Francesca Albanese, relatora de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, en su visita a Colombia explicó cómo grandes empresas sostienen el genocidio en Gaza. Su informe identificó a IBM, la Universidad Técnica de Múnich, Caterpillar y Airbnb, entre las 48 que se lucran con el asesinato de miles de palestinos. Días antes, Estados Unidos había anunciado sanciones a la relatora por impulsar acciones ante la Corte Penal Internacional contra estas empresas.
Por: David González M.
Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, visitó Colombia como parte del Grupo de La Haya, una coalición internacional que impulsa acciones urgentes para detener el genocidio en Gaza. En su paso por Bogotá, Albanese explicó cómo la economía global sostiene lo que ella ratifica es un genocidio, e hizo énfasis en la urgencia de un embargo de armas a Israel y el cese del suministro energético a su maquinaria bélica.
La relatora presentó detalles de su más reciente informe, titulado “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”, que expone cómo 48 empresas e instituciones —entre ellas IBM, Caterpillar, Airbnb, la Universidad Técnica de Múnich y firmas vinculadas al sector armamentista— obtienen beneficios directos o indirectos de la ocupación militar, el apartheid y la actual ofensiva israelí en Gaza. “Estas entidades son apenas la punta del iceberg”, aseguró Albanese, quien dijo que detrás de la continuidad del exterminio hay un entramado económico complejo que incluye desde corporaciones de tecnología militar hasta universidades e intermediarios financieros.
Días antes de su llegada a Colombia, el secretario del Departamento de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, había anunciado sanciones en su contra por, según él, liderar una campaña “ilegítima” para promover acciones judiciales contra funcionarios y compañías de Estados Unidos e Israel ante la Corte Penal Internacional. La medida fue divulgada justo después de la publicación del informe, y aunque Washington aún no ha confirmado oficialmente su ejecución, Albanese la considera una represalia directa por el contenido del documento.
“Es una medida muy grave. No tiene precedentes y la tomo muy en serio. Constituye una clara violación de la Convención de la ONU sobre Privilegios e Inmunidades, que protege a los funcionarios de Naciones Unidas, incluidos los expertos independientes, por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones”, le dijo a RAYA. En caso de concretarse, advirtió, Estados Unidos podría enfrentarse a la Corte Internacional de Justicia si algún Estado miembro decide llevar el caso.
Durante su visita, la relatora se reunió con el presidente Gustavo Petro y otras autoridades colombianas. En todos los encuentros insistió en que el foco no debe estar en ella, sino en detener la limpieza étnica en curso, que —según sus palabras— avanza a una “velocidad increíble”.
Jeremy Corbyn, exlíder del Partido Laborista británico, también conversó con RAYA sobre el tema: “No es el único factor, pero sí uno de los más importantes. En el Reino Unido, de donde vengo, hemos trabajado arduamente contra el papel de las empresas armamentísticas en el suministro de armas a Israel”.
Para Albanese, una de las claves para frenar la violencia es entender cómo funciona la economía que la alimenta. El exterminio no ocurre en el vacío: detrás hay flujos de capital, cadenas de valor y alianzas empresariales que permiten sostener, expandir y financiar la maquinaria de guerra israelí.
La telaraña de la economía del genocidio
El genocidio en Gaza responde a un modo de dominación que la ONU define como “capitalismo racial colonial”. Esta lógica no solo legitima la colonización israelí de tierras palestinas, sino que involucra a aliados corporativos que mueven millones de dólares y sostienen las bases materiales del exterminio.
La red de empresas que alimenta este modelo incluye fabricantes de armas, firmas tecnológicas, constructoras, industrias extractivas, bancos, universidades y organizaciones benéficas. Todas ellas tienen antecedentes de colaboración en la ocupación y cumplen tareas específicas durante el genocidio.
El informe “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”, elaborado por la relatora especial de la ONU Francesca Albanese, visibiliza el rol de 45 entidades dentro de una base de datos que mapea más de 1.000 empresas. ¿Cómo se sostiene esa compleja red de estructuras corporativas detrás de cada muerto en Gaza?
No es un fenómeno reciente. El informe remonta este entramado al Fondo Nacional Judío, creado en 1901, que compró tierras para planificar la remoción gradual de palestinos árabes. Esa remoción se intensificó en la Nakba. Nunca se detuvo.
