La diversidad en la Corte: ¿un problema de raza o política?

Aunque la más reciente terna para la Corte Constitucional fue integrada solo por mujeres, la elección de Lina Marcela Escobar dejó fuera a Lisneider Hinestroza, abogada afrocolombiana con trayectoria en derechos étnicos. En 34 años, ningún magistrado afro o indígena ha ocupado una silla titular. ¿Diversidad simbólica o exclusión estructural desde el Estado?

Análisis Especial para RAYA por: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

“Casi todos los constituyentes eran hombres (de 70 solo había 4 mujeres)
a penas dos indígenas y ningún afrocolombiano” (Lemaitre, pág 14)

El 5 de mayo de 2025, el Senado de la República escogió, por abrumadora mayoría, a la abogada Lina Marcela Escobar Martinez, oriunda de Medellín y egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, como nueva magistrada de la Corte Constitucional. Lina hizo parte de la histórica e inédita terna presentada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conformada exclusivamente por mujeres, en la que superó a Myriam Carolina Martinez y a Lisneider Hinestroza.

Si bien es de exaltar las acciones de las autoridades nacionales e internacionales orientadas a romper el denominado “techo de cristal”  que ha impedido históricamente a las mujeres el acceso a altos cargos en las diversas ramas del poder público, esto aún no es suficiente. Es innegable que el país mantiene una deuda histórica con  las minorías étnicas, de género, sexuales y regionales Esta situación se reflejó en  la campaña de desprestigio impulsada  por partidos de oposición contra Lisneider Hinestroza, abogada afrocolombiana, como fue denunciado el pasado 3 de junio por la senadora Angelica Lozano Correa.  La defensora del pueblo, Iris Marín, calificó estos ataques como una expresión de “violencia política, racismo y machismo”. 

Más allá de las particularidades del caso, resulta inquietante que, en más de 20 años de funcionamiento del Alto Tribunal, nunca haya habido un magistrado o magistrada afro o indígena titular en alguna de las nueve sillas de la Corte Constitucional.. La inclusión de Lisneider Hinestroza -experta de asuntos étnicos, graduada de la Universidad Tecnológica de Chocó y  defensora de las comunidades afrodescendientes- habría abierto la posibilidad de empezar a saldar esa  deuda histórica.  Sin embargo, esto no pareció relevante ni para el Senado ni para el Presidente de la República, quien en ninguna de sus dos ternas incluyó personas  afrodescendientes o indígenas.

Este  panorama plantea  preguntas: ¿por qué persiste, en un estado que se reconoce como pluriétnico, la subrepresentación de comunidades étnicas en las altas cortes, particularmente, en la Corte Constitucional? ¿Por qué el Senado, hasta hoy,  no ha escogido un magistrado o magistrada afro o indigena? 

Responder a estos  cuestionamientos es  fundamental para comprender las barreras estructurales que siguen enfrentando las abogadas y los abogados indígenas y afrodescendientes en su aspiración a  ocupar altos cargos públicos. . Según la oposición, elegir  a Lisneider suponía “un control total” del Gobierno en el tribunal. Sin embargo,  estos argumentos deslegitiman injustamente la trayectoria profesional de una candidata altamente calificada,  y sugieren que la decisión  del Senado obedeció más a cálculos políticos que a evaluaciones basadas en méritos académicos y jurídicos. 

Por lo tanto, esté  artículo propone un recuento histórico y esquemático sobre la conformación de la Corte Constitucional y la persistente subrepresentación de las comunidades afros e indígenas en la conformación de la misma.

Un análisis cuantitativo y cualitativo de la Corte.

Según la expresidente de la Corte, María Victoria Calle y el Consejo Superior de la Judicatura, la historia del tribunal puede dividirse en cinco períodos: 

1. Periodo 1 ( transición) del 04 de julio de 1991 al 11 de julio de 1994; 
2. periodo 2 ( profundización e identificación) del 12 de julio de 1994 al 21 de noviembre de 2000.
3. Periodo 3 ( tecnificación de la jurisprudencia) 22 de noviembre de 2000 al 11 de febrero de 2003.
4. Periodo 4 del 12 de febrero de 2003 al 21 de julio de 2015; 
5. Periodo 5  del 2015 hasta la actualidad. 

