En sus primeros cien días, el gobierno de Abelardo de la Espriella acumuló señalamientos contra opositores, presiones sobre la prensa y decisiones que comprometen garantías para la protesta social y la independencia institucional. Un estudio del Observatorio de la Democracia de ILSA, identificó en 256 hechos seis patrones de desgaste democrático y encontró que 164 representan riesgos graves o pérdida de garantías. La alerta se extiende al proyecto de Estatuto Antiterrorista, que podría convertir las restricciones a derechos en disposiciones legales de largo alcance.
Análisis especial para RAYA por: Clara López Obregón, directora del Observatorio de la Democracia de ILSA, coordinadora del informe Cien días bajo presión
Seis formas de presión sobre la oposición, la prensa, la protesta y las instituciones aparecen conectadas en los primeros meses del gobierno de Abelardo de la Espriella. No es solo una disputa entre políticos: cuando una persona encuentra más obstáculos para informarse, movilizarse o exigir derechos, la democracia puede debilitarse aunque sigan celebrándose elecciones y los jueces continúen funcionando. A ese desgaste gradual de las garantías se le llama erosión democrática. Es el fenómeno que examina el Observatorio de la Democracia del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) en hechos documentados en Colombia entre el 7 de agosto y el 10 de noviembre de 2026.
Los resultados permiten dimensionar la alerta, con una precisión importante: no se trata de una encuesta ni de una medición de toda la democracia colombiana. De 297 hechos reunidos, el equipo evaluó 256. De estos, 117 fueron clasificados como riesgo institucional grave, es decir, una amenaza concreta a las garantías, y 47 como erosión democrática, porque se identificó una reducción efectiva de esas garantías. En conjunto son 164, el 64,1 % de los hechos examinados. Otros 64 quedaron en alerta y 28 fueron considerados compatibles con las reglas democráticas. Tampoco puede atribuirse al Gobierno la responsabilidad por todos los hechos registrados.
El estudio identifica seis formas de presión que pueden reforzarse: tratar al adversario político como enemigo, encarecer la independencia de periodistas y funcionarios, intervenir sobre los derechos y la memoria, exhibir la fuerza como autoridad, concentrar las decisiones en el Ejecutivo y reducir la capacidad del Estado para responder a necesidades sociales y compromisos de paz. Para la ciudadanía esto puede significar menos información sobre lo que hace el poder, mayores obstáculos para participar en una protesta o menos posibilidades de recibir la atención y protección que le corresponden.
Los hechos permiten entenderlo. El DANE canceló una rueda de prensa sobre inflación después de una directiva presidencial que exige autorización para hablar con los medios; se retiraron 47 piezas del Museo Nacional relacionadas con las víctimas y la paz; el Gobierno modificó las reglas para intervenir en protestas; y el presidente de la junta directiva de Ecopetrol calificó como enemigos del Gobierno a varios medios. El equipo contrastó decretos, documentos oficiales, decisiones judiciales y publicaciones periodísticas. Examinó doce asuntos, entre ellos prensa, oposición, justicia, Congreso, fuerza pública, igualdad, presupuesto y derechos sociales. El mayor número de registros estuvo en la administración y los órganos autónomos (51), la fuerza pública y la protesta (37) y el lenguaje oficial (30).
El estudio también registra que existen controles capaces de frenar decisiones: una orden judicial permitió restituir 30 de las 47 piezas retiradas del Museo Nacional y un juez de Mocoa mantuvo suspendido un piloto de aspersión en Putumayo. Su advertencia final mira al borrador del Estatuto Antiterrorista, que al 10 de noviembre aún no había sido radicado formalmente en el Congreso. Según el análisis, algunas de sus disposiciones podrían convertir restricciones cuestionadas en facultades legales más duraderas, con consecuencias para el debido proceso y la posibilidad de reclamar ante la justicia.
A continuación, el análisis que resume el informe Cien días bajo presión, elaborado por ILSA.

1. Por qué esta alerta
Las democracias de nuestro tiempo rara vez caen de un golpe. Se desgastan desde adentro, bajo gobiernos elegidos, mientras las elecciones se siguen celebrando, el Congreso sesiona y los tribunales fallan. El deterioro no llega con el cierre de las instituciones sino con algo más difícil de ver: se presenta al adversario como enemigo, se castiga la independencia, se borran memorias incómodas y se concentran las decisiones. Cada medida, por separado, parece legal, temporal o necesaria. Sumadas, cambian la naturaleza del régimen.
