RAYA conversó con una de las finalistas del Premio Nacional de Derechos Humanos, María Eugenia Mosquera, quien representa a más de 140 organizaciones sociales del país. Desde Buenaventura, habló de la baja implementación del Acuerdo de Paz, que está cumpliendo 8 años, y de la guerra silenciosa que sigue azotando al principal puerto del Pacífico a pesar de la tregua entre las bandas criminales llamadas Shotas y Espartanos.
Por: Enrique Gamboa - Periodista Revista RAYA
Han pasado ocho años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, y uno de los compromisos que aún no se ha materializado en este tiempo es la participación activa de las víctimas en la creación de políticas y programas para su atención. Esta misma exclusión se ha visto en los diálogos que adelanta el Gobierno Nacional con los grupos armados en el marco de la Paz Total, ignorando propuestas construidas desde los territorios. María Eugenia Mosquera Riascos, finalista del Premio Nacional de Derechos Humanos 2023, contó a Revista RAYA la situación que enfrentan las comunidades víctimas del conflicto social y armado en Colombia.
Aunque no resultó ganadora, Maru, como se la conoce, viajó desde Buenaventura a Bogotá representando a más de 20.000 personas vinculadas a la red Comunidades Construyendo Paz en Colombia (Conpazcol). Esta red, compuesta por 140 organizaciones cívicas y comunitarias trabaja por la paz en 14 departamentos de Colombia y se opone a la violencia de grupos armados en zonas rurales. Con 30 años de trayectoria en la defensa de derechos humanos, Maru expresó su preocupación por la falta de avances en la implementación de la Paz Total, y su deseo de que las víctimas tengan un papel activo en las negociaciones y en la ejecución del Acuerdo de Paz de La Habana.
Desde Buenaventura, donde Maru lidera Conpazcol, ha sido testigo de los diálogos de paz entre las bandas criminales Shotas y Espartanos, quienes han protagonizado una guerra en la que la población civil ha sido víctima de delitos de lesa humanidad como asesinatos, desplazamientos o confinamientos. Desde septiembre de 2022, estos grupos acordaron una tregua, lo que ha reducido los homicidios en un 35%, en 2023, según la Fundación Ideas para la Paz. El pacto de no agresión por Shotas y Espartanos fue extendido el pasado 5 de agosto por 60 días más.
A pesar de este avance, Maru, que vive en Buenaventura, sabe que los muertos y los desaparecidos siguen apareciendo a diario, pues el año pasado tres integrantes de Conpazcol fueron asesinados. “En Buenaventura la paz no se construye únicamente hablando con los Shotas y los Espartanos: la paz se construye con cambios estructurales. Por ejemplo tener agua, empleo y salud es tener paz. Lamentablemente no hemos avanzado en eso, nos toca avanzar en la construcción social de la paz y eso no se hace solamente entre las dos partes, sino con la participación de las víctimas. La paz es de nosotros y para nosotros”, le dijo a RAYA la constructora de paz.
Uno de los compromisos del Acuerdo de Paz de La Habana, que debía consolidarse en la política de Paz Total, es la participación activa y el fortalecimiento de las víctimas para poner fin al conflicto, teniendo en cuenta las sugerencias realizadas en múltiples foros y espacios a lo largo del país, donde plasmaron sus propuestas de manera presencial y virtual. Por ello, una de las quejas de Maru es que, en los ocho años desde la firma del Acuerdo de Paz y los dos años desde el inicio de la política de Paz Total, las propuestas de paz construidas desde los territorios no han sido tomadas en cuenta, lo que ha dejado a las comunidades con la sensación de haber sido ignoradas. “La paz no puede empezar desde cero. Tienen que venir y preguntarnos qué estamos haciendo. Nosotros, en Buenaventura, por ejemplo, necesitamos un centro de salud o una escuela. Se puede comenzar por ahí, y si vemos que la construcción de estas infraestructuras trae resultados positivos, se debe continuar implementando. Yo no soy de las que se conforman con hacer un taller, un partido de fútbol o una olla comunitaria; esos no son cambios estructurales. Si hacemos una olla comunitaria, mañana volveremos a tener hambre", expresó.
