Rosa Helena González, de 79 años, y Yohana Rodríguez Sierra, colombiana de 45, son las primeras víctimas civiles de una guerra no declarada. Los bombardeos ordenados por Donald Trump para secuestrar a Nicolás Maduro dejaron decenas de muertos y de victimas ocultas por el espectáculo en que se convirtió la invasión. Barrios enteros destruidos y un futuro incierto por culpa del petróleo.
Por: David González Martínez
El viernes 2 de enero, desde Washington, el presidente Donald Trump dio la orden de secuestrar a su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Según reconstrucciones difundidas por medios y reportes posteriores, la instrucción se dio a las 10:46 p. m., del primero de enero, y en la madrugada del sábado 3 de enero se activó la Operación Militar Resolución Absoluta, que contó con más de 150 aeronaves que despegaron de por lo menos 20 bases militares desplegadas desde varias partes del hemisferio occidental.
Varias de ellas lo hicieron desde el portaviones USS Gerald R. Ford del Comando Sur, apostado desde hace unos meses en el Caribe y epicentro de los ataques contra lancheros latinoamericanos acusados sin juicio de narcotráfico y ejecutados en operaciones marítimas; acciones que hasta ahora han dejado al menos 123 personas muertas, según recuentos periodísticos internacionales sobre los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y que han sido cuestionadas por la falta de transparencia y de debido proceso.
En Caracas, que todavía dormía las fiestas de diciembre, la primera señal de que algo extraño sucedía fue un apagón a las 2 de la mañana. El analista político y exmilitar Sergio Rodríguez de Gelfenstein, que vive cerca del Fuerte Tiuna, relató a medios venezolanos que el sonido de las primeras bombas lo despertó. Al comienzo creyó que eran fuegos artificiales de celebraciones tardías del Año Nuevo, pero con el tercer misil quedó claro que Venezuela estaba siendo atacada.
“Ya me di cuenta, por el tipo de explosión, que no eran fuegos artificiales. Ahí cayó un tercer misil. Y antes de que yo me acercara a la ventana, ya habían caído otros tres misiles. Por una cuestión, creo que instintiva y profesional, miré el reloj: eran las 2:01 de la mañana. Le dije a mi esposa: ¡Van por Nicolás!”
Cuando se asomó a la ventana, vio otros misiles impactar hacia el Fuerte, pero también a un complejo de edificios residenciales de interés social construido por el gobierno en el sector de Colinas. Esa zona se llama Misión Vivienda (vivienda social) y es una frontera entre la zona militar y las zonas residenciales. Es decir: edificios de familias, pegados a instalaciones militares. Desde su ventana vio los helicópteros de transporte pesado Chinook estadounidenses volar a baja altura.
Al tiempo que se aproximaban las aeronaves hacia el lugar de residencia de Nicolás Maduro, la operación lanzó ataques simultáneos en varias partes del país. Los bombardeos cayeron sobre La Guaira incluido un conjunto de vivienda donde vivían familias: el conjunto Sublet, habitado por 16 familias. Uno de ellos le dijo a Telesur: “los vecinos se venían del cerro hacia abajo buscando ayuda, buscando refugio porque estaban bombardeando".
Cerca de ese lugar murió en el ataque Rosa Helena González, de 79 años, y resultó herida Tibasai, una abuela de 87 años que fue rescatada con vida desde las ruinas de la explosión. Rosa vivía en la urbanización Rómulo Gallegos, ubicada en Catia La Mar , según sus familiares, llevaba más de la mitad de su vida en ese lugar. Rosa fue una de las víctimas civiles de los bombardeos, un dato que circuló principalmente en reportes locales, mientras la atención internacional se concentraba en la captura. El saldo total del operativo —entre militares venezolanos, agentes cubanos y civiles— fue estimado en más de 80 muertos por reportes internacionales posteriores.
La otra mujer muerta fue la colombiana Yohana Rodríguez Sierra, de 45 años. Ella se encontraba en el municipio de El Hatillo, un pueblo colonial al sur de Caracas, con vida residencial y comercial. La colombiana, comerciante oriunda de Cartagena, vivía cerca de unas antenas de transmisión utilizadas por sectores civiles y militares. Estaba junto a su hija Ana Corina Morales, de 22 años, quien también resultó herida. En la madrugada salió de casa asustada por las explosiones y fragmentos de un misil le impactaron en la espalda. Ana Corina mandó un mensaje a su familia en Cartagena: “Nos están atacando, ya mi mamá está muerta. Prima, no sé cuándo nos volvamos a ver, no sé qué está pasando”.
Días después, su familia desde Cartagena diría al diario El Universal: “Nos va a tocar ver su sepelio por medio de una transmisión en vivo, vía telefónica, porque el cuerpo no lo podemos repatriar debido a que fue una muerte de guerra”. Yohana tenía otros dos hijos y planeaba viajar a Colombia en febrero.
