Las inconsistencias de la actuación de la Corte Penal Internacional en América Latina, su dualidad como organismo de justicia y su susceptibilidad a influencias políticas son algunos de los análisis del escritor francés y director del diario Le Monde Diplomatique, Maurice Lemoine, en relación con la reciente orden de arresto de la CPI contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y líderes de Hamás.
Por David González M.
Maurice Lemoine es un periodista y escritor francés que ha cubierto temas internacionales como parte de la Chronique d'Amnistía Internacional y Le Monde Diplomatique, donde fue redactor jefe. Actualmente escribe un artículo sobre la relación entre Israel y América Latina. Conoce de cerca lo que pasa en Palestina y las movidas en las instituciones que parecen acomodarse a un nuevo orden internacional.
Sobre eso habló con nosotros en Raya.
Mientras hablamos, un fiscal de la Corte Penal Internacional ordena el arresto del Primer Ministro de Israel Benjamin Netanyahu, así como de su ministro de Defensa y líderes del grupo islamista palestino Hamás. ¿Cómo analiza esa orden de captura?
Eso no quiere decir que esa solicitud vaya a funcionar porque hay precedentes.
Claro, hemos visto la reacción de Netanyahu, que rechaza esta acusación. Ah, pero también hemos visto la reacción de Estados Unidos a través de Blinken, su secretario de Estado, quien la calificó de escandalosa y ha anunciado que va a trabajar con el Congreso sobre posibles sanciones contra la Corte Penal Internacional.
Y eso no es nuevo. Poco se sabe, pero primero, la Corte Penal Internacional no es aceptada por todo el mundo. Sí, en el mundo hay como 130 países que han firmado el tratado de Roma, pero únicamente más o menos 60 que lo han ratificado.
Estados Unidos no reconoce la CPI, tampoco Rusia, China o Irán, entre muchos otros países. Y lo que poco se conoce es que Estados Unidos siempre se ha negado a adherirse y ha hecho todo lo que ha podido para seguir así, especialmente mediante acuerdos bilaterales con numerosos países para evitar que los estadounidenses fueran objeto de sus investigaciones. Por ejemplo, y es algo que poco se conoce, cuando George Bush llegó a la presidencia en 2001, su administración presentó una ley llamada “Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense” que prohíbe a los gobiernos y a los organismos federales, estatales y locales la asistencia a la Corte Penal Internacional. Prohíbe la extradición de cualquier persona de los Estados Unidos a la Corte e incluso prevé, algo totalmente increíble, la posibilidad de una intervención militar en los Países Bajos, donde está la CPI, si por casualidad la CPI investiga a un ciudadano de Estados Unidos.
¿Entonces, los Estados Unidos en ningún caso quieren participar?
Ya hubo algunos ejemplos. En 2020, la administración de Donald Trump sancionó a altos funcionarios de la CPI, incluida la fiscal Fatou Bensouda, porque estaban investigando presuntos crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán. Entonces sancionaron a los jueces de la CPI y, al final, lo que pasó fue que la investigación fue abandonada por la CPI.
Entonces, lo que va a pasar, supongo, es lo mismo.
Sin embargo, ahora parece distinto. La orden de arresto contra un líder aliado de Estados Unidos podría ser un punto de quiebre en la dirección de la CPI. ¿Por qué se da esta movida finalmente tras años de crímenes contra la población palestina en Gaza?
En parte, la emoción internacional frente a lo que está pasando es comprensible. Es una masacre que todo el mundo está presenciando en directo por primera vez a través de las redes sociales. La Corte Penal Internacional va a hacer algo porque, durante mucho tiempo, especialmente en sus primeros años, fue acusada justamente de condenar únicamente a líderes africanos. Durante casi 10 o 12 años, solo fueron sancionados líderes africanos, como el de Sudán, Omar al-Bashir, o el expresidente de Costa de Marfil.
Entonces, hubo una denuncia de los países de lo que ahora se llama el Sur global, de que la CPI era un instrumento político. Frente a este tipo de reacción (sobre Gaza), casi estaba obligada a hacer algo. Se sabe desde hace mucho tiempo que este organismo, la Corte Penal Internacional, es un sueño de justicia, sí, pero también es un organismo muy político.
¿Conoce ejemplos de esa politización de la CPI?
Sí. ¿Qué pasó con Rusia? La Corte Penal Internacional anunció su intención de abrir una investigación sobre la situación de Ucrania, cuatro días después que empezó la guerra. Es decir, muy rápidamente, fue a una velocidad increíble. Si hablamos de Israel, hay una investigación desde el 2000.
En unos casos la CPI va muy rápido y en otros casos toma su tiempo.
¿Cómo entender entonces la orden contra los líderes de Israel, qué cambió?
Ahora estamos en un mundo distinto. Estamos frente a una situación donde está naciendo un mundo multipolar y emergen países del Sur. Entonces, es más complicado para países como Estados Unidos o los de la Unión Europea imponer su ley. Hay que ver las reacciones en Europa. Ayer, España anunció que va a reconocer el Estado de Palestina. Incluso Francia, que habitualmente está muy alineada con Estados Unidos, apoya a la CPI frente a las declaraciones de Biden. Se ve que hay una emoción internacional frente a lo que está pasando ante los ojos de todo el mundo.
