Más de 140 investigaciones penales y una campaña de estigmatización enfrentan las organizaciones sociales e indígenas de Ecuador, que acusan al gobierno de Daniel Noboa de intentar frenar la protesta social desencadenada por el recorte al subsidio del diésel y profundizada por la reforma constitucional que se votará el 16 de noviembre, la cual incluye una pregunta que permitiría la instalación de bases militares extranjeras en el país.
Por: David González M.
Tras un mes de movilizaciones sociales en Ecuador, el equipo del presidente Daniel Noboa, hijo de una familia de magnates bananeros, impulsa su campaña por el «sí» a una reforma constitucional . El próximo 16 de noviembre los ecuatorianos votarán en una consulta popular que incluye cuatro preguntas —una de ellas plantea permitir la instalación de bases extranjeras en el país— que podrían abrir la vía a la convocatoria de una asamblea constituyente. Esto ocurre en medio de un clima de tensión social provocado por el paro nacional de organizaciones indígenas y sociales que rechazan el recorte del subsidio del diesel y la agenda extractivista del ejecutivo.
A las puertas de esa votación , el gobierno de Noboa ha intensificado su ofensiva contra organizaciones sociales e indígenas que fueron claves durante el Paro nacional, y que se oponen a la reforma. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, principal organización indígena de Ecuador y pieza clave en la campaña por el «no» a la constituyente, ha denunciado la persecución de sus dirigentes y una serie de excesos en la actuación de la fuerza pública durante las protestas .
A esta organización se suman colectivos de derechos humanos que advierten sobre los riesgos que vive Ecuador bajo la administración de Noboa. Una de sus representantes habló con RAYA , aunque pidió mantener su nombre en reserva: «El martes 14 de octubre hubo un convoy humanitario y la gente salió a protestar. La represión fue espantosa. De ahí sale el segundo muerto, la segunda persona asesinada en el paro. Además, hubo una cantidad impresionante de heridos y mutilados. Pero justo con los heridos de ese día fue cuando perdimos la cuenta. La agresión fue por parte de la fuerza pública».
La Fiscalía ecuatoriana ha abierto 140 casos penales, relacionados con las protestas, pero solo 10 son investigaciones contra miembros de la fuerza pública y la mayoría de las investigaciones apuntan a participantes de las movilizaciones. De acuerdo con datos publicados por el portal Primicias, al 23 de octubre se registraban 142 detenidos durante las protestas, de los cuales 56 fueron liberados y 24 permanecían con prisión preventiva, mientras que organizaciones indígenas reportan al menos tres muertos: Efraín Fuérez, Rosa Elena Paqui y José Alberto Guamán«Hay que decir que la represión es increíblemente desmedida en comparación con la acción de protesta. O sea, por 20 comuneros (indígenas) te traen 100 policías y están lanzándote bombas todo el tiempo. Es un desastre», explica la fuente.
Agrega que la fuerza pública usó armas letales en la represión, y también utilizó las no letales para causar el mayor daño posible. «Hay gente con golpes en la cabeza y en la cara; hay gente que ha perdido sus ojos. Volvemos a eso. Hay gente que requiere cirugías y no puede costearlas por los golpes de las bombas».
Organizaciones sociales reportaron que dos de las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego que se presumen usadas por la fuerza pública. «Un chico, un comunicador comunitario de un medio llamado APAC, también recibió un balazo que le atravesó de atrás hacia adelante, y eso también era bala. Entonces, se está usando armamento letal».
Persiguiendo los fondos de las organizaciones de DDHH: siguiendo el manual Bukele
Las organizaciones además denuncian que el gobierno aplica leyes como “la ley de Transparencia” o la de “Fundaciones”, para exigir información y congelar fondos bajo el argumento que pueden ser canales del lavado de dinero.
“La cuestión es que, una vez que inicia el paro, lo primero que hacen es congelar cuentas de organizaciones. Primero hubo una denuncia penal en la Fiscalía contra muchos dirigentes indígenas y sociales, gente vinculada a la lucha antiminera y anti-extractivista. Les congelaron las cuentas personales bajo el supuesto de que reciben financiamiento del narcotráfico. Son acusaciones tan ridículas que uno de los compañeros mostró la captura de su cuenta: tenía US $80, $120 congelados”, explica la fuente.
Tras esas medidas, el gobierno de Noboa empezó a congelar cuentas de fundaciones, bajo el pretexto de que financiaron el paro con dinero del narcotrafico o la minería ilegal. Algunas de esas organizaciones a las que les congelaron los fondos son la fundación Alianza Ceibo y la organización Amazon Frontline , que promueven la consulta previa y los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía.
Desde septiembre de 2025, el gobierno Noboa también congeló las cuentas bancarias de decenas de líderes, activistas y organizaciones indígenas y ambientalistas. Las cuentas fueron congeladas sin notificación previa, supuestamente con base en informes de inteligencia "secretos" que acusaban a los grupos de financiar protestas violentas. Estas acciones son facilitadas por la nueva Ley de Transparencia Social, que permite a las autoridades congelar cuentas de ONG sin orden judicial.
