A pocos días de la consulta del 26 de octubre, las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) han dejado en el limbo jurídico la creación del Pacto Histórico como partido único. La exclusión de varias colectividades, las intervenciones de magistrados que pertenecen a la oposición y las trabas al proceso de unificación exponen una crisis estructural en la independencia del órgano electoral colombiano.
Por: María Fernanda Padilla
Lo que comenzó como el intento más ambicioso de la izquierda colombiana por consolidarse como una sola fuerza de cara a las elecciones de 2026 terminó atrapado en vacíos normativos y en una maraña política dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE). A pocos días de la consulta del 26 de octubre, en la que el Pacto Histórico definirá su precandidatura presidencial y el orden de sus listas al Congreso, las decisiones del CNE ponen en riesgo la unidad de esa coalición y reabren el debate sobre la independencia del árbitro electoral en favor de los partidos tradicionales.
Por primera vez, los sectores progresistas buscan que la ciudadanía escoja una precandidatura única con miras a la consulta presidencial del Frente Amplio, que reunirá a sectores de centroizquierda y está prevista para marzo del próximo año. Pero en menos de un mes, el CNE desmontó ese propósito mediante resoluciones que condicionaron la existencia jurídica del Pacto Histórico y limitaron su margen de maniobra política.
El 15 de septiembre, el Consejo aprobó la creación del Pacto Histórico como partido único a solicitud de las colectividades que se fusionaron para ello: la Unión Patriótica, el Polo Democrático, el Partido Comunista, el movimiento Minga Indígena Social y Popular y Progresistas, escisión del MAIS que lidera la senadora María José Pizarro. Sin embargo, el CNE dejó por fuera a la Colombia Humana, al considerar que no alcanzó el quórum de sus militantes para adherirse; excluyó a Progresistas, por no tener personería jurídica; y negó a a la Minga Indígena, sin una motivación detallada. Además, condicionó la validez del reconocimiento, del nuevo partido, a que se resuelvan procesos sancionatorios pendientes contra las agrupaciones que buscan fusionarse, sin fijar plazo para ello.
La resolución, impulsada por el magistrado Álvaro Hernán Prada —presidente del CNE y militante del Centro Democrático—, generó desconfianza dentro del bloque oficialista. Prada enfrenta investigaciones por presunto soborno de testigos y por intimidaciones judiciales contra el actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, lo que alimenta dudas sobre su imparcialidad. En la práctica, la decisión del CNE terminó siendo un reconocimiento a medias que deja a la principal fuerza política del país en una indefinición jurídica a menos de un año de las elecciones presidenciales.
La determinación tuvo un efecto inmediato: dejó sin aval la candidatura de Carolina Corcho y Gustavo Bolívar, quienes interpusieron una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá reclamando su derecho a la participación política. El Tribunal les dio inicialmente la razón, pero días después revocó la medida cautelar. Con el partido único bloqueado, la consulta del Pacto quedó registrada como un mecanismo interpartidista y no partidista, lo que impide que su ganador participe luego en la consulta del Frente Amplio. Así, el propósito de unificar a la izquierda derivó en una nueva fragmentación.
“El Consejo Nacional Electoral no ha dado las garantías para la realización de la consulta del Pacto Histórico. La desbarata a la fuerza. Es un golpe antidemocrático”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. Poco después, la Registraduría dio vía libre a la consulta interpartidista con tres candidatos —Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero—, aunque este último renunció el mismo 26 de octubre alegando que no existían condiciones de igualdad.
A la disputa jurídica se sumó el caos logístico. El 14 de octubre, el CNE resolvió que el logo del Pacto Histórico no podría aparecer en el tarjetón, al no ser un partido con personería jurídica, y que solo debían figurar los símbolos de las organizaciones que avalaran a los candidatos. La decisión fue respaldada por siete de los nueve magistrados, la mayoría provenientes de partidos tradicionales o de oposición al gobierno: Altus Baquero y Benjamín Ortiz, del Partido Liberal; Cristian Quiroz, de la Alianza Verde; Maritza Martínez, de la U; Alfonso Campo, del Conservador; Prada, del Centro Democrático; y Álvaro Echeverry, de Colombia Justa Libres. Su filiación partidista acentuó las críticas sobre la politización del CNE.
El diseño del tarjetón, además, introdujo una nueva controversia. Según Gustavo Bolívar y congresistas del Pacto, la pregunta que aparecerá ante los votantes —“Voto para elegir candidato a la Presidencia de la República”— podría generar una inhabilidad, pues la ley prohíbe participar dos veces en consultas interpartidistas. Por eso pidieron que el texto fuera modificado a “Voto para elegir precandidato del Pacto Histórico a la consulta del Frente Amplio”. “Se engaña al electorado y sobre esa base nos impiden que quien gane la elección del 26 de octubre participe en la de marzo. Llegaríamos divididos a la elección, y divididos perderíamos las elecciones”, explicó Luis Guillermo Pérez, exmagistrado del CNE y asesor del movimiento.
