RAYA conoció 16 contratos firmados por la empresa Rotorr, llamada ‘contratadero’ paralelo de la Universidad Nacional, los cuales ascienden a más de 90.000 millones de pesos, algunos de los cuales esconden el destino del dinero. Revelamos correos electrónicos y datos que dan cuenta de un actuar poco transparente por parte de esta empresa creada por la exrectora Dolly Montoya y sus herederos.
Por: Enrique Gamboa
Unidad Investigativa Revista RAYA
La Revista RAYA tuvo acceso a 16 contratos suscritos por Rotorr (empresa creada en marzo de 2023 en la Universidad Nacional bajo la rectoría de Dolly Montoya), con entidades públicas y cuyo valor asciende a más de 90.000 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de que las actuales directivas de la Nacional han solicitado en repetidas ocasiones, incluso a través de tutelas, el listado de convenios y contratos firmados y tercerizados por esta empresa, la respuesta de Rotorr ha sido siempre la misma: “información de carácter reservado”. La negativa a entregar esta información no es menor, pues como empresa spin-off, que tiene un fin lucrativo, Rotorr tiene la obligación de reintegrar un porcentaje de sus ganancias a la universidad pública más importante del país. Pero, ¿por qué, insisten en esconder esta información?
Un informe forense revelado esta semana por la Universidad Nacional da cuenta de una docena de irregularidades que tendría esta empresa paralela las cuales, incluso, van más allá de la contratación. El informe detalla que las áreas administrativas y financieras de la universidad no cuentan con documentación que acredite los recursos destinados para la creación y sostenimiento de esta empresa. Esto significa que no hay una trazabilidad del dinero ni evidencia de que Rotorr haya cumplido con su obligación de reinvertir un porcentaje de sus ganancias en la UNAL, como debería hacerlo al ser una spin-off vinculada a la institución.
Aunque Rotorr está obligada a reintegrar un porcentaje de sus ganancias a la UNAL, no existen registros que confirmen que esto se ha cumplido. Desde las áreas administrativas y financieras de la universidad nadie tiene información precisa sobre los aportes de esta empresa a la institución. "Hasta el momento, no hemos recibido ni un peso de Rotorr. No se cuenta con la documentación, ni información relacionada con los aportes para su constitución y sostenimiento”, le confirmaron fuentes de la institución a esta revista.
Uno de los contratos que RAYA conoció, y que han sido negados a las directivas de la Universidad, es el convenio 2399 de 2023 suscrito entre Rotorr y el Ministerio del Interior por un valor de 13.000 millones de pesos. El contrato tenía una duración de tres meses, desde octubre hasta diciembre de 2023 y establecía como actividades principales la caracterización de consejos comunitarios en varios departamentos del país, la creación de cinco proyectos de iniciativas PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial para implementar el acuerdo de paz) y el apoyo al Encuentro de la Guardia Cimarrona, que se iba a realizar en noviembre de 2023, entre otros.
Sin embargo, la ejecución de este contrato despertó alertas dentro del Ministerio del Interior. Víctor Hugo Moreno Mina, director de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y supervisor del contrato, expresó serias preocupaciones sobre el manejo de los recursos. El 26 de diciembre de 2023, cuando se discutía la liquidación del contrato, Moreno Mina planteó una primera advertencia. Según el acta de la reunión, en poder de RAYA, cuestionó por qué Rotorr afirmara haber ejecutado el 100% del presupuesto del “Componente Tres”, cuando no se llevaron a cabo los encuentros de jóvenes y mujeres de la Guardia Cimarrona.
El valor de este componente superaba los 1.000 millones de pesos. ¿Cómo justificar que el dinero fue gastado sin que los eventos se realizaran? Según Rotorr, los encuentros no se hicieron porque “la comunidad no estuvo de acuerdo con las condiciones logísticas de los espacios y estaban requiriendo algunos aspectos que no estaban contemplados en convenio”. La explicación no terminó ahí. En la misma reunión Diego Amaral Mardini, coordinador del proyecto, y Diana Motta, gerente, justificaron que el dinero se gastó en un encuentro con la comunidad LGTBIQ+ de la Guardia Cimarrona, “el cual tuvo un costo mayor al estipulado lo que cubrió los recursos restantes del componente”.
La reacción de Victor Moreno, del Ministerio del Interior, fue inmediata. Dijo que no era posible que se hicieran esos cambios, ya que sería una modificación al convenio y “teniendo en cuenta que estas modificaciones fueron tomadas unilateralmente por Rotorr, ellos deberán justificar el motivo por el cual se dieron estos cambios”, consta en el documento en poder de RAYA.
