Colombia llega al 12 de octubre con tres hombres afrodescendientes muertos durante procedimientos de la fuerza pública entre el 20 de septiembre y el 2 de octubre, en Bogotá, Cauca y Nariño. Mientras sus familias y comunidades exigen esclarecer lo ocurrido, organizaciones indígenas cuestionan los cambios arbitrarios que quiere imponer el Gobierno De la Espriella a la consulta previa y alertan sobre los riesgos de vigilancia y estigmatización que supondría registrar sus guardias.
Por: Juan Sebastián Lozano
El 12 de octubre de 1492, las naves de Cristóbal Colón tocaron tierra en Guanahaní, como llamaban los lucayos a una isla de las Bahamas. Colón creyó haber llegado a Asia; fueron otros europeos los que, con los años, hablaron del "descubrimiento" de un Nuevo Mundo, aunque el continente estaba habitado desde hacía miles de años.
En Colombia, el 12 de octubre es festivo desde la Ley 35 de 1939 y, desde 1914, se celebró como Día de la Raza, siguiendo una propuesta de España. Se celebraba la herencia hispánica desde una mirada colonial que presentaba a los pueblos indígenas como "salvajes" y a la cruz, el lápiz y la escopeta del blanco como una misión civilizadora. En 2021, la Resolución 0138 del Ministerio de Cultura la rebautizó Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, en sintonía con la Constitución de 1991, que reconoce el carácter pluriétnico del país, y en 2024 la Ley 2347 le dio ese nombre por ley.
Cambiar el nombre fue un buen gesto, y la diversidad merece celebrarse: el país es una muestra generosa del mestizaje, de la mezcla de culturas que enriquece el lenguaje, el arte, la gastronomía y el pensamiento. Pero lo importante es si en la realidad los pueblos y las comunidades étnicas gozan de igualdad de derechos: en las oportunidades, en lo cultural, en el trato de las autoridades. Para Aiden Salgado, profesor, líder palenquero y columnista de RAYA, consultado para este artículo, "en esa fecha no hay ningún descubrimiento. Lo que hay es la continuidad o el inicio de un proyecto global de exterminio de las diferencias, que empezó con la población aborigen o la población indígena y que continuó con el secuestro y el traslado de la gente negra del continente africano a las Américas y el Caribe".
Hoy, además, el concepto de raza está revaluado. La genética no respalda la división de la humanidad en razas biológicas: en 1972, el biólogo Richard Lewontin mostró que cerca del 85 % de la variación genética humana se da dentro de cada población, y apenas un 6 % entre las llamadas razas. La pertenencia étnica, en cambio, pone el acento en la cultura —la lengua, el territorio, la memoria, las costumbres— y en el autorreconocimiento. Pero el cambio de palabras no borra la racialización, esa atribución de rasgos y jerarquías a las personas por su apariencia u origen que sigue operando en la calle, en las instituciones y hasta en las cifras.
En el censo de 2018, el más reciente, 1.905.617 personas se reconocieron como indígenas, el 4,4 % del país, repartidas en 115 pueblos. En Colombia se reconocen 69 lenguas nativas, incluida la lengua de señas colombiana: 65 indígenas, dos criollas —el palenquero y el creole de San Andrés— y el romaní. Un país que se expresa en 69 lenguas y escucha, casi siempre, en español.
Que esas lenguas sobrevivan depende de decisiones políticas. Daniella Sánchez Russo, escritora y exdirectora del Instituto Caro y Cuervo durante el gobierno Petro, impulsó desde 2025 un programa en el que el Instituto contrató "a documentadores indígenas que, guiados por lingüistas del Caro y Cuervo, comenzaron a documentar sus lenguas". "Comenzamos por ocho lenguas y en el 2026 pasamos a 15", me dice. Ya fuera del cargo, teme por un programa "muy ambicioso y que espero que no se finalice con esta nueva dirección".