Colombia no es una excepción en un mundo que retrocede. Según Freedom House, 2025 fue el vigésimo año consecutivo de declive de la libertad global: 54 países retrocedieron y solo 35 mejoraron. International IDEA ubicó ese año su indicador de representación en el nivel más bajo desde 2001 y registró retrocesos de la libertad de prensa en 43 países.
Este documento resume, en lenguaje accesible, el primer informe del Observatorio de la Democracia del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), Cien días bajo presión, que examinó los primeros cien días del gobierno de Abelardo de la Espriella, entre el 7 de agosto y el 10 de noviembre de 2026. Su conclusión es una advertencia: la erosión democrática está en curso y está tomando impulso.
Tomar impulso significa que la presión está cambiando de forma. En las primeras semanas predominó la palabra: los señalamientos que presentan a la oposición, la protesta y la memoria como amenazas terroristas. Luego vinieron los actos: retiro de piezas de un museo, cancelación de ruedas de prensa técnicas, salidas de periodistas y funcionarios, exhibición de cuerpos tras los operativos. Ahora llega la tercera fase, la más delicada: convertir esa visión en instrumentos legales. El nuevo protocolo de protesta, las facultades extraordinarias que pide el proyecto de Ley de Rescate, el control previo de la Presidencia sobre la pauta oficial y, sobre todo, el proyecto de Estatuto Antiterrorista darían permanencia jurídica a lo que hasta ahora han sido prácticas. Lo que hoy puede corregir un juez mañana podría estar autorizado por la ley.
La advertencia no es una profecía. El desenlace no está escrito: jueces, órganos de control, periodistas, organizaciones y ciudadanos han conseguido correcciones concretas en estos cien días. Pero las defensas democráticas funcionan mejor cuando se activan a tiempo. Por eso esta alerta se emite ahora.
2. Cómo se erosiona una democracia
La erosión democrática se parece a la de un terreno firme que pierde cohesión por la acción persistente del agua y del viento: el deterioro avanza antes de que aparezcan las grietas. Las instituciones conservan su forma mientras las presiones reiteradas debilitan las garantías y los límites al poder. Para hacer visible ese proceso, el Observatorio trabaja con cuatro ideas sencillas.
- El episodio es la unidad básica: una declaración, decisión, práctica u omisión identificable, con fecha, autor y fuentes.
- La dimensión indica qué garantía está en juego. El Observatorio sigue doce: elecciones, justicia, Congreso, oposición, prensa, fuerza pública y protesta, estados de excepción, igualdad y diversidad, administración y órganos autónomos, obligaciones internacionales y paz, Estado social y lenguaje.
- El patrón aparece cuando una forma de actuar se repite, alcanza a distintos destinatarios y se conecta con decisiones semejantes en otros ámbitos.
- La trayectoria muestra cómo esa práctica empieza, se amplía, encuentra límites o se revierte.
Palabra, diseño y acto
No todo pesa igual. El Observatorio distingue la palabra (un discurso, un señalamiento), el diseño (un proyecto de ley o de decreto), el acto (una decisión ejecutada) y la respuesta a un límite (acatar o desafiar a un juez). Una promesa no prueba su cumplimiento y un proyecto no es una norma vigente. Pero la palabra oficial importa: en Colombia, el señalamiento desde el poder ha precedido a la violencia.
Dos mecanismos que conectan todo
El primero consiste en cambios administrativos dispersos: una autorización previa para hablar con la prensa, una reorganización, un recorte. Cada medida tiene su propio objeto, pero su combinación transforma el funcionamiento de una institución sin suprimir formalmente sus competencias. El segundo es la intimidación, que busca obediencia por anticipado: el señalamiento, la exclusión y la posibilidad de perder acceso, recursos o empleo enseñan a callar a quienes observan. El lenguaje y los símbolos atraviesan ambos mecanismos: preparan la deslegitimación de una persona o un colectivo, o presentan una restricción como defensa de la nación.
El semáforo
Cada episodio recibe una de cuatro valoraciones: compatible, cuando preserva las garantías; alerta, cuando señala un posible deterioro; riesgo institucional grave, cuando hay una amenaza concreta y sustentada; y erosión democrática, cuando hay una reducción efectiva de garantías ligada a una práctica de subordinación.

Valoraciones sobre 256 episodios computables. Fuente: Observatorio de la Democracia, ILSA.
Reglas de lectura
- El semáforo describe el expediente reunido; no mide “cuánta democracia se ha perdido” ni es una muestra estadística del país.