América Latina en esto parece ir más allá en su solidaridad con Palestina. Hay pronunciamientos mucho más fuertes, no alineados con la política exterior de Estados Unidos. ¿Cómo lo ve?
Sí, han sido más valientes en sus declaraciones. El presidente Petro habla de genocidio, el presidente Maduro, el presidente Lula. Incluso Lula, que empezó más o menos neutral, ahora está tomando posiciones muy duras frente a Israel. No es nuevo. Cuando sigues el conflicto entre Rusia y Ucrania, ves que los países de la izquierda latinoamericana se negaban a seguir a Estados Unidos a la hora de condenar o sancionar a Rusia. Sí, se ve una diferencia muy grande, incluso desde Brasil, que viene participando con los BRICS junto con Rusia y China. Incluso hay diferencias entre las izquierdas de América Latina y las izquierdas de Europa. Las europeas están mucho más alineadas con el pensamiento dominante sobre la alianza con Estados Unidos. Muy a menudo se ve que la izquierda europea no entiende lo que está pasando en América Latina.
¿Frente a América Latina, la CPI ha tenido actuaciones más bien disparejas. ¿Cómo ha visto la actuación de este tribunal en América Latina?
Hay ejemplos muy paradigmáticos: Colombia y Venezuela.
En Colombia, en 2021, la CPI decidió cerrar el examen preliminar sobre la situación de los derechos humanos en el conflicto. Sabemos que después de 2016 ha habido algunos avances en Colombia respecto a lo ocurrido en el conflicto colombiano. Sin embargo, la Corte Penal Internacional existe desde 1998. Durante 17 años, organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentaron informes a la CPI sobre los crímenes cometidos en Colombia y, ¿qué pasó? Nada. En 2021, la CPI decidió cerrar el examen preliminar sobre Colombia. ¿Cuál fue la razón? Colombia había adherido al Estatuto de Roma pero invocó un artículo, el 124, para limitar la competencia de la CPI sobre los crímenes cometidos en el Estado durante siete años. Es decir, Colombia firmó el tratado pero estableció que no sería válido entre 2002 y 2009. La excusa era que eso ayudaría a la desmovilización de los paramilitares, que ocurrió en 2005.
En paralelo, se ve lo que pasa con Venezuela, que es algo increíble. En 2018, fueron varios gobiernos los que solicitaron a la Fiscalía de la CPI que investigue a Venezuela. ¿Y quiénes fueron esos gobiernos? El gobierno de Duque en Colombia, el Grupo de Lima, es decir, Macri en Argentina, el Chile de Piñera, Paraguay, Perú y Canadá, que solicitaron al fiscal que investigue a Venezuela. Entonces, doce países que participan con Estados Unidos en la desestabilización de Venezuela y los medios de comunicación, que nunca se interesaron por lo que ocurría en Colombia con la CPI, anuncian que Venezuela es investigada por la CPI por crímenes de lesa humanidad. Es decir, que la CPI es usada por la opinión internacional para ayudar a un país o para satanizarlo.
Incluso, el gobierno de Venezuela también presentó una demanda en 2020 ante la Corte Penal Internacional, solicitando que se investiguen los graves delitos cometidos contra la población venezolana por parte del gobierno de Estados Unidos con las sanciones que han destruido la economía venezolana.
Con estos casos se puede ver que la CPI no es un órgano neutral. Está inserta en un círculo geopolítico y, a veces, es utilizada como instrumento.
¿Suena a que la orden de captura contra Netanyahu no va a ser efectiva? Es decir, ¿la corte puede estar condicionada por el teatro que hay desde Estados Unidos en su contra? ¿Cuál es su opinión?
Yo no creo que sea un teatro, es una presión. Una presión tremenda sobre la CPI. Cuando el fiscal Khan decretó que había que perseguir a Putin, fue apoyado por Estados Unidos. Entonces, ahora es el caso de Israel y Estados Unidos va a ejercer presión para impedir que la CPI juzgue a Netanyahu. Me molesta un poco, pero creo que van a conseguir que no haya orden de captura. Vamos a ver qué pasa, dentro de unos días, qué dicen los jueces. Si lo hacen, son muy valientes, pero en ese caso ellos tampoco podrán viajar porque van a estar perseguidos por todos lados por Estados Unidos.
Y lo peor es que esto ocurre con el gobierno de Biden, y si gana Trump, será la misma política de Estados Unidos, la política de siempre.
¿Y cómo pinta Europa en todo esto? España y Noruega reconocieron el estado Palestino ahora en medio del genocidio en Gaza.
Sí, es muy interesante lo que está pasando con España y Noruega. Pero, hablando de Francia, tenemos una clase política que es incapaz, totalmente incapaz, de tomar distancia con Estados Unidos. Lo hace un poquito de vez en cuando, pero basta que Estados Unidos ponga la mano en la mesa y todo el mundo queda alineado.
La Unión Europea está perdiendo mucho frente al mundo entero al negarse a tomar distancia respecto a Biden o Trump.
