El gobierno de Estados Unidos descertificó a Colombia por supuestos incumplimientos en la lucha antidrogas. Sin embargo, el presidente Petro denunció que fue una decisión que desconoce las cifras reales: 889 toneladas de cocaína incautadas en 2024, más de 700 en lo corrido de 2025 y 10.000 laboratorios destruidos en tres años de su gobierno. La decisión de Trump tuvo como antesala reuniones de congresistas, alcaldes y precandidatos presidenciales de la extrema derecha en Washington, quienes hoy dicen abiertamente que la descertificación es contra Petro y no contra Colombia. Una estrategia de cara a las elecciones de 2026.
Por: David González
Era una decisión cantada: el gobierno de Donald Trump decidió descertificar con condiciones al gobierno colombiano. Según el comunicado del Departamento de Estado, apeló a dos argumentos de la retórica antidrogas de Washington: el aumento en los cultivos de coca y la debilidad del “liderazgo de Gustavo Petro”, que ha resultado en “niveles récord” de cultivos y producción de cocaína.
En el mismo comunicado, Colombia fue incluida en la lista de países que incumplen acuerdos internacionales antidrogas junto a Bolivia, Myanmar y Afganistán. A diferencia de esos casos, la medida contra Bogotá no implica de inmediato suspender la —cada vez más reducida— ayuda económica, pero sí señala directamente al presidente Petro como responsable de los resultados.
“El incumplimiento de Colombia con sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político. Consideraré cambiar esta designación si el gobierno de Colombia toma medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción de cocaína.” Describe en el comunicado del Departamento de Estado, mientras reconoce el trabajo de las instituciones de seguridad y las autoridades municipales colombianas. 
Tomado de: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/09/presidential-determination-on-major-drug-transit-or-major-illicit-drug-producing-countries-for-fiscal-year-2026
Armando Benedetti, ministro del Interior, rechazó la decisión y dijo en Señal Colombia: “Es una distorsión porque el primer comandante de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Aquí lo queda claro es que la descertificación es contra el presidente Petro y no realmente contra Colombia porque descertifica a Colombia pero sin sanciones económicas y sin recortar las ayudas. Entre otras cosas, ayudas que ya vienen siendo recortadas desde que el presidente Trump asumió el poder.”
La oposición colombiana y el lobby en Washington
La decisión de Trump llegó rodeada de controversias y tramas de actores políticos de la oposición, socios del ala política trumpista de Florida, que en los últimos meses han reforzado sus contactos con el ala republicana en Estados Unidos. El pasado 8 de septiembre, los alcaldes de Medellín y Cali, Federico Gutiérrez y Alejandro Eder, viajaron a Washington para reunirse con funcionarios del Departamento de Estado y congresistas cercanos al trumpismo.
En ese viaje también sostuvieron reuniones con María Elvira Salazar, congresista republicana, quien ha mantenido un discurso duro contra el mandatario colombiano, y que resulta funcional para sus electores de derecha en la Florida. Horas después de conocerse la decisión, publicó en su cuenta en Twitter: “La descertificación de Colombia es un llamado urgente al presidente Gustavo Petro: debe cooperar.”
https://x.com/MaElviraSalazar/status/1967774041562919254
Meses antes, otros actores de la oposición colombiana habían viajado a Washington y se reunieron con congresistas republicanos. Allí quedó en evidencia una trama golpista que tuvo como eje al excanciller conservador del gobierno de Petro, Álvaro Leyva, y al congresista estadounidense de origen cubano Mario Díaz-Balart, quien preside el subcomité que elabora el proyecto de ley anual de ayuda al exterior.
El instrumento de la descertificación como arma política
Pero más allá de esas acusaciones, la medida de Trump apunta a castigar a un mandatario que se ha distanciado de los intereses de Washington. Así lo explicó a RAYA Adam Isaacson, director de defensa y seguridad de la organización WOLA, antes de conocerse la decisión: “Será una descertificación mucho más partidista, polarizada, presidencializada y basada en el ánimo político que existe entre los dos presidentes o los dos gobiernos a su nivel más alto y por ser un gobierno de izquierda”.
Isaacson subrayó que, aunque Colombia enfrenta dificultades para reducir (contener) el crecimiento de los cultivos de coca y una producción récord de cocaína, la decisión no es técnica sino política: “En Perú también está en un punto muy alto y nadie está hablando de descertificar a Perú”.
“Imagínese que Argentina fuera un país productor de cocaína con las mismas tasas de crecimiento del cultivo de coca y cocaína que ha sufrido Colombia en los últimos años. Como Milei tiene posiciones de apoyo al programa de Trump, de apoyo a Israel, de apoyo al despliegue naval en el Caribe, la deportación masiva de sus ciudadanos, ese gobierno no sería descertificado. Aún con los mismos resultados contra la coca”, concluye Isaacson.
