Las movilizaciones del Congreso de los Pueblos reabrieron el debate sobre la criminalización de la protesta social. En entrevista con RAYA, Adelso Gallo, del Coordinador Nacional Agrario (CNA), explica las razones de la movilización, responde a las acusaciones del Gobierno y detalla los acuerdos alcanzados tras las manifestaciones, que terminaron en enfrentamientos con la Policía en Bogotá.
Por: Redacción Revista RAYA
Las movilizaciones del Congreso de los Pueblos en Bogotá, entre el 13 y 17 de octubre de 2025, pusieron de nuevo en tensión al movimiento social con el Estado colombiano. Lo que empezó como una jornada de protesta en apoyo a Palestina, en favor de la soberanía y contra el genocidio de Israel y la injerencia de Estados Unidos en asuntos de países latinoamericanos, terminó en enfrentamientos con la Policía y una oleada de estigmatizaciones.
El alcalde Carlos Galán las calificó como “actos vandálicos”, la exalcaldesa Claudia López las relacionó con el ELN y el ministro Armando Benedetti habló de “estructuras criminales detrás de la movilización”. Pero tras los choques, el Gobierno y los líderes del movimiento firmaron una ruta de acuerdos: se levantaron las tomas y bloqueos a cambio de instalar mesas temáticas sobre tierra, vivienda, derechos étnicos, educación y política minero-energética.
En medio de ese escenario, RAYA conversó con Adelso Gallo, presidente del Coordinador Nacional Agrario (CNA) y vocero del Congreso de los Pueblos, para entender qué hay detrás de la movilización, cómo responden a las acusaciones y qué esperan del diálogo con el Gobierno.
¿Qué representa hoy el Coordinador Nacional Agrario dentro del movimiento campesino colombiano?
El Coordinador Nacional Agrario de Colombia se organiza a partir de 1997 con organizaciones que venimos desde los tiempos de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que se dispersó después de la arremetida de la oligarquía colombiana contra el movimiento agrario. En el paro cafetero de 1997 nos volvimos a encontrar un gran número de organizaciones y vimos la necesidad de plantear una coordinación.
En 2013, en San Pablo (Nariño) dimos el paso a convertirnos en una organización nacional. Hoy el CNA tiene adscritas más de 50 organizaciones de base y hace presencia en 22 departamentos. Nuestra línea de acción es la defensa del campo colombiano, que pasa porque haya campesinado y tierra. La lucha también es por la transformación de las formas de producción.
¿Qué papel tiene el CNA dentro del Congreso de los Pueblos y qué busca esta articulación?
En 2010 nos encontramos en Bogotá una serie de organizaciones sociales —campesinas, afro, indígenas y de mujeres— y le dimos vida a una plataforma política: el Congreso de los Pueblos. Lo llamamos Congreso porque nos congregamos a legislar de manera popular, como siempre ha sido el sueño del movimiento social en Colombia: la legislación popular autónoma y soberana. Por eso el CNA hace parte de esta plataforma social y política.
¿Por qué decidieron movilizarse ahora y cuáles eran sus principales demandas?
Durante todo el año hemos tenido asambleas y discusiones en los territorios. El Congreso de los Pueblos consideró que era el momento de movilizarnos para reclamar soberanía: protestar ante las amenazas del gobierno de Estados Unidos en América Latina y por lo que pasa en Palestina. El Congreso de los Pueblos ante eso no piensa callarse.
La violación de derechos humanos en Colombia sigue intacta. Estamos luchando para que se aborde el tema de la doctrina de seguridad del Estado, una doctrina del imperio que impone la figura del enemigo interno. Pedimos el desmonte del paramilitarismo porque es un instrumento del Estado.
¿La movilización fue contra el Gobierno Petro o contra el Estado?
No fue contra Petro, fue contra el Estado y contra el imperialismo que el Estado protege. No entendemos por qué el Gobierno nos agrede cuando vamos a protestar frente a la embajada norteamericana, si el mismo presidente Petro mantiene debates abiertos con ese país. Pero eso ya lo trataremos con él.
Los grandes poderes económicos buscan instalar la idea de que fue una movilización contra el Gobierno, cuando lo que hacemos es interpelarlo para proponer salidas conjuntas a las crisis que vivimos.
El ministro Armando Benedetti dijo que había estructuras criminales detrás de la protesta. ¿Qué le responde?
Eso es volver a la vieja práctica del enemigo interno. Es un tiro en el pie del mismo Gobierno, porque nos conoce y sabe que eso no es así. Que lo diga el brazo derecho del presidente y que no haya un pronunciamiento en contra, implica tolerancia. El silencio otorga.
Esas declaraciones ponen en riesgo a la dirigencia social. Nosotros estamos expuestos a falsos positivos judiciales y al avance del paramilitarismo en los territorios. Con ese tipo de discursos se nos vuelve a señalar como objetivos militares.
Se cuestionó el uso de flechas y bengalas contra la Policía. ¿Qué ocurrió realmente?
Le habíamos advertido al Gobierno que veníamos a protestar y a aportar soluciones, no a confrontar. Dijimos que nuestras actividades serían pacíficas, pero que si nos atacaban íbamos a defendernos. Y eso fue lo que pasó.
La flecha no es un arma, es un símbolo cultural del movimiento indígena. Les tocó defenderse con lo que tenían. Lo que no se puede aceptar es que se use la fuerza pública que pagamos con nuestros impuestos para proteger intereses de Estados Unidos y reprimir una protesta legítima.
¿Qué buscaban hacer en la embajada de Estados Unidos?
Queríamos hacer un plantón con banderas, consignas y una proclama. No teníamos planeado entrar, sabemos que es territorio extranjero. Era una manifestación pacífica y pública, como las que hacemos ante la Fiscalía o en los peajes, para denunciar la privatización de lo público.
No pudimos llegar porque a una cuadra nos atacó la Policía. La guardia indígena respondió. El Gobierno sabía que íbamos, lo habíamos anunciado.
¿Qué responde a quienes los vinculan con el ELN?
Eso pasa cuando se acaban los argumentos. Planteamos la paz con transformaciones y, como el ELN dice algo parecido, nos involucran. Pero esto lo venimos diciendo hace décadas.
Cuando pedimos participación ciudadana o el fin del paramilitarismo, nos tildan de guerrilleros. Pero son reclamos históricos del pueblo colombiano. Que en las conversaciones con el ELN se hable de estos temas no es por nosotros, sino porque son problemas estructurales del país.
¿Y cuál es su posición frente al proceso de paz con el ELN?
Estamos de acuerdo con que dialoguen. Todo conflicto termina en una mesa. El problema es que la negociación no se cumple y eso perpetúa el levantamiento armado. Si quieren hablar de problemas estructurales, deben incluir a la sociedad civil.
Hasta que no haya cambios reales, no habrá paz. Este es un asunto que interpela a toda la sociedad, no solo al Congreso de los Pueblos.
Después de los enfrentamientos, ¿en qué punto están las conversaciones con el Gobierno?
Se reconoció que hay problemas estructurales que no se han resuelto y que eso alimenta las inconformidades. El viernes en la noche se acordó una hoja de ruta: no se firmó un acta, pero sí una agenda de trabajo para instalar mesas temáticas con varios sectores.
Acordamos fechas, mecanismos de seguimiento y la reactivación de mesas territoriales que estaban pendientes. Hay temas que siguen sin resolverse, pero se abrió una posibilidad real de diálogo.
