RAYA reconstruye un viejo caso penal que salpica al general retirado Victor Manuel Páez en la desaparición de 13 estudiantes. Revelamos los últimos movimientos de este expediente que está a punto de tomar un giro decisivo. Páez fue favorecido por el expresidente Andrés Pastrana y tuvo negocios con la esposa del señalado mayor contrabandista del país.
Redacción Revista RAYA
Víctor Manuel Páez Guerra, primer director de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) volvió a los titulares esta semana al revelarse que construyó un edificio en el norte de Bogotá entre 2002 y 2004 en conjunto con Liset Samboní, esposa del zar del contrabando Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”. Una nota del portal Vorágine contó los pormenores del negocio, que ocurrió mientras Páez se desempeñaba como director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y luego como Inspector General de la Policía, durante el gobierno de Álvaro Uribe. Páez alcanzó el grado de Mayor General y estuvo 35 años en la institución. Varios de sus hermanos fueron también policías.
De acuerdo con “El general Serrucho”, libro póstumo del fallecido periodista Manuel Vicente Peña, Páez acumuló buena parte de su poder en la institución bajo la sombra del general Rosso José Serrano, quien controló la cúpula de la Policía a mediados de los noventa. Además fue cercano a Royne Chávez, un coronel condenado por enriquecimiento ilícito, quien fue jefe de seguridad y hombre de confianza del expresidente Andrés Pastrana. Royne Chávez es más recordado por su matrimonio con la cantante de música popular Marbelle.
Durante el gobierno de Andrés Pastrana, Victor Manuel Páez Guerra fue designado como el primer director de la recién creada Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), una rama de la Policía adscrita a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para combatir el contrabando y la evasión fiscal, justamente los delitos que presuntamente cometió durante cuatro décadas el esposo de su socia Liset Samboní, con quien el general Páez construyó el edificio del norte de Bogotá que aún le pertenece.
Izq: El general (r) Víctor Manuel Páez en un viaje de turismo en 2010
Los desaparecidos del Colectivo 82
Entre el 4 de marzo y el 13 de septiembre de 1982 trece personas, la mayoría estudiantes de las universidades Nacional y Distrital en Bogotá, desaparecieron en el marco de una investigación desarrollada por el F2, un cuerpo secreto de inteligencia de la Policía Nacional, al que familiares y organizaciones de derechos humanos le atribuyen estos crímenes.
La génesis del caso se remonta un año atrás, el seis de octubre de 1981, cuando un comando secuestró a las hijas menores del narcotraficante Jader Álvarez en el norte de Bogotá exigiendo una millonaria recompensa a cambio. La negociación nunca se concretó y los captores asesinaron a las niñas en un paraje remoto de Gachalá (Cundinamarca) entre mayo y julio de 1982.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, CIDH, concluyó que unidades del F2 de la Policía, bajo el mando del entonces coronel Nacin Yanine Díaz, desataron una cacería de brujas contra 13 universitarios militantes de movimientos de izquierda, a quienes consideraban cómplices o responsables del secuestro de las hijas del narcotraficante Jader Álvarez. Los jóvenes fueron capturados por miembros de la Policía Nacional, torturados y posteriormente desaparecidos. La CIDH encontró responsable al Estado colombiano por los crímenes.
En este punto de la historia aparece el nombre Víctor Manuel Páez Guerra. En 1992, el informe anual de la CIDH de la OEA hizo un detallado resumen de la impunidad que rodeaba el caso de los 13 desaparecidos. Relacionó una pista clave: varios de los jóvenes capturados y posteriormente desaparecidos fueron llevados en una furgoneta panel verde de placas HL 6794.
La Procuraduría probó que este y otros 44 vehículos habían sido registrados por la autoridad de tránsito de la época a nombre de Vïctor Manuel Páez Guerra, quien a comienzos de los ochenta ostentaba el rango de teniente. Todos los vehículos eran para uso de la División de Investigación, Policía Judicial y Estadística de la Policía, conocida como F2.
En uno de aquellos carros, que testigos describieron años más tarde como furgonetas similares a las de la serie de televisión Los Magníficos, fue en donde se llevaron capturados a Samuel Humberto y Alfredo Sanjuán Arévalo. Los hermanos Sanjuán, aún desaparecidos, son las víctimas más conocidas del caso porque sus hermanas lideran desde esos años una búsqueda incansable con una de las primeras organizaciones de víctimas de desaparición forzada del país llamada Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADES).
Ambos hermanos pintaron el mural del Ché Guevara en la plazoleta de la Universidad Nacional de Bogotá. Un investigador del caso aseguró a RAYA que ambos eran inocentes y no existe prueba alguna en el expediente que indique que tuvieran relación con el secuestro de las hijas de Jader Álvarez. A pesar de ello, los hombres del F2 los perfilaron, capturaron y desaparecieron por su su militancia izquierdista.