WOLA recordó que ya en 2017, durante el primer año de la administración de Trump, la amenaza de la descertificación pendió sobre el gobierno de Juan Manuel Santos por el incremento de la producción de coca. La diferencia fue que entonces diplomáticos veteranos lograron disuadir a Trump de no romper con un aliado que recibe la mayor cantidad de ayuda en el hemisferio.
La filósofa argentina Luciana Cadahia sintetizó la lógica del doble rasero en un tuit: “En su lucha contra las drogas, USA descertifica a Colombia —que combate el crimen organizado de raíz— y aplaude a países como Argentina o Ecuador —carcomidos por las estructuras del narcotráfico—”. Narcotráfico es sinónimo de poder imperial y la forma de dominación regional”.
Twitter: https://x.com/lucianacadahia/status/1967959622003904855
El doble rasero del Departamento de Estado
Desde esa mirada se entienden las medidas diferenciadas que tomó el gobierno de Trump en el mismo bloque que sancionó a Colombia. A Venezuela lo tachó de “régimen criminal liderado por el narcotraficante Nicolás Maduro” y a China la amenazó con aranceles adicionales del 20% por fallas en el control de insumos químicos usados en la producción de fentanilo.
Pero esa pugnacidad cambia cuando se trata de países “amigos” de los intereses de Washington, como Costa Rica, Ecuador y El Salvador. En el mismo comunicado aparecen señalados como países de tránsito o producción de drogas, pero sin sanciones adicionales como las aplicadas a Colombia.
Ese doble rasero ha sido constante en la utilización de las herramientas institucionales que tiene el gobierno de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. Es el caso, por ejemplo, de la decisión frente a cuáles mafias son etiquetadas como organizaciones terroristas extranjeras dentro de la lista del Departamento de Estado.
En esa lista figuran algunas mafias mexicanas, organizaciones islamistas como ISIS, Hizbul Mujahideen o Hamas. También guerrillas colombianas que tienen un rol en el control de rutas del narcotráfico tales como: la Segunda Marquetalia o las disidencias de las FARC. Pero no figura la organización que más exporta cocaína desde Colombia: el Clan del Golfo, organización criminal formada por herederos de los grupos paramilitares que tuvieron un papel contrainsurgente en el conflicto colombiano.
Colombia y Estados Unidos: Dos visiones fallidas de guerra contra el narco
Ante la decisión de Washington de descertificar a Colombia, los funcionarios del gobierno de Petro han salido en defensa de su estrategia de lucha contra el narcotráfico. Benedetti, ministro del Interior, dijo que las ayudas de cooperación de Estados Unidos vienen siendo recortadas desde que Trump asumió el poder.
Y en parte porque la estrategia del gobierno colombiano se ha centrado en la erradicación voluntaria y sustitución de cultivos, así como la interdicción del tráfico de cocaína en las principales rutas que salen de Colombia.
“Hay un informe, que es el Reporte de la estrategia de control que el Departamento de Estado le da al Congreso de la República (de Estados Unidos). Allí reconocen que nosotros hemos incautado, como gobierno, más cocaína que ningún otro gobierno; y al mismo tiempo ven que las áreas cultivadas en 2021 crecieron un 40% (en la época de Duque), y en este gobierno, aunque son mayores, solamente aumentaron un 10%”, explicó Benedetti en entrevista con los canales públicos.
También dijo que la Policía Nacional lleva, en los tres años de gobierno, 165.000 personas capturadas; 693 de ellas están con fines de extradición. Y, además, tienen como resultado más de 1200 toneladas de cocaína incautada y 10.000 laboratorios móviles de producción de la droga destruidos.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa, añadió que los resultados son “hitos históricos”: “Este año van más de 700 toneladas de cocaína incautadas, que equivalen a 450 millones de dosis que no llegaron al mundo”. Cada 40 minutos estamos destruyendo un laboratorio. Porque algunos dicen que entre más producción, mayor incautación, pero no tienen en cuenta que estamos destruyendo la producción, un 24% más que el año pasado”.
El presidente Petro respondió a la descertificación calificándola de una “grosería profunda” y un “insulto” al país, y acusó a Trump de mentir: “Decidieron no mirar las cifras que se les entregaron y prefirieron una alianza ideológica de extrema derecha en Miami a la verdad”. Mostró un comparativo que, según él, desmiente los señalamientos: 889 toneladas incautadas en 2024, récord histórico, frente a 746, 659, 428 y 413 en años anteriores, “cuatro veces más que durante el gobierno de Uribe”.