El 21 de octubre, cuando se esperaba una definición, el CNE se abstuvo de pronunciarse sobre el carácter de la consulta y negó cualquier modificación al tarjetón. Con ello, dejó una única salida para evitar la exclusión del Frente Amplio: que Iván Cepeda y Carolina Corcho, ambos precandidatos del Pacto, se inscriban bajo el aval del Polo Democrático, de modo que el proceso adquiera carácter partidista. Un día después, los partidos Comunista y Unión Patriótica retiraron formalmente su personería jurídica, notificando su decisión al CNE, la Registraduría y la Procuraduría.
“Aquí hay una intención política de afectar al Pacto Histórico e impedir su participación en la consulta del Frente Amplio. Se vulneran derechos de participación y autonomía de los partidos”, dijo el representante Gabriel Becerra, de la Unión Patriótica.
Las decisiones del CNE no solo repercuten en la carrera presidencial, sino también en la estabilidad del bloque parlamentario del Pacto. Al menos cinco congresistas elegidos por la coalición en 2022 —Roy Barreras, Luz María Múnera, Carlos Hernán Rodríguez, César Pachón y Alexander López Maya— han enfrentado sanciones o anulación de sus curules por doble militancia. En el caso de López, la Corte Constitucional revocó la sanción al considerar que carecía de sustento jurídico y exhortó al Congreso a tramitar una reforma que corrija los vacíos normativos sobre ese tema.
Esa reiteración de fallos y sanciones ha reforzado la percepción de que el CNE actúa con sesgos políticos, aplicando la ley de manera selectiva para frenar a los partidos alternativos. El vacío jurídico sobre el cual se están tomando decisiones sobre la unificación del Pacto Histórico refuerza también esas dudas. Desde que se expidió la Ley 1475 de 2011, que modifica las reglas de organización y funcionamiento de los partidos políticos, no se había llevado a cabo un proceso similar y la reglamentación establecida, según juristas, tiene varios aspectos no regulados. Por ejemplo, frente a los procesos sancionatorios que están en curso.
“Es muy importante hacer un llamado para que el Consejo Nacional Electoral concluya de manera lo más expedita posible las investigaciones que tienen en curso los partidos a los que se les aprobó la fusión, antes de que tenga efectos jurídicos que afecten los derechos políticos de los militantes y miembros de este partido. Sería catastrófico y nos pondría en un limbo jurídico complicado que entre en vigencia la personería jurídica (del Pacto) en medio del proceso electoral, desapareciendo las organizaciones que avalaron a los candidatos al Congreso y la Presidencia”, explicó Carlos Oviedo, subcoordinador de Integridad Electoral.
La Misión de Observación Electoral (MOE) ha advertido que el sistema electoral colombiano sigue dependiendo de un órgano que tiene problemas en su diseño y, además, está integrado por cuotas partidistas, lo que compromete su independencia y transparencia. Por ello, ha impulsado que se fortalezca el carácter técnico del tribunal y las capacidades de vigilancia, y, a su vez, se establezca un concurso de méritos para la elección de los magistrados del CNE.
El exmagistrado del CNE Armando Novoa ha advertido que la composición partidista del Consejo Nacional Electoral compromete su autonomía. En 2017, en medio de una discusión sobre la reglamentación de los mecanismos de participación, señaló que era urgente modificar “el origen partidista de los miembros del CNE” para garantizar su independencia. Ocho años después, el diagnóstico académico llega a la misma conclusión. En la Revista Democracias, Acuña, Cruz y Rodríguez (2025) escriben que “la independencia del CNE es parcial, debido a su composición partidista: los magistrados son elegidos por el Congreso según las mayorías políticas, lo que compromete su imparcialidad”,
Por ahora, la consulta del Pacto Histórico se mantiene para el 26 de octubre, con los mismos tarjetones cuestionados por su militancia y bajo un clima de incertidumbre. A días de las votaciones, el CNE reconoció la personería jurídica de Progresistas, el movimiento de María José Pizarro, lo que fue recibido como una victoria parcial. “Queremos instar de manera respetuosa a que se acelere el otorgamiento de la personería jurídica sin condicionamientos para el Pacto Histórico”, dijo la senadora tras la decisión.
El representante Alejandro Toro anunció que solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger los derechos políticos de la colectividad. Petro ha respaldado esa iniciativa y pidió a sus copartidarios “actuar ante los organismos internacionales de manera contundente”.
La consulta del 26 de octubre definirá más que un nombre. Será la prueba de fuego para medir si el Pacto Histórico puede consolidarse como fuerza electoral pese a los obstáculos institucionales. En medio de un CNE con mayoría de magistrados designados por los partidos tradicionales y un marco legal ambiguo, el proceso exhibe el límite de una democracia que mantiene la forma electoral, pero cuyo árbitro sigue respondiendo a los intereses de quienes controlan las reglas del juego.