Una de las propuestas concretas de Conpazcol son las Casas de Vida. Son tres, y están ubicadas en Buenaventura, Palestina (Huila) y Frontino (Antioquia). Cada una tiene una misión diferente. La Casa Grande, ubicada en el Valle del Cauca, surgió por la necesidad de un albergue para las comunidades étnicas víctimas de desplazamientos forzados. La Casa Memoria, en Palestina, es un espacio de trabajo para mujeres que buscan a personas desaparecidas; este municipio cuenta con un registro de 39 casos de desaparición forzada, según la Unidad de Búsqueda. “Allí tenemos muchos casos de personas desaparecidas. En la Casa Memoria, las familias se reúnen, celebran aniversarios y conmemoraciones, y realizan galerías de fotos de los desaparecidos. Es uno de los espacios que tenemos, y para nosotros eso ya es construcción de paz”, explicó.
La última de estas Casas de Vida es la Casa Madre, ubicada en el municipio de Frontino (Antioquia), en una zona de expansión paramilitar. Este es un espacio donde las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas viven libres de la presencia de hombres armados, y allí realizan talleres, asambleas, reuniones y actividades de armonización. “Para nosotras, eso es una ganancia”, comentó la finalista del Premio Nacional de Derechos Humanos. La Iglesia Evangélica Luterana de Colombia ha definido la Casa Madre como “un espacio humanitario y de tejido interétnico por la paz integral, desde la reconciliación, restauración, defensa de todas las vidas y en un entorno de no repetición, donde todos los defensores de la paz son bienvenidos”.
Este contexto de respeto ganado quiere ser aprovechado por Conpazcol para que en la Casa Madre se instalen las mesas de diálogo que el Gobierno Nacional está por iniciar con los diferentes grupos armados, con el objetivo de que las tres partes—Estado, grupo armado y comunidades—puedan llegar a un acuerdo territorial enfocado en implementar los avances construidos desde los territorios. Para Maru y las 20,000 personas en Colombia que se benefician de las acciones de Conpazcol, la paz no solo se logra con el silencio de los fusiles; por eso, los sueños relacionados con la Casa Madre son grandes. Además de ser un espacio de diálogo, también esperan que funcione como una escuela rural y una granja comunitaria, donde las personas de la región, así como los desplazados que lleguen allí, puedan encontrar una solución al hambre mientras se cesa el conflicto armado.
Sin embargo, las Casas de Vida no son lo único que Conpazcol desea replicar en todos los departamentos del país. Otro aspecto que resaltó Maru en su conversación con RAYA fueron los mecanismos de autoprotección que han instaurado en sus comunidades. Algunos de estos ejercicios de cuidado incluyen: las redes de apoyo formadas con organizaciones amigas, que les permiten reubicarse en otros territorios ante cualquier amenaza; la creación de figuras humanitarias; espacios exclusivos para la población civil; y el trabajo mancomunado realizado con la comunidad internacional. Pero hay uno en particular que se está implementando: el cuidado psicoespiritual. “Estamos aplicando mucho de la parte ancestral, porque la protección va más allá de un chaleco, un celular o que nos den un carro. También hay que retomar las enseñanzas de nuestros ancestros, saber cómo se cuidaban y cómo se movían en los territorios. Con el apoyo de organizaciones, también estamos trabajando en la parte psicosocial, porque las afectaciones nos afectan emocionalmente, por lo que también debemos cuidar nuestra salud mental”, explicó Maru.
La lenta implementación del Acuerdo de La Habana
La experiencia adquirida por Maru en 30 años de defensa de los derechos humanos la llevó a participar en los diálogos de paz con la extinta guerrilla de las FARC, haciendo aportes concretos desde diversas regiones y participando en diferentes puntos del acuerdo final, sobre todo en la creación del capítulo étnico. Por ello, es una voz autorizada para entender cómo va la implementación de los acuerdos. “La vemos rezagada en todos los puntos. Lamentablemente, en el gobierno de Iván Duque no hubo implementación del acuerdo, lo que creó un vacío muy grande. Ahora se avanza un poco más, al menos en el tema de tierras, pero no se ha cumplido con la meta acordada. Era un proyecto muy ambicioso, muy bueno, pero no hay dinero para ejecutar todo lo que se había planteado desde los territorios”.
El pasado 11 de julio, el presidente Gustavo Petro estuvo presente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para dar un informe sobre los avances del Acuerdo de Paz de La Habana. En su intervención, el primer mandatario mencionó que el país ha tenido dificultades económicas para cumplir con lo pactado. Ante la ONU, Petro aseguró que a Colombia le hacen falta, por lo menos, 50,000 millones de dólares para cumplir con el Acuerdo de Paz, debido a un sobreendeudamiento por el COVID, que generó que la deuda del país pasara de $70 a $112 billones de pesos. Para solucionar esto, el presidente indicó que es necesario potenciar la capacidad financiera del Estado colombiano, permitiendo un canje de deuda por acción climática. Finalmente, señaló que propondrá al Congreso y a las Cortes un “fast track” para avanzar en los proyectos necesarios para alcanzar la paz.