- El color no identifica al responsable: el expediente distingue entre actuaciones del Ejecutivo, de otras autoridades, de particulares y de grupos armados.
- Para examinar los efectos públicos de una actuación no hace falta probar la intención del gobernante. Cuando se infiere un mecanismo, se exponen los hechos que lo sostienen.
- Quien es investigado se presume inocente, y el mismo rasero constitucional se aplica a aliados y adversarios, también al gobierno anterior.
Cómo se hizo este informe
Este documento descansa en un trabajo de investigación sistemático. Entre la posesión presidencial del 7 de agosto y el 10 de noviembre de 2026, el equipo del Observatorio documentó 297 fichas de episodios a partir de fuentes públicas verificables: normas y actos administrativos, decisiones judiciales, documentos oficiales y prensa. Cada ficha tiene fecha, autor, fuentes e identificador estable. 256 integran el balance; las otras 41 se conservan para seguimiento y trazabilidad, sin sumarse a él. Cada episodio se contrastó con explicaciones alternativas, y la solidez de su evidencia se registró en cuatro niveles: indicio identificable, fuente idónea, dos fuentes independientes o documento primario. Varias noticias que repiten una misma denuncia no cuentan como corroboración independiente. Las valoraciones se revisan cuando aparece información nueva, sin borrar la anterior.
De las hipótesis a los patrones. Los patrones que presenta este documento tienen su antecedente en cinco patrones de riesgo que el Observatorio formuló como hipótesis antes de la posesión, en su línea de base con corte al 1 de agosto, a partir de programas, discursos y decisiones de la transición, y que contrastó luego con la posesión presidencial. El seguimiento de los episodios corroboró esas hipótesis, precisó sus mecanismos y las reorganizó en los seis patrones actuales, y detectó los dos mecanismos que los conectan. En el próximo corte, una codificación independiente, hecha sin conocer la clasificación de la dirección del Observatorio, verificará patrones y mecanismos con los episodios nuevos.
La metodología completa, con sus definiciones, reglas de conteo y tablas por dimensión, se encuentra en el anexo metodológico del informe Cien días bajo presión, que puede consultarse en www.ilsa.org.co junto con la matriz de episodios.
3. Lo que encontramos: seis patrones de presión
Los episodios no son hechos aislados. Se agrupan en seis patrones, formas de actuar que se repiten, alcanzan a distintos destinatarios y se refuerzan entre sí, y los conectan los dos mecanismos descritos en el capítulo anterior: los cambios administrativos dispersos y la intimidación. La política exterior no constituye un patrón aparte, pero en ella operan varios de ellos, como se ve al final de este capítulo.
3.1 Patrón 1: El adversario convertido en enemigo
El 1 de septiembre, al posesionar a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, el presidente atribuyó al gobierno anterior intentos de alterar la voluntad popular mediante vínculos con estructuras terroristas. Lo hizo ante el órgano que resuelve las controversias de la competencia política, y contra la fuerza que hoy ejerce la oposición.
El señalamiento se extendió luego a la protesta. Ante un bloqueo en la avenida Circunvalar de Bogotá, el presidente habló de “terrorismo urbano” y llamó “bandidos” a quienes participaban; volvió a usar esa expresión para los incidentes de las marchas del 14 de octubre. Y alcanzó a la memoria: el discurso del sector Cultura del 15 de octubre asoció a la apología del terrorismo los homenajes que ordenó retirar, entre ellos los de Carlos Pizarro, presentados como una “oda al terrorismo” sin mencionar su tránsito a la vida civil.
Oposición, protesta y memoria quedan así bajo una misma sospecha. Un bloqueo puede generar responsabilidades que deben individualizarse; una calificación general, en cambio, convierte a quienes reclaman en enemigos que hay que neutralizar. Por eso la dimensión de oposición es la más golpeada del expediente: cuatro de sus seis episodios son de erosión.
3.2 Patrón 2: El costo de la independencia y el aprendizaje de la autocensura
El segundo patrón hace que actuar con independencia cueste acceso, empleo o interlocución, y cada costo advierte a los demás. La lista que el entonces candidato envió al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, fue seguida de la revocación de visas a algunas de las personas incluidas, aunque no está probado que cada revocación responda a esa lista.
La presión alcanza a la información técnica y al disenso gremial. En septiembre, el DANE canceló su rueda de prensa sobre inflación en aplicación de una directiva presidencial que exige visto bueno para hablar con la prensa; después salió su director, Ricardo Valencia. Según La Silla Vacía, el veto a Bruce Mac Master se acompañó de llamadas que condicionaban el acceso de la ANDI al Gobierno a su salida de la presidencia del gremio; el Ejecutivo negó haber intervenido.
