Estudiar una carrera universitaria en Colombia ha dependido, en buena medida, del lugar donde se nace. Mientras las instituciones de educación superior se concentraron en las principales ciudades, miles de jóvenes de regiones como el Pacífico, el Catatumbo, Guainía o Vichada enfrentan barreras económicas, geográficas y culturales que los obligaron a abandonar sus territorios o renunciar a sus proyectos de vida. Con la política ESenTuCOLE del Gobierno del Cambio se abrió el camino para llevar la universidad hasta las zonas históricamente excluidas, ampliando la oferta educativa y reduciendo una de las brechas más profundas del país.
El ministro de educación, Daniel Medellín (centro), acompañado de autoridades departamentales de Vichada y estudiantes durante el lanzamiento de la iniciativa ESenTuCOLE. Foto: Cortesia Ministerio de Educación.
Si se revisa con detenimiento un mapa de Colombia en el que aparezcan las universidades acreditadas de alta calidad, la brecha estructural se revela de inmediato: en el oriente del país, una de las zonas con mayor porcentaje de ruralidad, no existe ni una sola.
La oferta de educación superior es inequitativa porque se ha concretado en una franja que empieza en los departamentos más caribeños, baja por Córdoba, aumenta su densidad universitaria cuando pasa por Bogotá, Antioquia y el Eje Cafetero, y sigue por los departamentos del suroccidente hasta llegar a la poca oferta con la que cuenta Nariño. En el Pacífico solo existen dos, una en Buenaventura y otra en Quibdó, ambas involucradas en sonados escándalos de corrupción. Otros departamentos y regiones como Guainía, Guaviare o el Catatumbo no tienen ninguna. Por eso, según Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior, solo dos de cada diez jóvenes que viven en el litoral Pacífico ingresan a la universidad; y solo uno de cada diez jóvenes que viven en el Catatumbo acceden a la educación superior.
A la universidad llegan los colombianos y colombianas que puedan pagar una matrícula o que puedan asumir los costos que implica migrar de manera obligatoria. Por ejemplo, el 35% de las licenciaturas que ofertan instituciones de educación superior se concentran en Medellín, Cali y Bogotá. A una persona del Chocó que quiera formarse como profesor puede tomarle 5 días el regreso de la universidad a su casa: de Medellín tiene que viajar hasta Vigía del Fuerte, luego a la cabecera de Bagadó y después caminar 3 días hasta su comunidad.
Que abandonar el territorio sea la única opción para obtener un título universitario condena a los jóvenes que no tienen la posibilidad de hacerlo, y termina por volverlos presa fácil de las economías ilícitas o de la miseria que se va perpetuando por generaciones. Aquellos que tienen la posibilidad monetaria de hacerlo o son premiados con algún tipo de beca, deben ser capaces de soportar la hostilidad que les depara la tierra ajena. Gloria Naranjo, profesora universitaria que hasta hace unas semanas hizo parte de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, cita el ejemplo de una conocida tumaqueña, ya mayor, que al entrar a una universidad pública de Bogotá debió disimular durante años su acento para evitar la burla de sus profesores, hasta el punto de perderlo totalmente a cambio de ser validada.
“Salir de tu territorio y venir a una ciudad implica una barrera económica enorme, pero también una barrera cultural de sentido de pertenencia; muchas veces las personas al terminar su carrera ya no encuentran un lugar para asirse en la vida comunitaria de su territorio. Terminan como habitando un no lugar cultural. Más el estar solo, sin red de apoyo, enfermarse y no tener a quién pedirle un favor, encontrarse el racismo y la discriminación en las universidades públicas y privadas”, asegura Gloria.
“La educación superior no ha pensado ni se preocupa porque esas cosas, en las que pueden quizás no tener el mejor rendimiento, no sean la razón por la que esa estancia en la universidad sea traumática. Son muy buenos en otras cosas, en la memoria oral, en la lectura de contexto, en la comprensión de lo ambiental, pero esas no son las habilidades y las competencias sobre las cuales están montados los sistemas de evaluación y de calidad de nuestra educación superior. Hay un problema estructural porque la universidad está diseñada para un estándar de ciudadanas y de ciudadanos. Funciona si tú partes de preguntarte cuáles son las capacidades y las habilidades que traen cada una de estas personas y no de poner una serie de estándares y establecer que a ese lugar tienen que llegar todas y todos, independientemente de dónde vienen, de qué colegio egresaron, qué tipo de profesores tuvieron, qué lenguas hablan, qué concepciones de la vida tienen. Es lo que en el debate teórico se llama la justicia cognitiva”, agrega Elizabeth Castillo, profesora del Departamento de Estudios Interculturales de la Universidad del Cauca, sobre los jóvenes que migran de sus territorios y terminan desertando de la universidad por no encajar en sus estándares de calidad.
