Las declaraciones del presidente electo y las señales emitidas por sus representantes de más alto nivel anuncian un estrecho alineamiento con la agenda internacional de Donald Trump. Para Colombia, sin embargo, unas relaciones exteriores dependientes conllevan costos concretos en asuntos de interés nacional y altos precios estratégicos en los ámbitos regional y global.
Por: Giovanni Molano Cruz
Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia
Por las posiciones conocidas del presidente electo Abelardo De la Espriella, por su ciudadanía estadounidense y sus afinidades ideológicas, por la injerencia del respaldo de Donald Trump a su campaña, por la identificación pública y sin ambages del designado canciller Omar Bula con el movimiento Make America Great Again y los viajes recientes de José Manuel Restrepo a Washington, es conocido que en la escena internacional el gobierno entrante estará al lado de Estados Unidos. Es un cambio radical, en comparación con el gobierno que termina, que implica enormes retos para el país y nuestras relaciones exteriores.
La política exterior de la administración Petro tuvo episodios de improvisación, disputas innecesarias en redes sociales, serias dificultades de coordinación con los vaivenes de la política doméstica e institucional, fricciones innecesarias con algunos gobiernos latinoamericanos, clientelismo en los cargos diplomáticos y una preocupante falta de continuidad. Entre 2022 y 2026 tuvimos cuatro cancilleres. Sin embargo, fue una política marcada por la búsqueda de autonomía, la defensa del derecho internacional, la diversificación de las relaciones exteriores, el posicionamiento de Colombia en debates globales como la transición energética, la neutralidad ante la guerra en Ucrania y la denuncia de genocidio en Gaza. Fue una acción exterior orientada a la toma de decisiones soberanas y a la implementación de iniciativas propias, en oposición a las presiones externas, frecuentemente mediante la retórica presidencial, cierto, pero también con un pragmatismo comprobado, como en la reunión de Petro con Trump.
Con todo, el gobierno Petro produjo una ruptura en la historia de nuestra política exterior al promover un relacionamiento con Washington basado en la igualdad y el respeto mutuo. El gobierno que termina no dejó de cooperar con Estados Unidos, un socio indispensable para Colombia en comercio, inversión, seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y acceso a recursos financieros.
Todo indica que, a partir del próximo 7 de agosto, volvemos a esa política exterior tradicional que —interiorizada y reproducida por algunas élites políticas, diplomáticas, académicas, intelectuales y económicas— consiste en asumir que defender los intereses de Estados Unidos equivale a defender los intereses nacionales. Con Trump, sin embargo, subordinar la acción exterior colombiana a las prioridades de Washington resulta aún más problemático para nuestro país y para el propio gobierno entrante. Particularmente porque la política latinoamericana y caribeña del gobierno Trump —delineada desde octubre de 2025 en su Estrategia de Seguridad Nacional— tiene un objetivo: dominación.
Paradójicamente, la dependencia de la política exterior colombiana del gobierno de Donald Trump encontrará sus límites en la política doméstica estadounidense. Estados Unidos tiene elecciones legislativas en noviembre de 2026 y celebra elecciones presidenciales en 2028. Las relaciones exteriores de Estados Unidos están centralizadas en el Ejecutivo, pero son financiadas y supervisadas por los dos partidos en el Congreso. Es una apuesta muy onerosa supeditar las decisiones, las acciones y las estrategias de la política exterior colombiana a un gobierno cuyo margen de acción externa puede disminuir en dos meses y que abandonará el poder, a más tardar, en enero de 2029, cuando la administración de de la Espriella irá apenas pasando la mitad de su mandato.
