La transición a energías renovables debe abordar los costos sociales y ambientales de los combustibles fósiles, responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. En Perú, los pasivos ambientales y el derrame de La Pampilla evidencian los daños de la industria. En Colombia, la minería de carbón y los proyectos energéticos impactan a comunidades étnicas y campesinas.
Especial para RAYA por Anna Cartagena y Sofía Vargas
Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI)
En Colombia y Perú, el compromiso hacia una transición energética que abandone los combustibles fósiles enfrenta importantes desafíos, tanto en términos de justicia social como ambiental. Organizaciones de ambos países como CooperAcción, Oxfam y el Natural Resource Governance Institute (NRGI) intercambian visiones y opiniones con líderes indígenas, activistas y expertos exponiendo tensiones entre los proyectos extractivos y los derechos de las comunidades y la biodiversidad en estos territorios.
Por ejemplo, en Perú, la presencia de 3,200 pasivos ambientales (daños al ambiente acumulados, infraestructura abandonada, y suelos contaminados, entre otros) ocasionados por la industria petrolera ilustra el costo de décadas de explotación. Según Paul Maquet, coordinador de programa en CooperAcción, uno de estos pasivos requiere más de 5,000 millones de soles “para su remediación”, lo que representa más del doble de los ingresos fiscales generados por el sector en el departamento de Loreto. Este hecho plantea una cuestión esencial: ¿quién asumirá la carga financiera para reparar los daños de la industria extractiva?
Por su parte, Mercedes Yovera Espinoza, presidenta del Consorcio de Organizaciones Sociales de Pescadores, Armadores Artesanales y Conexos de Ventanilla, Región Callao (COSPAAVRC), denunció el desastre ambiental derivado del derrame de petróleo de la Refinería La Pampilla, gestionada por Repsol en Perú. Yovera afirmó que las familias pesqueras aún enfrentan graves consecuencias económicas y sociales y, aunque especialistas contratados aseguran que el mar está “limpio”, las comunidades afectadas insisten en que los impactos persisten. Este desastre, según los líderes sociales, es emblemático de los costos que la industria extractiva impone sobre las poblaciones locales sin que se les ofrezca una compensación justa y efectiva.
En Colombia, la crisis del modelo extractivo afecta también a comunidades como el pueblo Wayuu en la región de La Guajira, donde el Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, opera desde 1984. Dulcy Cotes, representante de Fuerza de Mujeres Wayuu, señaló que este modelo extractivo ha llevado al confinamiento de su pueblo y la pérdida de territorios ancestrales. Además, alertó sobre los efectos de los parques eólicos promovidos como alternativas ‘limpias’, que también generan conflictos en la zona sin tomar en cuenta las necesidades y derechos de las comunidades indígenas. También advirtió sobre las actividades de exploración de gas en su territorio y los impactos socioambientales que se están generando desde la etapa de exploración.
Los combustibles fósiles, como el carbón, petróleo y gas, son los que más contribuyen al cambio climático mundial, ya que representan más del 75 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y casi el 90 % de todas las emisiones de dióxido de carbono, según informes de Naciones Unidas.
Un informe de NRGI sugiere que, en el caso peruano, la explotación de hidrocarburos en la Amazonía podría no ser económicamente viable a largo plazo debido a la reducción de los precios internacionales y al estancamiento de la inversión en el sector. Aunque el gas podría tener mayor viabilidad económica, se recomiendan estrategias de diversificación económica y energética para no depender de un recurso con reservas finitas y transitar hacia energías más limpias en el contexto del cambio climático. “La salida de los hidrocarburos debe considerar medidas de reforma fiscal, diversificación económica, planificación energética integral y una salida responsable del sector que garantice la remediación y compensación de las comunidades afectadas por los pasivos de la industria”, destacó Sofía Vargas, coordinadora de proyectos de NRGI.
¿Cómo avanzar entonces hacia una transición energética justa y equitativa en estos países? El llamado a una transición energética justa resuena con fuerza en Colombia y Perú, donde los impactos de la industria extractiva y la vulneración de los derechos de las comunidades han dejado una huella profunda y marcan las agendas de la COP16 de Biodiversidad, que se desarrolló en la ciudad de Cali. Esta fue precisamente una oportunidad para que los Estados asumieran compromisos firmes hacia un futuro sostenible, lejos de los combustibles fósiles y con la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades en el centro de la agenda climática.
La ministra de Ambiente de Colombia y presidenta de la COP16, Susana Muhamad, ha resaltado en varias intervenciones la relación intrínseca entre los combustibles fósiles y el cambio climático, destacando la urgencia de adoptar un modelo energético diferente. En este sentido, la transición hacia energías renovables presenta una oportunidad, pero si no se gestionan adecuadamente los recursos, existe el riesgo de replicar patrones de desigualdad e injusticia en los territorios.
“La transición no puede cerrar los ojos frente a la deuda ambiental histórica que ha generado un siglo de matriz petrolera, que en Perú ha significado más de 3,200 pasivos petroleros y un costo fiscal de 5,000 millones de soles en un solo lote. Se deben garantizar derechos en el proceso de transición energética. Si seguimos con el patrón actual, solo se intensificarían las condiciones de extractivismo en las regiones productoras de minerales de transición”, sentenció Paul Maquet, de CooperAcción.
Las claves pasan por respetar los derechos de las comunidades, promover procesos participativos y también por remediar los daños ambientales generados por décadas de explotación de recursos fósiles.