Una fiesta en medio de violencia estatal y discriminación
El 20 de septiembre, en Caracolí, entre Ciudad Bolívar y Soacha, la Policía detuvo a Donovan Balanta Paz, un hombre negro de 34 años y padre de dos hijos. Según su familia, lo golpearon en el piso y le dispararon varias veces el taser cuando ya estaba esposado. La Policía admitió el uso del dispositivo, pero dice que Balanta sufrió una "afectación repentina en su estado de salud" ya en la estación; murió horas después. Siete policías fueron separados del cargo y la Defensoría pidió investigar un "posible perfilamiento racial". Medicina Legal aún no publica su dictamen, pero algo no está en duda: murió bajo custodia del Estado.
Una semana después, Luis Alfredo Chocó Echeverry, un joven afrodescendiente y padre de dos niños, murió durante un procedimiento policial en Villa Rica, Cauca. Su familia denuncia que lo agredieron y le dispararon; la Policía sostiene que los ocupantes de un carro dispararon contra una patrulla y los agentes respondieron. El CTI de la Fiscalía investiga, y en Villa Rica la gente salió a marchar para exigir justicia.
Y el 2 de octubre, en El Charco, Nariño, murió Keiner Banguera Mancilla, un joven afrodescendiente de 19 años, durante un operativo de la Armada y el Ejército. El presidente De la Espriella dijo que las tropas respondieron a disparos y abatieron a un presunto integrante de las disidencias de alias Iván Mordisco, cuya identidad estaba "en proceso de verificación". La comunidad cuenta otra historia: según la denuncia que recogió Indepaz, Banguera era defensor de derechos humanos e iba en su propio bote cuando infantes de marina le dispararon. El director de Indepaz, Leonardo González Perafán, es cauto —"todavía es muy pronto para hablar de un patrón o de sistematicidad"—, pero advierte: "Se debe primero preguntar, no primero disparar y después preguntar".
Dice Aiden Salgado: "Hay un racismo institucional que se replica a través de lo simbólico, y es la forma como la Policía ha interiorizado […] cuáles pueden ser las tipologías raciales, la tipología delincuencial, y en esa tipología delincuencial nosotros [los afros] nos asimilamos muchísimo al delincuente". De ahí, explica, la lógica de que "hay que pedirle papeles a este; si este no da los papeles, hay que someterlo a la fuerza, porque ellos son más violentos, ellos son más fuertes, ellos son menos racionales". Salgado rastrea esa idea hasta Cesare Lombroso, el criminólogo italiano del siglo XIX que creía reconocer al "delincuente nato" por sus rasgos físicos. Sus teorías fueron desmentidas a comienzos del siglo XX, pero parecen seguir presentes en el inconsciente —y en el consciente— de algunos gobernantes y policías que reproducen prejuicios racistas.
Esos prejuicios no llegaron con el cambio de gobierno, y esta violencia tampoco empezó el 7 de agosto. En 2025, el último año completo del gobierno Petro, la plataforma Grita de Temblores registró 94 hechos de violencia policial, tres de ellos homicidios. Y en mayo, tras visitar el país, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para la justicia racial concluyó que en Colombia "persiste un racismo estructural, sistémico e histórico" y que "los jóvenes negros son detenidos y registrados de manera desproporcionada basándose únicamente en estereotipos raciales". Recomendó una reforma estructural de la Policía, incluido su traslado a un ministerio civil, como ya lo había pedido la Comisión de la Verdad en 2022.
La invisibilización también está en las cifras: ni siquiera se sabe cuántos son —o somos— los afrocolombianos. En el censo de 2018, quienes se reconocieron como negros, afrocolombianos, raizales o palenqueros pasaron de 4,3 millones en 2005 a 2,98 millones: más de un millón de personas se esfumaron del conteo. En 2022, la Corte Constitucional consideró injustificada esa omisión, y el DANE, que desde 2019 usa una estimación de unos 4,6 millones, terminó por reconocer errores. En un estudio que le ordenó la Corte, la propia entidad señaló el "racismo estructural e institucional" como causa transversal de la omisión.