Pasadas las dos de la mañana los militares estadounidenses habían bombardeado además la Base aérea La Carlota, el aeropuerto de Higuerote, la base El Libertador en el Estado de Aragua. Mientras los comunicados oficiales hablaban de “objetivos militares”, en el terreno también hubo impactos en espacios civiles que no quedaron en el centro de la cobertura internacional. La propia prensa especializada y reportes posteriores mencionaron daños en instalaciones militares y aeroportuarias, incluido Higuerote, en el marco de la operación. Pero también, según denuncias de CLACSO y medios locales, atacaron el Centro de Matemática del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Las instalaciones estaban dentro de la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán en Caracas. Clacso luego diría en un comunicado: “Rechazamos el ataque a instituciones científicas y académicas y ratificamos nuestra posición para que finalice la agresión a Venezuela”.
Tras los bombardeos, empezó la incursión terrestre de la Fuerza Delta, unos comandos especiales que operan bajo alto secretismo. Human Rights Watch ha reportado abusos sistemáticos de estas fuerzas en lugares como Irak, donde se les acusó de tortura, y en varias operaciones de la CIA post 9-11.
En Venezuela, los comandos ya sabían dónde desembarcar. Según fuentes periodísticas estadounidenses, agentes de la CIA infiltraron el círculo íntimo del presidente venezolano desde agosto de 2025. Hasta hoy, no se sabe con certeza con qué apoyos dentro de Venezuela contaron los militares para la operación.
Lo que sí se sabe es que en esos enfrentamientos cayeron 43 militares venezolanos y 32 combatientes cubanos. Estos últimos eran parte del esquema de seguridad de Nicolás Maduro y tenían edades entre 26 y 67 años. Y según distintas fuentes, todos hacían parte del primer círculo de seguridad del mandatario y su esposa Cilia Flores. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, denunció luego que los cubanos habían sido asesinados a “sangre fría”.
Los sobrevivientes cubanos luego relatarían que estaban durmiendo cuando empezó el ataque. Ellos contaban con armamento convencional, no tenían ninguna protección, y fueron atacados por drones y helicópteros. El oficial cubano Yohandris Varona Torres, que respondió hasta la última bala y vio morir a sus compañeros, diría luego: “Los vi caer a todos y a todos los cargué. No puedo explicar el dolor. Pero al menos nadie se quedó en Venezuela". El coronel Pedro Domínguez, herido durante el mismo operativo, describió la misma escena y dijo que el ataque fue desproporcionado entre la fuerza aerea estadounidense y el grupo de escoltas cubanos con armas de dotación.
Los agentes cubanos habían llegado a Venezuela en el marco de convenios que datan de las relaciones directas entre Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro. En el 2000 las dos naciones firmaron un convenio integral de cooperación: Venezuela proveía 53.000 barriles diarios de petróleo y el gobierno cubano, asistencia técnica en distintas áreas, incluyendo seguridad.
Días después del ataque, desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel decretó dos días de luto oficial en honor a los muertos. Y los restos mortales de todos los 32 cubanos llegaron en cajas cerradas al aeropuerto Internacional José Martí y fueron recibidos por el propio Raúl Castro. En la ceremonia póstuma, el ministro del Interior cubano, Lázaro Alberto Álvarez, ascendió a los caídos y dijo que el imperialismo podrá tener armas más sofisticadas, “pero hay algo que jamás podrá comprar: la dignidad del pueblo cubano”.
Mientras que por el lado venezolano, varios de los muertos y heridos fueron jóvenes cadetes en entrenamiento que dormían dentro de la Academia Militar en Fuerte Tiuna. Todavía no es claro cómo ocurrieron los hechos y qué armas se utilizaron; se sabe por testimonios marcados por el hermetismo en Venezuela que varios de los lugares atacados quedaron pulverizados. Las cifras oficiales del ejército venezolano hablaban de 24 soldados muertos; registros de monitores de víctimas independientes cifran los muertos en 43 militares.
Finalmente, el presidente venezolano fue alcanzado por las fuerzas especiales a pocos metros de un búnker hacia donde dirigía a resguardarse con su esposa. Según el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, tanto Maduro como Cilia se rindieron sin ofrecer resistencia. En reportes posteriores, se indicó además que la operación dejó siete heridos en las fuerzas estadounidenses. Mientras que Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano, dijo a medios: "A Cilia no se la iban a llevar, se llevaban solo al presidente Nicolás Maduro y Cilia se plantó y dijo: ‘Si se lo van a llevar a él me tienen que llevar a mí también’"
Lo cierto es que a las 4:29 de la mañana, poco más de dos horas después de iniciado el operativo militar, el presidente venezolano y su esposa ya iban sobre el agua del Caribe, secuestrados, dentro de un helicóptero militar estadounidense. El Pentágono , que en la práctica opera como ministerio de guerra bajo la administración Trump, reportó siete heridos entre las tropas de la fuerza Delta.
Doce horas después llegarían con el mandatario latinoamericano y su esposa a una prisión del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York, tras hacer escala en la base militar de Guantánamo en Cuba. Mientras, en Venezuela, quedaría la estela de los helicópteros estadounidenses tras un rastro de muerte y destrucción.
Días después, el debate se trasladó a la legalidad. Un memorando del Departamento de Justicia de EE. UU., fechado el 23 de diciembre de 2025 y divulgado tras la operación, mostró cómo la administración Trump intentó encuadrar la captura de Maduro como una acción de “aplicación de la ley”, pese a su escala militar y sus efectos en territorio venezolano.