Defendió además su política de sustitución voluntaria frente a la erradicación forzada impulsada por EE. UU. “Cifras, señor Trump, no ideología. La erradicación forzada mata, la erradicación voluntaria reduce el crecimiento casi a cero”, dijo. Recordó que en 2020, bajo Duque, se erradicaron 130.000 hectáreas de coca, pero los cultivos crecieron 43% al año siguiente. En contraste, afirmó que con su estrategia el crecimiento bajó a 9% en 2023 y 3% en 2024, mientras que la erradicación voluntaria suma 22.433 hectáreas en 2025.
Petro también presentó cifras de víctimas: en 2020 hubo 107 policías heridos y más de 120 muertos en la última década, mientras que en su gobierno no se registraron muertos en 2023 y 2024, y en 2025 hubo 13, producto de un regreso limitado a la erradicación forzada que calificó como “un error que no se volverá a repetir”. Finalmente, insistió en que la descertificación es un ataque a la soberanía nacional: “La soberanía de Colombia no se entrega. No acepto invasiones, ni misiles, ni asesinatos; acepto inteligencia y diálogo de tú a tú”, advirtió, señalando además que “ese poder político que vive junto a usted en Miami proviene de una fuerte alianza entre narcotraficantes y políticos colombianos”.
Evaluaciones independientes
Sin embargo, los datos oficiales contrastan con evaluaciones independientes como las de WOLA. Su último informe, advierte que acabar con la cooperación y descertificar a Colombia sería un error para el propio Estados Unidos, pues fortalecería a las mafias. Reconocen fallas de gestión en el gobierno Petro, por “una gerencia pobre y fallas en el liderazgo”, pero descartan complicidad con el narcotráfico y urge a la administración Trump a mantener la cooperación.
En ese mismo informe muestran la reducción significativa que ha sufrido la cooperación estadounidense en la guerra contra el narco en Colombia. Incluso en el 2025, ha sido más que significativa.
Estefanía Ciro, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonía Colombiana, había dicho a RAYA que existe una relación entre el aumento de cultivos de coca y el incremento de las incautaciones. En resumen, ante el mayor riesgo de caída de un cargamento de droga, aumentan los intentos por superar los controles y “coronar”. De una forma u otra, la cantidad de droga llega a Estados Unidos impulsada por el crecimiento de la demanda. Según el World Drug Report de 2025, aproximadamente 2,2 millones de personas consumen regularmente cocaína en ese país, dentro de un universo de 25 millones de usuarios a nivel mundial.
Y todo esto ocurre en el marco de la reducción de la cooperación en la lucha contra las drogas.
(Gráfica ayuda de EEUU a Colombia)
Isaacson dijo a RAYA: “En enero y febrero, cuando llegó el nuevo gobierno de Trump, ellos hicieron un recorte fuertísimo a toda la ayuda; todavía se está debatiendo si es legal lo que hicieron. (...) No sé exactamente cuánto se recortó, pero aproximadamente un 85%.
Es muy probable que la ayuda apenas exceda los 100 millones de dólares ahora, y la mayoría va a la ayuda militar.”
Isaacson agregó que, aunque la certificación también significa un castigo reputacional para el país, es debatible su impacto cuando quien lo impone es un gobierno “tan extremista” como el de Donald Trump.
El informe de WOLA urge, más allá de la certificación, buscar otros caminos en la guerra contra las drogas. Señala como positivo —a diferencia del gobierno de Trump— que haya una disminución de la erradicación forzada de coca, ya que este mecanismo ha causado graves impactos sociales y ambientales en el país. “Las campañas de erradicación forzada nunca han producido más que reducciones modestas en los cultivos de coca”, como lo muestra el siguiente cuadro en su informe.
En el mismo documento también advierten que la estrategia del gobierno de Petro no ha sido la mejor, ya que el declive de la erradicación forzada no ha estado acompañado de logros en los programas de sustitución, incluidos los del acuerdo de paz. Y concluyen: “Los habitantes de los territorios cocaleros se enfrentan a menos enfoques punitivos, pero ahora se encuentran con una estrategia gubernamental que solo puede describirse como 'ninguna de las anteriores'”.
El informe finaliza: “el proceso de descertificación es una reliquia de la guerra contra las drogas” que hace más daño que bien a los intereses de Estados Unidos: “Debería abolirse inmediatamente como parte de una reconsideración más amplia del enfoque fracasado, miope y a menudo violento de Estados Unidos hacia el tráfico de drogas y el crimen organizado en general.”
