Gremios y políticos de derecha, alegando pérdidas económicas, intentaron disuadir la protesta en favor de la reforma laboral oponiéndose al día cívico decretado por el Gobierno y amenazando con despedir a los trabajadores. Mientras tanto, el Congreso sesionó y todo indicó que al final del día la reforma laboral fue hundida.
Por: Redacción Revista RAYA
Un ultimátum recibieron los profesores de Bogotá al iniciar esta semana: quienes no asistieran al trabajo el 18 de marzo (día que se realizó la jornada de protesta convocada para defender la reforma laboral), serían reportados en estado de ausentismo no justificado. Esta es una falta que puede acarrear sanciones disciplinarias e incluso el despido de empleados. El memorando fue enviado por la Secretaría de Educación distrital, en concordancia con la oposición que el alcalde Carlos Fernando Galán asumió frente al día cívico decretado por el presidente Gustavo Petro.
Las centrales obreras denunciaron que paradójicamente, en el día en que la ciudadanía buscó defender la reforma laboral, los mandatarios locales que se oponen al Gobierno Petro recurrieron al constreñimiento y las amenazas para disuadir la movilización. Un ejemplo de esto, para la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), es que el alcalde Galán anunció que no le pagaría el día de trabajo a los maestros que no dictaran clases. Para el mandatario predominaba el derecho a la educación de los estudiantes.
Parte del control desplegado por la administración local consistió en un formulario que los funcionarios de la Secretaría de Educación debían diligenciar durante el día, para llevar registro de quienes apoyaron y cuidaron a los niños en los colegios. En un documento, conocido por la revista RAYA, la Alcaldía les pidió detallar el número de docentes que se ausentaron en las instituciones educativas del distrito y si quienes estaban en clase saldrían a movilizarse.
“Tomamos la decisión de mantener la atención de los maestros a los chicos y chicas en la mitad de la jornada y en la otra mitad en la defensa del derecho de la educación en las calles. Podrán haber procedido desde el punto de vista de legal, iniciar algún tipo de acción indebida, pero quedó absolutamente claro que fue un asunto arbitrario y que los maestros y las maestras también tenemos los recursos legales amparados en los convenios internacionales y el derecho de asociación”, explicó Miguel Ángel Pardo, directivo de Fecode, a RAYA.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Andrés Julián Rendón, el gobernador de Antioquia, también rechazaron el día cívico decretado por el Presidente. Ambos lo hicieron bajo el argumento de no dejar de prestar servicios públicos y porque, según ellos, el trabajo era la mejor forma de impulsar el desarrollo económico. “Esperemos que, vía decreto, no se nos imponga un día de vagancia”, afirmó Rendón. A ellos se sumaron otros alcaldes: de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán; de Cartagena, Dumek Turbay; de Villavicencio, Alexander Baquero; de Cali, Alejandro Eder; de Santa Marta, Carlos Pinedo, y de Sincelejo, Yahir Acuña.
“Ningún trabajador del sector público o del sector privado puede ser objeto de represalias por participar mañana en la jornada de movilización”, sentenció Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, durante una rueda de prensa en respuesta a la estrategia de oposición de los mandatarios locales y al temor que buscaron infundir en los trabajadores. “Los alcaldes tienen la competencia constitucional de acoger o no el decreto. Ellos demostraron qué tanto estaban comprometidos con los ciudadanos que gobiernan y con su derechos de acoger el día cívico decretado por el Gobierno de la República”, agregó.
La oposición de estos alcaldes y gobernadores coincidió con la negativa del empresariado colombiano, que se convirtió en el gran opositor de la reforma laboral. No en vano, estos mandatarios en su mayoría contaron con el financiamiento de empresarios para sus campañas políticas. Este fue el caso de Carlos Fernando Galán, que para su campaña recibió 1.742 millones de pesos de particulares, según información de Transparencia por Colombia. Entre los financiadores estuvieron la Organización Corona, la azucarera Incauca y el Grupo Santo Domingo, como lo reporta La Silla Vacía. En cuanto a Alejandro Eder, es hijo de empresarios. Su familia paterna dirige el Ingenio Manuelita y, por el lado de su madre, está vinculado a la compañía JGB y la organización Corona.
La convocatoria para el 18 de marzo fue masiva, con la movilización de indígenas, comunidades afro y los sindicatos hacia las principales ciudades del país. El llamado fue defender la reforma laboral, que proponía cambios como la extensión de la licencia de paternidad, la eliminación de obstáculos para la contratación laboral de migrantes, la ampliación de la jornada nocturna, la modificación en la remuneración para los domingos y los días festivos, y los contratos laborales para los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entre otros.
Una estrategia que escala a medios de comunicación
En los medios de comunicación se posicionó una narrativa para cuestionar la jornada de protesta. Por un lado, el empresariado argumentó las pérdidas económicas que generaría el día cívico y la ausencia de trabajadores. Asimismo, afirmó que las movilizaciones y la convocatoria a una consulta popular son ilegítimas, porque obstaculizan la discusión de las reformas en el Congreso de la República.
El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, publicó un video replicado por varios medios en el que denuncia que el día cívico “podría tener pérdidas por alrededor de 360 millones de dólares, es decir, cerca de $ 1.472 millones de pesos”. En algunos medios de comunicación el comunicado fue publicado sin verificación de los datos de la Federación ni de su vocero, quien aseguró que los salarios de quienes salgan a manifestarse serán financiados con recursos públicos, es decir, de los bolsillos de los colombianos, en aras de incentivar la indignación ciudadana.
Por su parte, el Consejo Gremial recibió con disgusto la convocatoria del Gobierno nacional, dado que consideraron que no fueron tenidos en cuenta en la discusión. “La independencia del congreso debe garantizarse sin interferencias que generen incertidumbre económica y social. Asimismo, pedimos respeto por los gremios, cuyo papel en la construcción de políticas públicas debe ser valorado en el marco del diálogo democrático”, publicó el gremio en un comunicado.
Alejandro Chala, investigador de la Línea de Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Pares, explicó que esta narrativa política y económica se debió a que los gremios ven amenazadas las dinámicas de poder y acumulación que han sostenido históricamente en el país. Frente al argumento de la falta de participación, asegura que hay dos formas de participación de los gremios económicos dentro de la política, en este caso ha sido en las mesas de concertación y a través del lobby con congresistas a cargo de la discusión.
“La discusión del articulado durante el mandato (la ministra) Gloria Inés no fue un ejercicio directo a través de audiencias públicas o mesas de trabajo, pero sí bajo la lógica del intercambio con tanto con senadores y representantes a la Cámara, mediante el ejercicio de negociación que hacen precisamente los lobbistas con estos congresistas para que puedan impulsar sus agendas dentro de estos escenarios. Es un fenómeno que hay que reconocer”, afirma Chala.
La discusión de la reforma laboral se hizo casi a puerta cerrada en el Congreso, con limitaciones en el número de personas por equipo de cada senador y la autorización de algunos medios de comunicación para acceder al recinto. Asimismo, el debate estuvo bajo la batuta de ocho de los congresistas de la Comisión Séptima, que, según una investigación de la revista RAYA, tienen nexos con grupos paramilitares o sectores religiosos y uno de ellos tiene una investigación oculta por compra de votos. A las afueras del capitolio, las movilizaciones mostraron el apoyo a las reformas a un año de que se termine el Gobierno, sin que esto persuadiera al legislativo.
