Más de 120 personas murieron el 28 de octubre en los complejos de la Penha y el Alemão, durante un operativo coordinado por el gobernador Cláudio Castro sin aviso al gobierno federa y que el presidente Lula calificó como una matanza. La policía justificó la ofensiva contra el Comando Vermelho, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian ejecuciones y falta de peritaje en la zona. Exclusivo para RAYA, un periodista que cubrió los hechos, relata el día de la masacre.
Por: Felipe Navas, cobertura especial para RAYA en Brasil
El 29 de octubre los habitantes de Río de Janeiro despertaron con los noticieros mostrando medio centenar de cuerpos sin vida, cubiertos por plásticos negros y tendidos en una extensa hilera sobre una de las principales calles del complejo de la Penha, un populoso conjunto de favelas de la ciudad.
Escenario del operativo. Parte alta del morro de la Misericordia, donde la Policía Militar desplegó el cerco y donde vecinos hallaron decenas de cuerpos tras los enfrentamientos.
Horas después, al menos setenta cadáveres fueron rescatados por familiares y conocidos en una labor que comenzó desde la madrugada y se extendió hasta la tarde en el morro de la Misericordia, el manto verde que divide los conjuntos de Penha y Alemão. Allí se concentraron, un día antes, los enfrentamientos entre la Policía y miembros del Comando Vermelho (Comando Rojo), la banda criminal más antigua de Brasil y la más poderosa de Río. La operación, que dejó más de un centenar de muertos, se convirtió en la más sangrienta y letal en la historia de la ciudad. Hasta ese día, el cerro estaba bajo dominio de la organización al margen de la ley.
El Comando Vermelho, que mueve buena parte de sus negocios de drogas y tráfico de armas en esas favelas, aprovechaba el terreno boscoso del cerro y las dificultades del terreno para esconderse de los uniformados, entrenar a sus miembros y ajusticiar a los traidores. Pero ese martes en el morro no hubo misericordia. Los agentes entraron por la Penha y obligaron a los delincuentes a escapar por el cerro, donde los esperaba una especie de "muro de contención" de uniformados.
Zona boscosa de difícil acceso. El cerro de la Misericordia fue usado durante años por el Comando Vermelho como refugio y punto estratégico de entrenamiento.
Sin misericordia
¡Fue un genocidio!, ¡los acribillaron!, ¡varios tenían signos de tortura!, gritaban entre lágrimas de rabia y dolor madres, esposas y hermanas de los hombres que yacían sobre una calle de la plaza de São Lucas, una de las principales del complejo de la Penha.
Fueron ellas quienes impulsaron y lideraron las búsquedas, con el apoyo del presidente de la Junta de Moradores y otros miembros de la comunidad.
Desde la plaza de São Lucas hasta el cerro de la Misericordia eran unos siete minutos en carro, por empinadas y estrechas vías de la favela. Testigos relataron a RAYA que antes de entrar al bosque ya se veían rastros de sangre, restos de ropa y casquillos de bala, que la maleza adentro se multiplicó. El olor putrefacto ayudaba a guiar al equipo de rescate que, de uno en uno, iba rescatando los cuerpos que transportaban hasta la camioneta de planchón en una camilla plástica cargada por cuatro o cinco de ellos.
Habitantes en labores de rescate. Vecinos del complejo de la Penha subieron al cerro de la Misericordia para recuperar cuerpos ante la ausencia de equipos forenses.
Algunos de los cadáveres rescatados vestían trajes camuflados, pero al llegar a la plaza de São Luís los dejaban en calzoncillos "para que fueran fácilmente identificados por sus allegados", explicaron los habitantes de la Penha. "¡Solo pedimos justicia! Que vayan a la cárcel pero que no los maten", repetía sin descanso Rayune Ferreira, una mujer de unos 40 años, que insistía en el abandono en que siempre los ha tenido el Estado.
El megaoperativo
El megaoperativo fue ordenado por el gobierno de Claudio Castro, conservador que fue parte de las listas del partido Liberal del expresidente Bolsonaro, y fue coordinado por la Policía. Ana Piquer de Amnistía Internacional dijo: “El gobierno de Cláudio Castro en Río de Janeiro ha convertido la política de seguridad en una política de muerte que debe cesar de inmediato.”
Participaron 2.500 agentes con el apoyo de 32 vehículos blindados y drones. El objetivo era cumplir 100 órdenes de captura -entre ellas las de los principales cabecillas del Comando Vermelho- y 180 allanamientos, para frenar la expansión de la facción criminal.
Rastros del enfrentamiento. En el terreno quedaron casquillos de bala, ropa y pertenencias dispersas entre la maleza.
Escenas de guerra se vivieron ese día en el Alemao y la Penha, una región que alberga unos 200.000 habitantes, en su mayoría negros y pobres, apartada del mar y lejana de la zona turística de Río, tan alegre y musical. Desde la madrugada del 28 de octubre intensos tiroteos obligaron a los moradores a resguardarse en sus casas y ubicarse lejos de las ventanas, detrás del sofá o bajo las camas, sitios donde las balas perdidas no pudieran alcanzarlos. Las escuelas suspendieron clases, los servicios de salud pararon, las tiendas cerraron y los habitantes vivieron más de 20 horas de enfrentamientos entre los uniformados y miembros del Comando Vermelho. Una realidad que es cotidiana en las favelas de Río, donde solo en 2024 hubo más de mil operaciones policiales, pero que nunca había tenido una tan sangrienta como la de Alemão y la Penha.
