Aunque el Congreso creó el Ministerio de Igualdad y Equidad para cobijar a las poblaciones minoritarias en el país, la Corte Constitucional le puso caducidad 2026 por vicios de trámite. Ahora, el legislativo deberá resolver si renueva su vigencia tras la radicación del proyecto de Ley del Gobierno. Si eso no sucede, políticas como el sistema Salvia contra feminicidios y programas como el de Hambre Cero contra la desnutrición, podrían desaparecer y con ello la promesa de que Colombia supere el remoquete de ser el país más desigual de América Latina.
Por Redacción Raya
Según el último informe de desigualdad del Banco Mundial, publicado en 2024, solo Sudáfrica y Namibia superan a Colombia como los países más desiguales del mundo. Las mayores ganancias del desarrollo económico de la nación quedan en manos de unos pocos colombianos. La brecha es profunda y recae especialmente sobre poblaciones históricamente marginadas: mujeres, comunidades afrodescendientes, indígenas, población LGBTIQ+ y víctimas del conflicto armado.
La respuesta institucional del actual gobierno de Gustavo Petro fue articular una serie de programas bajo un ministerio creado en junio de 2023, denominado de la Igualdad y la Equidad. A diferencia de entidades anteriores, como la Consejería Presidencial para la Mujer o el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), este ministerio centraliza y jerarquiza la lucha contra las desigualdades con un enfoque interseccional. Sin embargo, esa institución —impulsada inicialmente por la vicepresidenta Francia Márquez— podría tener los días contados. La Corte Constitucional, en mayo de 2024, anuló la ley que dio luz verde a ese ministerio. Según el alto tribunal, se habrían cometido errores en su trámite.
El pasado 30 de abril, el ministro Carlos Rosero —quien reemplazó a Márquez al frente de la entidad— volvió a radicar un articulado para salvar el ministerio. Espera que, esta vez, logre superar el difícil camino del trámite legislativo en un Senado mayoritariamente opositor.
El proyecto de ley para la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad se presenta como respuesta a la Sentencia C-161 de 2024, en la que la Corte Constitucional determinó que el trámite de la Ley 2281 de 2023 incumplió los requisitos de análisis de impacto fiscal. El fallo otorgó al Gobierno Nacional un plazo de dos legislaturas (2024-2025 y 2025-2026) para radicar una nueva propuesta que atienda estas observaciones.
En un desayuno con periodistas el pasado 29 de abril, el ministro afirmó que confía en que el Ministerio va a continuar y que no contempla otras hipótesis: “Eso significa que sus programas —en concreto, sus políticas—, tanto para avanzar en el cierre de brechas como en la reducción de la pobreza, van a continuar. Todavía no hemos entrado en profundidad a considerar otra hipótesis”.
Colombia y su matriz de desigualdad
El índice Gini es el instrumento global que se utiliza para medir la desigualdad. Se supone que una sociedad es más igualitaria si se acerca a 0 y es la más desigual posible si se acerca a 1. En esa medida, América Latina, la región que peor marca en ese indíce de todas, tiene un promedio de 0.45. Colombia, el peor rankeado en la región, tiene una valoración de 0.548.
Esta desigualdad se refleja en varios síntomas: el 10% de la población colombiana concentra el 61% de los ingresos del país y el 1% más rico es dueño de toda la riqueza. Otra forma de entender esa concentración es que, por cada 100 dólares de riqueza generada, 45 van al 1% más rico y 12.4 dólares al 90% más pobre.
Y hay regiones, habitadas por poblaciones históricamente marginadas: afrodescendientes, indígenas, campesinos, donde la distribución y el impacto de la pobreza es aún mayor. En La Guajira, departamento indígena, o el Chocó, departamento afrodescendiente, dos de cada tres personas son pobres. En Boyacá, región de tradición campesina, una de cada tres personas lo es.
