La senadora Isabel Zuleta, coordinadora del espacio de diálogos que mantiene el Gobierno Nacional con las estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá, conversó con RAYA sobre los avances y dificultades del proceso. Denuncia el saboteo de la alcaldía de Federico Gutiérrez a la paz urbana y defiende el evento público en La Alpujarra donde nueve exjefes de la Oficina de Envigado se encontraron con el presidente en una tarima.
Por: Redacción Revista RAYA
La activista social Isabel Zuleta, hoy senadora por el Pacto Histórico, ha estado en el foco de la opinión pública por el evento del pasado 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra -corazón del poder en Medellín y Antioquia- donde el presidente compartió tarima con varios exjefes criminales de la conocida Oficina de Envigado, quienes ahora están sentados en una mesa de paz con el Gobierno Nacional.
Los ataques al evento arrancaron con una campaña en grandes medios de comunicación que tergiversaron los hechos e instauraron narrativas en contra de la paz urbana, pasando luego a las denuncias penales de actores políticos de derecha en contra de la senadora Zuleta, a quien sus detractores acusaron, sin mostrar evidencias, de haber “sacado” sin autorización a los exjefes criminales de la cárcel.
Una de estas denuncias fue instaurada por la exfiscal Claudia Carrasquilla, hoy concejal de Medellín por el Centro Democrático, quien afronta un proceso penal por sus presuntas prácticas corruptas, señalada de manipular testigos y orquestar montajes judiciales cuando ejerció en altos cargos de la Fiscalía durante la administración de Néstor Humberto Martínez.
Zuleta, además, habló sobre la ley de sometimiento que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó en el Congreso el pasado 20 de julio. Aseguró que dicha iniciativa será crucial para resolver violencias urbanas no sólo en Antioquia sino también en el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y el Caribe. Sobre estos temas conversamos con la senadora Zuleta.
¿Qué significó para Medellín el evento en la plazoleta de La Alpujarra con el presidente Gustavo Petro?
Lo más importante que quisimos mostrar como símbolo fue una nueva esperanza de paz. Medellín ha tenido varios procesos de paz, unos más exitosos, otros fracasados. Lo principal es que la paz se hace de frente y no por la puerta de atrás, no es un plato de segunda mesa, no es un asunto para adornar el Plan Nacional de Desarrollo sino algo central para la ciudad. Los jóvenes, que las comunas, que las barriadas están exigiendo que sea una prioridad para todos los gobernantes. La paz urbana no va a ser el patito feo de la paz nacional: es una prioridad porque la mayor parte de la población se concentra en nuestras ciudades. Esta ciudad ha cercenado las voces de las barriadas, ha privilegiado las voces de las élites. En ese evento con el presidente se dio la posibilidad de que todas las voces fluyeran, primero por supuesto las de las víctimas que son prioridad, así la mayoría de medios de comunicación quisieran darle otro enfoque al evento. Ese centro de poder que es La Alpujarra debe ser para los barrios, por eso la gente de las comunas bajó hasta allá, porque el poder es del pueblo, así lo dice nuestra Constitución, pero eso no ha sucedido en Medellín: aquí han tenido el poder las élites.
¿Eso explica la reacción desmesurada de la prensa y sectores políticos locales que atacaron el evento incluso tergiversando la información? ¿Cuál es el temor de esas élites?
El temor es perder el control. Ellos siempre se han creído dueños de este pedazo de tierra llamado Antioquia, han dicho que Antioquia es de una posición ideológica, en el imaginario nacional se ha vendido la idea de que esta tierra es de derecha, que el paisa es de derecha. Lo que decimos es que más allá de esa postura ideológica queremos la paz.
Han usado a las bandas para hacer política, eliminar opositores y mantener el control social, ¿No cree que la paz urbana implicaría para la derecha perder esa que ha sido su herramienta de cogobierno durante décadas?
Definitivamente. Ellos han contenido las ideas progresistas y de izquierda a través de la violencia, por eso son tan importantes los procesos de paz: para que surja la democracia, una democracia no surge en medio de la violencia. Esa es la gobernanza criminal que hemos conocido en Medellín, es una realidad de a puño, desde hace cuarenta o cincuenta años. La administración local se aliaba con los más poderosos de esas estructuras criminales para que los más más débiles se sumaran o los eliminaban, aquí hubo selectividad de las alcaldías cuando atacaron a las estructuras, a todas no las atacaron por parejo. Esa gobernanza criminal implicaba hacerse pasito, porque sino los barrios se prendían y se disparaban las tasas de homicidios, lo que implicaba llegar a acuerdos bajo la mesa. Todos sabemos que en una alcaldía pasada el jefe de un combo criminal hablaba directamente con quien era comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Nosotros dijimos que había que hacerlo de frente porque ahí están las herramientas jurídicas. Por eso están tan molestos con nosotros, porque hacerlo de frente implica que antes se había hecho de otra manera.