Barricadas en llamas cuya humareda se podía ver a kilómetros de distancia fueron encendidas en sitios estratégicos de ambos complejos para impedir el paso de los blindados y en una acción nunca antes vista, los delincuentes utilizaron drones para lanzarles bombas a los uniformados.
La intensidad de los enfrentamientos aumentó cuando fueron presos los primeros supuestos delincuentes. Según relatos de fuentes periodísticas que presenciaron las capturas, "algún miembro importante" debía estar entre ellos.
Ese día en la tarde, las autoridades dieron el primer saldo oficial de muertos: 64, cuatro de ellos policías. La represalia por parte del Comando Vermelho no se hizo esperar. Unos 70 buses fueron tomados por los delincuentes para bloquear las calles de la ciudad. Río se paralizó todo. Las principales universidades suspendieron clases, las empresas autorizaron salir más temprano y la gente vivió dificultades para llegar a sus destinos con el transporte operando a media marcha y las vías trancadas.
Al día siguiente, después de que los habitantes rescataron decenas de cuerpos más en la Penha, el saldo oficial subió a 121 muertos, incluyendo los cuatro uniformados. Las autoridades también detuvieron a 113 sospechosos, dos liberados tras la audiencia de custodia, y se incautaron de un centenar de fusiles y más de una tonelada de drogas. Según las autoridades, todos los fallecidos y detenidos son sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado.
El informe oficial señala que, de las 117 personas muertas durante el operativo del 28 de octubre, 59 tenían órdenes de captura vigentes, 97 contaban con antecedentes penales y 12 de los 17 sin historial mostraban indicios de vínculos con el narcotráfico en redes sociales. Más de la mitad de los fallecidos provenían de otros estados; las autoridades identificaron la presencia de líderes criminales de once regiones del país. El secretario de la Policía Militar, coronel Marcelo de Menezes, justificó la estrategia alegando que el cerco en el morro buscaba proteger a la población civil: “Quien estaba en el bosque estaba en enfrentamiento con la Policía”, declaró. La Policía Civil, por su parte, aseguró que toda la operación fue documentada y que los resultados serán entregados a los entes competentes “para garantizar transparencia y legalidad”.
Sin embargo, nuevos reportes de la prensa brasileña comenzaron a cuestionar la versión oficial. Según una investigación publicada por Folha de São Paulo el 4 de noviembre, todos los civiles muertos durante el operativo e identificados hasta el momento eran hombres de entre 14 y 55 años, con una edad promedio de 28. Casi un tercio de ellos no tenía registro del nombre del padre, y la mitad presentaba al menos una orden de captura —o, en el caso de menores, una orden de búsqueda y aprehensión—. El diario señaló además que las redes sociales fueron utilizadas por la policía como prueba para establecer presuntos vínculos con el Comando Vermelho, y destacó el caso de un joven sin antecedentes que había cumplido años la víspera de la acción.
O Globo, por su parte, informó que el proceso de identificación de los cadáveres en el Instituto Félix Pacheco (IIFP) se ha visto obstaculizado, ya que algunos de los fallecidos no tenían registro dactilar previo ni documentos de identidad, lo que ha demorado la entrega de cuerpos a sus familias.
Cláudio Castro, conocido por su política de “mano dura” contra el crimen, defendió públicamente la acción, afirmando que “La operación en Río de Janeiro fue un éxito; salvo la muerte de los policías”, y aseguró que el estado “no puede vencer esa guerra solo”.
El gobierno federal, en contraste, negó haber sido informado o haber recibido solicitud alguna para apoyar la acción. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, afirmó: “No he recibido ninguna solicitud del gobernador de Río de Janeiro para esta operación, ni ayer ni hoy, absolutamente nada.”. Y el presidente de Brasil, Lula da Silva, días después de los hechos dijo en una rueda de prensa frente a corresponsales extranjeros que fue una "matanza" la operación policial y consideró "desastrosa" esa acción de los agentes de esa ciudad.
El Planalto envió una comisión de ministros al estado para evaluar la magnitud del operativo, en medio de lo que analistas calificaron como un nuevo episodio de tensión política entre Castro y Lula, marcado por diferencias en los enfoques de seguridad pública.
Una treintena de organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Justiça Global y el Observatorio de Favelas, denunciaron que la seguridad "no se logra con sangre" y que la operación expone la violencia estructural de la política de seguridad, sumiendo a la ciudad en un "estado de terror".
Human Rights Watch (HRW) calificó el operativo como un "desastre" y denunció que la policía no preservó las escenas de los tiroteos para análisis forense. La ONG subrayó que la principal escena del crimen (morro de la Misericordia) debe ser analizada incluso si los cuerpos han sido removidos, ya que pueden existir pruebas adicionales en el lugar.
Además, señaló que no se enviaron peritos criminales a la plaza donde los habitantes colocaron decenas de cuerpos recuperados de la mata, lo que impidió la recolección de evidencias clave como residuos de pólvora.
Al menos 703 personas murieron en Río de Janeiro en 2024 y otras 470 entre enero y agosto de 2025 por "intervenciones de agentes del Estado", según datos oficiales.
Al caer la tarde, el calor del asfalto seguía levantando vapor bajo los plásticos negros. Los vecinos contaban los cuerpos. El Estado, todavía no las razones.
Decenas de cuerpos recuperados. Los fallecidos fueron dispuestos por los habitantes en la plaza São Lucas, donde familiares y periodistas intentaban identificarlos.
