En el Alto Sinú, la creciente reciente reactivó el debate sobre Urrá: 7.400 hectáreas inundadas, peces en retroceso y tierra productiva perdida. Martha Domicó, hija del líder Embera Kimy Pernía (asesinado en 2001), recuerda su defensa del territorio y resume el vínculo comunitario con una frase: “el río es nuestra madre”. Las comunidades exigen continuidad y transparencia en la restitución de 123.000 hectáreas.
Por: Germán Ñáñez Lloreda
Realización audiovisual, textos y fotografía: Germán Ñáñez Lloreda
La creciente volvió a poner al Sinú contra las paredes. En Córdoba, el desbordamiento dejó 329.534 personas afectadas, 78.000 de ellas en el departamento. Tierralta y Valencia estuvieron entre los municipios con más daños, y al menos 166 poblaciones resultaron damnificadas. En varios puntos, la respuesta inmediata no vino de un plan estatal sino de la improvisación comunitaria: costal sobre costal, dique sobre dique, para contener un río que, según quienes lo habitan, ya no corre como antes.
Esa escena —el agua desbordada y las manos levantando barreras— es el final visible de una historia que empezó mucho antes. Para entender por qué el Alto Sinú vuelve una y otra vez al borde, hay que remontar el cauce hasta la construcción de la represa de Urrá, un proyecto que cambió el comportamiento del río y reordenó la vida social, económica, ambiental y cultural de la cuenca. Veinticinco años después, el “desarrollo” se sigue contando en megavatios; el territorio, en pérdidas.
Urrá I se levantó como una obra monumental: 74 metros de alto y 1.300 metros de largo. Su embalse inundó 7.400 hectáreas, entre ellas 417 hectáreas reclamadas por comunidades indígenas. El impacto fue también humano: el proyecto provocó el desplazamiento de cerca de 6.000 pobladores. Lo que en los planos fue agua embalsada, en el territorio fue tierra que dejó de producir y caminos que cambiaron para siempre.
El costo real terminó de cerrar las dudas que circularon desde el inicio. La obra, presupuestada en US$300 millones, terminó costando entre US$780 y US$800 millones. Su aporte energético fue de 340 MW, entre 2% y 4% de la demanda del país. En el Alto Sinú, esos números alimentan una pregunta que vuelve cada vez que el río se desborda: ¿cuánta de esa inversión se tradujo en bienestar local y cuánta se convirtió en deuda social?
El balance financiero no fue favorable: en sus primeros ocho años de operación, la empresa no dio utilidades y acumuló un déficit de $824.520 millones, que terminó siendo carga fiscal para el Estado. En la cuenca, el costo se paga con otra moneda: con alimento que falta, con salud que se precariza, con cultura interrumpida, con la certeza de que lo perdido no se repone con un informe.
La represa transformó una corriente viva en un cuerpo de aguas estancadas y alteró la dinámica hidrológica de la cuenca. La inundación masiva de bosque tuvo efectos en cascada: disminución de oxígeno en el fondo de la represa, aumento de compuestos como el sulfuro y una consecuencia que llegó directo a la mesa de las familias: la caída de especies asociadas a la pesca, entre ellas el bocachico, además de la yulupa y la charúa. Los programas de repoblamiento con alevinos no lograron compensar la pérdida de la reproducción natural.
La interrupción es física y simbólica. Al partir el Sinú por una cascada artificial —con caída cercana a 70 metros— los peces dejaron de completar su ciclo río arriba. Eso golpeó la seguridad alimentaria y, con ella, el sistema social y cultural que giraba en torno a la pesca. En el video, esa ruptura se escucha con nombre propio.
Martha Domicó habla de su padre, Kimy Pernía, líder Embera asesinado en 2001 en medio de la oposición a la represa. Lo recuerda como un hombre “muy contextualizado con la naturaleza”, con una relación directa con el territorio y con la comunidad. En su voz, la defensa del río no fue un discurso: fue una forma de vida. “Decía que el río tenemos que cuidar, que el río es nuestra madre”, cuenta. En esa frase, el río deja de ser paisaje y se convierte en vínculo: madre, alimento, memoria.
