La omisión de las ciudades en los procesos de paz colombianos, centrados en el conflicto rural, invisibiliza la violencia urbana y perpetúa su ciclo. Herrera Duque critica los enfoques securitarios y punitivos tradicionales, proponiendo un cambio de paradigma hacia políticas basadas en el derecho humano a la paz para construir una paz territorial urbana.
Una colaboración de Diego Herrera Duque,
coordinador del Área de Paz de la Corporación Viva la Ciudadanía.
Las ciudades tienen derecho a la paz. Esta afirmación parte de dos premisas. La primera, es que históricamente las perspectivas de tratamiento del conflicto para la búsqueda de la paz en Colombia han estado situadas alrededor de la dimensión agraria o rural del conflicto armado, dejando por fuera las ciudades. La segunda, es que las políticas de abordaje del conflicto y de las violencias urbanas, se han concentrado fundamentalmente en enfoques securitarios y tratamientos punitivos, impidiendo que la ruta en la construcción de paz territorial urbana sea una alternativa a esas visiones tradicionales, que además no han logrado los resultados en materia de disminuir la capacidad criminal de las estructuras ilegales, por el contrario éstas se han expandido militar, social y políticamente, se han especializado en su organización y redes de articulación, y se han diversificado en su portafolio de economías criminales. La mejor política de seguridad será construir la paz urbana en los territorios con políticas basadas en un enfoque de derechos humanos.
La instalación hace un año, de la mesa de diálogo socio jurídico en la Cárcel La Paz de Itagüí, entre la delegación del gobierno de Gustavo Petro y de los voceros de las estructuras criminales de alto impacto de Medellín y el Área Metropolitana, impulsada en el marco de la política de Paz Total, abre nuevos desafíos en un escenario inédito de oportunidad política, para superar los ciclos de violencia urbana que ha vivido la región metropolitana en los últimos 40 años, y avanzar en creativas y ambiciosas propuestas para la construcción de la paz territorial urbana en esta ciudad región, así como en los espacios dialógicos que vienen caminando en Buenaventura y Quibdó.
Ello significa cambios en las miradas y las formas de tratamiento del conflicto violento en las urbes en la búsqueda de la paz. En esta dirección, es fundamental comprender que la realización del derecho humano a la paz, como un derecho de solidaridad, consagrado en el artículo 22 de la Constitución política de Colombia, busca una movilización activa de la sociedad civil, y hacerlo exigible al Estado en las ciudades.
Por ello, se hace esencial reconocer que, para materializar la paz urbana, se necesita la realización del Estado Social de Derecho con políticas integrales e inclusivas en comunas y corregimientos de las ciudades, y en particular, que se armonicen los instrumentos de paz que hoy tiene el gobierno central (por ejem. Barrios de Paz, Jóvenes en Paz, Servicio Social para la paz, etc) en su plan de desarrollo en coordinación y concurrencia con los gobiernos locales y sus planes territoriales.
En este sentido, se recomienda que las llamadas regiones paz que están previstas en la ley 2272 de 2022, incluyan de manera concreta “las regiones paz urbanas”, con una institucionalidad específica, o lo que ya muchos vienen planteando como la necesidad de una Consejería para la paz urbana. Esto no significa fragmentar la institucionalidad de la paz, sino más bien darle un lugar dentro de los lineamientos, políticas y recursos necesarios para asumir la ejecución de una agenda de paz en las ciudades, en la que concurren acuerdos de los espacios dialógicos instalados y las agendas ciudadanas que se vienen impulsando de manera autónoma desde la sociedad civil. En este punto, es preciso hacer la distinción, que una cosa es la agenda resultante de los diálogos socio jurídicos entre delegaciones del gobierno y voceros de grupos criminales, y otra es la agenda resultante del movimiento ciudadano por la paz urbana. Son diferentes pero interdependientes y complementarias.
Así mismo, en el marco de una propuesta política de acuerdo nacional, es imperativo un acuerdo específico por garantizar el derecho a la vida en las comunidades y pobladores de territorios urbanos que han sufrido los múltiples repertorios de violencia y padecido el control social y territorial de las estructuras criminales, sin una respuesta efectiva del Estado local y nacional en los últimos 40 años. Al respecto, un elemento central para cualquier acuerdo entre el gobierno y los grupos criminales será la discusión pública sobre los derechos de las víctimas urbanas a la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición. Un debate crucial al desarrollo del espacio dialógico de la Cárcel La Paz, es la necesidad de un marco jurídico para las estructuras criminales. En este aspecto, será primordial explorar las posibilidades de la justicia restaurativa, cuya prioridad deberá ser la reparación del daño a las víctimas de la violencia urbana por parte de los grupos criminales con participación activa de las comunidades afectadas en las soluciones a desarrollar en esta alternativa de justicia en un campo de transicionalidad.
De otro lado, materializar el derecho humano a la paz en las ciudades, implica una sociedad civil organizada y movilizada para la paz urbana. Dicho de otra manera, ir en la dirección de constituir el sujeto encarnado en un movimiento ciudadano por la defensa y edificación de la paz urbana con agenda propia que interpela y aporta a los espacios de diálogo socio jurídico y permite acuerdos autónomos con los gobernantes para políticas e intervenciones integrales en los territorios.
Este camino de participación ciudadana tiene varios factores coligados. Uno, deberá sistematizar y reconocer las experiencias, prácticas, memorias, aprendizajes e iniciativas ciudadanas por la paz que la ciudad ha avanzado en las últimas décadas. Dos, el impulso de distintos repertorios de acción colectiva en función del objetivo de lograr la paz en las ciudades, con un enfoque diferencial, territorial, de género y de diálogo intergeneracional. Tres, ser un puente, un espacio autónomo de sociedad civil que articule la participación plural y efectiva de diversos sectores sociales, en el que se sientan reconocidos y con capacidad de incidir en la agenda pública. Cuarto, ir construyendo una agenda ciudadana para la paz urbana que posibilite acuerdos con el Estado e incidente en los diálogos entre gobierno y estructuras criminales. Quinto, que aporte a una cultura de paz favorable al proceso de paz urbana, construyendo y comunicando unas narrativas, imaginarios y sentidos políticos orientados a la consecución de la paz.
Finalmente, cumplido un año de la instalación de la mesa de dialogo socio jurídico en la Cárcel La Paz de Itagüí, también es posible decir que un año ha cumplido el Espacio Autónomo de la Sociedad Civil para la Paz Urbana en Medellín y el Área Metropolitana, con una confluencia de más de 50 organizaciones e iniciativas que vienen trabajando en espacios plenarios, asamblearios, de audiencia y relacionamiento para rodear la mesa dialógica, tener iniciativa política en la agenda pública local y nacional, construir confianza e interacciones con distintos actores políticos y sectores sociales, y exigirle a las partes sentadas en la mesa de dialogo de la Cárcel de La Paz, en momentos de incertidumbre, hechos y desarrollos en la búsqueda de la paz y avanzar sin dilaciones, en materializar el derecho a la paz que reivindicamos para las ciudades de Colombia.