La prensa está bajo presión en tres frentes. El presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol calificó como enemigos del Gobierno a La Silla Vacía, a su directora Juanita León y a la revista Cambio. Camila Zuluaga, Ana Cristina Restrepo y Vladdo fueron cesados por sus empleadores, y los funcionarios se retiraron del Festival de las Ideas. Las instrucciones que centralizan entrevistas y vocerías dejan menos fuentes capaces de explicar y controvertir la versión oficial. Y el artículo 8 del proyecto de Ley de Rescate exige el visto bueno previo y escrito del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) para la pauta oficial del gobierno nacional: aunque incluye obligaciones de transparencia, concentrar esa autorización en la Presidencia amplía su capacidad de condicionar la relación económica con los medios. Sin atribuir cada salida a una orden presidencial, la secuencia permite inferir un mecanismo de presión. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha advertido sobre censura indirecta.
Aparte de este patrón, la prensa enfrenta también la coacción de los grupos armados. La noche del 7 de noviembre, Caracol Televisión evacuó su sede tras una alerta de posible atentado del ELN contra ese canal y RCN. Esa amenaza restringe la información de todos y exige investigación y protección; ninguna amenaza armada, sin embargo, justifica atribuir colaboración criminal a la oposición.
3.3 Patrón 3: La guerra cultural como intervención sobre derechos y memorias
El gobierno anunció una “batalla cultural” y la llevó a las instituciones. Del Museo Nacional se retiraron 47 de las 426 piezas examinadas en dos salas, vinculadas a la diversidad sexual, las luchas de las mujeres, la paz, las víctimas y el proceso constituyente: entre ellas, los afiches de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, candidatos presidenciales de izquierda asesinados en la contienda de 1990; la Séptima Papeleta y el bolígrafo con que se firmó el Acuerdo de Paz. Quienes protestaron frente al museo fueron dispersados con tanqueta de agua el 17 de octubre. Entre el 29 y el 30 de octubre se restituyeron 30 piezas por orden judicial, y el Gobierno impugnó el fallo.
La exclusión llega también a la reparación de las víctimas. Se aplazaron de manera reiterada las medidas de reparación a la Unión Patriótica ordenadas por la Corte Interamericana —documental, monumento, placas y campaña contra la estigmatización—, y se retiró la conmemoración de Miguel Ángel Díaz Martínez, trabajador de Colcultura y militante de la UP desaparecido en 1984. Un gobierno puede discrepar sobre curaduría; no puede tratar como propaganda del adversario las memorias que el Estado está obligado a restituir.
3.4 Patrón 4: La coerción como demostración de autoridad
Desde una posesión en la que lo militar ocupó el lugar central, el presidente ha construido una representación armada de su autoridad. Aparece con pistola al cinto en actos oficiales, como la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano en Valledupar el 5 de octubre. Vistió uniforme camuflado y boina de fuerzas especiales en el Catatumbo y encabezó patrullajes armados en Santa Marta y otras capitales. Esa imagen se volvió política pública con el Decreto 1368 del 8 de septiembre, que levantó la suspensión general de los permisos de porte de armas.
La exhibición pública de cuerpos tras los operativos, en Guaviare y Riohacha, y de personas detenidas continuó después de las advertencias de la Defensoría del Pueblo y dio lugar a una orden judicial sobre esas publicaciones. Cuando el jefe de un Estado civil se presenta como combatiente, la seguridad se asocia con el arma antes que con la ley; el uso de la fuerza se vuelve espectáculo, y quien disiente o está bajo custodia es humillado y queda inscrito en una lógica de enemigo, sin atención al debido proceso.
En la víspera de las primeras marchas contra su gobierno, el presidente firmó el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, que modificó el protocolo de protesta expedido en 2021 en cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. El diálogo sigue siendo la primera opción, pero deja de ser obligatorio cuando la violencia sea el factor principal de la protesta. Durante la consulta del borrador, la exdefensora del Pueblo de Bogotá Lina García advirtió que el texto no precisaba qué se entiende por violencia. En el puesto de mando de esa jornada, la Defensoría pidió moderar el uso de la fuerza frente a la resistencia de los mandos y del ministro de Defensa. Y la muerte del joven afrodescendiente Donovan Balanta bajo custodia policial, junto con las denuncias sobre menores muertos en bombardeos, exige investigaciones individualizadas: el caso de Balanta ya dio lugar a capturas e imputaciones por homicidio y tortura.