Durante el Gobierno del Cambio, el Ministerio de Educación atacó ambos males al mismo tiempo. Aumentó la cantidad de sedes destinando recursos para construir la Universidad del Catatumbo y un campus de la Universidad de Santa Marta en zona rural de Buritaca, corregimiento ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada. A la vez amplió el portafolio que las instituciones de educación superior ofertan en los territorios con una destinación presupuestal cercana a los $677 mil millones de pesos. Y financió la manutención universitaria de 36.674 jóvenes.
Además, con la estrategia Educación Superior en Tu Colegio (ESenTuCOLE), ofreció tecnologías, técnicos profesionales, licenciaturas y programas universitarios en los colegios de las zonas más olvidadas, de manera que el tránsito a la vida universitaria sea mucho menos costoso, en términos materiales e intelectuales, para aquellos jóvenes que cursan noveno, décimo y undécimo grado. También impulsó una nivelación de capacidades para que puedan homologar créditos en la educación superior mientras cursan su educación media técnica.
La profesora Elizabeth Castillo fue testigo de esta política que no esperó a que los estudiantes fueran hasta las grandes ciudades, sino que fue hasta sus territorios. En municipios de la costa pacífica caucana, dice ella, las más beneficiadas fueron mujeres jóvenes cabezas de familia, aquellas para las que resulta casi que imposible migrar a otro lugar para estudiar. En municipios como Guapi, Timbiquí y López de Micay, tal como sucede en otras regiones periféricas del país, solo pocas personas, generalmente hijos de maestros, de funcionarios públicos o de algunas élites locales, son quienes pueden darse el lujo de salir a Cali, Manizales, Armenia o Medellín para terminar el bachillerato y aumentar de alguna manera sus probabilidades de ingreso a la educación superior.
La gratuidad en las matrículas, los subsidios de manutención y acompañamiento también resultaron claves para frenar la deserción. La sede principal de la Universidad del Cauca, ubicada en Popayán, recibió un numeroso grupo de estudiantes que venían de los mismos tres municipios con el anhelo de cursar alguna de las carreras que ofrecen las nueve facultades de la institución. Elizabeth le ha hecho seguimiento a quienes ingresaron a la licenciatura en educación. Pese a que los jóvenes de territorios rurales tienen la expectativa de vivir un tiempo en la ciudad, conectarse con el resto del país y la región, para ella uno de los asuntos más interesantes de esta nueva política pública es que se ha empecinado en que los procesos formativos se vinculen con su lugar de origen y apliquen en él los conocimientos adquiridos. De alguna manera, se rompió también la dinámica de jóvenes que, cuando se hacen profesionales y adultos, terminan haciendo de las ciudades a las que son expulsados su lugar de estancia permanente
Los propios informes del Ministerio reconocen que existen muchos retos que no son atribuibles a estos cuatro años de gobierno, sino que hacen parte de un problema educativo estructural: a veces la oferta educativa que llega a los territorios no se corresponde con las expectativas de las nuevas generaciones. Los jóvenes, plantea la docente de la Universidad del Cauca, provienen de lugares endogámicos porque la conexión con el centro del país y de sus departamentos únicamente es por vía aérea o marítima. Sumado a eso, acumulan un cansancio y una fatiga al sentir que llevan años aprendiendo lo mismo, algo que no mantiene su interés y motivación porque está desconectado de que les gusta o quieren aprender.
“No hemos logrado comprender y ponernos a la misma sincronía de esa velocidad que hoy nos plantean estas generaciones; que saben qué está pasando al otro lado del mundo, que tienen acceso a una información que muchas veces no se corresponde con los debates que proponen los currículos, pero que son fundamentales para resolver el día a día. Colombia sigue aferrada a una idea muy conservadora de que los jóvenes rurales son totalmente distintos a los jóvenes de los contextos urbanos. La ruralidad tiene precariedad de infraestructura, de acceso a servicios básicos, pero la ruralidad sí se conectó con el mundo global. Esta política tiene una muy buena intención de equidad, tiene una formulación en términos financieros muy adecuada para cerrar brechas, pero tiene la dificultad de la oferta, que es ni más ni menos la pregunta: ¿Qué deberíamos ofrecerles a estas nuevas generaciones para que construyan sus proyectos de vida en una sociedad como la de este siglo?”, asegura la profesora Elizabeth Castillo.
Por primera vez en Puerto Carreño
Holman Ramírez Pulido cuenta con orgullo que él será el primer profesional de su familia. “Desde sexto grado —agrega—, estaba planeando irme del pueblo, no quería, no quiero. Gracias a esta oportunidad puedo quedarme, puedo estudiar una carrera muy interesante. Los maestros que tengo son muy buenos, me han ayudado demasiado, me entienden, se adaptaron a la manera de estudio de cada uno de nosotros, se adaptaron a las complicaciones de acá, como es la conexión, la falta de recursos”.