Acta de reunión entre el Ministerio del Interior y Rotorr en marco del convenio 2399 DE 2023, donde quedó registrado las dudas del supervisor Victor Moreno, sobre la ejecución del contrato.
A pesar de estas irregularidades, planteadas por Victor Moreno, la liquidación del contrato se aplazó hasta 2024. Desde el Ministerio del Interior, la dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior, le exigió a Rotorr un informe financiero detallado, con soportes de cada actividad y gasto realizado. Según Rotorr, el documento “ya se encuentra en construcción”. Pero la segunda alerta no tardó en llegar.
A inicios de 2024, el Ministerio del Interior reiteró su preocupación por la falta de claridad en el informe financiero. En una serie de correos electrónicos intercambiados con representantes de Rotorr, el último fechado el 7 de mayo de 2024, que evidencia que la empresa en un correo llamado
Al recibir el mail, desde el Ministerio informaron que iban a realizar una mesa de trabajo con el equipo financiero de la dirección para estudiar el documento. La conclusión de esa mesa fue contundente y quedó consignado en un mail del 11 de mayo: “En términos generales se observó la falta de transferencia, no se adjunta el contrato e informes con sus respectivos soportes”.
Correos electrónicos entre el Ministerio del Interior y Rotorr, donde la entidad pública afirma que el informe financiero no presentó los soportes de transferencias y gastos del convenio 2239.
Seis días después, el 16 de mayo de 2024, Rotorr envió las “modificaciones del informe financiero”. Finalmente, el convenio 2399, por un valor superior a los 13.000 millones de pesos, fue liquidado el 31 de mayo de 2024 tras una reunión en las oficinas del Ministerio.
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Contratos ICFES y una deuda que no se paga
La sombra de Rotorr se extiende sobre una red de convenios que han escapado al control de la Universidad Nacional. En los últimos doce meses, Rotorr también firmó siete convenios con el ICFES por más de 16.000 millones de pesos, consolidándose como su principal contratista. Según los documentos en poder de la Revista RAYA, estos convenios han sido justificados con el argumento de fortalecer la innovación institucional, la transformación digital y la creación de software, pero, al igual que con el contrato de Mininterior, la falta de transparencia sobre su ejecución ha despertado sospechas en la comunidad universitaria.
A pesar de tener todas las herramientas de la Universidas Nacional, Rotorr subcontrata a terceros cuyos contratos y condiciones se mantienen en reserva. La pregunta, entonces sigue abierta: ¿a dónde va a parar la plata del Estado que maneja Rotorr a nombre de la Nacional? Uno de los casos más representativos es el contrato que Rotorr firmó en junio de 2024 con la empresa mexicana Territorium Life para desarrollar la plataforma de la Prueba Saber en modalidad electrónica.
El acuerdo, enmarcado en el convenio 484 de 2024 con el ICFES, comprometía a Rotorr a pagar 4.700 millones de pesos por el servicio. La plataforma fue entregada en julio de 2024, pero Territorium Life denunció, según documentos en poder de esta revista, que Rotorr no cumplió con el pago pactado. En un correo del 4 de marzo de 2025, el representante legal de la empresa mexicana advirtió: “Nos vemos en la obligación de dar a conocer a la rectoría los manejos administrativos e incumplimientos en los pagos con los proveedores. El ICFES ya cumplió con el pago total del proceso de facturación a Rotorr, sin embargo, la spin-off no ha cumplido con sus obligaciones hasta la fecha”.
Tras reiteradas solicitudes sin respuesta, Territorium Life inició acciones legales contra Rotorr. En un oficio enviado al ICFES solicitó: “iniciar un proceso sancionatorio contractual, la declaratoria de incumplimiento, la efectividad de la cláusula penal y la garantía de cumplimiento por el no pago al subcontratista”. Para respaldar su denuncia, la empresa mexicana adjuntó el comprobante de un pago realizado por el ICFES a Rotorr el 4 de diciembre de 2024 por 3.500 millones de pesos. Un monto que pudo haber sido utilizado para saldar la deuda, pero la deuda sigue sin pagarse sin ninguna explicación.
Pago del ICFES a Rotorr, el 4 de diciembre de 2024, por 3.500 millones de pesos.