¿Qué obstáculos ve para la paz urbana?
Uno de mis temores como coordinadora de este proceso es que no podemos cometer los mismos errores que se cometieron con las FARC; las FARC entregaron espacios de territorios de este país tranquilos para la vida cotidiana, y hoy están en medio de la violencia porque el Estado fue incapaz de copar esos territorios. La idea de que la paz es un fracaso, de que esa no es la ruta, también la ha querido imponer la derecha. La alcaldía de Medellín sabe cuál es su capacidad de llegar a los barrios, a cuáles pueden llegar y a cuáles no, el Estado tiene que saber cuál es esa capacidad para que no cometamos los mismos errores.
¿Cómo se ha planteado el proceso y qué se propone?
Nos dicen que no mostremos la gentrificación y la miseria de la gente que vive en las comunas, pero hay que mostrar la realidad, por ejemplo el turismo sexual que es un asco y nos llena de vergüenza. Es más difícil y más complejo que decir cuántos se van a desmovilizar, eso no es lo que nosotros planteamos. Tenemos tres objetivos estratégicos, el primero es el desescalamiento de las violencias. Lo segundo es la paz territorial que es precisamente hablar los problemas de la ciudad, pero no hemos podido que la alcaldía de Federico Gutiérrez implemente nuestro programa “Barrios de Paz”, que con mucho esfuerzo quedó en el Plan Nacional de Desarrollo y surgió como una idea de Medellín. Dicen que no, obstáculo tras obstáculo, ¿por qué no dejan a la gente tener su vivienda, trabajar? Y el tercer objetivo es el desmantelamiento de las estructuras, pero no puede haber sólo desmantelamiento sin los otros dos, ese fue el problema de los procesos de paz anteriores.
Una paz barata…
Si, la más barata es vengan cuántos se desmovilizan, hagamos el proceso y chao. Incluso sin marco jurídico, como sucedió con el Bloque Cacique Nutibara, que yo lo he repetido porque olvidamos la historia, tanto que nos piden a nosotros un marco jurídico y en esa época no había, ni hubo un acuerdo firmado.
Por cierto, ¿qué ha pasado con el marco jurídico?
Este es el único proceso al que le reclaman un marco jurídico previo y que le exigen que ya tenía que tener todo listo antes de arrancar. Pero la paz no se hace así, hay que ir caminando. Acá tenemos un marco jurídico para llevar a cabo el diálogo y va a tener uno para el sometimiento, ya estamos en ese punto porque el proceso ha madurado. Pero la narrativa de la derecha es que no podemos hablar con las estructuras armadas porque aún no hay un marco jurídico para el sometimiento, ellos creen que hacemos lo que antes hacían. Y el otro problema es que la paz la estamos haciendo nosotros, porque les gustaba la paz de ellos, no la nuestra. El problema para ellos es que el presidente y el gobierno es de izquierda, es popular, yo también soy de izquierda y popular, mi origen no es de esas élites sino de una lucha social. El problema es que soy mujer, el problema es lo que somos. Sino, estarían encantados con el proceso y no habría dificultades. Pero la ventaja es que eso que somos también define al proceso, por eso no hacemos las cosas como ellos.
El ministerio de justicia radicó un proyecto de ley para someter o acoger a la justicia a las estructuras armadas, ¿cómo ve el ánimo en el Congreso?
Nunca se sabe, lo dije cuando propuse la reelección del presidente, ¿quién va a ser capaz de calcular el ambiente en un Congreso? Es muy difícil. Las veces que hemos hablado de paz, con la reforma a la justicia y con el exministro Néstor Osuna cuando presentó dos proyectos de ley para la humanización de la política carcelaria y la ley de sometimiento.
¿Por qué la humanización carcelaria?
