en Antioquia y su capacidad de sostener el poder institucional.
Sin embargo, sobre esta fuerza electoral ha pesado también la reputación de Álvaro Uribe, que en estas no le alcanzó para llegar al Congreso. Además, su reputación política estuvo en tela de juicio por los giros en el proceso judicial en su contra por presuntamente manipular testigos, con el fin de alterar versiones y obtener declaraciones favorables que desvincularan su nombre de presuntos nexos con estructuras paramilitares en Antioquia. Todo esto ha llevado a que el uribismo no llene plazas completas como pasó en el municipio de Jardín, además de plazas como la de Belén en Medellín.
En ese mapa, el centro político en Antioquia ha perdido peso. En las últimas elecciones legislativas, alcanzaron alrededor de 200.000 votos. Un resultado que contrasta con el hecho que Sergio Fajardo, actual candidato presidencial, fue alcalde de Medellín, y gobernador de Antioquia. En 2011 sacó 925.000 votos en Antioquia y, en 2022, apenas 154.000. Una caída brutal que refleja el debilitamiento de un proyecto político que alguna vez pareció imparable.
El electorado que votó por él en 2010 hoy está dividido: una parte migró al Pacto Histórico buscando una emoción genuina, otra parte terminó en la derecha. El centro se desmoronó. La Alianza Verde, que debería ser el refugio natural de ese centro progresista, quedó en el centro de la controversia. La colectividad decidió no participar en ninguna consulta interpartidista el 8 de marzo y dejó en “libre albedrío” a sus militantes.
Así como los avances, los retos de la izquierda para las nuevas elecciones se han diversificado. Aunque la izquierda se ha abierto a impulsar la campaña en las subregiones donde el abandono estatal es una constante y donde la violencia paramilitar sigue vigente: Urabá, Bajo Cauca, el oriente y el nordeste antioqueño son ejemplo de ello, donde persiste la presión armada hacia la población e impide la presencia electoral del Pacto Histórico.
En La Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia (MHPA), que reúne a más de 40 organizaciones sociales entre indígenas, campesinas, defensoras de derechos humanos y de víctimas, un líder indígena, lo explicó así: “cuando los grupos armados no logran controlar o manipular a los líderes u organizaciones sociales, comienzan a desprestigiarlos; difunden rumores o los señalan falsamente, lo que genera miedo, desconfianza y desanima a las comunidades a seguir organizándose”.
Esa estrategia de estigmatización y cooptación no opera en el vacío: se inserta en un contexto humanitario que la Corporación Jurídica Libertad califica como crítico y persistente. En 2024, Antioquia registró 94 agresiones contra líderes y lideresas, de las cuales 28 fueron homicidios, una cifra que revela una tendencia preocupante: mientras baja la violencia masiva, se intensifica la violencia selectiva contra quienes defienden el territorio.
Las subregiones del Nordeste, Norte y Urabá concentraron los mayores índices de agresiones. En estos territorios la disputa entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) deja a las comunidades atrapadas en el fuego cruzado. La propia Defensoría del Pueblo ya había advertido en su Alerta Temprana 019 de 2023 que Antioquia es el primer departamento del país con mayor número de riesgos en nivel extremo para personas defensoras de derechos humanos.
Otro de los retos es cambiar la percepción del Pacto Histórico tras la alcaldía de Daniel Quintero, quien salió cuestionado por las investigaciones y las gestión polémica de su administración, tales como la de Aguas Vivas o Buen Comienzo, entre otras. Quintero acumula ya 43 imputaciones por presunta corrupción. Para AquinoTicias: “el daño que Quintero le hizo a la izquierda de Medellín es muy grande. Quintero utilizó el Estado para cagarse en la gente. La izquierda, cuando llega al gobierno, sea municipal o nacional, no tiene el mínimo margen de maniobra para equivocarse”. En esa medida sostiene que se debe seguir fortaleciendo el trabajo territorial, nuevos liderazgos, la escuela de formación y la articulación con el movimiento social.
En ese escenario, la campaña presidencial de Iván Cepeda se juega en Antioquia más que una disputa electoral: se juega la posibilidad de consolidar su electorado en un territorio históricamente adverso. La última plaza llena en Medellín no fue solo un acto de campaña, sino una señal de que el miedo a nombrarse de izquierda empieza a ceder en lo público. A su lado, la figura de Aída Quilcue puede resultar clave para atraer sectores que reconocen en ella una trayectoria de resistencia y coherencia, especialmente entre votantes mayores y movimientos sociales históricos. Sin embargo, el reto sigue siendo mayúsculo: convertir ese entusiasmo urbano en votos sostenidos en las subregiones, disputar la narrativa en un departamento donde la derecha conserva músculo institucional y, sobre todo, demostrar que el crecimiento electoral del Pacto Histórico puede traducirse en una mayoría política real. Antioquia, más que un bastión, se convierte así en el termómetro de hasta dónde puede llegar ese proyecto en 2026.
