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RAYUELA

La Universidad de Antioquia será sede de la segunda audiencia pública del Congreso de la República, que se realizará este jueves 28 de agosto desde las 9 de la mañana, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, para debatir el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Justicia y el cual busca el sometimiento a la justicia de los líderes de las bandas criminales, en el marco de la llamada Paz Total Urbana. La audiencia será transmitida por los canales de Revista RAYA.

Por: Redacción Revista RAYA

Medellín vive desde hace más de dos años un proceso de paz urbana inédito, gestado en la cárcel de Itagüí, donde el Gobierno Nacional y los voceros de estructuras criminales como la Terraza, los Pachelly y los Chatas —herederas de las lógicas violentas que marcaron la ciudad desde la época de Pablo Escobar— han sostenido diálogos para reducir la violencia. Estos acercamientos ya muestran resultados concretos: en 2024 la ciudad registró una tasa de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja en los últimos 82 años; se lanzó un piloto para frenar las extorsiones en 25 barrios; y se trabaja con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un plan para prevenir que menores de edad sean reclutados por la violencia.

En ese contexto, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sesionará este jueves 28 de agosto en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Allí se realizará una audiencia pública con autoridades locales, congresistas como Isabel Zuleta, Alirio Uribe y Ana Paola García, y organizaciones de la sociedad civil. Será la segunda audiencia nacional dedicada a esta discusión, luego de la celebrada el 25 de agosto en Tumaco (Nariño).

El debate girará en torno al proyecto de Ley 002 de 2025, presentado por el ministro de Justicia Eduardo Montealegre, que propone un tratamiento penal diferenciado para el sometimiento y desmantelamiento de organizaciones criminales, con penas de entre cinco y ocho años para los máximos responsables y de dos a cinco años para los integrantes sin mando. La iniciativa busca dotar de un marco jurídico a los procesos de Paz Total y asegurar que los acuerdos tengan validez más allá del actual gobierno.

A pesar de los avances que han dado los diálogos del Gobierno Nacional con los voceros de las bandas criminales —agrupadas en la conocida “Oficina de Envigado”—, falta que el Congreso apruebe el marco jurídico de la Paz Total para que se convierta en ley. Sin embargo, en comparación con otros procesos que adelanta el Gobierno en Quibdó y Buenaventura, el de Medellín ha avanzado con mayor facilidad, ya que la violencia es menos intensa que en el Pacífico colombiano y porque sus voceros tienen experiencia en diálogos de paz con distintos gobiernos.

Uno de los voceros en los diálogos de paz con el Gobierno Nacional es Freiner Ramírez, conocido como alias ‘Carlos Pesebre’. Durante los años noventa integró el bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, pero tras la desmovilización paramilitar creó el grupo “los Pesebreros”, uno de los tentáculos de la Oficina de Envigado. En un reportaje de Señal Investigativa, alianza de Revista RAYA y Señal Colombia, sobre los avances de la paz urbana en Medellín, ‘Carlos Pesebre’ se refirió a la propuesta del ministro Eduardo Montealegre de crear un marco jurídico de acogimiento y sometimiento que permita a las estructuras criminales transitar hacia la legalidad y resolver sus problemas jurídicos.

Sobre el tema, ‘Carlos Pesebre’ destacó que las estructuras ilegales urbanas de Medellín tienen la esperanza de que la propuesta incluya a todos los grupos armados para evitar que la violencia se recicle, y que los acuerdos sean con el Estado y no solo con el gobierno, de manera que el próximo presidente tenga que cumplir lo pactado. “Que sea un marco jurídico que recoja la violencia que viene desde hace 40 años. Es muy importante que haya verdad y que el marco jurídico avance y no sea retroactivo, pero que también acoja a las personas que por incumplimiento del gobierno o por propias decisiones tuvieron que volver a coger las armas. Ahí sí sería cerrar toda la guerra en la ciudad”. Este mismo marco jurídico al que se refirió el vocero y exparamilitar será el que se debata el jueves 28 de agosto en la audiencia pública en la Universidad de Antioquia, transmitida por la Revista RAYA.