Es una característica que nos hemos encontrado en el camino: la paz también tiene que llegar a las cárceles. Si no hay condiciones humanitarias en las cárceles no va a haber paz urbana, eso diferencia la paz urbana de otros procesos. Aquí no más en el Valle de Aburrá tenemos la cárcel del Pedregal, la cárcel de Bellavista, la mayoría en un hacinamiento aterrador con denuncias de violaciones a los derechos humanos y un estado de cosas inconstitucional. Son problemas serios y profundos y están en la ciudad. Necesitamos que las personas que entren ahí lo hagan en condiciones dignas, se les respeten sus derechos y haya un proceso real de resocialización. El que se quiera someter no va a ir allá a que le violen sus derechos, donde no hay espacio, donde la comida está mal; el sometimiento no puede ser para que se le violen los derechos a las personas. Necesitamos también un programa de tránsito al Estado Social de Derecho, que lo debe impulsar el Ministerio de la Justicia porque no existe hoy en Colombia, para un proceso de paz urbana, un programa robusto que lo ejecute la Agencia para la Reincorporación y que haga atractiva la paz dando beneficios para que puedan tener vivienda, trabajo, estudio, lo que sueña la gente. Los beneficios no pueden ser sólo judiciales, para nosotros es también un beneficio social, que debe pensar también en sus familias ¿qué va a pasar con las familias de los integrantes de las estructuras si no tienen con qué comer? Es una estructura clasista que segrega, que excluye, la que conduce a la guerra.
Retomemos lo del ambiente en el Congreso, ¿cuál sería el mensaje a sus compañeros para que respalden la ley de sometimiento?
El mensaje a los congresistas es que las ciudades concentran la mayoría de la población del país: ahí están sus votantes y sus votantes no quieren vivir en medio de la guerra, tienen la oportunidad de dar una solución. La paz urbana es una posibilidad para ellos, no creo que ninguno de sus votantes quiera vivir en la violencia. O que nos digan cuál es la otra alternativa, porque hay gente que me ha dicho “Isabel, usted nunca más va a volver a ser senadora de la república desde que se metió con esa gente allá en Itagüí”. En cambio yo creo que esta es una oportunidad política para que la agenda de la paz urbana siga estando en muchos candidatos, no sólo al Congreso, sino incluso a la presidencia. La aspiración es que el tema se mantenga en la agenda de las próximas elecciones. La violencia está en los centros de poder y eso es difícil de reconocer, nos han dicho que era algo por allá lejos. En Bogotá hay estructuras armadas, en Medellín, en Cali, hace parte de reconocer una realidad.
Entonces sí ve ambiente en el Congreso…
Yo veo ambiente en el Congreso y creo que va a ser una discusión sumamente interesante que nos va a permitir recorrer la historia de lo que han sido las violencias urbanas. Quiero ver a los senadores y congresistas del Eje Cafetero qué nos van a decir de las violencias urbanas en el Eje Cafetero, qué nos van a decir los congresistas del Valle del Cauca. Va a ser un debate sobre esa realidad pero también sobre las perspectivas de país.
¿Cuál es el futuro del proceso si la ley de sometimiento se aprueba al final de este año?
Vamos avanzando en los dos primeros objetivos, esperamos superar las dificultades en la implementación de la paz territorial, que está muy atada a los gobernantes locales, y quedamos en manos del Congreso para avanzar en el tercer objetivo del sometimiento. Vamos a seguir desescalando las violencias con demostraciones concretas de voluntad de paz, ahora trabajamos en programa piloto para sacar de la violencia a 2.000 niños entre 6 y 17 años, seguimos avanzando en mantener las escuelas y entornos educativos libres de cualquier tipo de droga. Una prioridad de este proceso de paz es que no se recicle la violencia.
¿Hay oposición de la alcaldía de Federico Gutiérrez?
Ha sido muy difícil implementar el programa Jóvenes en Paz, ha tenido muchos tropiezos porque quedó asociado a un ministerio en construcción, porque la ciudad es compleja y porque aquí estaba el programa Parceros, de la alcaldía, entonces hay una disputa. Federico Gutiérrez quiso decir “no hablen de paz urbana sino de paz ciudadana”, es una imposición narrativa, cualquier presidente de Junta de Acción Comunal que esté apoyando la paz urbana no lo apoyan desde la alcaldía. Hay una exclusión incluso con los comodatos de la alcaldía para los espacios comunales pues al que apoya la paz urbana no lo van a respaldar. Hay una tensión muy fuerte y eso dificulta los programas sociales, tenemos que seguir lidiando con esa tensión pero a los paisas cuando nos la ponen más difícil nos ponemos más recios y le metemos más ganas, eso ha hecho que este sea el proceso de paz más avanzado de los que se llevan en el país.