Martha también recuerda que antes el pueblo se unía “a través del bocachico”. Y describe lo que se quebró cuando el río dejó de ser camino para los peces: “la conexión… fue rota porque no hay esa viabilidad”. El daño no queda en el agua; se mete en la organización social, en la transmisión de saberes, en las prácticas de cuidado. Cuando el bocachico desaparece o se reduce, no solo cambia la dieta: cambian los tiempos, cambian los oficios, cambian los pactos cotidianos.
El impacto subió a la montaña. Luis Domicó, gobernador indígena del Alto Sinú, lo dice con claridad: antes vivían “cazando nuestros animales, pescando nuestros pescados”, pero “ahora Urrá nos ha afectado”. Habla de cultivos ancestrales perdidos y de comunidades obligadas a moverse a terrenos donde no prospera lo que históricamente sembraron. “Nosotros tenemos que correr montañas arriba”, dice, y explica por qué ahí no se da el cultivo que necesitan. El plano —donde la tierra rinde— quedó bajo el agua.
Martha aterriza el problema en una escena concreta: volver al territorio y encontrarlo inundado. “No tenemos a dónde sembrar”, dice. “Yo voy al territorio, pero yo dónde voy a sembrar si no hay tierra… eso está inundado”. Y cuando suben, la pérdida se duplica: “no hay producción de plátano, no hay la planta medicinal… eso se murió todo”. La demanda no es retórica: es una necesidad inmediata. “Pedimos al gobierno que queremos una tierra, pero que sea productiva”, insiste.
Rufino González, abogado defensor de derechos humanos y representante legal de organizaciones comunitarias del Alto Sinú, habla de impacto ambiental, ecológico y social, de bosques inundados y de desplazamiento campesino. En su lectura, lo ocurrido no es un accidente: es el resultado de un modelo que interviene el territorio sin asumir, de manera efectiva, su reparación.
Esa reparación es hoy, sobre todo, una pelea jurídica. Desde 2023, las comunidades Embera demandaron ante la Unidad de Restitución de Tierras —Dirección Territorial Córdoba— la restitución de 123.000 hectáreas. La demanda fue entregada y luego se exigieron subsanaciones, radicadas el 31 de agosto de 2023. El proceso, sin embargo, se frenó. Luis Domicó dice que celebró la decisión institucional de llevar la demanda ante un juez, pero denuncia que, tras el rechazo inicial, el caso quedó “engavetado” en la misma entidad responsable de impulsarlo.
En ese estancamiento, las comunidades señalan un punto de quiebre: la directora territorial que venía haciendo la gestión, Ana Cristina Muñoz, fue declarada insubsistente el 6 de septiembre de 2024, dos días antes de una socialización prevista para el 9 de septiembre. Para los Embera, fue un retroceso y una señal de desconfianza institucional.
Por eso, lo más reciente —y lo que vuelve noticiosa esta historia hoy— es que las comunidades presentaron un derecho de petición el 26 de febrero de 2026 solicitando garantías, transparencia y continuidad del proceso. Buscan evitar que la restitución siga detenida mientras el territorio vuelve a inundarse y la vida se encarece para quienes quedaron sin tierra productiva.
La oposición a Urrá no empezó ayer ni se detuvo con el embalse. Ha sido un proceso histórico que dejó víctimas, desplazamiento y al menos 10 líderes indígenas asesinados, casos que permanecen en la impunidad. El caso más emblemático es el de Kimy Pernía. Su asesinato no es solo memoria familiar: es un marcador de riesgo para quienes han enfrentado proyectos de gran escala en una región atravesada por el conflicto armado.
En el Alto Sinú, el 8 de marzo no entra como consigna: entra como constatación. En el territorio, la defensa del río también se sostiene en lo que casi nunca aparece en los balances: en la vida cotidiana que las mujeres cargan cuando falta el pescado, cuando se pierde la tierra, cuando toca reorganizar la alimentación, la medicina, la crianza y la memoria. Martha Domicó no habla desde la efeméride. Habla desde la continuidad de una lucha heredada: la de cuidar el río y exigir reparación.
Mientras el Sinú amenaza con desbordarse de nuevo y las comunidades vuelven a improvisar diques para retener su fuerza, la frase se repite como mandato: “el río tenemos que cuidar”. Veinticinco años después de Urrá, el río sigue intervenido. Y la reparación, pendiente.