Daniel Noboa reconoció públicamente estas acciones el 31 de octubre, al declarar: “Rastreamos y bloqueamos fondos que iban a ser destinados a desestabilizar al Gobierno”, según publicó El Universo.
A inicios de noviembre, un juez ordenó el desbloqueo de tres fundaciones al considerar que no existía sustento judicial para las medidas (La Hora). La decisión benefició a organizaciones ambientalistas y de derechos humanos afectadas por las medidas del Ejecutivo. Pese a ello, las organizaciones denuncian que las restricciones financieras siguieron vigentes durante varias semanas y que el gobierno no ha retirado las acusaciones que justificaron los bloqueos
Amazon Frontlines emitió un comunicado donde afirma: “Paralelamente, hemos tenido conocimiento de que se han iniciado indagaciones fiscales y procesos judiciales contra varias personas por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado. Estas acciones forman parte de una estrategia de desmantelamiento y criminalización de las organizaciones y personas que defendemos derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en el país.”
Sin embargo, para los defensores de DDHH los castigos de Noboa van más allá del paro y apuntan a la agenda extractivista en territorios que hoy protege la constitución. “Es curioso: el foco del paro está en Imbabura, pero congelan las cuentas de organizaciones que trabajan en la Amazonía, que está al otro lado del país. No tiene ninguna relación. Están aprovechando el contexto para perseguir todo lo que sea un obstáculo para sus intereses comerciales. Es una estrategia para quitarnos margen de maniobra, porque nos atacan por todos lados.”, explica la fuente.
Y enumera que las organizaciones perseguidas son de todo tipo: Pachamama y Fundación Alianza Ceibo, que trabajan en la Amazonía, UDAPT que es la unión de afectados por Texaco en la Amazonia, y Pakiru, una organización indígena Quichua de Pastaza. La fuente cree que el riesgo mayor ahora en Ecuador es la constituyente: “porque lo que van a hacer es eliminar derechos. Ese es el objetivo: eliminar derechos y hacer una constitución más acorde con las necesidades de los empresarios y las grandes empresas.”
El objetivo de Noboa: desbloquear la explotación económica saltándose las trabas de la Constitución
Según las fuentes, el gobierno de Daniel Noboa tiene un rumbo claro: beneficiar a las empresas. Para financiar el enorme déficit fiscal de Ecuador —país dolarizado—, recurre a préstamos del FMI, que impone sus condiciones. En este contexto, una de las estrategias es la subasta de territorios indígenas para proyectos mineros y petroleros, una medida que choca frontalmente con el marco constitucional vigente.
La actual Constitución, que define a Ecuador como un Estado plurinacional, consagra derechos clave como la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas. «Gracias a la consulta previa se ha generado una jurisprudencia para que no sea solo de consulta, sino también de consentimiento», explica la fuente, lo que representa un obstáculo para las ambiciones extractivistas del sector político que representa Noboa.
«En la Amazonía, los pueblos que se han unido no lo han hecho solo o exclusivamente por el diésel —detonante del paro—, sino en contra de las licitaciones y los intentos de subasta de sus territorios. El diésel es el detonante, es lo que hace explotar la situación, pero de ahí ya viene un montón de problemas atrás», explica la fuente a Raya.
El mecanismo para eliminar estos obstáculos legales es la nueva Asamblea Constituyente que se votará en la consulta popular. El verdadero objetivo, según algunos analistas, es eliminar los candados que protegen el territorio. «Lo que se quieren eliminar con la Constituyente es justamente el derecho a la naturaleza, y obviamente disminuir los derechos de los pueblos indígenas». Estos dos pilares son los que, por casi 20 años, «han logrado blindar que muchas empresas no entren».
La campaña por el «sí» ya está en marcha, utilizando argumentos que la fuente califica de absurdos. «El argumento más ridículo es que [la actual Constitución] es una "constitución narcochavista", que esa es la que permitió el narcotráfico. No hay tal cosa». Mientras, influencers y periodistas aliados al gobierno abogan abiertamente en medios por eliminar la justicia indígena y permitir la privatización de sectores estratégicos, en una campaña anticipada que, denuncia la fuente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no sanciona.
El discurso de Noboa, «modernizador» y de mano dura contra las organizaciones criminales, todavía cuenta con un apoyo importante entre sectores de clase media de las ciudades. A esto se suma un discurso, según la fuente, muy fuerte que intenta vincular a los pueblos indígenas y a las movilizaciones con el crimen organizado. «Y en la justicia, se está haciendo carne ese discurso», agrega.
Además, en medio del auge de la derecha transnacional —como el supremacismo de Donald Trump, aliado del gobierno de Noboa—, en Ecuador han florecido en campaña discursos racistas contra las organizaciones indígenas y sus aliados. «Se repiten comentarios como que los indígenas son vagos, que no dejan trabajar, y otras cosas terribles por el estilo. Probablemente, el paro logre detener algunas reformas, pero Noboa seguirá en el poder estos tres años», agrega, y dice que la postura de mano dura de Noboa, de "presidente firme", le ha generado muchas simpatías. «Hay que ver. La verdad es que el panorama es bastante incierto, triste y complejo aquí en Ecuador», concluye.