Detrás de esa invisibilidad está el mito del mestizaje. Que seamos un sancocho de pueblos indígenas, africanos y europeos no es el problema; el problema es cómo usaron las élites esa mezcla: durante buena parte del siglo XX, mezclarse fue una manera de "mejorar la raza", de diluir lo negro y lo indígena hasta hacerlos desaparecer. Laureano Gómez lo dijo en 1928: "El negro constituye una tara". Veintidós años después fue presidente. Hoy esa idea sobrevive disfrazada: como todos somos mezclados, se dice, en Colombia no hay racismo. Es una coartada: el mestizaje no impidió que el color de la piel siga decidiendo a quién para la Policía, a quién le piden papeles y a quién deja de contar el censo.
La violencia contra los pueblos indígenas
Buena parte de esa violencia la ejercen los grupos armados que se disputan sus territorios, y el Cauca es el epicentro: de los 112 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el país entre enero y agosto, según la Defensoría, 26 cayeron en ese departamento. El 17 de septiembre fueron hallados en zona rural de Rosas, Cauca, los restos de Carmelina González Díaz, mayora sabedora del pueblo yanacona, de 69 años, desaparecida desde febrero. Las circunstancias de su muerte aún no se conocen.
La Comisión de la Verdad concluyó que estas violencias han contribuido al "exterminio físico y cultural" de estos pueblos. Según la Corte Constitucional, al menos 71 de los 115 pueblos indígenas están en ese riesgo.
Guillianna Arrieta Maury, consejera y secretaria general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), lo describe desde adentro en declaraciones para este artículo: "Los bombardeos siguen estando en nuestros territorios, la presencia de grupos al margen de la ley sigue estando en nuestros territorios. Es un tema que bajó de intensidad, pero que no ha desaparecido […]. Los niños tienen que aprender también no solamente la lengua materna, no solamente tienen que aprender matemáticas, español; también tienen que aprender cómo protegerse en medio de las violencias territoriales".
Con ese antecedente, el tono agresivo del gobierno de Abelardo de la Espriella preocupa. El presidente prometió respetar la consulta previa, pero advirtió que eso "no significa cerrar los ojos frente a los abusos" que puedan crearse en torno a ella. Y pasó a los hechos: el 6 de octubre, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció una directiva y un proyecto de ley para agilizar las consultas. El Gobierno también prepara un decreto para tramitarlas en paralelo con la licencia ambiental, y Lara asegura que eliminará el test de proporcionalidad, que se usa cuando Estado y comunidades no llegan a un acuerdo y que, según Cambio, es uno de los pocos mecanismos que estas tienen para reiterar su rechazo a un proyecto. Para la ONIC, que dice agrupar a 88 de los 115 pueblos indígenas, el problema es de fondo: "No se puede seguir satanizando la consulta previa como un obstáculo al desarrollo", dice Arrieta. "Cuando defendemos la consulta previa, estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo el derecho a vivir, y no solamente el derecho a vivir de nosotros como pueblos indígenas, sino estamos defendiendo el derecho al alimento para todos, al agua para todos".
A finales de septiembre, el mismo ministerio publicó un borrador de decreto para crear un sistema de información sobre las guardias indígenas: a qué pueblo pertenecen, dónde operan, cuántos integrantes tienen y quién las dirige. Aunque no incluirá listas con los nombres de sus integrantes, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) advirtió que esa información "podrá convertirse en un mecanismo de seguimiento, vigilancia, estigmatización, individualización o judicialización", y la defensora del Pueblo, Iris Marín, fue tajante: "La Guardia Indígena no necesita ser monitoreada, caracterizada ni gestionada por el Estado".
Para Arrieta, el registro sobra: "Guardia somos todos. Te voy a poner un ejemplo: yo hoy soy consejera, pero yo soy guardia indígena […]. Ya estamos censados, todos los guardias estamos censados, porque todos estamos en los censos que tiene el Ministerio del Interior". No todos en el Cauca piensan igual: el líder indígena Teodomiro Soscué dijo a Semana, según recogió Infobae, que el registro "es algo que hemos venido pidiendo hace tiempo".