El informe es enfático: la columna vertebral económica del Estado de Israel es el complejo militar-industrial. Entre 2020 y 2024, el país fue el octavo mayor exportador de armas del mundo. Las principales empresas de este aparato bélico son Elbit Systems —primero pública-privada y luego privatizada—, e Industrias Aeroespaciales de Israel, estatal y entre las 50 principales fabricantes de armas del planeta.
También se mencionan grandes fondos de inversión como BlackRock y Vanguard, inversores de empresas armamentistas que nutren el arsenal “genocida de Israel”.
Las empresas israelíes no actúan solas. Su maquinaria de guerra se alimenta de alianzas internacionales, transferencias tecnológicas y grandes contratos con potencias extranjeras. Un ejemplo es Lockheed Martin, la corporación estadounidense detrás de los aviones de combate F-35, que han sido claves en los bombardeos sobre Gaza. Estos aviones han sido clave en el lanzamiento de más de 85.000 toneladas de bombas que han dejado un saldo de al menos 179.411 personas heridas en Gaza. A ese poder aéreo se suman drones, hexácopteros y cuadricópteros desarrollados por Elbit Systems, en colaboración con Industrias Aeroespaciales de Israel. El informe menciona incluso alianzas con instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para este desarrollo.
También se señala a compañías navieras como la danesa A.P. Moller Maersk, conocida en Colombia por estar involucrada en escándalos relacionados con casos de envío de cocaína. Esta naviera transporta componentes, armas y mantiene un flujo constante de equipo militar proveniente de Estados Unidos.
Empresas de Big Tech también juegan un papel clave al proveer infraestructura para la vigilancia y el desarrollo militar. Una de las más infames, también conocida en Colombia, es NSO Group, fundada por exintegrantes de la Unidad 8200 de inteligencia israelí, creadores del software espía Pegasus. Este programa fue utilizado para espiar a periodistas y defensores de DDHH en todo el mundo.
IBM opera en Israel desde 1972, ha capacitado unidades de inteligencia y desde 2019 administra la base de datos central de la Autoridad de Población e Inmigración de Israel, que almacena datos biométricos de la población palestina.
Microsoft también es mencionado. La empresa de Bill Gates provee software para el servicio penitenciario, la policía y los asentamientos. El informe incluso afirma: “Microsoft ha estado integrando sus sistemas y tecnología en todo el ejército israelí desde 2003”.
Google y Amazon también aparecen en el informe. Ambas empresas mantienen contratos con el Ministerio de Defensa israelí para ofrecer tecnología de infraestructura básica.
El informe también destaca empresas de maquinaria que han sostenido la ocupación e incluso desarrollado tecnologías durante el genocidio. Es el caso de la multinacional estadounidense Caterpillar, fabricante de maquinaria de construcción. Esta empresa proporciona los equipos utilizados por Israel para demoler viviendas palestinas, incluyendo su modelo D9, una excavadora que, en colaboración con empresas militares israelíes, ha sido convertida en arma automatizada y controlada remotamente.
La lista además incluye empresas que pasaron de la destrucción a contribuir en la construcción de lo que reemplaza los territorios palestinos. Empresas que sirven para que hoy existan 371 asentamientos ilegales en Cisjordania y Gaza. Entre 2023 y 2024, Israel estableció 57 nuevas colonias gracias a estas empresas, que proveen maquinaria, materias primas y logística.
Además, en esos mismos asentamientos se ofrecen paquetes turísticos que involucran a conocidas plataformas como Booking y Airbnb. Estas ofertas legitiman la anexión y reproducen las narrativas de los colonos. Según el informe, Booking duplicó los anuncios en Cisjordania: de 26 en 2018 a 70 en 2024. Airbnb incluso permite publicitar alojamientos en colonias ilegales con descripciones como “una comunidad cálida y amorosa”.
El informe también menciona fondos de inversión, bancos y fondos de pensiones que tienen inversiones en Israel. Es el caso del Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, que incrementó sus inversiones en un 32% tras el 2023. También se mencionan organizaciones benéficas de carácter religioso como el Fondo Nacional Judío y Los Amigos Cristianos de las Comunidades Israelíes, con sede en EE. UU., que han enviado millones de dólares para expandir asentamientos.