Programa de Señal Investigativa emitido el 13 julio 2025. Desde la cárcel de Itagüí hablan los jefes de la oficina de Envigado en Proceso de Paz de Medellín.

El proyecto de ley presentado por el ministro Montealegre se discute en la última legislatura del gobierno Petro. Además del trato penal diferenciado a los integrantes de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), como fueron calificadas las estructuras de Medellín, los miembros deberán colaborar con la verdad y la reparación a las víctimas de sus acciones delictivas. Dentro del proceso de Paz Total que se avanza en Medellín y en los nueve municipios del Valle de Aburrá, el pasado 21 de junio de 2025 ocurrió un hecho histórico: el presidente de la República, Gustavo Petro, con la Plaza de la Alpujarra llena, se reunió en la misma tarima con nueve exjefes de bandas ilegales de Medellín, agrupadas en la Oficina de Envigado.

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El presidente Gustavo Petro y Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, uno de los voceros de la Oficina de Envigado, en el evento en La Alpujarra, Medellín, el 21 de junio de 2025. Foto: Presidencia de la República.

El encuentro buscó avanzar hacia la paz permanente en las comunas de Medellín. Junto al presidente estuvieron José Muñoz Martínez, alias Douglas (la Terraza); Carlos Mesa Vallejo, alias Tom (Los Chatas); Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; y Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre (la Unión), entre otros líderes recluidos en la cárcel de Itagüí que aún ejercen influencia en la violencia urbana.

El evento organizado por Presidencia recibió ataques de sectores de oposición y de medios que instauraron narrativas contra la paz urbana. También causó molestia en la clase política antioqueña, especialmente en el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y en el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes aseguraron que se sintieron amenazados. Una de las figuras señaladas fue la senadora Isabel Zuleta, cercana al presidente. En una entrevista con RAYA , la congresista valoró el encuentro y subrayó que la paz “se hace de frente”: “Lo más importante que quisimos mostrar como símbolo fue una nueva esperanza de paz. Medellín ha tenido varios procesos de paz, unos más exitosos, otros fracasados. Lo principal es que la paz se hace de frente y no por la puerta de atrás; no es un plato de segunda mesa, no es un asunto para adornar el Plan Nacional de Desarrollo, sino algo central para la ciudad”, dijo Zuleta.

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Gustavo Petro e Isabel Zuleta en el evento de Medellín donde el Gobierno Nacional impulsa la paz urbana entre bandas criminales de la ciudad.

Precisamente, la senadora del Pacto Histórico será una de las congresistas presentes en la Universidad de Antioquia en la audiencia pública sobre el proyecto de sometimiento propuesto por Montealegre, clave para que avance la Paz Total. Sobre el futuro del proyecto en el Congreso, Zuleta le comentó a RAYA: “Vamos avanzando en los dos primeros objetivos, esperamos superar las dificultades en la implementación de la paz territorial, que está muy atada a los gobernantes locales, y quedamos en manos del Congreso para avanzar en el tercer objetivo del sometimiento”, apuntó la senadora, quien también coordina el Espacio de Conversación Socio Jurídico de Medellín y el Valle de Aburrá.

La audiencia pública, solicitada por la Comisión Primera de la Cámara —integrada por Gabriel Becerra Yáñez (Pacto Histórico), Orlando Castillo Advíncula (Circunscripción Especial de Paz), Alirio Uribe Muñoz (Pacto Histórico), Ana Paola García Soto (Partido de la U), Andrés Felipe Jiménez Vargas (Partido Conservador) y Juan Sebastián González (Nuevo Liberalismo)— tendrá la misión de aportar al desescalamiento de la violencia en una ciudad que desde los años ochenta está sumida en la guerra, y debatir el sometimiento a la justicia de quienes con sus acciones han causado la tragedia de cientos de familias.

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