Ocho de los estudiantes desaparecidos recibieron su grado póstumo en la Universidad Nacional en abril de 2024. Foto: UBPD
Cuatro décadas de impunidad a las puertas del juicio
Las trece desapariciones del Colectivo 82 son uno de los casos penales activos más antiguos de Colombia. El proceso judicial se remonta a 1982 pero tuvo innumerables tropiezos que garantizaron la impunidad. En un primer momento la Justicia Penal Militar declaró cerrada la investigación en 1987, absolviendo a los uniformados involucrados en las desapariciones.
Sin embargo, tras una batalla jurídica ante organismos internacionales, las familias de las víctimas consiguieron una sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia con ponencia de la magistrada María del Rosario González. La Corte anuló el fallo de la Justicia Penal Militar que absolvía a los uniformados y le ordenó a la Fiscalía la revisión del caso en el año 2011. Además ordenó que se diera el cierre a la investigación para definir la situación jurídica de los vinculados al proceso mediante indagatorias.
RAYA revela un hecho desconocido hasta el momento. La Fiscalía 128 Especializada de Derechos Humanos cerró el proceso de investigación el 23 de diciembre de 2024 y ahora se dispone a calificar el mérito del sumario, justo cuando han transcurrido 14 años desde que el caso fuera reabierto. Esto fue posible gracias a que durante la actual administración de la Fiscalía se ordenó la reasignación de la investigación, que había estado una década paralizada.
En términos coloquiales el cierre de la investigación y la calificación del sumario significan que todas las pruebas y testimonios ya fueron recaudados. Ahora la Fiscalía deberá decidir entre dos caminos: si se declara la preclusión de la causa penal, declarando inocentes a los uniformados, o por el contrario, si considera que con los elementos probatorios que existen dentro del expediente aquellos deben ser acusados y llevados a juicio por diferentes delitos como desaparición forzada, tortura y homicidio. En cualquiera de ambos casos la definición del proceso ocurriría antes de mayo de este año.
La decisión de la Fiscalía se conocerá una vez los defensores y partes del proceso se hayan notificado del cierre de la investigación. Sin embargo, RAYA conoció por abogados y fuentes cercanas al caso que hay pruebas suficientes para acusar a 14 antiguos miembros de la Policía Nacional como responsables por estos crímenes. Otros cuatro implicados ya fallecieron.
Entre los oficiales en retiro que fueron vinculados a la investigación se encuentra el coronel (r) Nacín Yanine Díaz, quien fuera jefe del F2 para la época, hermano del célebre general (r) del Ejército Farouk Yanine Díaz ya fallecido, quien también estuvo enredado en otro proceso judicial como uno de los mayores auspiciadores de los grupos paramilitares en el Magdalena Medio.
Además fueron vinculados Luis Ángel Perdomo, Jorge Alipio Vanegas Torres, jefe de contrainteligencia al momento de los hechos, Ernesto Condia Garzón, jefe de Policía Judicial, y Miguel Rodrigo Torrado Badillo, jefe del Grupo de Operaciones Especiales, entre otros.
El general (r) Vïctor Manuel Páez Guerra no fue vinculado mediante indagatoria, tampoco lo llamaron a declarar. Sin embargo, una fuente con conocimiento del caso aseguró que debe dar explicaciones: “Tiene que entrar a responder por el manejo de los vehículos [en que se llevaron a los desaparecidos], ¿por qué esos vehículos, que estaban a su nombre, los terminó utilizando la Dirección Nacional del F2?”.
Victor Manuel Páez también había sido investigado por la Justicia Penal Militar a comienzos de los 2000, de acuerdo con la base de datos Vidas Silenciadas, cuando era comandante de la Policía en Bolívar. Los señalamientos contra él vinieron tras la masacre de San Pablo, una incursión paramilitar por el río Magdalena que dejó 14 víctimas en ese municipio en enero de 1999. Aquel caso, al igual que el del Colectivo 82, tampoco prosperó en la Justicia Penal Militar.
Paradójicamente, el general Páez salió de la Policía por un escándalo menor en 2003, relacionado con pagos corruptos en la Policía de Medellín mientras ejercía como inspector general de la institución.
Un jurista explicó que si el proceso del Colectivo 82 llega a juicio en abril o mayo, algo que es altamente probable, una vez se cumplan los plazos de notificación del cierre de la investigación, podría existir una ruptura procesal para investigar a otros presuntos involucrados en la desaparición de las trece víctimas, entre ellos el general (r) Páez Guerra. Estos crímenes fueron declarados como de lesa humanidad por la Fiscalía, por ello no han prescrito a pesar de que los hechos sucedieron hace cuatro décadas.
Después de 43 años de impunidad, las familias y víctimas esperan que por fin se haga justicia, así lo dijeron a RAYA las hermanas Sanjuán Arévalo en octubre de 2024, durante un encuentro de derechos humanos en Ocaña, Norte de Santander. En aquella charla Yolanda Sanjuán recordó que su familia había conocido desde siempre a la familia del coronel (r) Nacín Yanine Díaz en Ocaña, con quien incluso tuvieron una relación cordial antes de aquellos hechos, aún así, aquel nunca quiso darles explicaciones sobre la suerte de sus hermanos desaparecidos.