3.5 Patrón 5: Concentración de decisiones y debilitamiento de las autonomías
El quinto patrón acumula decisiones en el Ejecutivo y reduce la capacidad de otros para conocerlas o limitarlas. El proyecto de Ley de Rescate pide seis meses de facultades extraordinarias para reorganizar ministerios y entidades. El Fondo Milagro concentra los recursos de la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto en una fiducia sin fecha fija de terminación, y el presupuesto de 2027 eliminó el reporte semestral detallado sobre los recursos administrados mediante fiducias mientras autorizó reorientar saldos hacia ese fondo. La representante Catherine Juvinao denunció reglas de contratación que permitirían demorar la publicación de contratos y ampliar la contratación directa.
La presión alcanza también a los jueces. El 25 de septiembre, tres días después de que un juez de Mocoa mantuviera suspendido el piloto de aspersión en el Putumayo, el presidente pidió que la justicia estadounidense revisara a quienes se opusieran a la fumigación. Invocar consecuencias en el exterior encarece decidir con independencia, aunque la sanción nunca llegue.
Al mismo tiempo, los órganos de control pierden capacidad material: se reporta la parálisis de la Comisión de Investigación y Acusación por falta de recursos, y el Gobierno pidió aplazar una sesión de control político sobre la reconstrucción. Más poder con menos seguimiento es la fórmula de la concentración.
3.6 Patrón 6: El Estado social y la paz pierden capacidad de cumplimiento
La democracia no vive solo de libertades: necesita que los derechos se puedan ejercer. El proyecto de Ley de Rescate baja la tarifa de renta de las empresas del 35 % al 31 % en 2028, aumenta las cargas sobre el consumo y los aportes a la salud y propone recortar en 2028 un 20 % del gasto de personal del Estado. La JEP tendría en 2027 $651.803 millones, frente a $821.803 millones proyectados. Los 50 centros de desarrollo infantil del Cesar suspendieron la atención desde el 31 de octubre durante un cambio de operadores, y la Procuraduría pidió reabrir el registro de damnificados del terremoto por la exclusión de familias rurales y étnicas.
Estas decisiones recaen sobre uno de los países más desiguales del mundo: según el World Inequality Report 2026, el 10 % de mayores ingresos recibe el 59,9 % del ingreso total y la mitad más pobre apenas el 6,6 %. Cuando el ajuste pesa más sobre quienes menos tienen, la desigualdad se convierte también en desigualdad política.
3.7 Cómo se conectan los patrones
Los patrones no operan por separado. La intimidación une los tres primeros con el cuarto: el señalamiento de la oposición como terrorista, la salida de periodistas y del director del DANE y la exhibición de cuerpos y detenidos advierten a quienes observan qué cuesta disentir, aunque a ellos todavía no les haya pasado nada. Los cambios administrativos dispersos sostienen el quinto y el sexto: una autorización previa para hablar con la prensa, un reporte sobre fiducias que se suprime, una reorganización que reduce capacidades de protección. Cada medida tiene su propio objeto y ninguna, por sí sola, parece grave; sumadas, transforman el funcionamiento de las instituciones sin suprimir formalmente sus competencias. El lenguaje oficial recorre ambos mecanismos: prepara la deslegitimación de una persona o presenta una restricción como defensa de la nación. Por eso el diagnóstico no depende de un episodio, sino de su acumulación.
3.8 Un realineamiento externo sin control democrático
En la política exterior se repiten dos de los patrones: la concentración de decisiones sin control (Patrón 5) y el uso de sanciones extranjeras como advertencia contra el disenso (Patrón 2). La política exterior cambió de rumbo sin debate público suficiente. La oficina jurídica de la Cancillería reconoció no tener información suficiente sobre el Escudo de las Américas, promovido por Estados Unidos, al que el Gobierno anunció su adhesión. Colombia reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y trasladó su embajada a Jerusalén, en contravía del marco de Naciones Unidas; retiró su declaración de intervención ante la Corte Internacional de Justicia en el caso Sudáfrica contra Israel, salió del Grupo de La Haya y votó contra el fin del embargo a Cuba, rompiendo con una posición sostenida por gobiernos de todo el espectro político. Las obligaciones internacionales subsisten; lo que se debilita son los instrumentos para cumplirlas y la autonomía para decidir.