Incluso las universidades cumplen su rol. Las de arqueología, derecho y con facultades de “Oriente Medio” sirven de “andamiaje ideológico del apartheid”. Hay instituciones académicas europeas con estrechas alianzas, como la Universidad Técnica de Múnich, que tiene 22 colaboraciones con socios israelíes, empresas militares y tecnológicas.
Colombia y el carbón que mueve la maquina del genocidio
El informe de la ONU también menciona al carbón. El 60% de la producción de energía de Israel basada en ese mineral proviene de Colombia. Dos empresas: Drummond Company, Inc., con sede en Estados Unidos, y Glencore PLC, con sede en Suiza, son los principales proveedores.
Las filiales de esas multinacionales entregan cargamentos de carbón desde octubre de 2023. Incluso han hecho seis envios, luego el gobierno de Gustavo Petro suspendiera las exportaciones de carbón a ese país por razón del genocidio. El presidente colombiano dijo que había sido engañado por funcionarios, sin presentar evidencias, y aseguró que desobedecían sus ordenes. Luego, durante la instauración del nuevo Congreso el pasado 20 de julio, dijo que “El 60% del carbón que utiliza Israel proviene de Colombia, y con ese recurso se fabrican bombas que son lanzadas sobre Gaza y terminan matando bebés”. Y dijo que acudiría a los instrumentos del tratado de la Organización Mundial del Comercio que permite suspender esos tratos cuando el contratante es cómplice de genocidio o crímenes contra la humanidad.
Drummond Colombia, por su parte, explicó que los envíos se han hecho con autorización del gobierno colombiano y en un comunicado afirmó que presentó la documentación requerida ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como la Agencia Nacional de Minería y la DIAN.
Un activista de organizaciones de defensa de Palestina que pidió no ser nombrado dijo: "Es el gobierno Petro el que permite que, al día de hoy, sigamos pagando con mis impuestos -con los tuyos, para que lo sepas- armas y patentes israelíes. Estamos enviando miles de millones a empresas israelíes, privadas, semipúblicas y públicas, que se lucran con esto."
Hacía referencia a los informes que mostraban que el Ministerio de Defensa colombiano mantenía acuerdos de armas con Israel. Petro se defendió diciendo que su funcionario debía responder por la entrada de armas israelíes a Colombia.
El silencio cómplice y la acción del Sur Global
Los días 15 y 16 de junio se reunió en Bogotá el recién creado Grupo de La Haya. Tras dos días de reunión, el grupo liderado por Colombia y Sudáfrica publicó un acuerdo conjunto con seis acciones para impedir el suministro de armas a Israel y bloquear la financiación de actividades militares.
Participaron representantes de Bolivia, Colombia, Cuba, Malasia, Namibia, Sudáfrica, Indonesia, Irak, Libia, Nicaragua, Omán y San Vicente y las Granadinas.
Este esfuerzo contrasta con el silencio e incluso complicidad de Occidente. Corbyn dijo a RAYA: "El papel de la Unión Europea ha sido muy deficiente. Se han alineado con Israel cuando deberían haber exigido un alto al fuego. En todos los casos, continuaron suministrando armas."
Reconoció que, tras los esfuerzos del Grupo de La Haya, podrían sumarse otros países que estuvieron en las reuniones: "Me alegra que en Bogotá hayamos contado con la participación de Irlanda, Noruega, España y Portugal." Aunque hasta ahora aliados occidentales de Israel han venido endureciendo el lenguaje, sus acciones no han ido más allá de comunicados.
Albanese dijo sobre el hecho de que el plan de acción del grupo de la Haya provenga de naciones del sur: "Es fantástico que esto surja desde el lugar que ya atravesó la descolonización. Es hora de hacer el derecho internacional más democrático y que refleje mejor los derechos humanos." Y concluyó: "¿De verdad creemos que esto se limitará a Palestina? Si lo creemos, somos muy ingenuos."
Raouf Almaki, embajador palestino en Colombia, dijo a RAYA: "Nunca es suficiente, pero es un paso gigantesco. Por primera vez vemos a 12 países de todos los continentes unidos contra el genocidio y la colonización."
El funcionario palestino mencionó que habrá más acciones en las reuniones de la ONU y en la Asamblea General de septiembre. Concluyó: "Por primera vez, la impunidad de Israel durante décadas podría tocarse. Si más países se unen a estas medidas, no solo acabaremos con el genocidio, sino que cambiaremos el mundo.