El cruce de declaraciones alcanzó incluso a un encuentro indígena. El CRIC convocó una cumbre del 11 al 14 de octubre en Caldono, Cauca, justo sobre el festivo, que varios medios presentaron como una movilización. El presidente dijo: "No voy a permitir bloqueos de ninguna clase, violencia, ni acciones destinadas a paralizar las regiones". Édgar Fernández Paja, consejero del CRIC, respondió que "no es un paro, no es una movilización sobre la vía. Es una reunión interna", y que son ellos quienes están "siendo intimidados con las apreciaciones que da el presidente".
La intimidación también se hace con palabras. De la Espriella llegó al poder prometiendo "destripar" a la izquierda radical, aunque aclaró que lo haría "en el marco de la Constitución y la ley"; ya en la Presidencia, ha acompañado operativos policiales y militares con pistola al cinto, como un pequeño G. I. Joe o un sheriff desorientado de película del Oeste, y promete "mano de hierro" contra los grupos armados. Para Salgado, ese discurso no se queda en la propaganda gubernamental: "El discurso belicista de él, el discurso militarista de él, le da patente de corso a los militares para ejercer la fuerza", y, a su juicio, puede terminar dándoles más fuerza "para que actúen no en razón de la justicia, sino en razón de la fuerza".
Arrieta, de la ONIC, recuerda que los pueblos indígenas no hacen parte activa del conflicto, "pero lo vivimos a diario porque está en nuestros territorios", y rechaza de plano el lenguaje de la política de seguridad, con sus bombardeos y fumigaciones: "No estaremos de acuerdo nunca con este tema de lenguajes, porque son lenguajes orientados siempre a la violencia […]. Van en contra de la vida, van en contra de nuestro territorio".
La preocupación se extiende a las comunidades afrodescendientes. El 24 de septiembre, el mecanismo de expertos de la ONU advirtió que la ofensiva contra los grupos armados y el narcotráfico, junto con una posible reanudación de las fumigaciones aéreas, "podrían profundizar patrones de discriminación racial y criminalización de las personas afrodescendientes". Hay antecedentes: según un auto de la JEP que cita Dejusticia, entre 2002 y 2013 el 77 % de las aspersiones se hizo en territorios étnicos, sin consulta previa.
Mientras tanto, el Gobierno aceleró el cierre del Ministerio de la Igualdad, cuya liquidación ordenó el gobierno Petro en junio porque el Congreso no aprobó a tiempo la ley que exigía la Corte Constitucional: el liquidador ordenó eliminar los cargos de sus cinco viceministerios, entre ellos el de Pueblos Étnicos y Campesinos. Y el Ministerio del Interior prepara un decreto para regular la protesta social que, según El Espectador, contempla la "individualización" de manifestantes que promuevan la violencia o el vandalismo.
Diversidad y realidad
La diversidad no es un desfile de trajes típicos for export, ni mochilas wayuu vendidas en centros comerciales, ni modelos con afros bien cuidados que bailan en batucadas para videos publicitarios. Todo eso también es diversidad, pero lo fundamental es que no seamos discriminados ni violentados por nuestra etnia, nuestros rasgos o nuestro tono de piel; que no suframos los prejuicios y el racismo de policías y autoridades administrativas o judiciales. Lo importante es la igualdad ante la ley, sin importar el aspecto, el género, la orientación sexual, la identidad de género o la condición socioeconómica, y que los derechos y la vida digna, también en lo económico, alcancen para toda la población colombiana.
En Colombia el racismo ha sido estructural, y eso se refleja en las políticas de gobierno, en el abandono estatal de regiones como el Chocó y en la violencia policial de las últimas semanas. La retórica del presidente, que revive la teoría del enemigo interno, sumada a sus políticas, echa más leña al fuego. Que este 12 de octubre sirva para que seamos más conscientes del racismo en Colombia, que atraviesa las instituciones y las relaciones sociales, y contra el que hay que luchar.