4. El salto que viene: el proyecto de Estatuto Antiterrorista
Si los patrones descritos muestran hacia dónde se mueve el poder, el proyecto de Estatuto Antiterrorista muestra cómo podría quedar instalado. El informe Cien días bajo presión lo registró como un instrumento potencial; aquí lo examinamos a fondo porque es, de todas las iniciativas del Gobierno, la que con mayor probabilidad podría convertir la erosión en curso en un recorte duradero de la democracia.
En qué va
El Gobierno anunció el estatuto como la pieza central de su política de seguridad. El Consejo Superior de Política Criminal emitió concepto favorable el 15 de octubre, por 11 votos contra 3, pero al 10 de noviembre el proyecto aún no había sido radicado formalmente en el Congreso. Se anuncia su trámite con mensaje de urgencia ante las comisiones primeras. Como ley estatutaria, necesita mayoría absoluta en ambas cámaras, aprobación en una sola legislatura y revisión previa de la Corte Constitucional. Son exigencias altas, pero el Gobierno cuenta con mayorías en el Congreso y el presidente del Senado, Honorio Henríquez, ya lo calificó de herramienta “necesaria, urgente e inaplazable”. Su aprobación es una posibilidad real.
Lo que sigue se basa en el borrador conocido públicamente, de 116 páginas, y en los análisis de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), La Silla Vacía y el Centro de Estudios Socio-Jurídicos Latinoamericanos (CESJUL). El texto que finalmente se radique podría cambiar, y así lo seguiremos.
Qué propone y por qué preocupa
Fuentes de la tabla: Pares, CESJUL y La Silla Vacía.
Por qué es la pieza más peligrosa
El estatuto no aparece en el vacío. Llega después de cien días en los que el Gobierno ha llamado “terrorismo” a la protesta, “apología del terrorismo” a la memoria y ha atribuido vínculos terroristas a la oposición (apartado 3.1). El discurso ya construyó la categoría; el estatuto entregaría el instrumento. Con definiciones abiertas y un registro manejado por el Ejecutivo, la distancia entre señalar a alguien como terrorista y congelarle las cuentas, suspender su organización o restringir sus movimientos se reduciría a un acto administrativo.
Como lo planteó Clara López Obregón, no corresponde a la oposición demostrar que esas facultades serán usadas inevitablemente en su contra: corresponde al Gobierno justificar por qué pretende poderes cuyo diseño facilita el abuso. Y los controles posteriores no resuelven el problema, porque “una organización comercial, política o social puede quedar paralizada antes de obtener una decisión favorable”. Laura Bonilla, de Pares, lo describe como un “caballo de Troya”: un paquete de seguridad que esconde la pérdida de garantías, del debido proceso y de los controles sobre la Presidencia.
La Corte Suprema de Justicia, en su concepto sobre el proyecto, reconoció que persigue un fin constitucionalmente legítimo, pero advirtió posibles choques con la Constitución: la inclusión en el registro no puede ser, por sí sola, prueba de culpabilidad; los bienes no pueden terminar confiscados, lo que la Constitución prohíbe, sin demostrar su vínculo con actividades ilícitas; y no pueden imponerse restricciones por pertenecer a una organización sin pruebas suficientes y control judicial. Su principal debilidad jurídica, según la Corte, es hacer depender consecuencias penales y patrimoniales severas de un registro administrativo.
Lo que tiene de legítimo y lo que enseña la experiencia
Combatir los ataques contra civiles, la extorsión y las economías criminales es una obligación del Estado. El borrador incluye medidas útiles que la sociedad civil también ha pedido, como el control de drones y del oro de origen ilícito. El problema no es perseguir el terrorismo, sino hacerlo con un diseño que permite castigar al inocente.
La historia ofrece advertencias claras. Según Pares, el Estatuto de Seguridad de 1978 dejó a muchos civiles e inocentes como víctimas de la represión. El estatuto antiterrorista que el Congreso aprobó en 2003 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en 2004 por vicios de trámite. Fuera del país, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló en 2008 un congelamiento de bienes porque las pruebas no se revelaron al afectado (caso Kadi), y la Corte Interamericana condenó a Chile en 2014 por aplicar definiciones vagas de terrorismo contra líderes mapuches (caso Norín Catrimán).