El caso de Territorium Life no es el único que expone la forma en que opera Rotorr. A lo largo del último año, la empresa ha firmado convenios con Corantioquia, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría, Innpulsa y la Defensoría del Pueblo. Un contrato con esta última tenía como objetivo “la ejecución de eventos en todo el país” con el fin de socializar el plan estratégico de la entidad en el periodo 2021 - 2024. Este contrato tenía un valor de 11.000 millones de pesos para ejecutarse desde enero hasta diciembre de 2024.
Sin embargo, sin justificación aparente, el contrato fue liquidado en agosto de 2024, cinco meses antes de su vencimiento, con una adición presupuestal de 5.500 millones de pesos. Desde la Universidad Nacional señalan que “no hay reportes completos de los eventos ejecutados ni de la justificación para la liquidación anticipada del contrato”.
Acta de liquidación de la Defensoría del Pueblo por el contrato suscrito con Rotorr, el cual se liquidó cinco meses antes del tiempo estipulado.
La mayoría de los contratos y convenios suscritos por Rotorr aparecen firmados por Jaime Alfonso Restrepo Carmona (representante legal) y Marco Blanco Ariza (representante legal suplente). Sobre el primero se puede decir que es un médico con más de 20 años de experiencia “liderando proyectos estratégicos que combinan innovación social, desarrollo territorial y tecnologías para generar impacto sostenible en comunidades y organizaciones”. Restrepo también se destaca por ser una persona poco conocida al interior de la comunidad universitaria.
El representante legal suplente de Rotorr es Marco Blanco Ariza y firmó nueve de los 16 contratos que conoció RAYA. Este economista, egresado de la UNAL, fue gerente financiero del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional de Colombia (Fodun), fondo que junto a la Nacional crearon la empresa Rotorr en marzo de 2023 durante la rectoría de Dolly Montoya. Blanco Ariza se convirtió en representante legal suplente de Rotorr durante la transición para elegir al nuevo rector de la Nacional. Entre febrero y mayo de 2024, antes de que Montoya dejara el cargo de rectora, la junta directiva de Rotorr cambió los estatutos para beneficiar a ciertas personas cercanas a su círculo y al de Jairo Orlando Villabona, fundador de Rotorr y exdirector de la DIAN.
De izquierda a derecha: Jaime Alonso Restrepo Carmona, Jairo Orlando Villabona, Dolly Montoya y Camilo Younes, Consejo Directivo de Rotorr durante el día de creación de la empresa. 8 de marzo de 2023.
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Cambios en los estatutos: la forma de quedarse en el poder
La creación de Rotorr se remonta al 8 de marzo de 2023, cuando Dolly Montoya, como rectora de la Universidad Nacional, y Jairo Orlando Villabona, gerente general de Fodun, acordaron la creación de una corporación sin ánimo de lucro con el objeto de fomentar la ciencia y la tecnología, “a través de acuerdos de voluntades entre las instituciones y actores públicos y privados nacionales e internacionales”.
Documentos obtenidos por la Revista RAYA revelan que desde su creación Rotorr ha realizado una serie de cambios en sus estatutos que no han permitido que se tenga un control claro sobre su manejo. El primer cambio se dio el 28 de febrero de 2024, en una reunión del Consejo Directivo presidida por Dolly Montoya y Jairo Orlando Villabona, donde se aprobó transformar a Rotorr de una corporación sin ánimo de lucro a una empresa spin-off con fines lucrativos, alejándose de su misión inicial atada a los fines de la universidad pública. Estas actas han sido solicitadas por la actual administración en cabeza del rector Leopoldo Múnera, pero las directivas de Rotorr también se han negado a entregarlas.
Acta del Consejo Directivo de Rotorr, del 28 de febrero de 2024, donde se cambió los estatutos de la empresa y se convirtió en un spin off.
El 15 de marzo de 2024, quince días después de hacer los cambios en los estatutos, en la Asamblea Ordinaria de Fodun se decidió el retiro de este fondo de la empresa Rotorr, la decisión fue notificada a la empresa el 5 de abril. Para las actuales directivas de la Nacional, desde el retiro de Fodun, Rotorr debía disolverse al quedar la Universidad Nacional como único miembro activo en la corporación.
Sin embargo, la disolución no se realizó y las reformas en los estatutos se profundizaron rápidamente tras la salida de Dolly Montoya y la elección irregular de Ismael Peña, un profesor muy cercano a ella, pues había sido su vicerrector en Bogotá. En medio de las protestas de la comunidad universitaria, pues se estaba desconociendo el voto popular, siete días después de la posesión de Peña, el consejo directivo de Rotorr convocó a una reunión extraordinaria, el 9 de mayo de 2024, con el fin de hacer los cambios más profundos.