En su primera etapa, la Corte inició  con siete magistrados. No fue sino hasta el 1 de marzo de 1993 que se amplió a nueve miembros, como se mantiene actualmente. 

Desde entonces, el Senado ha sido el encargado de elegir a los magistrados mediante ternas  presentadas por el Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, con nombramientos de ocho años. 

En estos  34 años de funcionamiento, más de 45  magistrados han pasado por la Corte (titulares y encargados), de los cuales más de 40 provienen  de universidades privadas y casi ninguno de  regiones periféricas como el Pacífico, la Amazonía o, en menor medida, la Costa  Caribe.Solo uno de ellos ha sido afrocolombiano: Alexei Julio Estrada, quien actuó como magistrado encargado entre  2012 - 2013. Nunca ha habido un magistrado indígena. 

El panorama hasta aquí presentado permite observar de forma clara cómo la conformación del Tribunal Constitucional se ha visto cooptada por las universidades privadas y por personas blanco-mestizas provenientes del centro del país. Esto demuestra que el acceso de las comunidades indígenas y afrodescendientes al Alto Tribunal se ve limitado no solo por las dificultades que enfrentan quienes provienen de estos grupos étnicos y raciales, sino también porque son los propios entes encargados de realizar las ternas los primeros en no tenerlos en cuenta.

De esta manera, es claro que la invisibilización de los grupos étnicos reconocidos y defendidos por la Constitución de 1991 nace del propio Estado y sus funcionarios, quienes en el ejercicio de sus funciones desatienden las medidas necesarias para la justicia social y la pluralidad democrática.

La Corte Constitucional: ¿un tribunal blanco y andino?

Con todo lo dicho anteriormente, salta a la vista que, incluso cuando el Estado colombiano se reconoce como pluriétnico y multicultural, esta cláusula resulta inocua e inoperante. La envergadura del cargo de magistrado, e incluso la posibilidad de ser ternado, sigue determinada por los mismos factores que rigen gran parte del país: divisiones partidistas y un marcado sesgo hacia quienes han podido acceder a ciertos privilegios.

En ningún momento se pretende desacreditar los méritos de quienes han ocupado o ocupan las sillas del Alto Tribunal, pues en muchos casos han contribuido a la construcción de una mejor sociedad. Sin embargo, en un país que frente a evidentes injusticias responde con llamados a la meritocracia, cabe preguntarse: ¿acaso no ha habido personas afrocolombianas e indígenas con el “mérito” suficiente para ser magistrados titulares de la Corte Constitucional?

¿Cómo se puede hablar de mérito en un país donde, de las nueve sillas del Palacio de Justicia, sólo 10 han sido ocupadas en 34 años por egresados de la universidad pública? En un contexto en el que urge retomar la discusión sobre la necesidad de adoptar medidas para la inclusión de minorías, es imprescindible cuestionar las asimetrías estructurales que enfrentan los grupos históricamente marginados por las clases políticas dominantes.

El escenario no parece favorable. De los nueve magistrados que integraron el cuarto periodo de la Corte, ocho han sido reemplazados, perpetuando la predominancia de abogados blanco-mestizos del centro del país y egresados de universidades privadas. Sin embargo, queda una vacante por ocupar: la del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, cuyo período finaliza el próximo 5 de septiembre.

Esto representa una nueva oportunidad para que, de una vez por todas, la Corte Suprema de Justicia al presentar su terna, y el Senado al elegir, cumplan con su deber histórico de garantizar la representación real de las comunidades étnicas en el Alto Tribunal.

De no hacerlo, seguiremos preguntándonos si la falta de diversidad en la Corte: ¿es un problema de política o de raza?

Anexos

Tabla histórica de ternas. (En rojo están los ganadores de cada terna)