5. La memoria como advertencia
Nuestra historia impide considerar estos peligros como hipótesis remotas. Abelardo Forero Benavides mostró cómo el sectarismo y la arbitrariedad del poder alimentaron la violencia entre liberales y conservadores. Décadas después, el exterminio de la Unión Patriótica mostró de nuevo lo que cuesta negarle al adversario su lugar en la vida política.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de julio de 2022 declaró la responsabilidad internacional de Colombia por las violaciones cometidas contra integrantes y militantes de la UP. En los párrafos 412 a 414, la Corte examinó cómo la identificación de la UP con las FARC y las declaraciones de altas autoridades aumentaron su vulnerabilidad. La lección es decisiva para el presente: el señalamiento desde el poder puede elevar el riesgo de una población aunque no adopte la forma de una orden de ataque.
La Comisión de la Verdad identificó la estigmatización y la extensión de la noción de “enemigo interno” como mecanismos que golpearon a organizaciones políticas y sociales, a defensores de derechos humanos y a sindicalistas. El daño comienza cuando la identidad, la organización o la crítica pasan a funcionar como indicios de peligrosidad: quien protesta debe demostrar primero que no es una amenaza, y el periodista que entrevista a un actor armado debe defenderse de la sospecha de complicidad.
Registrar estigmatización, presiones o abusos no demuestra una política de exterminio ni permite atribuir al Ejecutivo toda amenaza privada. Esa precisión no debilita la advertencia; la fortalece. Si aquella persecución pudo ocurrir, no hay razón sensata para entregar nuevas facultades ambiguas al Ejecutivo. La memoria exige impedir las condiciones que hacen posible el abuso, sin esperar a que se repita una tragedia para reconocer el peligro.
6. Los controles funcionan, pero no bastan
Estos cien días también muestran que la democracia colombiana tiene defensas activas:
- Por orden judicial, entre el 29 y el 30 de octubre se restituyeron 30 de las 47 piezas retiradas del Museo Nacional.
- El piloto de aspersión en el Putumayo sigue suspendido por decisión de un juez de Mocoa.
- La Policía revocó, mediante la Resolución 586 del 28 de octubre, una licitación de medicamentos por $1,45 billones tras una investigación de la revista Cambio.
- La muerte de Donovan Balanta dio lugar a suspensiones de agentes, capturas e imputaciones por homicidio y tortura.
- Un juez ordenó a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, de la primera dama, responder en 48 horas sobre las donaciones que promovió públicamente.
- La moción de censura contra el ministro de Vivienda fue negada (61 votos contra 27), pero obligó a comparecer y a rendir cuentas.
- La Defensoría, la FLIP y la Corte Suprema de Justicia han emitido advertencias oportunas, incluida la de la Corte sobre el Estatuto Antiterrorista.
Pero activar un control, obtener una orden y lograr que se cumpla son tres cosas distintas. Una orden pendiente de cumplimiento no es una garantía recuperada, y una corrección puntual puede coexistir con la repetición de la práctica en otro ámbito. Además, si el Estatuto Antiterrorista se aprueba tal como está diseñado, muchos de estos controles llegarían tarde: el daño se produciría antes de que un juez pudiera intervenir.
7. Conclusiones
- La erosión es real y está documentada. No se trata de una impresión ni de una diferencia ideológica con el Gobierno. De 256 episodios documentados con fuentes, 164 (el 64,1 %) fueron valorados como riesgo institucional grave o erosión democrática. Cada uno puede verificarse.
- Es sistemática, no accidental. Los episodios sostienen seis patrones que se refuerzan entre sí y tienen su antecedente en las hipótesis de la línea de base: el señalamiento prepara la exclusión, los cambios administrativos dispersos la imponen sin suprimir formalmente las instituciones y la intimidación disuade a quien podría reclamar. Ninguna medida aislada explica el diagnóstico; su combinación sí.
- El blanco principal es el disenso. La oposición es la dimensión más golpeada en proporción (cuatro de seis episodios son de erosión), y la presión alcanza también a la prensa, la protesta, la memoria, los jueces y los funcionarios técnicos. Lo que se erosiona es la posibilidad de contradecir al poder.
- La seguridad se usa para concentrar poder. La representación armada del mando, el levantamiento de la restricción al porte de armas, el nuevo protocolo de protesta y el proyectado Estatuto Antiterrorista comparten una lógica: ampliar la discrecionalidad del Ejecutivo en nombre del orden y reducir los controles que la limitan.
- La erosión está cambiando de fase: de la palabra a la ley. Hasta ahora, la mayor parte de las afectaciones han sido prácticas que un juez puede corregir. El Estatuto Antiterrorista, las facultades extraordinarias y el control de la pauta oficial les darían respaldo legal y permanencia. Por eso los próximos meses son decisivos.