Para Colombia, los desafíos vendrán no solamente de un resquebrajamiento dramático de su soberanía, sino también del debilitamiento de su autodeterminación en asuntos propios y del ámbito global. Además, la alineación férrea con Washington en la escena internacional no garantiza, por sí sola, la resolución de los problemas estructurales del país, no sustituye las capacidades institucionales nacionales ni asegura resultados óptimos en materia de bienestar socioeconómico generalizado, seguridad o gobernabilidad. De ello dan cuenta, para limitarnos a ejemplos recientes de guerra y paz, el Plan Colombia, el Plan Patriota y el Acuerdo firmado en 2016 entre el Estado y las extintas FARC, todos apoyados por Estados Unidos.
A nivel regional, Venezuela es la primera prueba de los riesgos de la política exterior que se avecina. El hermano país es objetivo declarado —y alcanzado— en la agenda de la administración Trump de control global de recursos energéticos y tierras raras. Concebir y ejecutar nuestra política y nuestros vínculos con Venezuela siguiendo las prioridades de Washington erosiona la atención eficaz de problemas fronterizos acuciantes de seguridad, migración pendular y comercio que, sin ocupar un lugar central en los intereses internacionales de Trump, en la práctica pueden agravarse provocando nuevas emergencias humanitarias. Las prioridades de Washington frente a Caracas no coinciden con las necesidades de Cúcuta, Arauca, Maicao o Puerto Carreño.
Mapa publicado por el secretraio de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el marco de la presentación de la estrategia de seguridad de la "Gran América"
A nivel global, China ilustra los retos que conlleva una política exterior subordinada. Este país, comunista y segunda economía mundial, concentra actualmente el 28,6% de las importaciones colombianas y es un mercado ávido de materias primas que representa solo el 4,8% de nuestras exportaciones. El crecimiento económico de Colombia para finales de año se proyecta en 2,6% el de China es de 4,2%, lo cual implica una ventana de oportunidad para nuestro país. China mantiene vínculos e intercambios internacionales independientemente de la orientación política de los gobiernos. Entretanto la administración Trump —que anunció aranceles del 50% a Canadá y bromea con imponer sanciones a las lechugas de México, pese a que estos países son dos de sus socios comerciales estratégicos— impuso, desde el pasado 24 de julio, un gravamen de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones provenientes de Colombia y, entre otros países más, de la Argentina de Milei, el Chile de Kast, El Salvador de Bukele y el Ecuador de Noboa. La política arancelaria de Trump es un instrumento probado de amenaza y coacción frente a socios, aliados y competidores.
Establecer alianzas con Israel es coherente con la visión geopolítica del gobierno Trump así como cerrar embajadas y consulados en nombre de la austeridad es efectista ante unos electores. No obstante, esos anuncios también revelan algún desconocimiento de la esencia de la diplomacia y sugieren cierto desprecio por la necesidad imperativa de contar con capacidad de acción en el mundo contemporáneo. Por una parte, Benjamín Netanyahu tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntamente usar el hambre como método de guerra y atacar intencionalmente a la población civil. Suspender la apertura de la embajada en Palestina, abrir en Jerusalén una embajada ante Israel y restablecer relaciones con Netanyahu es horadar, aún más, el derecho internacional que sigue siendo baluarte indiscutible frente a la ley del más fuerte. Por otra parte, la diplomacia no es un asunto de simpatías y diferencias ideológicas entre gobiernos. Es la práctica de la negociación y de la representación política entre Estados. Sus objetivos son defender los intereses nacionales, mantener la paz y gestionar los conflictos mediante el diálogo, sobre todo con los adversarios y los competidores. Eliminar puestos diplomáticos se traduce en reducir la presencia e influencia de Colombia en un espacio global cada vez más interconectado e incierto.
Pretender posicionar a Colombia en el mundo como el aliado incondicional del gobierno Trump no debería ser el eje de la política exterior. El gobierno entrante necesita fortalecer sus relaciones con Estados Unidos, no convertirlas en una relación de subordinación. No debe escoger entre Washington y el resto del mundo: debe cooperar con todos, preservar su presencia diplomática mundial, fortalecer el derecho internacional y defender los intereses de Colombia sin renunciar a la soberanía ni a su facultad de decidir por sí mismo.