Sin embargo, el presidente Gustavo Petro no fue el único colombiano en hablar en el Consejo de las Naciones Unidas. Desde una oficina de la Misión de la ONU en Medellín, Maru también se pronunció ante los delegados y delegadas de los países miembros y compartió su visión sobre la situación actual de la implementación del Acuerdo de Paz. Se ganó este espacio, además de su amplio recorrido defendiendo la paz en Colombia, porque en 2022 fue galardonada por el Instituto de la Paz de Estados Unidos con el Premio Mujeres Constructoras de Paz. En su intervención, advirtió sobre un proyecto muy bonito que se ha quedado lento en su implementación, llamado “Camino Diferencial de Vida”.
El “Camino Diferencial de Vida” es un programa enfocado en atender a los adolescentes que fueron reclutados por las FARC y que salieron de las filas guerrilleras luego de la firma del acuerdo. Estos jóvenes fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos. “Era genial porque garantizaba los derechos de los jóvenes. Yo salvaría todo el trabajo que hemos hecho, pero cambiaría la forma en que se implementó. Finalmente, los chicos fueron a lugares del ICBF y luego muchos se quedaron en las ciudades, lo que les impidió regresar a sus territorios. Esto me parece una acción dañina, porque es importante que retornen a sus lugares después de estudiar”, le explicó a RAYA sobre la situación actual del proceso restaurativo. La Misión de Naciones Unidas señaló que, desde la firma del Acuerdo de Paz, cuatro jóvenes atendidos en el programa han sido asesinados.
Aunque Gustavo Petro y María Eugenia Mosquera coincidieron en afirmar, ante la ONU, que el gran problema de la implementación del Acuerdo de Paz es la falta de recursos económicos, Maru considera que hay algo más importante: la falta de voluntad política, sobre todo de los sectores que históricamente se han opuesto al acuerdo. “La mayoría del pueblo colombiano quiere la paz, pero, lamentablemente, quienes tienen el poder están en contra de ella y no tienen interés en su implementación, porque la guerra genera más economía que la paz. Esto no ayuda a avanzar en el cumplimiento de la implementación. Si existiera un poder que realmente quisiera cambiar este contexto, sería diferente, y no lo que estamos viviendo hoy, que es una locura”.
En marzo de este año, la experta internacional en Derechos Humanos de la ONU, Antonia Urrejola, presentó su informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. El documento destacó que el 80% de los firmantes de los acuerdos mantienen su compromiso de reintegrarse a la sociedad, a pesar de los obstáculos y los riesgos para sus vidas. En las 19 páginas que componen el texto, también se recalcó que los dos primeros años de consolidación del acuerdo estuvieron marcados por un contexto político hostil, lo que resultó en una aplicación irregular y en ataques contra el sistema de justicia transicional. En este sentido, Urrejola pidió al Estado colombiano que implemente el Acuerdo de Paz de 2016 como política de Estado. “La falta de implementación del acuerdo como política de Estado puede generar desconfianza para concretar otros procesos de paz. También es importante que los procesos de diálogo y negociaciones adelantados en el marco de la política de 'Paz Total' no interfieran con la necesidad de seguir implementando el acuerdo como un elemento central de la política de paz del Estado”.
Las consecuencias del escaso avance en la implementación del Acuerdo de La Habana han sido vividas en carne propia por Maru, traduciéndose en el homicidio de sus compañeros de Conpazcol, en el desplazamiento y confinamiento de las comunidades que acompañan, y en amenazas directas contra su vida. La última ocurrió el 22 de mayo de 2024, cuando fue abordada en Buenaventura por un sujeto en motocicleta. Después de observarla detenidamente, sacó un arma de fuego: “Primero le apunta a la cabeza, luego al pecho y después hace un disparo al aire. El armado repite la intimidación apuntándole a su cuerpo y le pide que entregue el celular”, detalló Conpazcol en su comunicado denunciando el hecho. Aunque el episodio fue reportado al comandante de la Policía Nacional en Buenaventura, quien se presentó en el lugar y asumió la situación, hasta el momento no se ha logrado identificar a la persona responsable del ataque contra Maru. “Todavía no me sobrepongo del miedo que me dio el escuchar un disparo tan cerca de mí”.