- El ajuste social debilita las bases materiales de la democracia. Recortes a la paz, a la primera infancia y a la reparación de las víctimas, junto con alivios tributarios a las empresas, reducen la capacidad de ejercer derechos en uno de los países más desiguales del mundo.
- Las defensas funcionan, pero llegan tarde. Jueces, órganos de control, prensa y ciudadanía han conseguido correcciones reales. Sin embargo, actúan después del daño, y el diseño del estatuto haría que llegaran todavía más tarde.
- Todavía estamos a tiempo. El Congreso y la Corte Constitucional tienen en sus manos, en los próximos meses, la decisión más importante: permitir o impedir que la sospecha contra el adversario se convierta en ley.
8. Recomendaciones
Detener la erosión exige medidas concretas, cada una con responsable, plazo, recursos y evidencia de cumplimiento. Proponemos cinco prioridades urgentes y tareas específicas para cada actor.

Gobierno nacional
- Asumir un compromiso público de no estigmatización hacia la oposición, la prensa, los jueces y las organizaciones sociales.
- Revisar las instrucciones que centralizan entrevistas y vocerías y publicar sus reglas.
- Restituir las piezas del Museo Nacional y restablecer la conmemoración de Miguel Ángel Díaz Martínez, en consulta con su familia.
- Publicar los compromisos adquiridos con Estados Unidos en materia de seguridad y de minerales estratégicos y tierras raras, incluido el Escudo de las Américas, y someterlos al control del Congreso.
- Rendir cuentas periódicas y públicas sobre el Fondo Milagro y restablecer el reporte semestral sobre los recursos administrados mediante fiducias.
Congreso de la República
- Convocar audiencias públicas sobre el Estatuto Antiterrorista con participación de la Procuraduría, la Defensoría, la academia, la prensa y las organizaciones sociales, antes de cualquier votación.
- Limitar las facultades extraordinarias de la Ley de Rescate a objetivos precisos y verificables, y examinar el reparto de las cargas tributarias y el efecto de los recortes sobre las funciones del Estado.
- Adelantar debates de control político sobre los Decretos 1525 y 1368 y sobre la exhibición de cuerpos tras los operativos.
- Dotar de recursos a la Comisión de Investigación y Acusación para que pueda cumplir su función.
Jueces y órganos de control
- Corte Constitucional: aplicar un escrutinio estricto al Estatuto Antiterrorista, si es aprobado, a la luz de la experiencia de 2004 y de los estándares interamericanos.
- Procuraduría y Defensoría: reclamar su participación en cualquier procedimiento de designación de terroristas y acompañar las movilizaciones con observación independiente.
- Jueces: verificar el cumplimiento material de sus órdenes, no solo su expedición.
- Fiscalía: llevar hasta el final las investigaciones por la muerte de Donovan Balanta y las denuncias sobre menores muertos en bombardeos.
Partidos, organizaciones sociales y prensa
- Promover una amplia convergencia democrática plural por las garantías que incluya a gremios, sindicatos, iglesias, universidades y medios, sin distinción de orientación política.
- Documentar con rigor, separando hechos, inferencias y opiniones, y aportar información al Observatorio para el seguimiento de los episodios.
- Hacer pedagogía ciudadana sobre los riesgos del Estatuto Antiterrorista en un lenguaje que cualquier persona pueda entender.
- Exigir protección efectiva para periodistas, defensores y líderes sociales, sin distinción de orientación política.
Comunidad internacional
- Pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las relatorías de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, derecho de reunión y lucha contra el terrorismo que hagan seguimiento al trámite del estatuto y al cumplimiento de las medidas de reparación a la Unión Patriótica.
Lo que vigilaremos en el próximo corte
El Observatorio verificará en su próximo informe si las medidas fueron anunciadas, adoptadas, ejecutadas y sostenidas, y si llegaron a quienes debían beneficiar. En particular seguirá el texto radicado del Estatuto Antiterrorista y su trámite; la restitución completa de las piezas del Museo Nacional; el acceso de la prensa a fuentes oficiales; las correcciones al registro de damnificados; el avance de las investigaciones penales; y la continuidad de las protecciones judiciales ya obtenidas. Además, una codificación independiente de los episodios nuevos verificará si los seis patrones y los dos mecanismos siguen describiendo lo que ocurre.
La democracia no se pierde de un día para otro, ni se defiende de una sola vez. Se sostiene cuando una persona puede disentir sin represalias, una comunidad recibe atención y una víctima obtiene protección y reparación. Esa es la promesa de la Constitución de 1991. Defenderla es tarea de todos, y el momento es ahora.