Ante ese contexto, el ministerio promueve una serie de programas en distintos frentes, pero, según Rosero, sobre todo políticas que buscan luchar contra esa desigualdad en el largo plazo: “Esperamos que las políticas tengan una vida mucho más larga. Cada política tiene su propia historia, su propio recorrido. Por ejemplo, hay algunas que afectan directamente a quienes tienen relación con los pueblos indígenas. Las leyes y políticas estarán sometidas a espacios de participación (Espacio Nacional de Consulta). Una vez que pasen por allí, seguirán un largo camino.”
El ministerio trabaja por sacar adelante, por ejemplo, una política contra la discriminación racial. Además de docenas de programas en cabeza de cinco viceministerios que atienden poblaciones específicas: juventud, pueblos étnicos y campesinos, territorios excluidos y superación de la pobreza, diversidades y mujeres.
Este último, por ejemplo, busca articular distintos esfuerzos de lucha contra los feminicidios que están dispersos en varias instituciones del Estado. En 2024, Colombia registró una cifra histórica en ese flagelo: 886 mujeres fueron asesinadas por razón de su género. Fue el año con más feminicidios en la historia reciente.
Ante eso, el Ministerio adelantó un programa que es el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género —“Salvia”—. El sistema cohesiona todos los esfuerzos de protección a la mujer, hoy dispersos en varias instituciones.
“Trabajé en el decreto de Salvia. Y viene con dos cosas muy importantes: un componente de pedagogía y 32 enlaces territoriales para la territorialización de Salvia. Entonces, esto se ata a lo que estaba diciendo de fortalecer territorialmente los mecanismos articuladores, que son, pues, todas las entidades encargadas de prevenir los feminicidios”, explicó una funcionaria del Viceministerio de Mujeres.
Así como ese programa, el Ministerio adelanta otro como promoción de sistemas económicos para pueblos étnicos y campesinos, Casa de la Dignidad para mujeres víctimas de violencia, programas que atienden la salud mental de los jóvenes u otros como el de Hambre Cero, que entregarían bonos canjeables por alimentos en un país donde más del 30% de la población vive en inseguridad alimentaria.
El difícil paso por el Congreso: el obstáculo final
Sobre el Ministerio, sin embargo, también han recaído varias críticas. Las más comunes tienen que ver con la baja ejecución y la burocratización de programas que ya existen en otras entidades.
Y es que, según el ministro Rosero, la institución tuvo enormes trabas para empezar a funcionar. Era, al fin y al cabo, una entidad creada desde cero. “Para tener una idea, de la contratación: aquí había entre 83 y 84 pasos. Y solo para transitar el proyecto, una vez formulado, hasta la contratación, bueno, alrededor de 32.”
Dice que esas dificultades ya son obstáculos en vía de superación de cara a lo que viene. Han logrado reducir los tiempos y los pasos para moverlo hacia adelante.
“De alguna forma eso es como la canción, crear una casa en el aire. Entonces empieza de arriba hacia abajo: primero tienes una ley, luego nombras a la ministra, así hasta el final, donde tienes que enfrentar la siguiente realidad”, explicó.
El nuevo proyecto, estructurado en 16 artículos, incorpora ajustes formales exigidos por la Corte, sin alterar el fondo de la iniciativa original aprobada en diciembre de 2022. Su objetivo central es garantizar la continuidad institucional del Ministerio mediante el cumplimiento de los requisitos fiscales y manteniendo intacta la esencia de la propuesta: combatir la desigualdad desde una entidad rectora.
Frente al enorme desafío que es buscar la ley que lo deje en firme ante un Senado que se ha opuesto y hundido las principales reformas del actual gobierno, dijo confiar en los congresistas. “Estamos seguros de que la mayoría del Congreso, en el fondo de sus corazones, sabe que el Ministerio de la Igualdad tiene una oportunidad de hacer un trabajo importante en el mundo. Porque tanto ellos como nosotros recorremos los territorios y sabemos lo que está pasando allí”.