De no ser por la estrategia ESenTuCOLE, este estudiante de la Institución Educativa Eduardo Carranza de Puerto Carreño, municipio capital del Vichada, tendría altas probabilidades de repetir la historia que ya vivieron varios conocidos, obligados a irse del pueblo, perder sus raíces, y alejarse de sus familias: “Conozco la experiencia de amigos que han desertado de la universidad por el dolor de perder a sus familiares y tener que estar lejos de acá”, agrega el estudiante de grado once.
Holman es uno de los 154.896 estudiantes beneficiados por las 60 instituciones de educación superior que llevaron su oferta académica a 1.037 colegios de 438 municipios. El Gobierno del Cambio focalizó su política en 95 municipios PDET, aquellos que por ser los más afectados por el conflicto armado, la pobreza, la debilidad institucional y los cultivos de uso ilícito fueron priorizados en el Acuerdo de Paz firmado entre las antiguas FARC-EP y el Estado colombiano; también en 167 municipios ZOMAC, es decir, aquellos ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto armado y que se encuentran clasificados en el Decreto 1650 de 2017; además en 31 municipios con población mayoritariamente indígena y 41 municipios con población mayoritariamente negra, afro, raizal o palenquera.
Datos con corte a 15 de julio de 2026. Con los recursos transferidos por el gobierno nacional en 2025 y 2026, se proyectaron los beneficiarios para 2026 y 2027, cuya verificación con las IES realizará el Ministerio de Educación Nacional con la aprobación de los recursos proyectados.
En el departamento orinoamazónico de Vichada, solo siete de cada cien jóvenes lograban acceder a la educación superior. Con la política ESenTuCOLE esa cifra aumentó. Fabio Carrillo León, rector de la Institución Educativa Eduardo Carranza, asegura que de los 980 estudiantes que tiene el colegio agropecuario, solo un 10% ingresaba a la universidad. Gracias a que la Universidad Industrial de Santander empezó a ofertar una Técnica Profesional en Producción Agropecuaria virtual, que de acuerdo a sus ciclos propedéuticos va a terminar en una Ingeniería Agroindustrial, el número incrementó hasta el 80%.
“Tenemos estudiantes de todos los estratos socioeconómicos, algunos en situaciones muy vulnerables, con muchas necesidades. Acceder a una universidad implica unos costos que son imposibles para la mayoría de los estudiantes, por lo que tienen que dedicarse a ser jornaleros y no alcanzarían a continuar esa cadena de formación. Sabiendo que esta estrategia va a fortalecer la capacitación y la formación de nuestros jóvenes, vamos a tener un mejor futuro para ellos. Desafortunadamente, somos un departamento con pocas oportunidades profesionales y laborales”, afirma el rector Carrillo.
Aumentar la oferta ya de por sí es un avance significativo. Si al territorio llegan cursos virtuales o profesores que van tres veces al semestre a dictar clases durante día y medio, pero no llega la biblioteca, internacionalización y otros componentes del bienestar universitario, esa oferta, plantea la profesora Gloria Naranjo, quedará incompleta. Por esta razón, también en Puerto Carreño, la Universidad Industrial de Santander y el Ministerio de Educación invirtieron $21.800 millones para recuperar el Centro de Investigación y Educación Regional (Ciner), una infraestructura que durante años fue un elefante blanco y se convertirá en la primera sede universitaria pública del Vichada. Son 22 hectáreas con aulas, biblioteca, módulos habitacionales para investigadores y otros espacios académicos dispuestos para la investigación y la innovación.
Fotos del Centro de Investigación y Educación Regional (Ciner)
Por primera vez en mucho tiempo, un gobierno pensó la educación superior bajo un paradigma diferente al de la costo-eficiencia, discurso economicista que se justifica en la supuesta cordura de la caja del Estado. En vez de construir infraestructuras y llevar la oferta a los territorios, siempre, explica la educadora Naranjo, le resultará más barato al Estado medir a los estudiantes con una prueba ICFES y premiar a los “mejores” sacándolos de su territorio para que estudien becados en una universidad de Medellín, Bogotá o Cali. “Se logra impactar a más personas con menos recursos, es costo-eficiente, pero exacerba la inequidad territorial”, concluye ella.
El Gobierno del Cambio deja entonces las preguntas y las bases sentadas para que si mañana un joven de Guainía, Guaviare, el Pacífico o el Catatumbo migra a una ciudad del centro del país para estudiar una técnica profesional o una carrera universitaria, lo haga por decisión propia, pero no porque no tenga otra opción.
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