Según consta en el acta 09 de mayo de 2024, esa reunión estuvo presidida por Luis Fernando Giraldo, en representación de Dolly Montoya, y Marco Blanco Ariza, en representación de Jairo Orlando Villabona. Resultó llamativa la presencia de Blanco en el Consejo Directivo, pues en ese momento se desempeñaba como gerente financiero de Fodun, aunque dicho fondo había tomado la decisión de salirse de Rotorr.
Las reformas estatutarias fueron trascendentales para quedarse con el poder de Rotorr y para que ésta operará sin límites. Por ejemplo, la vida de la empresa pasó de terminar en 2035 a perpetuarse hasta 2135, cuando inicialmente estaba establecida en 15 años. En esa reunión, también se modificó la estructura del Consejo Directivo, pasando de estar conformada por el rector de la UNAL y el gerente general de FODUN a un esquema donde la mayoría de los integrantes son designados por el rector de la Universidad. Sin embargo, en medio de la controversia judicial por la rectoría entre Ismael Peña y Leopoldo Múnera, este último quedó atado de manos y no ha podido cambiar a los señalados docentes que administran Rotorr.
Acta del consejo directivo de Rotor del 9 de mayo de 2024 donde se adoptan cambios estatutarios entres ellos, la conformación del Consejo Directivo y la tareas de los representantes legales.
Los cambios también ampliaron las facultades a los representantes legales de Rotorr, en el sentido de que eliminaron la intervención del Consejo Directivo para ejecutar políticas, programas y proyectos; establecer límites para contratar; delegar funciones y nombrar o remover personal. En ese sentido, eliminaron el límite de cuantía para celebrar acuerdos de voluntades y se estipularon una serie de requisitos que impiden una fácil disolución de la empresa paralela, por ejemplo, que para que eso suceda la universidad debe contar con el visto bueno de la Contraloría, la Procuraduría y la Contaduría General.
La actual rectoría de la UNAL, en cabeza de Leopoldo Múnera, alertó sobre estos cambios en un comunicado el 25 de junio de 2024, días después de su posesión. “En menos de seis meses, la Corporación Rotorr ha registrado varias reformas que preocupan a la Rectoría de la institución. Los cambios planteados implican un procedimiento complejo para realizar futuras reformas estatutarias, conformar el Consejo Directivo, remover al director ejecutivo y disolver o liquidar la Corporación”
Los impactos de estas reformas son claros. La universidad perdió toda capacidad de supervisión sobre Rotorr, lo que ha permitido que la empresa administre fondos sin control. A pesar de su origen dentro de la UNAL, los recursos que maneja no han retornado a la institución pública. Un informe financiero de la Oficina de Control Interno de la Nacional, publicado esta semana, muestra que, aunque Rotorr ha obtenido millonarios ingresos, no ha realizado aportes significativos para la universidad.
El mismo informe reportó 28 hallazgos con posible incidencia disciplinaria y administrativa por presuntas irregularidades en la vigilancia de Rotorr. Según el documento, esta empresa “ha firmado convenios millonarios en coordinación con distintas dependencias de la UNAL, pero no existe un área específica dentro de la universidad encargada de hacerles seguimiento”. En otras palabras, Rotorr ha actuado como un ente independiente que maneja recursos públicos sin responder ante ningún órgano de control universitario y aprovechándose del prestigio y nombre de la institución.
Desde que Múnera es rector de la Nacional ha presentado varias solicitudes para que le entreguen información y documentos del funcionamiento de Rotorr. Sin embargo, estas solicitudes no fueron atendidas, hecho que obligó a la Universidad a interponer una acción de tutela por la presunta vulneración del derecho de petición. Las acciones emprendidas por la rectoría han llevado el caso ante instancias judiciales, pero hasta ahora Rotorr ha negado el acceso a la información sobre sus contratos y convenios, argumentando que se trata de datos reservados.
La negativa de los directivos de Rotorr refuerza las dudas sobre su gestión financiera y su independencia de la UNAL. Mientras tanto, las denuncias por incumplimientos de contratos, las liquidaciones anticipadas de convenios de manera poco transparente y las modificaciones estatutarias siguen siendo la sombra que oculta el destino de los recursos públicos administrados por Rotorr a través de los herederos de Dolly Montoya, la anterior rectora.
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